lunes, 29 de marzo de 2010

Una Operación inquisitorial (XX). Valadez adquirió una vivienda a una empresa denunciada que aparece en sus denuncias.

Pero hay más datos, que deberían haber puesto sobre aviso a los policías o "investigadores",  sobre la posible manipulación o inconsistencia de los datos aportados por  Valadez, respecto a la independencia de los informes. En  esa misma página del tomo, también citado, aparece José Antonio Molina López como administrador de esta inmobiliaria:

“PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS:
Administradores:
- Juan José FERNANDEZ VÁZQUEZ (24693796F)
- Andrés MARTIN CABA (08914453K)
- Félix DELGADO ALGAS (17167649N)
- José Antonio MOLINA LÓPEZ (24792657Z)
- Vicente DELGADO ALGAS (24829420T)
Administradora hasta el 2003, Bárbara GALÁN CHACÓN (25635562S).”

     Si, como confirman los propios datos aportados por la Policía, CODELSA y el redactor de los supuestos informes de "infravaloración" del suelo, José Antonio Molina López, tenían intereses urbanísticos en Estepona y por tanto no era una valoración “independiente”; ¿por qué son tenidos en cuenta como datos objetivos en la denuncia? Pues por que no había otros. Estos eran los únicos que había, si es que los había en los términos que se nos ha hecho creer. Valadez echó mano de ellos para dar soporte a su denuncia. La Policía no tenía por qué saber los tejemanejes de  Valadez, pero debió haberse cerciorado antes, cosa que, como estamos explicando no hizo en ningún momento.
     
     Por si quedara alguna duda sobre la “independencia” y credibilidad que la Policía y Valadez dan a José Antonio Molina López, éste además participa en la empresa con un 9%, según se refleja en la misma página del citado tomo:

  " Participada por:
- PEDEJARRO SL (B29824059) con el 7,00%
- M Pilar DELGADO ALGAS (74796956J) con el 19,00%
- JOSE MOLINA E HIJOS SA (A29395225) con el 9,00%
- José Antonio MOLINA LÓPEZ (24792657Z) con el 9,00%..."
    
    Incluso se deduce que sus propios hijos, según el apellido que aparece reflejado en la línea anterior: JOSE MOLINA E HIJOS, pueden tener otra participación del 9%, caso de que se trate del mismo Molina López.

    En cualquier caso, ¿cómo podemos calificar de “independiente” y otorgarle toda la “confianza” y credibilidad a un supuesto informe, redactado por una empresa que tiene intereses urbanísticos en Estepona y que firma convenios con el Ayuntamiento, respecto a otra empresa o convenio que también tiene intereses en Estepona? He aquí la posible respuesta. David   Valadez, tenía relación  con la Inmobiliaria Corales Dos de Estepona,  había adquirido una vivienda a esta inmobiliaria el 9 de octubre de 2007 en este mismo convenio investigado. Es decir Valadez, un año después de interponer una denuncia sustentada en un informe “independiente” de esta empresa, adquirió un inmueble a la misma. Así aparece en el sumario en la página 101 del tomo IX:

“OTROS DATOS DE INTERÉS
El 09.10.2007 David VALADEZ LÓPEZ adquirió un inmueble por un importe de
137.090.86€ a INMOBILIARIA CORALES DOS DE ESTEPONA SL.”

   También José Ignacio Crespo aparece en esta lista como adquiriente de una vivienda a esta misma inmobiliaria, pero por un valor inferior en 30.000 euros con respecto al precio de la vivienda de   Valadez. Contra estos datos, cuando se hicieron públicos hace algunos meses,  Valadez arremetió con su característica locuacidad en sus medios e intentó desmentirlos para demostrar su desvinculación con la empresa, argumentando que dicha vivienda la adquirió en su época de noviazgo con su actual y única mujer la, también periodista (ésta en ejercicio) Mª Ángeles Cervantes. Sin embargo las fechas no coinciden puesto que para entonces (adquisición de la vivienda), ya llevaba varios años casado. ¿Curioso no?. ¿Cómo le pasaron desapercibidos estos datos a la Policía?. No le pasaron desapercibidos, simplemente tenían que seguir usándolo para que les facilitara la información que le fuera requerida.

    Pero lo más sangrante es que  Valadez era el único de las personas relacionadas con el Ayuntamiento que compraron viviendas en esta promoción que , a fecha de este informe de 3 de junio de 2008, ocho meses después, aún no tenía referencia catastral, esto es aún no lo había inscrito en el registro de la propiedad. Así se explica en la página 111 del tomo IX:

"Trabajadores del AYUNTAMIENTO
- Simón RAMÍREZ ALONSO posee la finca con número registral
6834102UF0363S0008IP sita en Ar El Carmen 8 (P) Bl:1 Es:1 PI:O0 Pt:05 y
la finca con número registral 6834102UF0363S0045PS sita en Ar El
Carmen 8 (P) 81:1 Es:3 Pl:01 Pt:A
- David VALADEZ LÓPEZ: el 09.10.2007 adquirió un inmueble sin poder
determinarse a día de la fecha el número de referencia catastral.
- Francisco Alberto GONZÁLEZ MENA posee la finca con número registral
6834104UF0363S0006QI sita en Ar El Carmen 3 (P) Es:1 Pl:00 Pt:12.”
 
     Fíjense el detalle; el hecho de tener referencia catastral le permite a la Policía publicar la calle, el número, etc, de los que han comprado un piso en esta promoción. Lo que no ocurre con  Valadez, pues es el único de estos tres citados aquí, y de los quince que adquirieron viviendas, que aún no la había registrado en el momento de redactar este informe policial de dos semanas antes del inicio de la operación “antiterrorista”.
 
   Valadez era, o se convierte así, presuntamente, no tanto Concejal sino informador policial. Esto es, chivato de la Policía. Generalmente conocidos como arrepentidos que se ponen al servicio de la Policía, para la  obtención de pruebas enfocadas a la averiguación de delitos, a cambio de alguna contra-prestación, como puede ser el perdonarle a él o no imputarle  para beneficiarle durante el juicio.

     Pero por lo visto esta no su vivienda habitual. Curiosamente, todas las viviendas adquiridas en esa promoción investigada están sitas en la Avda El Carmen. Pues bien, según los domicilios aportados por los denunciantes, David VALADEZ LÓPEZ, con Documento Nacional de Identidad número 77.451.290-D, tiene su domicilio en la calle San Juan número 24, 2" planta de Estepona (Málaga). Por tanto esta no sería la vivienda que había adquirido en 2007. Así, pues,  Valadez o tiene dos viviendas como mínimo, o vive en un domicilio alquilado o propiedad de otros; familiares, etc. En cualquier caso, ¿por qué no registró su vivienda comprada a una empresa investigada, pero cuyos informes él los calificada de toda confianza e independientes? Tal vez porque pensó que así nadie le podría vincular o sería más difícil hacerlo, a dicha empresa. Cosa que, efectivamente, de no haber mediado una investigación policial sobre la misma, hubiese sido imposible, al no constar nota simple en el registro. La otra razón puede radicar en ahorrarse él el IBI y demás impuestos.

      En otro orden de cosas, algo que no se cuestiona en estos tomos, sobre el que se ha abierto parte  del sumario, es el papel que en todo esto han tenido las entidades financieras. Algo que analizaremos también en próximas entregas. Avanzarles que, “lógicamente” ningún directivo bancario ha sido imputado. ¿Pero había razones para lo contrario?.  ¡Quien dijo que con la Iglesia, con los bancos hemos topado!”.

   Así las cosas, la Policía emite otro informe el día 9 de abril de 2007  “Sobre las presuntas  actividades de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero llevadas a cabo en el entorno del Ayuntamiento de Estepona”. En otra página de este informe los delitos los da por hecho:

“En virtud de lo cornunicado en el Informe mencionado anteriormente, para
continuar la investigación, recoger pruebas sobre las actividades de cohecho,
malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y otros delitos asociados,
identificar a sus autores y determinar la participación de cada uno de ellos en las
mismas.” (Página 411. Tomo I)

     La Policía, sin más pruebas que las falsas o manipuladas o sesgadas, aportadas por  Valadez, da por hecho en este informe la confirmación de los delitos. Pero, al igual que con los anteriores, nada se había investigado. De hecho, como se apunta en párrafos anteriores, a fecha de 3 de junio de 2008, casi dos años después de la denuncia, la Policía no los tenía en su poder, a pesar de confirmar en su primer informe de fecha 27 de marzo de 2007, la existencia de los mismos. Un sinsentido más puesto de manifiesto en el transcurso de la investigación que, por otro lado, está centrada en escuchas más aptas de un programa del corazón que de una verdadera y seria investigación policial.

   La Introducción de la página 419 de este informe la encabeza nuevamente alusiones a Manuel Reina. En un intento de relacionarlo con la operación Gruta, por el hecho de que los propietarios del Club Oasis estaban inmersos en esta  operación de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Y puesto que, supuestamente, dieron un dinero al PES para publicidad en un periódico local, supuestamente en pago de la licencia de apertura de su establecimiento situado en El Padrón, los policías llegan a inmiscuirlo en la operación por tráfico y blanqueo:

“En la denominada "OPERACIÓN GRUTA", desarrollada por esta Sección de
Blanqueo de Dinero en el Juzgado Central de Instrucción número CINCO, en el
marco de Diligencias Previas 200/2005, por presuntos delitos contra la Salud Pública
y Blanqueo de Capitales, se ha tenido conocimiento de presuntos delitos de cohecho.
Estos delitos de cohecho son consecuencia del pago de comisiones efectuado por
unas personas (imputadas como responsables de presuntos delitos de tráfico de
estupefacientes y/o de blanqueo de capitales en las citadas Diligencias Previas) a
otras personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona (Manuel REINA
CONTRERAS, Arturo Manuel CEBRIÁN GARCÍA y Ana María CRESPO DE
LUCAS), con el fin de que se concediera la licencia de apertura del establecimiento
"OASIS CLUB PLAZA" en la localidad de Estepona.”

     Más adelante haremos una observación sobre este dato. Otra esperpéntica revelación aportada por los denunciantes, al que dio crédito, sin más, la Policía, se refiere a las elucubraciones contenidas en el informe policial y cuya reseña aparece en la página 131 de este tomo I. Por esta regla de tres, de imputar hechos inconexos porque aparezcan en sumarios diferentes depende de cómo convenga, igualmente delictivo pudiera ser el famoso convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Valadez, a mediados de este año 2009, y la familia Real Saudí. Digo esto porque en el último libro de Daniel Estulin: “Los señores de la sombras”, aparece citado un miembro de esta familia en un caso de tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Así lo recoge el citado autor: Daniel Estulin: Los señores de las sombras, Editorial Planeta 2007. Páginas 294-295:

    "En 1999, la agencia contra la droga estadounidense (DEA) desarticuló una enorme conspiración que involucraba a un príncipe saudí en el tráfico de cocaína desde Colombia...." "En junio de 1999 fueron confiscados en París 808 kilos de cocaína..."

   "A través de un fax interceptado, la oficina regional de la DEA en Bogotá supo de la cocaína incautada y pudo vincular la operación con los saudíes. La investigación de la DEA estaba enfocada sobre todo en el príncipe Nayif al Saud, alias El Príncipe... "A la caza de contratos internacionales de tráfico de estupefacientes, Nayif viajaba en su propio Boeing 727 y se valía de su estatus diplomático para evitar las revisiones de aduana."   "Nayif también se habría reunido con miembros de los cárteles de la droga en Marbella..."

     La reunión a la que alude Estulin tuvo lugar en el Palacio que la Familia Real saudí tiene en Marbella. Por cierto,  puestos a divagar, podemos implicar también al Rey de España quien, durante  una de las visitas últimas realizadas por el nuevo monarca saudí, tras la muerte del Rey Fa, a su Palacio de Marbella, mantuvo allí con éste una visita de cortesía.

   Por cierto que respecto a la familia saudí, existe una referencia, sobre una posible operación irregular, como no, infundada también, a raíz de lo que hemos explicado, puesto que el convenio con los saudíes lo ha firmado el propio Valadez siendo ya él la máxima autoridad local. Página 61 tomo VI:

"Respecto a estas llamadas es de resaltar que Ignacio BAYON es socio único
de la empresa INVERSIONES CLAUDIETA AZUL SL, cuyo objeto social es realizar
inversiones en derechos de aprovechamiento y urbanísticos, por lo que estas llamadas
pudieran desembocar en algún tipo de actividad ilícita, por las claras intenciones de
éste en formar parte de este proyecto y por la forma de negociar que tienen los
inversores saudíes, los cuales de todos es sabido el potencial económico que poseen,
por lo cual todos estos extremos serán investigados.
(Conversaciones mantenidas los días 13.12.07 a las 11:49 y 19.12.07 a las
20:03)."

¿Será investigado, pues, el convenio firmado por Valadez con la familia saudí?

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Nota

Pedimos al lector que si tuviera conocimiento de algún dato erróneo aquí expuesto, que no venga derivado del sumario, sino de nuestro análisis, no dude en ponerse en contacto con el editor en operacionastapa@yahoo.es