En un ejercicio de cinismo de Régimen (el régimen socialista en el que vivimos en España y especialmente en Andalucía desde hace más de 30 años), el juez Jesús Torres, criado y educado en ese régimen semidictatorial, (la única diferencia con una dictadura es que en éste los dictadores los elige "el pueblo" con la excepción de Valadez, alcalde impuesto por obra y gracia de la "Justicia"), dice que las investigaciones van por buen camino y que por eso no se puede abrir todavía incluso dos tomos que supuestamente estarían abiertos...después de tres años de secreto sumarial. La apertura de nuevos tomos ponen de manifiesto la falta de ética con la que se llevó a cabo la operación y los errores judiciales, policiales y fiscales que la caracterizaron... y siguen caracterizándola.
A lo mejor resulta que ni el propio Juez sabe todavía nada del caso (visto que 150 cajas de documentos esperan en el olvido en un pueblo de Madrid a que se investiguen), sin que hasta el día 19, al menos, tres años después, aún se hubieran abierto. O tal vez al hombre le ha tocado limpiar y no dejar rastro, lo cual es imposible ahí están las hemerotecas, de la mala diligencia con la que se ha llevado el caso desde el principio.
De nuevo una nueva falsa imputación, en este caso, según un testigo, contra Manuel Reina, sobre unos pisos que no tiene ni nunca tuvo y la falta de comprobación del patrimonio por parte de la Policía, como hubiera sido de rigor, si esta inquisitorial "investigación" no hubiese estado dirigida por directrices políticas. Reina, según hemos podido saber, ni siquiera conoce a ese señor y si no se ha puesto en contacto con él para pedirle explicaciones sobre esas falsas imputaciones es porque, derivado de la indefensión de la que está siendo objeto, no vaya a pensar el susodicho testigo cuyo nombre citamos más abajo, que le está amenazando. Si bien ahora se explica el ex-edil de Hacienda el por qué de una pregunta a un testigo, por parte de la Policía y Conejo, sobre si éste tenía un apartamento en "El ´Mirador de La Cala"; propiedad que jamás tuvo y hubiera bastado con comprobarlo, pero claro hubiera hecho saltar la liebre en plenas elecciones y, claro, no, eso no, perjudicar la "Justicia" al PSOE en campaña electoral, ¡nunca!. En cualquier caso no es por nada, pero como esteponero, no es fácil sentir atracción por una vivienda lindante y con vistas al cementerio.
En cualquier caso, tenemos una imputación falsa, que ni siquiera tiene nada que ver con lo que "supuestamente se investigaba" que era las denuncias de Valadez. ¿Estuvo "instruido este "testigo" para incriminar a Reina? ¿Tiene alguna relación ese "testigo" empresario de la construcción, algo que ver con el PSOE regional? ¿Por qué no denunció en su día las supuestas "presiones" de Reina, quien por cierto no era el encargado de Urbanismo?. Todo se sabrá.
Por cierto que la empresa encargada de digitalizar los tomos de Astapa es Fujitsu, supongo que la contratación de la misma para tan "ingente" tarea se habrá llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos legales. No está el horno para bollos. Por lo pronto sabemos que tal digitalización está costando muy cara y, lo que es peor, será para nada; como los más de 200.000 euros que ha costado las peticiones a los registros de la propiedad, tras las detenciones de los "imputados". Lo pongo entre comillas porque ni la Justicia sabe aún, ni tiene pruebas convincentes, de qué imputarlos o meejor dicho de qué acusarlos. Se ha empezado la casa por el tejado. Porque en esta inquisitorial operación se ha imputado sin existir unos hechos ciertos de qué acusar, algo inaudito en una democracia o Estado de Derecho. Ya lo dijo Guerra en 1985: "Montesquieu ha muerto".
Cómo es posible imputar algo sin existir una acusación fundada. Me explico: Yo puedo acusar del robo de mi bici a alguién si tengo pruebas para ello. No basta la sospecha, ni siquiera los indicios, si no están seriamente fundados, y no sólo en juicios de valor. En base a esas pruebas yo podré acusar a alguien de ser el autor del robo de mi bicicleta y en base a las mismas; si son lo sufientemente convicentes, el juez/a emitirá una imputación imponiendo una serie de delitos en base a esas pruebas que avalan mis acusaciones. Nunca antes. La imputación será más o menos grave dependiendo de las pruebas aportadas. Por el contrario en el caso Astapa se ha imputado a 68 personas, sin existir una acusación basada en lo concreto. Sin poder decir, sino de manera genérica, de qué se les acusa, mencionando para ello, únicamente el enunciado del artículo en cuestión del código penal relativo a los delitos imputados; pero sin poder asociarlos a ninguna acusación mínimamente probada y, lo que es más evidente en este caso por su ausencia a lo largo de las dilegencias previas, investigada. Esto mejor que yo ya lo han explicado, entre otros, los propios abogados de Barrientos.
Se habla en este penúltimo lote de sumario (tal como suena), repetitivo, cansino y vácuo hasta la saciedad y estupefacción de que quien lo lee, que el testigo citado arriba, de nombre Juan Carlos Escribano, mantuvo en dos comparecencias entre septiembre y octubre de 2009 en Comisaría y Juzgados respectivamente, sendas declaraciones testificales. En ellas llega a afirmar que Reina le amenazó con que la Junta de Andalucía no le compraría aquellos locales para la Seguridad Social si él no quería; como si Reina tuviera la influencia necesaria en el PSOE de Andalucía para interceder en una decisión parlamentaria administrativa de este calado. Además lo acusó, al igual que a la esposa de Barrientos, de presionarle para conseguir una rebaja del 50% en uno o todos los apartamentos de la promoción (compuesta por 96). En fin Reina anuncia una querella, porque, entre otras cosas ni siquiera "le pone cara" a Escribano.
Por su parte Barrientos también está estudiando la interposición de una querella contra este promotor y lo acusa de estar actuando por "venganza" debido a que no accedió a concederle la licencia de primera ocupación por diversas irregularidades denunciadas por los propietarios, y avalado por varios informes instando a subsanar la falta de aparcamientos. Además también era obligado el pago de los aprovechamientos que. según algunas fuentes la empresa tendría que haber hecho efectivo previo a la concesión de la licencia de primera ocupación. Las declaraciones de Barrientos las certifica también un técnico de Urbanismo: Antonio Caravaca Navarro quien, según su declaración, no cree que nadie presionara para retrasar la concesión de dicha licencia, si bien desconoce si esa posibilidad pudo darse. Curiosamente otro técnico emite un informe favorable, tras la declaración de este testigo promotor, y un mes después tiene la licencia concedida, siendo ya alcalde Valadez.
Pero lo de estos tomos son ya el descojone, perdonen la expresión. Tan surrealista es el tema que vamos a ver si la risa y la estupefacción me dejan escribir. Y ya faltan sólo ocho o diez para que termine todo. A ver si en éstos que faltan está la justificación de la operación "antiterrorista" porque lo que es en los 26 tomos abiertos hasta el momento, pocas razones vemos. Y no nos explicamos cómo en una operación policial que no hay nada de nada, pueda haberse montado la que se ha montado con tantos detenidos e imputados, por la ambición de llegar a la alcaldía de Valadez y, posiblemente también, de un empresario que tendremos que citar a lo largo de estos capítulos.
A lo mejor resulta que ni el propio Juez sabe todavía nada del caso (visto que 150 cajas de documentos esperan en el olvido en un pueblo de Madrid a que se investiguen), sin que hasta el día 19, al menos, tres años después, aún se hubieran abierto. O tal vez al hombre le ha tocado limpiar y no dejar rastro, lo cual es imposible ahí están las hemerotecas, de la mala diligencia con la que se ha llevado el caso desde el principio.
De nuevo una nueva falsa imputación, en este caso, según un testigo, contra Manuel Reina, sobre unos pisos que no tiene ni nunca tuvo y la falta de comprobación del patrimonio por parte de la Policía, como hubiera sido de rigor, si esta inquisitorial "investigación" no hubiese estado dirigida por directrices políticas. Reina, según hemos podido saber, ni siquiera conoce a ese señor y si no se ha puesto en contacto con él para pedirle explicaciones sobre esas falsas imputaciones es porque, derivado de la indefensión de la que está siendo objeto, no vaya a pensar el susodicho testigo cuyo nombre citamos más abajo, que le está amenazando. Si bien ahora se explica el ex-edil de Hacienda el por qué de una pregunta a un testigo, por parte de la Policía y Conejo, sobre si éste tenía un apartamento en "El ´Mirador de La Cala"; propiedad que jamás tuvo y hubiera bastado con comprobarlo, pero claro hubiera hecho saltar la liebre en plenas elecciones y, claro, no, eso no, perjudicar la "Justicia" al PSOE en campaña electoral, ¡nunca!. En cualquier caso no es por nada, pero como esteponero, no es fácil sentir atracción por una vivienda lindante y con vistas al cementerio.
En cualquier caso, tenemos una imputación falsa, que ni siquiera tiene nada que ver con lo que "supuestamente se investigaba" que era las denuncias de Valadez. ¿Estuvo "instruido este "testigo" para incriminar a Reina? ¿Tiene alguna relación ese "testigo" empresario de la construcción, algo que ver con el PSOE regional? ¿Por qué no denunció en su día las supuestas "presiones" de Reina, quien por cierto no era el encargado de Urbanismo?. Todo se sabrá.
Por cierto que la empresa encargada de digitalizar los tomos de Astapa es Fujitsu, supongo que la contratación de la misma para tan "ingente" tarea se habrá llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos legales. No está el horno para bollos. Por lo pronto sabemos que tal digitalización está costando muy cara y, lo que es peor, será para nada; como los más de 200.000 euros que ha costado las peticiones a los registros de la propiedad, tras las detenciones de los "imputados". Lo pongo entre comillas porque ni la Justicia sabe aún, ni tiene pruebas convincentes, de qué imputarlos o meejor dicho de qué acusarlos. Se ha empezado la casa por el tejado. Porque en esta inquisitorial operación se ha imputado sin existir unos hechos ciertos de qué acusar, algo inaudito en una democracia o Estado de Derecho. Ya lo dijo Guerra en 1985: "Montesquieu ha muerto".
Cómo es posible imputar algo sin existir una acusación fundada. Me explico: Yo puedo acusar del robo de mi bici a alguién si tengo pruebas para ello. No basta la sospecha, ni siquiera los indicios, si no están seriamente fundados, y no sólo en juicios de valor. En base a esas pruebas yo podré acusar a alguien de ser el autor del robo de mi bicicleta y en base a las mismas; si son lo sufientemente convicentes, el juez/a emitirá una imputación imponiendo una serie de delitos en base a esas pruebas que avalan mis acusaciones. Nunca antes. La imputación será más o menos grave dependiendo de las pruebas aportadas. Por el contrario en el caso Astapa se ha imputado a 68 personas, sin existir una acusación basada en lo concreto. Sin poder decir, sino de manera genérica, de qué se les acusa, mencionando para ello, únicamente el enunciado del artículo en cuestión del código penal relativo a los delitos imputados; pero sin poder asociarlos a ninguna acusación mínimamente probada y, lo que es más evidente en este caso por su ausencia a lo largo de las dilegencias previas, investigada. Esto mejor que yo ya lo han explicado, entre otros, los propios abogados de Barrientos.
Se habla en este penúltimo lote de sumario (tal como suena), repetitivo, cansino y vácuo hasta la saciedad y estupefacción de que quien lo lee, que el testigo citado arriba, de nombre Juan Carlos Escribano, mantuvo en dos comparecencias entre septiembre y octubre de 2009 en Comisaría y Juzgados respectivamente, sendas declaraciones testificales. En ellas llega a afirmar que Reina le amenazó con que la Junta de Andalucía no le compraría aquellos locales para la Seguridad Social si él no quería; como si Reina tuviera la influencia necesaria en el PSOE de Andalucía para interceder en una decisión parlamentaria administrativa de este calado. Además lo acusó, al igual que a la esposa de Barrientos, de presionarle para conseguir una rebaja del 50% en uno o todos los apartamentos de la promoción (compuesta por 96). En fin Reina anuncia una querella, porque, entre otras cosas ni siquiera "le pone cara" a Escribano.
Por su parte Barrientos también está estudiando la interposición de una querella contra este promotor y lo acusa de estar actuando por "venganza" debido a que no accedió a concederle la licencia de primera ocupación por diversas irregularidades denunciadas por los propietarios, y avalado por varios informes instando a subsanar la falta de aparcamientos. Además también era obligado el pago de los aprovechamientos que. según algunas fuentes la empresa tendría que haber hecho efectivo previo a la concesión de la licencia de primera ocupación. Las declaraciones de Barrientos las certifica también un técnico de Urbanismo: Antonio Caravaca Navarro quien, según su declaración, no cree que nadie presionara para retrasar la concesión de dicha licencia, si bien desconoce si esa posibilidad pudo darse. Curiosamente otro técnico emite un informe favorable, tras la declaración de este testigo promotor, y un mes después tiene la licencia concedida, siendo ya alcalde Valadez.
Pero lo de estos tomos son ya el descojone, perdonen la expresión. Tan surrealista es el tema que vamos a ver si la risa y la estupefacción me dejan escribir. Y ya faltan sólo ocho o diez para que termine todo. A ver si en éstos que faltan está la justificación de la operación "antiterrorista" porque lo que es en los 26 tomos abiertos hasta el momento, pocas razones vemos. Y no nos explicamos cómo en una operación policial que no hay nada de nada, pueda haberse montado la que se ha montado con tantos detenidos e imputados, por la ambición de llegar a la alcaldía de Valadez y, posiblemente también, de un empresario que tendremos que citar a lo largo de estos capítulos.
Pretendía continuar anlizando los tomos anteriores a esta nueva apertura ya que no estaba en mis planes que se produjera mientras escribía este capítulo, pero ya puestos concluyamos este capítulo con otra surrealista situación que se ha dado tras la apertura de éstos tomos.
La prensa en grandilocuentes titulares publicaba, tras la nueva apertura sumarial de los tomos 21 al 26 exceptuando el 22 y 24, además de cuatro tomos de "testificales", que se había hallado 16.000 euros en una caja de seguridad de la mujer de un concejal. Según la noticia en sólo una de las tres cajas que disponía la señora de Crespo se ha encontrado algo relevante: 16.000 euros. Las otras dos estaban vacías. Por este hallazgo la Policía presume que se puede imputar "blanqueo de capitales". Tal como lo leen. Además la Policía subraya en su "análisis" que las cajas fueron abiertas por última vez en 2005, coincidiendo con las firmas de la mayoría de contratos urbanísticos.
Sin embargo, he aquí lo rocambolesco, según la citada esposa del ex-Concejal de Servicios José Ignacio Crespo, las cajas eran de su madre donde ingresaba el dinero de las rentas (la prensa lo confunde con "las ventas") de ésta, quien tenía cinco viviendas en alquiler, además de la venta de alguna propiedad. Y el hecho de que no se hayan abierto desde 2005 se debe a que fue en esa fecha cuando su madre falleció; motivo por el que desde entonces no se habían vuelto a abrir dichas cajas, en contra del dirigido juicio de valor de la Policía acusándala de blanqueo al suponer que tal dinero viene de un pago irregular.
Pero con esta lógica la Policía cae en su misma trampa pues está reconociendo sin quererlo que Crespo, si recibió alguna comisión tuvo que ser antes de 2005, cuando en Astapa se están investigando supuestamente convenios y actuaciones de todo tipo también de 2006 y 2007.
Pero con esta lógica la Policía cae en su misma trampa pues está reconociendo sin quererlo que Crespo, si recibió alguna comisión tuvo que ser antes de 2005, cuando en Astapa se están investigando supuestamente convenios y actuaciones de todo tipo también de 2006 y 2007.
