Lógicamente como él jugaba con los tiempos y el sumario era secreto, nadie sabía un mes después de la operación que él utilizaría para su nombramiento a concejales a los cuales había denunciado. Todo un personaje. Toda una "buena" estrategia diseñada.
Sergio López, que no acabó imputado pero sí denunciado por éste, sustituyó, por orden de lista, a uno de los imputados: Antonio Barrientos (por entonces alcalde). ¿No es curioso?. Por cierto que tampoco ha acabado imputado el Ministro marroquí, también denunciado entre la documentación aportada. Menos mal, si no, para llegar a alcalde, Valadez nos crea un conflicto diplomático. ¡Cúanto aprendió Valadez del libro de Sun Tzu!.
Ya les digo que lo de Valadez fue una guerra que terminó para él con la toma de la alcaldía. Pero una guerra que aún no ha terminado, ni siquiera ha empezado para “sus adversarios” y no sólo tiene un enemigo, sino muchos (todos cuya imagen y honor él ha manchado); aunque, por el momento, la instrumentalización judicial del caso, les tenga sumidos, por ahora, en el decretado silencio del secreto sumarial.
En otro caso, en el formato digital en PDF de este tomo I, aparece nuevamente Sergio López en la página 77 como autor de presiones en el área de comercio que dirigía Cristina Rodríguez:
“El técnico de la delegación, Andrés Medel, ha recibido muchísimas presiones por parte de
Carlos Barrientos, y del también miembro del área de alcaldía, Sergio López, para exigirle
que de el visto bueno a algunas licencias que no cumplen con lo preceptuado en la
normativa vigente.”
Lo que no se explica es qué era “lo preceptuado”. ¿Acaso la lentitud administrativa? ¿Cómo se explica que tenga en su Gobierno a alguien que él previamente había denunciado? ¿Por qué lo tiene en el equipo de Gobierno? ¿Ahora no importa, cuando ya es alcalde?. ¿Ha sido redimido o fueron un error las denuncias contra él?. La razón radica en que ha jugado con los tiempos echando estopa en su “desorden artificial”.
Por cierto que, sobre Cristina Rodríguez, existen muchas sombras de sospechas respecto a su actuación en la citada delegación de Comercio. Al margen de las aparecidas por estos días de diciembre de 2009 en la prensa, sobre la licencia de su propia vivienda y otros casos que la acosan y que ponen en evidencia su presunta falta de honestidad. En el sumario aparecen un mínimo de dos ocasiones donde la honestidad de la edil denunciante parece dudosa, sin que se tenga constancia de investigación policial sobre las mismas. En una ocasión, a preguntas de una compañera del Equipo de Gobierno, ahora imputada, sobre la justificación de un gasto de su concejalía, Cristina Rodríguez le dijo que eso correría a cargo de Valle Romano (una de las empresas denunciadas en esta operación).
En otra ocasión, en una conversación telefónica intervenida a Manuel Reina, este criticaba el hecho de que las obras del Mercado de Abastos Municipal habían sido adjudicadas a dedo. La responsable de la adjudicación de dicha obra no era otra que la propia Cristina Rodríguez, a través de su concejalía: la Delegación de Comercio. Incluso llegó a pronunciarse en la Cadena Ser, su aliada, sobre la necesidad de dicha obra y los beneficios que traería consigo la rehabilitación del citado mercado. Ninguna de estas dos evidencias se encuentran investigadas en el sumario. ¿No les parece extraño?.
Ya les digo que lo de Valadez fue una guerra que terminó para él con la toma de la alcaldía. Pero una guerra que aún no ha terminado, ni siquiera ha empezado para “sus adversarios” y no sólo tiene un enemigo, sino muchos (todos cuya imagen y honor él ha manchado); aunque, por el momento, la instrumentalización judicial del caso, les tenga sumidos, por ahora, en el decretado silencio del secreto sumarial.
En otro caso, en el formato digital en PDF de este tomo I, aparece nuevamente Sergio López en la página 77 como autor de presiones en el área de comercio que dirigía Cristina Rodríguez:
“El técnico de la delegación, Andrés Medel, ha recibido muchísimas presiones por parte de
Carlos Barrientos, y del también miembro del área de alcaldía, Sergio López, para exigirle
que de el visto bueno a algunas licencias que no cumplen con lo preceptuado en la
normativa vigente.”
Lo que no se explica es qué era “lo preceptuado”. ¿Acaso la lentitud administrativa? ¿Cómo se explica que tenga en su Gobierno a alguien que él previamente había denunciado? ¿Por qué lo tiene en el equipo de Gobierno? ¿Ahora no importa, cuando ya es alcalde?. ¿Ha sido redimido o fueron un error las denuncias contra él?. La razón radica en que ha jugado con los tiempos echando estopa en su “desorden artificial”.
Por cierto que, sobre Cristina Rodríguez, existen muchas sombras de sospechas respecto a su actuación en la citada delegación de Comercio. Al margen de las aparecidas por estos días de diciembre de 2009 en la prensa, sobre la licencia de su propia vivienda y otros casos que la acosan y que ponen en evidencia su presunta falta de honestidad. En el sumario aparecen un mínimo de dos ocasiones donde la honestidad de la edil denunciante parece dudosa, sin que se tenga constancia de investigación policial sobre las mismas. En una ocasión, a preguntas de una compañera del Equipo de Gobierno, ahora imputada, sobre la justificación de un gasto de su concejalía, Cristina Rodríguez le dijo que eso correría a cargo de Valle Romano (una de las empresas denunciadas en esta operación).
En otra ocasión, en una conversación telefónica intervenida a Manuel Reina, este criticaba el hecho de que las obras del Mercado de Abastos Municipal habían sido adjudicadas a dedo. La responsable de la adjudicación de dicha obra no era otra que la propia Cristina Rodríguez, a través de su concejalía: la Delegación de Comercio. Incluso llegó a pronunciarse en la Cadena Ser, su aliada, sobre la necesidad de dicha obra y los beneficios que traería consigo la rehabilitación del citado mercado. Ninguna de estas dos evidencias se encuentran investigadas en el sumario. ¿No les parece extraño?.
Respecto a Sergio López, desde la elección de Valadez como alcalde hasta un año después, cuando se abre parcialmente el sumario, nadie conocía el contenido exacto, ni siquiera se sabía de su existencia, sobre las denuncias que implicaban directamente a López. Ese dato sólo lo conocía él, Valadez, y su mujer, claro. Nadie podía reprocharle hasta ese momento el nombramiento de Sergio López. Un año después, una vez consolidado en la alcaldía, el objetivo está conseguido. Su fin justifica sus medios. Lo demás qué importa ahora. De hecho sobre dos de los que le auparon a la alcaldía: Rafael Montesinos y Rafael Duarte, sus imputaciones definitivas no se conocieron hasta un día después de ser nombrado alcalde.
¿Actuó la Justicia midiendo sus tiempos para favorecer el nombramiento de Valadez? ¿Trato de favor policial a una de las partes, vulnerando la prerrogativa electoral de los votos, la decisión ciudadana y la neutralidad policial? De eso se trató desde que se iniciaron las detenciones y registros, e incluso desde antes; de vulnerar la decisión popular y torcer el resultado legítimo de unas elecciones. ¿Fue eso lo que se trató en la ejecutiva regional: salvar el partido en las elecciones y después actuar defendiendo el interés de Valadez?. Hoy tenemos más evidencias de esto, de las que tenía Valadez para fundar sus denuncias.
Otro curioso caso es el de la actual delegada de Asistencia y Desarrollo. Agripina Rivas, concejala por el PA en esta concejalía, también aparece en la documentación denunciada en el sumario, por un presunto cobro ilegal de ella o su partido aunque, sorprendentemente, no fue imputada; otros por esas mismas apreciaciones sí lo fueron, como es el caso de Rafael Montesinos. De hecho ha sido éste concejal, antiguo compañero de filas de Agripina Rivas, quien ha denunciado, en el pleno celebrado el viernes día 18 de dicembre de 2009, a su ex-compañera de partido porque ésta habría llevado a cabo, en 2007, la contratación de Ana Alvarez, como cargo de confianza, en asuntos de prensa de los dirigentes del PA. Al parecer, actualmente ésta persona estaría hoy incluida en la nómina del personal de Radio Televisión Estepona, lo que tiene todos los visos de una irregularidad de las que Valadez denunció ante la Policía. Curiosamente este contrato no aparece en el sumario. ¿No les parece sospechoso?. Valadez tiene dos varas de medir, es el prototipo perfecto Orweliano. Por cierto, el propio Valadez fue contratado a dedo durante la alcaldía del también socialista Antonio Caba Tena. Valadez fue contratado como director adjunto de Radio Estepona recién sacada su licenciatura de periodismo. En el cargo duró seis meses y tras su despido recibió una indemnización de 12.000 euros. Lógicamente este dato no aparece en su denuncia de Astapa, incluido en los contratos genéricos a dedo que achaca a sus compañeros.
Agripina, deslegitimada actualmente, también forma parte del Equipo de Gobierno esteponero en el que se apoya Valadez, para tener a Estepona sumida en la desesperanza y la indignación tras el golpe bajo recibido.
Pero, entre la sorpresa, también pervive la malicia o intencionalidad y no por ello dejan de sorprender las “revelaciones” sumariales. Una de las más relevantes es la que se produce por una clara e intencionada omisión, cuando el propio Valadez afirma que fue testigo de cómo, a preguntas suyas, sobre un dinero para su delegación, Reina le respondió que le preguntara a José Flores porque había recibido la cantidad de 300 mil euros de los 600.000 que se repartirían a partes iguales entre PSOE y PES. Insinuando, con declaraciones tergiversadas en su denuncia, que sólo por eso se estaría cometiendo un delito.
Por lo visto un testigo tercero de sus denuncias fue Luciano Sánchez, ahora imputado por escriturar una vivienda de forma presuntamente ilegal. Supuestas declaraciones de este testigo, que la Policía tampoco investigó, al igual que la consignación de un padre que no es tal, son las principales pruebas de cargo contra Reina. Concretamente, como iremos analizando, a éste se le imputan varias contrataciones de ese tipo, de las cuales, un mínimo de dos, ni siquiera llegaron a producirse, al menos con su participación, a pesar de darlas por hecho el sumario.
Esto, dicho así, más o menos textualmente (la textualidad la iremos descifrando en páginas posteriores), parece indicar que, efectivamente, el dinero iba a ser repartido de forma particular para los intereses del partido. Sin embargo, algo que la Policía no comprobó es que dicho lenguaje coloquial es el que se usa entre los concejales para referirse al reparto del dinero dirigido a las diferentes áreas del Gobierno municipal. Una mera expresión gramatical convertida en prueba de cargo. ¡Inaudito!.
Valadez lo ocultó intencionadamente (desorden artificial: “El arte de la Guerra”). Lógicamente si gobiernan dos, cada uno tendrá sus áreas y dispondrá de la mitad de ese dinero. Si la otra mitad correspondía al partido de Valadez, es lógico que lo enviara a José Flores. Pero, ¿acaso se investigó qué fue de ese dinero?. No, la Policía da por hecho así, sin más, que ese dinero sirve para financiar a los partidos y no a las concejalías, dando crédito a otra tergi-manipulación usada por Valadez. ¿Se puso Valadez en contacto con Flores? ¿Consiguió el dinero que reclamaba para su delegación? ¿Percibió él parte de ese dinero que la Policía piensa se pudo malversar?. ¿Preguntó la Policía qué ocurrió después?. Rotundamente no, según el sumario. Sólo se basan en este manipulado dato para llenar páginas sumariales, repitiéndolo, y dando carta de naturaleza a las denuncias.
Otro apartado es el intento que se produce en este sumario de poner a la misma altura la financiación de los partidos PSOE y PES, donde subyace una clara y patente manipulación. La responsabilidad del PES, en este caso, es mucho menor. Entre otras cosas, que iremos analizando, porque la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos entró en vigor a mediados de 2007 (Julio), derogando a la anterior. Por lo que la Ley en vigor no afecta al PES en el Gobierno municipal y permite donaciones siempre que no sean anónimas. Por otro lado nunca en el Gobierno de Barrientos se pretendió ocultar el origen de cualquier donación. De hecho todas se hacían con publicidad en los eventos que patrocinaban. En cualquier caso, en una presunta implicación por financiación ilegal del partido socialista incurrirían también responsables del partido en “altas esferas”. Sería lo lógico, aunque lo peor es que se haya perdido, a estas alturas, el sentido de lo lógico, al igual que parece haberse perdido el sentido del ridículo.
¿Actuó la Justicia midiendo sus tiempos para favorecer el nombramiento de Valadez? ¿Trato de favor policial a una de las partes, vulnerando la prerrogativa electoral de los votos, la decisión ciudadana y la neutralidad policial? De eso se trató desde que se iniciaron las detenciones y registros, e incluso desde antes; de vulnerar la decisión popular y torcer el resultado legítimo de unas elecciones. ¿Fue eso lo que se trató en la ejecutiva regional: salvar el partido en las elecciones y después actuar defendiendo el interés de Valadez?. Hoy tenemos más evidencias de esto, de las que tenía Valadez para fundar sus denuncias.
Otro curioso caso es el de la actual delegada de Asistencia y Desarrollo. Agripina Rivas, concejala por el PA en esta concejalía, también aparece en la documentación denunciada en el sumario, por un presunto cobro ilegal de ella o su partido aunque, sorprendentemente, no fue imputada; otros por esas mismas apreciaciones sí lo fueron, como es el caso de Rafael Montesinos. De hecho ha sido éste concejal, antiguo compañero de filas de Agripina Rivas, quien ha denunciado, en el pleno celebrado el viernes día 18 de dicembre de 2009, a su ex-compañera de partido porque ésta habría llevado a cabo, en 2007, la contratación de Ana Alvarez, como cargo de confianza, en asuntos de prensa de los dirigentes del PA. Al parecer, actualmente ésta persona estaría hoy incluida en la nómina del personal de Radio Televisión Estepona, lo que tiene todos los visos de una irregularidad de las que Valadez denunció ante la Policía. Curiosamente este contrato no aparece en el sumario. ¿No les parece sospechoso?. Valadez tiene dos varas de medir, es el prototipo perfecto Orweliano. Por cierto, el propio Valadez fue contratado a dedo durante la alcaldía del también socialista Antonio Caba Tena. Valadez fue contratado como director adjunto de Radio Estepona recién sacada su licenciatura de periodismo. En el cargo duró seis meses y tras su despido recibió una indemnización de 12.000 euros. Lógicamente este dato no aparece en su denuncia de Astapa, incluido en los contratos genéricos a dedo que achaca a sus compañeros.
Agripina, deslegitimada actualmente, también forma parte del Equipo de Gobierno esteponero en el que se apoya Valadez, para tener a Estepona sumida en la desesperanza y la indignación tras el golpe bajo recibido.
Pero, entre la sorpresa, también pervive la malicia o intencionalidad y no por ello dejan de sorprender las “revelaciones” sumariales. Una de las más relevantes es la que se produce por una clara e intencionada omisión, cuando el propio Valadez afirma que fue testigo de cómo, a preguntas suyas, sobre un dinero para su delegación, Reina le respondió que le preguntara a José Flores porque había recibido la cantidad de 300 mil euros de los 600.000 que se repartirían a partes iguales entre PSOE y PES. Insinuando, con declaraciones tergiversadas en su denuncia, que sólo por eso se estaría cometiendo un delito.
Por lo visto un testigo tercero de sus denuncias fue Luciano Sánchez, ahora imputado por escriturar una vivienda de forma presuntamente ilegal. Supuestas declaraciones de este testigo, que la Policía tampoco investigó, al igual que la consignación de un padre que no es tal, son las principales pruebas de cargo contra Reina. Concretamente, como iremos analizando, a éste se le imputan varias contrataciones de ese tipo, de las cuales, un mínimo de dos, ni siquiera llegaron a producirse, al menos con su participación, a pesar de darlas por hecho el sumario.
Esto, dicho así, más o menos textualmente (la textualidad la iremos descifrando en páginas posteriores), parece indicar que, efectivamente, el dinero iba a ser repartido de forma particular para los intereses del partido. Sin embargo, algo que la Policía no comprobó es que dicho lenguaje coloquial es el que se usa entre los concejales para referirse al reparto del dinero dirigido a las diferentes áreas del Gobierno municipal. Una mera expresión gramatical convertida en prueba de cargo. ¡Inaudito!.
Valadez lo ocultó intencionadamente (desorden artificial: “El arte de la Guerra”). Lógicamente si gobiernan dos, cada uno tendrá sus áreas y dispondrá de la mitad de ese dinero. Si la otra mitad correspondía al partido de Valadez, es lógico que lo enviara a José Flores. Pero, ¿acaso se investigó qué fue de ese dinero?. No, la Policía da por hecho así, sin más, que ese dinero sirve para financiar a los partidos y no a las concejalías, dando crédito a otra tergi-manipulación usada por Valadez. ¿Se puso Valadez en contacto con Flores? ¿Consiguió el dinero que reclamaba para su delegación? ¿Percibió él parte de ese dinero que la Policía piensa se pudo malversar?. ¿Preguntó la Policía qué ocurrió después?. Rotundamente no, según el sumario. Sólo se basan en este manipulado dato para llenar páginas sumariales, repitiéndolo, y dando carta de naturaleza a las denuncias.
Otro apartado es el intento que se produce en este sumario de poner a la misma altura la financiación de los partidos PSOE y PES, donde subyace una clara y patente manipulación. La responsabilidad del PES, en este caso, es mucho menor. Entre otras cosas, que iremos analizando, porque la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos entró en vigor a mediados de 2007 (Julio), derogando a la anterior. Por lo que la Ley en vigor no afecta al PES en el Gobierno municipal y permite donaciones siempre que no sean anónimas. Por otro lado nunca en el Gobierno de Barrientos se pretendió ocultar el origen de cualquier donación. De hecho todas se hacían con publicidad en los eventos que patrocinaban. En cualquier caso, en una presunta implicación por financiación ilegal del partido socialista incurrirían también responsables del partido en “altas esferas”. Sería lo lógico, aunque lo peor es que se haya perdido, a estas alturas, el sentido de lo lógico, al igual que parece haberse perdido el sentido del ridículo.
El PES dejó el gobierno en Mayo de 2007. Desde entonces y hasta que se produce la Operación Astapa, el 17 de junio de 2008 (después de las tres elecciones que en ese periodo se celebraron en Andalucía: Andaluzas y nacionales de marzo de 2008 y las municipales de mayo de 2007), no formó parte del Equipo de Gobierno. Lo más destacado de la nueva Ley es que al contrario que la anterior, las donaciones anónimas quedan prohibidas. Precisamente el PSOE antes de derogarse la antigua Ley, en julio de 2007, disponía de más de 50 millones de euros en este concepto. Con la nueva ley en la mano dicha cantidad sería ilegal al no permitirse donaciones anónimas. Decía Pablo Iglesias (fundador del PSOE), que el PSOE acatará la Ley mientras le sea favorable si no, la cambiará para ajustarla a sus intereses. He ahí el ejemplo de Chaves subvencionando a la empresa Matsa con 10 millones de euros y con su hija de por medio.
Ya puestos también, algo que tendría que investigarse, y que se obvia en este sumario, es el grado de responsabilidad que pudiera tener Valadez, en el presunto mal uso del dinero municipal, al haber destinado para su delegación o delegaciones, entre ellas la de “Bienestar Social”. Dinero presuntamente ilegal cuyo origen fue, según la Policía y él mismo, la firma de los convenios por él denunciados (la empresa Yeregui, investigada en este sumario, financió obras para la delegación de Valadez), y cuyas competencias no corresponden a los ayuntamientos, sino a la administración andaluza. Por cierto que, en este asunto, de hacer propias, los entes locales, las competencias atribuidas a la Administración autonómica, la mayor responsable es la Junta de Andalucía, la cual sólo financia un pequeño porcentaje, en relación al coste económico total, que asumen los ayuntamientos al hacerse cargo de estos servicios, cuando éstos le son propios a la administración andaluza. Un libro reciente se hacía eco de la gran cantidad de miles de millones que los ayuntamientos ahorran a las administraciones autonómicas españolas por este concepto. Créanme, la cifra es desbordante, creo recordar que hablaba de más de 5.000 millones de euros. ¿De dónde salen?. ¡Ah!...
Esta circunstancia aboca a los entes locales a un doble esfuerzo, aumentado por el incremento de inmigrantes, en su, ya de por sí, precaria financiación. Mientras no exista una ley de financiación, los ayuntamientos no tienen más remedio, si quieren mantener servicios ajenos pero que les reporta votos, que aceptar el dinero que de cualquier forma entre en el Ayuntamiento. Como de hecho así está ocurriendo y la actuación de Valadez no es una excepción.
Otro hecho que por sí mismo, sin un previo análisis de los acontecimientos y sus circunstancias, parecería totalmente objetivo, y que se incluye en la denuncia, nos sorprenderá también cuando lo analicemos. Se trata del punto donde se afirma:
“La Delegación de Servicios del ayuntamiento de Estepona está a cargo de
JOSÉ IGNACIO CRESPO DE LUCAS, Primer Teniente de Alcalde en la citada
Corporación municipal. Es el líder del Partido de Estepona ( PES), antiguo
militante del GIL. Ya fue Primer Teniente de Alcalde en la época que
gobernaba este partido, siendo Alcalde Jesús Gil Marín( Hijo del difunto Jesús
Gil y Gil).
Según los denunciantes, esa Delegación municipal suele adjudicar obras y
servicios de todo tipo a dedo, sin concurso público, a una determinada
empresa, la sociedad NAGORE INVERSIONES S.L, dándose la circunstancia
de la gran amistad que une a CRESPO DE LUCAS con el padre del
administrador único de dicha sociedad.
Este trato de favor ya fue denunciado en su día por la asociación FORO
CIUDADANO DE ESTEPONA: El 25 de febrero de 2.006, la agencia de noticias
EFE recogía las declaraciones del portavoz de esa asociación, Rodolfo López,
quien señalaba que había remitido a la Fiscalía diversos casos de adjudicación
a dedo de obras municipales a la entidad NAGORE INVERSIONES S.L. Aludía
a lo siguientes casos_
- Construcción de la rotonda de la Avda. de España en su conflue
con Calle Terraza,
- Remodelación de la Plaza Dúplex Calancha,
- Reforma de la calle Jesús Nazareno y
Reforma de la barriada el Cristo.”
Precisamente en una de las escuchas Manuel Reina denuncia cómo ha sido adjudicada a dedo la obra del Mercado Municipal de Abastos, dirigida por Cristina Rodríguez, dato que “incomprensiblemente” los policías pasan por alto en este sumario, como ya hemos explicado.
Cómo veremos más adelante, en otra ocasión se mantiene que el concejal de Servicios es Alfonso Servia (depende cómo le convenga a los denunciantes). Pero lo más relevante es que quienes conozcan Estepona sabrán perfectamente que se trata de obras menores. Más aún llama la atención la burda manipulación contenida en las dos últimas líneas de este párrafo; puesto que la Calle Jesús Nazareno no es otra que la calle principal de la Barriada del Cristo (conocida también como “Las Protegidas”), citada aquí de forma separada respecto a dicha barriada, cuando en realidad forma parte de la misma, y con cierta intencionalidad. Dicha calle de Jesús Nazareno no llega a una longitud de más de 100 metros. Las únicas actuaciones llevadas a cabo allí en los últimos años ha sido el asfaltado. ¿”Desorden artificial”?
Pero es que además, el citado Foro Ciudadano de Estepona no es más que un partido político no una asociación solidaria, como pretende darse a entender y que (en cualquier caso sería política), que intenta hacerse hueco en el panorama municipal, sin conseguirlo, desde hace ya varias legislaturas. Habiendo conseguido, en sus dos puestas de blanco electorales, que yo recuerde, apenas varias decenas de votos.
Rodolfo López es hijo del jefe o ex-jefe (por su edad) comercial de Antena 3 de Radio (Cadena Ser firma sus contratos publicitarios a nombre de Antena 3 de Radio), cuyo puesto adquirió desde el trampolín que le supuso su cargo de Concejal en el consistorio esteponero, donde permaneció varias legislaturas; desde los años 80 hasta principios de los 90, y sobre el cual recayeron algunas sospechas, entre la población, sobre sus actividades a principios de los 90. Fue muy comentado en el pueblo el hecho de que no fuera esteponero, se dice que vino de La Línea de la Concepción, y por su escasa capacidad política, pues su profesión era de fontanero. Según se rumoreó en el pueblo, su paso por el consistorio contribuyó a su enriquecimiento. Por nuestra parte desconocemos si aquellos rumores estaban fundados.
Conviene aclarar que Antena 3 de Radio era la gestora de la publicidad de Cadena Ser en Estepona, de ahí que en el sumario aparezcan, como iremos viendo, pagos a la entidad Antena 3 de Radio cuando esta en la práctica no existía, debido al litigio que aún se mantenía por la fusión de ambas, desde hace casi 20 años. Por otra parte, la “agencia EFE”, citada en ese párrafo del sumario para dar consistencia a sus denuncias, en Estepona no es otra que la propia mujer de Valadez. A este documento dio crédito la Policía.
También se hablaba entre los esteponeros, por aquellos años, de compras de terrenos en Marruecos e incluso en Sierra Bermeja y de cajas de zapatos llenas de dinero, por parte de algunos miembros de aquellos gobiernos municipales que encabezaron Sánchez Bracho, con el CDS, y Miguel Castro con el PSOE, desde finales de los 80 hasta mediados de los 90. A modo informativo, decir que por entonces, el voto esteponero estaba muy polarizado. Razón por la cual la alcaldía, a modo de partidos de turno, como en la Restauración, pasaba, por sistema, por Antonio Murcia (IU), Sánchez Bracho (CDS) y/o Miguel Castro (PSOE). El Partido Popular en Estepona prácticamente no contaba en el panorama municipal por aquellos años. Desde la Transición, en la que Valadez veía la luz, hasta aquella fecha sólo un concejal, Ramírez Luna, que tenía su domicilio en San Pedro de Alcántara, representaba a este partido en Estepona. No sería hasta 1995 con la llegada del GIL, cuando Sánchez Bracho asume la dirección del PP, tras la disolución del CDS, y se hace con las riendas populares, consiguiendo cuatro concejales. Desde entonces el Partido Popular con la dirección de Ignacio Mena, tras la ruptura con Sánchez Bracho, ha logrado alcanzar un máximo de siete concejales en las sucesivas convocatorias electorales.
Como veremos las alusiones a la “agencia de noticias EFE”, o sea a su propia esposa, es una constante en sus denuncias y, por consiguiente, en los informes policiales. ¿Desde cuándo la Policía tiene en cuenta informaciones de prensa sin contrastarlas?. Sólo desde la operación Astapa, nunca antes.
Para mayor descrédito de quienes dieron crédito a las denuncias de Valadez, como no hay dos sin tres, el otro citado: Manuel Barea, es íntimo colaborador de Rodolfo López y miembro de este partido o asociación política electoral. Por motivos que se desconocen, tal vez porque la llegada del GIL preconizó la desaparición del padre de su compañero de la escena política esteponera, el odio y animadversión de estos aludidos a José Ignacio Crespo, como miembro visible del GIL, “vivo” en un partido de índole local en el Ayuntamiento, a lo que ellos aspiran en reiterados intentos, es más que patente si leemos sus escritos en sus revistas e Internet. Parece como si Crespo les hubiera quitado algo que es suyo.
Ya puestos también, algo que tendría que investigarse, y que se obvia en este sumario, es el grado de responsabilidad que pudiera tener Valadez, en el presunto mal uso del dinero municipal, al haber destinado para su delegación o delegaciones, entre ellas la de “Bienestar Social”. Dinero presuntamente ilegal cuyo origen fue, según la Policía y él mismo, la firma de los convenios por él denunciados (la empresa Yeregui, investigada en este sumario, financió obras para la delegación de Valadez), y cuyas competencias no corresponden a los ayuntamientos, sino a la administración andaluza. Por cierto que, en este asunto, de hacer propias, los entes locales, las competencias atribuidas a la Administración autonómica, la mayor responsable es la Junta de Andalucía, la cual sólo financia un pequeño porcentaje, en relación al coste económico total, que asumen los ayuntamientos al hacerse cargo de estos servicios, cuando éstos le son propios a la administración andaluza. Un libro reciente se hacía eco de la gran cantidad de miles de millones que los ayuntamientos ahorran a las administraciones autonómicas españolas por este concepto. Créanme, la cifra es desbordante, creo recordar que hablaba de más de 5.000 millones de euros. ¿De dónde salen?. ¡Ah!...
Esta circunstancia aboca a los entes locales a un doble esfuerzo, aumentado por el incremento de inmigrantes, en su, ya de por sí, precaria financiación. Mientras no exista una ley de financiación, los ayuntamientos no tienen más remedio, si quieren mantener servicios ajenos pero que les reporta votos, que aceptar el dinero que de cualquier forma entre en el Ayuntamiento. Como de hecho así está ocurriendo y la actuación de Valadez no es una excepción.
Otro hecho que por sí mismo, sin un previo análisis de los acontecimientos y sus circunstancias, parecería totalmente objetivo, y que se incluye en la denuncia, nos sorprenderá también cuando lo analicemos. Se trata del punto donde se afirma:
“La Delegación de Servicios del ayuntamiento de Estepona está a cargo de
JOSÉ IGNACIO CRESPO DE LUCAS, Primer Teniente de Alcalde en la citada
Corporación municipal. Es el líder del Partido de Estepona ( PES), antiguo
militante del GIL. Ya fue Primer Teniente de Alcalde en la época que
gobernaba este partido, siendo Alcalde Jesús Gil Marín( Hijo del difunto Jesús
Gil y Gil).
Según los denunciantes, esa Delegación municipal suele adjudicar obras y
servicios de todo tipo a dedo, sin concurso público, a una determinada
empresa, la sociedad NAGORE INVERSIONES S.L, dándose la circunstancia
de la gran amistad que une a CRESPO DE LUCAS con el padre del
administrador único de dicha sociedad.
Este trato de favor ya fue denunciado en su día por la asociación FORO
CIUDADANO DE ESTEPONA: El 25 de febrero de 2.006, la agencia de noticias
EFE recogía las declaraciones del portavoz de esa asociación, Rodolfo López,
quien señalaba que había remitido a la Fiscalía diversos casos de adjudicación
a dedo de obras municipales a la entidad NAGORE INVERSIONES S.L. Aludía
a lo siguientes casos_
- Construcción de la rotonda de la Avda. de España en su conflue
con Calle Terraza,
- Remodelación de la Plaza Dúplex Calancha,
- Reforma de la calle Jesús Nazareno y
Reforma de la barriada el Cristo.”
Precisamente en una de las escuchas Manuel Reina denuncia cómo ha sido adjudicada a dedo la obra del Mercado Municipal de Abastos, dirigida por Cristina Rodríguez, dato que “incomprensiblemente” los policías pasan por alto en este sumario, como ya hemos explicado.
Cómo veremos más adelante, en otra ocasión se mantiene que el concejal de Servicios es Alfonso Servia (depende cómo le convenga a los denunciantes). Pero lo más relevante es que quienes conozcan Estepona sabrán perfectamente que se trata de obras menores. Más aún llama la atención la burda manipulación contenida en las dos últimas líneas de este párrafo; puesto que la Calle Jesús Nazareno no es otra que la calle principal de la Barriada del Cristo (conocida también como “Las Protegidas”), citada aquí de forma separada respecto a dicha barriada, cuando en realidad forma parte de la misma, y con cierta intencionalidad. Dicha calle de Jesús Nazareno no llega a una longitud de más de 100 metros. Las únicas actuaciones llevadas a cabo allí en los últimos años ha sido el asfaltado. ¿”Desorden artificial”?
Pero es que además, el citado Foro Ciudadano de Estepona no es más que un partido político no una asociación solidaria, como pretende darse a entender y que (en cualquier caso sería política), que intenta hacerse hueco en el panorama municipal, sin conseguirlo, desde hace ya varias legislaturas. Habiendo conseguido, en sus dos puestas de blanco electorales, que yo recuerde, apenas varias decenas de votos.
Rodolfo López es hijo del jefe o ex-jefe (por su edad) comercial de Antena 3 de Radio (Cadena Ser firma sus contratos publicitarios a nombre de Antena 3 de Radio), cuyo puesto adquirió desde el trampolín que le supuso su cargo de Concejal en el consistorio esteponero, donde permaneció varias legislaturas; desde los años 80 hasta principios de los 90, y sobre el cual recayeron algunas sospechas, entre la población, sobre sus actividades a principios de los 90. Fue muy comentado en el pueblo el hecho de que no fuera esteponero, se dice que vino de La Línea de la Concepción, y por su escasa capacidad política, pues su profesión era de fontanero. Según se rumoreó en el pueblo, su paso por el consistorio contribuyó a su enriquecimiento. Por nuestra parte desconocemos si aquellos rumores estaban fundados.
Conviene aclarar que Antena 3 de Radio era la gestora de la publicidad de Cadena Ser en Estepona, de ahí que en el sumario aparezcan, como iremos viendo, pagos a la entidad Antena 3 de Radio cuando esta en la práctica no existía, debido al litigio que aún se mantenía por la fusión de ambas, desde hace casi 20 años. Por otra parte, la “agencia EFE”, citada en ese párrafo del sumario para dar consistencia a sus denuncias, en Estepona no es otra que la propia mujer de Valadez. A este documento dio crédito la Policía.
También se hablaba entre los esteponeros, por aquellos años, de compras de terrenos en Marruecos e incluso en Sierra Bermeja y de cajas de zapatos llenas de dinero, por parte de algunos miembros de aquellos gobiernos municipales que encabezaron Sánchez Bracho, con el CDS, y Miguel Castro con el PSOE, desde finales de los 80 hasta mediados de los 90. A modo informativo, decir que por entonces, el voto esteponero estaba muy polarizado. Razón por la cual la alcaldía, a modo de partidos de turno, como en la Restauración, pasaba, por sistema, por Antonio Murcia (IU), Sánchez Bracho (CDS) y/o Miguel Castro (PSOE). El Partido Popular en Estepona prácticamente no contaba en el panorama municipal por aquellos años. Desde la Transición, en la que Valadez veía la luz, hasta aquella fecha sólo un concejal, Ramírez Luna, que tenía su domicilio en San Pedro de Alcántara, representaba a este partido en Estepona. No sería hasta 1995 con la llegada del GIL, cuando Sánchez Bracho asume la dirección del PP, tras la disolución del CDS, y se hace con las riendas populares, consiguiendo cuatro concejales. Desde entonces el Partido Popular con la dirección de Ignacio Mena, tras la ruptura con Sánchez Bracho, ha logrado alcanzar un máximo de siete concejales en las sucesivas convocatorias electorales.
Como veremos las alusiones a la “agencia de noticias EFE”, o sea a su propia esposa, es una constante en sus denuncias y, por consiguiente, en los informes policiales. ¿Desde cuándo la Policía tiene en cuenta informaciones de prensa sin contrastarlas?. Sólo desde la operación Astapa, nunca antes.
Para mayor descrédito de quienes dieron crédito a las denuncias de Valadez, como no hay dos sin tres, el otro citado: Manuel Barea, es íntimo colaborador de Rodolfo López y miembro de este partido o asociación política electoral. Por motivos que se desconocen, tal vez porque la llegada del GIL preconizó la desaparición del padre de su compañero de la escena política esteponera, el odio y animadversión de estos aludidos a José Ignacio Crespo, como miembro visible del GIL, “vivo” en un partido de índole local en el Ayuntamiento, a lo que ellos aspiran en reiterados intentos, es más que patente si leemos sus escritos en sus revistas e Internet. Parece como si Crespo les hubiera quitado algo que es suyo.
