¿Por qué la Policía no indagó este extremo, al igual que lo que se pone en boca del notario? Otra vez; porque de haberlo hecho, hubiera levantado la liebre contra miembros del PSOE, en plena campaña electoral. Por eso se decidió no verificar tales declaraciones y esperar a que el caso fuese secreto. Una vez secreto, la inacción policial se fundamentaría en dicho secreto sumarial y así no se comprometían los intereses electorales del PSOE, a cuyo cargo estaba el Ministerio del Interior que, por definición, sabe de todas (y sobre todo de las que más puedan afectar a su partido), las operaciones policiales en marcha. La designación de un fiscal afín, como es el caso del Fiscal Anticorrupción por oficio del Fiscal General del Estado garantiza tal confidencialidad y previene tales eventualidades.
En el caso del notario mencionado, le ponen en su boca, además en la denuncia en la página 75, que miembros del PSOE “se están llevando dinero con cajas fuertes en Marbella”. Pero ¿se investiga este extremo?. Tampoco.
La Policía, sin más, da crédito a este esperpento, sobre el cual no existían pruebas grabadas o escritas, que avalasen la credibilidad de la denuncia en este sentido, o al menos no se citan en los tomos abiertos hasta el momento. Teniendo en cuenta que en ellos se relatan las actuaciones llevadas a cabo hasta el día 18 de junio, un día después de estallar la operación “anti-terrorista” Astapa, posiblemente no haya una investigación previa que avale tales afirmaciones ni esté recogido en ningún documento o grabación que confirmen tales sospechas. La Policía hace suyas las imputaciones de Valadez en el informe remitido a la Fiscalía de Málaga, por petición de ésta.
Por lo que su falta de perspicacia quedó patente en estos y otros casos, como el que revelamos a continuación, donde el propio Valadez admite y da por bueno que un empresario haga donaciones, siempre que sea a su delegación, ¡claro!. En su denuncia expone estas prácticas, supuestamente realizadas por otros. La Policía no toma medidas contra él a pesar de que parece dejar implícito que un empresario donó bienes a su delegación (material geriátrico) e hizo obras para la misma, como explicamos a continuación.
Este párrafo, contenido en la introducción de la denuncia, es bastante elocuente y habla por sí mismo del doble lenguaje de Valadez y de sus diferentes varas de medir, según le convenga. Así dice el párrafo citado contemplado en la página 75 (I Tomo) y así le toma el pelo a la despistada Policía:
“El imputado en la Operación Malaya, Angel Rodríguez, en representación de la multinacional farmacéutica ORPEA nos exigió (a David Valadez y al Técnico de la Delegación de Bienestar Social José Luciano Sánchez) que se puso en contacto conmigo en mi calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista para pedirme mi mediación con la Junta de Andalucía porque le estaban pidiendo dinero desde el Ayuntamiento para poder desarrollar un convenio urbanístico cuya licencia estaba, según aseguraba, en perfectas condiciones desde hace años. Fueron varias las reuniones mantenida con él y en más de una ocasión se lo trasladé al propio alcalde sin que mi mediación resultase fiuctífera, Prueba de que su empresa quería colaborar con el Ayumtamiento de Estepona es que donó material geriátrico para una Residencia de la localidad y estaba dispuesto a sufragar distintas obras de infraestructuras de carácter social. Siempre me aseguró que no estaba dispuesto a tener que pagar en Estepona como lo había hecho en Marbella y mucho menos cuando había un alcalde socialista.”
Prueba de que para Valadez vale todo es el uso interesado, a falta de más contundentes argumentos, (incluso el de un imputado en la Operación Malaya), para sustentar sus manipuladas denuncias. ¿Está justificando que un imputado en la Operación Malaya, realice obras y donaciones para su delegación en la misma denuncia que recrimina a sus compañeros la misma actitud? ¿O, por el contrario, estaba denunciándolo por haber realizado dichas obras para su delegación? ¿No es una contradicción? ¿No es este un motivo para imputar a Valadez, pues él mismo reconoce que un imputado en Málaya donó material para su delegación y ve con buenos ojos que realice obras para la misma; mientras que denuncia a sus compañeros por estas mismas razones, respecto de otras empresas? ¿No supo ver la Policía lo incongruente de estas revelaciones? Por otro lado, queda de manifiesto el conocimiento de la Junta de todo lo que, según Valadez, ocurría en el Ayuntamiento y sin embargo permitió la candidatura de Barrientos en el puesto Nº 1 de la lista. No estarían tan fundadas pues, estas denuncias, para el PSOE andaluz.
Otras de las denuncias de Valadez, y que la propia Policía recoge en su informe, es la referida a la empresa Bonifacio Solís, aparecida en la página 309 del tomo I en formato PDF. Para ello, Valadez se basa en declaraciones del concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, y afirma lo siguiente contra esta empresa. Primero acusa, después esconde la mano:
"Juan Manuel RODRÍGUEZ (miembro del Partido de Estepona PES y ex gilista) el día 7 de diciembre de 2006 manifestó en presencia de varias personas, que el empresario local Bonifacio SOLIS había tenido que pagar al Segundo Teniente Alcalde, Rafael MONTESINOS RUBIO (portavoz del Partido Andalucista) la cantidad de 20 millones de pesetas para poder construir. Es de destacar que en estos momentos Bonifacio SOLIS es el encargado de la ejecución de distintos proyectos de infraestructuras, competencia casualmente de la Delegación que Rafael MONTESINOS RUBIO ostenta. Cabe resaltar, por ejemplo, la construcción de aparcamientos subterráneos gracias a una concesión municipal.”
Juan Manuel Rodríquez, efectivamente, es “ex-gilista” pero, ¡qué casualidad!, no está imputado. Sin embargo esta empresa hoy, con Valadez en la alcaldía, sigue siendo una de las principales receptoras de las obras que se llevan a cabo, a través de diferentes planes municipales y estatales, entre ellos el conocido como Plan E. De hecho el viernes 18 de diciembre de 2009, según se ha hecho público, esta empresa, en una UTE junto a la empresa Construcciones Diego Soto, ha sido la adjudicataria para la construcción de un colegio en Estepona, cuyo presupuesto asciende a tres millones de euros de la Junta de Andalucía. ¿No es curioso?. ¿No es curioso tampoco que Rafael Montesinos, no fuera imputado hasta un día después de dar su apoyo a Valadez para la alcaldía?
Hoy esta empresa que, según la denuncia de Valadez, pagó al líder del Partido Andalucista 20 millones para trabajar en Estepona, además de otros 100.000 euros según aparece en otro tomo que analizaremos, realiza trabajos, además, para la delegación de Agripina, curiosamente del PA que, supuestamente fue el partido que obligó al empresario a donar ese dinero. ¿Podría existir un pacto de silencio entre la propia alcaldía, quienes la sustentan, y la Justicia para posibilitar o mantener el Gobierno de Valadez en el Ayuntamiento?. ¿Y entre el fiscal y la Junta de Andalucía o con el mismo Gobierno de la Nación?. Todo parece indicar que sí.
Curiosamente, una imputación a miembros de la Junta de Andalucía, contenida en la página 439 del primer tomo del sumario, a resultas del seguimiento telefónico de la operación Gruta, nunca fue investigada por el peregrino razonamiento de que no daban más datos:
“En este mismo sentido,' José Luis CABÁS ÁLVAREZ ha tenido que realizar gestiones similares en la Junta de Andalucía, dónde, al parecer, también le han solicitado una importante cantidad de dinero (aunque por palabras del propio José Luis CABÁS ÁLVAREZ, existe una contradicción sobre el montante exacto). Así, José Luis CABÁS ÁLVAREZ én conversación con Pedro FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ le comenta los requisitos y reformas que les exige la Junta de Andalucía y refiriéndose a un Inspector (sin ofrecer más datos) dice: "coste: un millón ahora y un millón a la licencia y que pasa todo el informe él y toda la licencia él. Esto es la puta. Además en la puta cara, además me sacó a tomar un café y sin cortarse ni perezoso"15”
En el caso del notario mencionado, le ponen en su boca, además en la denuncia en la página 75, que miembros del PSOE “se están llevando dinero con cajas fuertes en Marbella”. Pero ¿se investiga este extremo?. Tampoco.
La Policía, sin más, da crédito a este esperpento, sobre el cual no existían pruebas grabadas o escritas, que avalasen la credibilidad de la denuncia en este sentido, o al menos no se citan en los tomos abiertos hasta el momento. Teniendo en cuenta que en ellos se relatan las actuaciones llevadas a cabo hasta el día 18 de junio, un día después de estallar la operación “anti-terrorista” Astapa, posiblemente no haya una investigación previa que avale tales afirmaciones ni esté recogido en ningún documento o grabación que confirmen tales sospechas. La Policía hace suyas las imputaciones de Valadez en el informe remitido a la Fiscalía de Málaga, por petición de ésta.
Por lo que su falta de perspicacia quedó patente en estos y otros casos, como el que revelamos a continuación, donde el propio Valadez admite y da por bueno que un empresario haga donaciones, siempre que sea a su delegación, ¡claro!. En su denuncia expone estas prácticas, supuestamente realizadas por otros. La Policía no toma medidas contra él a pesar de que parece dejar implícito que un empresario donó bienes a su delegación (material geriátrico) e hizo obras para la misma, como explicamos a continuación.
Este párrafo, contenido en la introducción de la denuncia, es bastante elocuente y habla por sí mismo del doble lenguaje de Valadez y de sus diferentes varas de medir, según le convenga. Así dice el párrafo citado contemplado en la página 75 (I Tomo) y así le toma el pelo a la despistada Policía:
“El imputado en la Operación Malaya, Angel Rodríguez, en representación de la multinacional farmacéutica ORPEA nos exigió (a David Valadez y al Técnico de la Delegación de Bienestar Social José Luciano Sánchez) que se puso en contacto conmigo en mi calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista para pedirme mi mediación con la Junta de Andalucía porque le estaban pidiendo dinero desde el Ayuntamiento para poder desarrollar un convenio urbanístico cuya licencia estaba, según aseguraba, en perfectas condiciones desde hace años. Fueron varias las reuniones mantenida con él y en más de una ocasión se lo trasladé al propio alcalde sin que mi mediación resultase fiuctífera, Prueba de que su empresa quería colaborar con el Ayumtamiento de Estepona es que donó material geriátrico para una Residencia de la localidad y estaba dispuesto a sufragar distintas obras de infraestructuras de carácter social. Siempre me aseguró que no estaba dispuesto a tener que pagar en Estepona como lo había hecho en Marbella y mucho menos cuando había un alcalde socialista.”
Prueba de que para Valadez vale todo es el uso interesado, a falta de más contundentes argumentos, (incluso el de un imputado en la Operación Malaya), para sustentar sus manipuladas denuncias. ¿Está justificando que un imputado en la Operación Malaya, realice obras y donaciones para su delegación en la misma denuncia que recrimina a sus compañeros la misma actitud? ¿O, por el contrario, estaba denunciándolo por haber realizado dichas obras para su delegación? ¿No es una contradicción? ¿No es este un motivo para imputar a Valadez, pues él mismo reconoce que un imputado en Málaya donó material para su delegación y ve con buenos ojos que realice obras para la misma; mientras que denuncia a sus compañeros por estas mismas razones, respecto de otras empresas? ¿No supo ver la Policía lo incongruente de estas revelaciones? Por otro lado, queda de manifiesto el conocimiento de la Junta de todo lo que, según Valadez, ocurría en el Ayuntamiento y sin embargo permitió la candidatura de Barrientos en el puesto Nº 1 de la lista. No estarían tan fundadas pues, estas denuncias, para el PSOE andaluz.
Otras de las denuncias de Valadez, y que la propia Policía recoge en su informe, es la referida a la empresa Bonifacio Solís, aparecida en la página 309 del tomo I en formato PDF. Para ello, Valadez se basa en declaraciones del concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, y afirma lo siguiente contra esta empresa. Primero acusa, después esconde la mano:
"Juan Manuel RODRÍGUEZ (miembro del Partido de Estepona PES y ex gilista) el día 7 de diciembre de 2006 manifestó en presencia de varias personas, que el empresario local Bonifacio SOLIS había tenido que pagar al Segundo Teniente Alcalde, Rafael MONTESINOS RUBIO (portavoz del Partido Andalucista) la cantidad de 20 millones de pesetas para poder construir. Es de destacar que en estos momentos Bonifacio SOLIS es el encargado de la ejecución de distintos proyectos de infraestructuras, competencia casualmente de la Delegación que Rafael MONTESINOS RUBIO ostenta. Cabe resaltar, por ejemplo, la construcción de aparcamientos subterráneos gracias a una concesión municipal.”
Juan Manuel Rodríquez, efectivamente, es “ex-gilista” pero, ¡qué casualidad!, no está imputado. Sin embargo esta empresa hoy, con Valadez en la alcaldía, sigue siendo una de las principales receptoras de las obras que se llevan a cabo, a través de diferentes planes municipales y estatales, entre ellos el conocido como Plan E. De hecho el viernes 18 de diciembre de 2009, según se ha hecho público, esta empresa, en una UTE junto a la empresa Construcciones Diego Soto, ha sido la adjudicataria para la construcción de un colegio en Estepona, cuyo presupuesto asciende a tres millones de euros de la Junta de Andalucía. ¿No es curioso?. ¿No es curioso tampoco que Rafael Montesinos, no fuera imputado hasta un día después de dar su apoyo a Valadez para la alcaldía?
Hoy esta empresa que, según la denuncia de Valadez, pagó al líder del Partido Andalucista 20 millones para trabajar en Estepona, además de otros 100.000 euros según aparece en otro tomo que analizaremos, realiza trabajos, además, para la delegación de Agripina, curiosamente del PA que, supuestamente fue el partido que obligó al empresario a donar ese dinero. ¿Podría existir un pacto de silencio entre la propia alcaldía, quienes la sustentan, y la Justicia para posibilitar o mantener el Gobierno de Valadez en el Ayuntamiento?. ¿Y entre el fiscal y la Junta de Andalucía o con el mismo Gobierno de la Nación?. Todo parece indicar que sí.
Curiosamente, una imputación a miembros de la Junta de Andalucía, contenida en la página 439 del primer tomo del sumario, a resultas del seguimiento telefónico de la operación Gruta, nunca fue investigada por el peregrino razonamiento de que no daban más datos:
“En este mismo sentido,' José Luis CABÁS ÁLVAREZ ha tenido que realizar gestiones similares en la Junta de Andalucía, dónde, al parecer, también le han solicitado una importante cantidad de dinero (aunque por palabras del propio José Luis CABÁS ÁLVAREZ, existe una contradicción sobre el montante exacto). Así, José Luis CABÁS ÁLVAREZ én conversación con Pedro FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ le comenta los requisitos y reformas que les exige la Junta de Andalucía y refiriéndose a un Inspector (sin ofrecer más datos) dice: "coste: un millón ahora y un millón a la licencia y que pasa todo el informe él y toda la licencia él. Esto es la puta. Además en la puta cara, además me sacó a tomar un café y sin cortarse ni perezoso"15”
“Refiriéndose a esté mismo incidente, José Luis CABÁS ÁLVAREZ habla con David CHULIÁN, ex gerente del club, "OTRO LÍO CON LA JUNTA: CINCO MILLONES MÁS". David CHULIÁN le pregunta si ese dinero es en concepto de impuestos, a lo que José Luis CABÁS ÁLVAREZ contesta tajante con un "no. en cuestión de comisiones pa ellos (...). ésto solo pasa en tu tierra" "que para arreglarnos con los papeles que cinco kilos".16 Minutos después, José Luis CABÁS ÁLVAREZ aprovecha una conversación con su arquitecto José Juan (sin más datos) para referirse a la Junta de Andalucía "también quieren dinero", "que con cinco kilos se arreglan"
El “montante exacto” radicaba en que la Junta, presuntamente, pidió dos millones y éste a su socio le informa sobre cinco. Pero ya iremos viendo otras implicaciones de la Junta que, tanto el fiscal como la jueza intentan evadir. Ya lo dijo Santiago Torres, instructor del caso Malaya, más o menos textualmente que: “a ciertos niveles se imposibilita por todos los medios la investigación”. Uno o varios convenios denunciados lo firmó el propio José María Ruiz Povedano, Delegado de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
Este informe estaría basado en las conexiones aparecidas a través de las escuchas telefónicas, con motivo de la operación Gruta y la operación Malaya. En otros casos, en las declaraciones de varios imputados recogidas en el tomo XIII, se habla, por parte de uno de los propietarios del local Oasis, de 18.000 euros que le exigió un técnico de la Junta de Andalucía bajo la amenaza de que le enviaría una inspección cada semana. Ni fiscal ni jueza insistieron en sus preguntas al detenido sobre las imputaciones que hacía a un miembro de la administración pública andaluza. ¿No es curioso?. De hecho hoy, en Marzo de 2010 dos años después de iniciarse la operación nadie de la Junta está imputado.
Así las cosas, imagínense cómo no estará redactado el auto de 29 de Marzo por el cual la Jueza, Susana García Ruiz, accede a la petición policial de intervenir las cuentas y los teléfonos de los imputados. Escuchas que a pesar de su ilegalidad, como explicaremos, no aclaran, por sí mismas, ningún delito ni justifican las precipitadas y desproporcionadas medidas adoptadas el día 17 de Junio de 2008. Descontando que, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, también las supuestas investigaciones, son objeto y tienen su origen en la tergiversación de las denuncians y en interpretaciones erróneas posteriores de los "investigadores".
El “montante exacto” radicaba en que la Junta, presuntamente, pidió dos millones y éste a su socio le informa sobre cinco. Pero ya iremos viendo otras implicaciones de la Junta que, tanto el fiscal como la jueza intentan evadir. Ya lo dijo Santiago Torres, instructor del caso Malaya, más o menos textualmente que: “a ciertos niveles se imposibilita por todos los medios la investigación”. Uno o varios convenios denunciados lo firmó el propio José María Ruiz Povedano, Delegado de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
Este informe estaría basado en las conexiones aparecidas a través de las escuchas telefónicas, con motivo de la operación Gruta y la operación Malaya. En otros casos, en las declaraciones de varios imputados recogidas en el tomo XIII, se habla, por parte de uno de los propietarios del local Oasis, de 18.000 euros que le exigió un técnico de la Junta de Andalucía bajo la amenaza de que le enviaría una inspección cada semana. Ni fiscal ni jueza insistieron en sus preguntas al detenido sobre las imputaciones que hacía a un miembro de la administración pública andaluza. ¿No es curioso?. De hecho hoy, en Marzo de 2010 dos años después de iniciarse la operación nadie de la Junta está imputado.
Así las cosas, imagínense cómo no estará redactado el auto de 29 de Marzo por el cual la Jueza, Susana García Ruiz, accede a la petición policial de intervenir las cuentas y los teléfonos de los imputados. Escuchas que a pesar de su ilegalidad, como explicaremos, no aclaran, por sí mismas, ningún delito ni justifican las precipitadas y desproporcionadas medidas adoptadas el día 17 de Junio de 2008. Descontando que, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, también las supuestas investigaciones, son objeto y tienen su origen en la tergiversación de las denuncians y en interpretaciones erróneas posteriores de los "investigadores".
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