“La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral. Además, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la «realidad» del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy las derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.”
José Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, Prologo para franceses, IV
Contradicciones, manipulaciones, falsedades y otros datos del sumario.
La Operación Astapa se encuadra en una lucha política instrumentada desde la propia Dirección General de la Policía, la Fiscalía Anti-corrupción de Málaga por oficio del Fiscal General del Estado y el Juzgado Nº1 de Estepona dando crédito a denuncias de David Valadez y Cristina Rodríguez, contra sus compañeros de partido, alentados por Eduardo Alarcón quien, aunque no aparece en el sumario como denunciante, convenció a los ediles para que las promovieran. Por cierto que la carta de presentación de este concejal, venido de Málaga y abogado de CC.OO, en su despacho, es una foto con la imagen del Che Guevara en el lugar que debería ocupar la imagen del Rey de España.
La apertura parcial del sumario, compuesta por 19 tomos de un total de ciento-cincuenta, revela que muchas de esas denuncias estaban basadas en pruebas falsas o, en cualquier caso, manipuladas y tergiversadas. En otros casos se pretende deliberadamente confundir, jugando con los tiempos. En cualquier caso se vulneraron los más elementales derechos constitucionales constituyéndose, de facto, en una operación político.judicial de corte inquisitorial. Y es que como dice Felipe González, "la Justicia está hecha unos zorros".
Quisiera hacer un inciso para señalar el contrasentido que entraña la propia denominación de Fiscalía Anti-corrupción. La Fiscalía es un órgano creado para defender los intereses del Estado que no es otro que los del pueblo español. Con eso sobran todos lo demás adjetivos. Ni qué decir tiene que debe investigar las denuncias que se le presentan y no dar por hecho la corrupción cuando alguien presenta una denuncia en su seno, como ocurrió en el caso que nos ocupa; como ha quedado demostrado en los 13 tomos abiertos del sumario. Con tal denominación se le da carta de naturaleza a una Institución que, mientras no haya sentencia firme, no ha quedado demostrado, vulnerando el principio de presunción de inocencia, en la propia denominación.
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Partiendo de esa premisa, o sea de que había que adoptar, sin más, acciones "corrupción", se lleva a cabo una operación policial, mantenida en secreto y cuyo origen es cuestionable, como iremos exponiendo en estas páginas, que acaba aportando datos sobre una supuesta de trama de intereses particulares y políticos derivados de convenios urbanísticos y presuntos tratos de favor a empresas y particulares. Una vez revelados, algunos de ellos resultan dudosos, otros parecen demostrar lo que los denunciantes señalaban, aunque sus informaciones están sesgadas (la propia Policía lo manifiesta en sus primeros informes), son maniqueas en la mayoría de los casos, y en otros son sistemáticamente erróneos y/o basados en una interpretación subjetiva de los mismos. Como veremos, uno de los casos más llamativos es dar por hecho la paternidad, con Manuel Reina, de uno de los firmantes de convenios denunciados. Una negligencia policial imperdonable. Por lo que, mientras no se conozca el resto del contenido sumarial, sólo podemos especular respecto a la verosimilitud, veracidad y, lo más importante, respecto a la credibilidad de lo revelado hasta el momento.
En cualquier caso, respecto a algunos de los imputados, se puede afirmar que muchas de las denuncias contra ellos están basadas en datos erróneos y en otros casos pueden que se hayan confirmado las sospechas de la Policía; pero de lo que no hay duda, es de que cuando se adoptan las escuchas telefónicas, etc., el 29 de marzo de 2007, las acusaciones no estaban demostradas por una investigación policial “anti-corrupción” como, supuestamente, es de rigor y como pondrán de manifiesto los hechos que acontecerán tras la apertura total del sumario, con la sucesión de acontecimientos ocurridos, hasta entonces, desde aquel indigno día para Estepona del 17 de junio de 2008, cuando se violó la democracia en la localidad con el asalto de Valadez a la alcaldía, a raíz de aquellos hechos, un día después....
