jueves, 25 de marzo de 2010

Una Operación inquisitorial (VI)

       Así, el día 17 de junio de 2008, policías con pasa montañas, metralletas, etc.,  al más puro estilo de una operación anti-terrorista, acompañados de banda y música mediática, hicieron acto de presentación en los domicilios de los detenidos, y otras casas particulares, oficinas y locales municipales, al paso marcado por  una prensa avisada que paseaba a los detenidos por sus canales televisivos esposados y como  miembros de una organización mafiosa. Es más,  dudo que así fueran tratados los mafiosos, terroristas o asesinos; sin recurso a la posibilidad de defensa, como aún permanecen, un año y medio después, en diciembre de 2009. Era la Operación Astapa. Tal fue la indignidad a la que se sometió a los detenidos,, que el propio Fiscal General del Estado emitió el 28 de diciembre de 2009 (día de los inocentes), un oficio en el que se insta a  los fiscales a llevar a cabo las detenciones teniendo en cuenta  no atentar contra la dignidad de los detenidos, en clara referencia a la Operación Astapa y su tratamiento en los medios de comunicación.

    El transcurso de los acontecimientos, además, mostraría otra de las caras de esta operación y la menos analizada entre todo el barullo de imputaciones: la toma de la alcaldía de Estepona, por parte de   Valadez, al compás que marcaban los acontecimientos  judiciales, una vez imputados muchos de sus compañeros. De éstos, varios que dieron su apoyo al alcalde el día de su nombramiento (17 de julio de 2008), no  serían inculpados por presuntos delitos, definitivamente, hasta un día después de su nombramiento. En el caso de  de Rafael Duarte, su declaración se produjo el mismo día del nombramiento de  Valadez, pero se publicó su citación a declarar el día 25 de junio (tres semanas antes), en la prensa -según fuentes “municipales”-. Sin embargo, hasta un día antes de llevarse a cabo su declaración no se hizo oficial.  De hecho no se le imputaron los delitos por los que que renunció a su acta hasta un día después de apoyar a  Valadez. ¿No es curioso?. ¿No parece que la Justicia marcó los tiempos para que  Valadez fuera alcalde?.

   En el de  Rafael Montesinos la sombra de la sospecha es más evidente aún, si cabe.   El ex-lider andalucista fue citado a declarar un día después del nombramiento de  Valadez. Por lo que su retraso, para quienes “piensan mal”, puede atribuirse al hecho de garantizar su nombramiento.  Y puede no faltarles razón. Valadez dijo que no quería apoyar su mandato en ediles imputados, sin embargo estos ediles le dieron su apoyo en el pleno celebrado un día antes de que se conocieran los  delitos base de su imputación, posibilitando su nombramiento. Fueron imputados un día después.   Valadez, por tanto, subió al trono de la alcaldía gracias a los propios imputados, a los que utilizó en connivencia policial. Todo parece indicar que su elección vino marcada por las decisiones judiciales tomadas para no perjudicarle en sus “aspiraciones”.

   Entre la confusión y el desconocimiento de los hechos, el propio Zamorano dio su apoyo a la investidura de  Valadez, a pesar de conocerse ya su acusación y los delitos que se le imputaban. ¿Pudieron  venir por ahí las prebendas, por parte de la dirección regional del partido,  por las cuales podrían haber aceptado los denunciantes concurrir en lista con Barrientos?

    De los cinco encarcelados,  cuatro  permanecen en prisión “bajo secreto de sumario” durante seis meses. Son puestos en libertad en diciembre de 2008 bajo fianza de 150.000 euros, los cuatro. El quinto permaneció un tiempo inferior y su fianza se tasó en 60.000 euros. El secreto del sumario se abrió, sólo a 6 tomos, a finales de junio o julio de 2009, habiendo permanecido secreto durante casi dos años. Posteriormente, en septiembre de 2009, se abre nuevamente el sumario a otros siete tomos de un total de ciento-cincuenta, según reveló la prensa afín "curiosamente".  Acercándose ya a casi tres años de secreto sumarial, lo nunca visto en España (29 de marzo de 2007-diciembre 2009). Pasados tres años, para ser más exactos,  hasta la fecha que escribimos  estas líneas.

     Valadez había ganado su segunda batalla, y mientras permanezca el secreto parcial del sumario hasta su apertura total que, al ritmo que va, no será hasta por lo menos el 2017 o 20, posiblemente gane alguna otra  en su guerra particular. De hecho la batalla mediática con el apoyo descarado de la Cadena Ser  la sigue ganando. Sin embargo,  la apertura parcial  nos indica que no todas  las tiene  consigo, aunque no es menos cierto que algunas imputaciones, en principio,  tienen visos de verosimilitud, en espera de la apertura del resto. Sin embargo se da la circunstancia de que incluso algunas de estas imputaciones, que pudieran tener visos de verosimilitud, han quedado desvirtuadas a lo largo del gobierno de  su mandato, como iremos explicando. Pero a la postre,  hay algo con lo que no había contado el ínclito Valadez: con la negativa a renunciar a su acta de concejal de muchos de sus ex-compañeros concejales imputados, quienes, en la práctica, se han hecho con las riendas de la gobernabilidad del Ayuntamiento, al no haber renunciado a sus actas tras sus imputaciones.

    Analizados los 19 tomos del sumario, y mientras sólo contemos con las apreciaciones contenidas en el mismo, conviene reconocer que, en una media del 50% parecen no estar carentes de fundamentación, aunque igualmente rodeados de muchos datos confusos y débilmente apuntalados, y manipulados muchos de ellos. Sobre el otro 50% no se pueda afirmar lo mismo. Ese otro porcentaje  del sumario está demasiado subjetivado y basado sólo en apreciaciones forzadas, utilizadas para justificar las líneas de investigación. Además, de la presencia en los tomos de muchos datos erróneos y/o inexactos ya confirmados como tales,  muchos sirvieron para establecer la relación de la presunta comisión de los delitos a los imputados. Por lo que muchas imputaciones, a tenor de lo que hoy conocemos, podrían estar infundadas y deberán ser objeto de revisión o simplemente anuladas; ya que en un principio la Policía  las dotó de la relevancia que no tienen a raíz de lo que ya conocemos del sumario.

    A expensas, pues,  de conocer la opinión de los imputados, pero teniendo en cuenta lo que quien subscribe conoce de aquellos acontecimientos, ya podemos avanzar que existen muchos datos erróneos que sustentan las decisiones policiales. Por tanto las  basadas en estos datos que se demostrarán erróneos, de entrada tendrán que ser revisadas o rectificadas, lo que podría implicar también la nulidad de muchas  decisiones judiciales tomadas en base a los mismos.

Astapa, municipio de Méjico.
  
     Se había iniciado la Operación Astapa. Un nombre erróneo, como la propia Policía reconoció días  después y la premonición de que la propia operación es un error, en el mejor de los casos. Astapa es un municipio o condado mejicano. Ha sido un error desde el punto de vista del interés público puesto que se ha realizado en secreto durante tres campañas electorales. El pueblo de Estepona ha votado engañado para que los hechos no influyeran en el resultado de las mismas respecto al PSOE (principal imputado), a pesar de la gravedad de las imputaciones que supuestamente recaían sobre aquellos que debían ser elegidos.

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Una Operación inquisitorial (V)

       Basado en apreciaciones subjetivas, en el mejor de los casos; tergiversadas o manipuladas  en otros; y en otras con visos de cierta credibilidad (mientras no se conozca el resto del sumario),  David Valadez, en ese contexto de pre-campaña electoral, aprovechando las desavenencias partidistas que él mismo azuzaba desde la prensa local (controlada por él gracias a sus lazos familiares, en algunos casos, y amistosos, en otros, dada la profesión de periodista de él mismo y de su mujer), presenta un informe ante la Dirección General de la Policía en Madrid, donde se “pondrían de manifiesto” una relación genérica de presuntos hechos delictivos que se estarían produciendo en el Ayuntamiento de Estepona, en un período donde, precisamente, él fue miembro del Gobierno.

    Como veremos, tras un año de secreto sumarial, los 19 tomos abiertos hasta el momento revelan que se trataba de meras conjeturas interesadas y sesgadas en su mayoría, como el tiempo transcurrido desde entonces está demostrando. Nos basamos en el posterior desarrollo de acontecimientos  de los que él ha sido protagonista y que iremos destapando.

      Así, la primera documentación la presenta el día 16 de Noviembre de 2006 y el segundo “lote” el día 20 (cuatro días después), ante la Dirección General de la Policía en Madrid. Mientras tanto las filtraciones que se producían en la prensa y foros de Internet, incluso hablaban de que estas mismas denuncias fueron expuestas ante los órganos provincial y regional del partido.

    Lejos de llevar a cabo una investigación sobre las declaraciones subjetivadas de  Valadez y sobre la comprobación de la documentación (casi toda basada en documentos públicos al alcance de cualquiera que los hubiera solicitado), la Justicia declara la causa secreta, a instancias de la Policía  (Ministerio de Interior, PSOE), cuatro meses después, y la jueza, sin ni siquiera analizar la documentación, ordena escuchas telefónicas (intervención de las telecomunicaciones), a una serie de implicados, sustentadas en un informe policial que no es más que la transcripción, más o menos literal de los hechos denunciados por  Valadez, conteniendo sus  mismas apreciaciones, pero añadiéndole la tipología de los delitos.

     Como explicaremos más adelante, esta decisión pudo tomarse por imperativo del propio Fiscal General del Estado para proteger los intereses del PSOE de cara a tres campañas electorales que se avecinaban en el escaso intervalo de un año (2007-2008) en Andalucía: Locales, Andaluzas y Generales.

     Las escuchas se adoptaron sin el estudio previo del informe de Fiscalía, que no es otro que el propio de la Policía, el 29 de marzo de 2007. En ese período de cuatro meses, previo a la autorización de escuchas, no se llevó a cabo ninguna comprobación de los presuntos delitos que se habrían cometido y que aparecen ya tipificados en el primer informe. Hasta cuatro meses después de la primera denuncia nada se había  investigado, ni siquiera los datos que, a lo largo de los primeros meses de 2007, posteriores a la denuncia, iba aportando interesadamente  Valadez en sucesivas entregas posteriores; una de las cuales se produjo el día 7 de diciembre de 2006. Muchas de estas denuncias posteriores se llevan a cabo a pesar de estar la causa declarada secreta para todas las partes excepto para el Fiscal.

    El día 29 de marzo de 2007, un día después de recibir el informe del fiscal de Málaga, que a la vez lo envía al juzgado sólo un día después de recibirlo, sin haberse confirmado los presuntos delitos contenidos en  las denuncias y sin tiempo material para analizar la documentación remitida, la jueza Conejo ordena la intervención secreta de las cuentas corrientes y de los teléfonos de los principales imputados. A resultas de esas escuchas, secretamente, el día 16 de Junio de 2008, se ordena embargar sus cuentas corrientes  (que ya estaban intervenidas secretamente desde el día 29 de marzo de 2007) y llevar a cabo una operación policial “anti-terrorista”, al menos esa era la impresión que daba,  prevista para el día siguiente, 17 de Junio. La cual  acabó con 24 detenidos, otros tantos imputados, tres ediles en la cárcel, entre ellos el propio Antonio Barrientos, un técnico  municipal de Obras Públicas y el jefe del área de alcaldía. Un total de 64 personas, casi todos ellos acusados de todos los delitos por los que se puede encausar a un cargo público, además de blanqueo de capitales.

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Nota

Pedimos al lector que si tuviera conocimiento de algún dato erróneo aquí expuesto, que no venga derivado del sumario, sino de nuestro análisis, no dude en ponerse en contacto con el editor en operacionastapa@yahoo.es