sábado, 25 de junio de 2011

Inquisición Astapa (II). Cronología y contexto de un despecho político. El antes, el durante y el después.

Cronología y contexto de un despecho político.
Contexto político de la Operación Astapa
Antes, durante y después.
Esta operación político-judicial se desencadena el 17 de junio de 2008 tras haber permanecido año y medio en secreto, motivado por la proximidad de tres citas electorales en un año y en prevención del consiguiente perjuicio que pudiera haberle acarreado al partido del Gobierno (PSOE) tanto en Estepona como en Andalucía y en España, en caso de haberse iniciado con anterioridad. Previamente a la presentación de las denuncias el 16 de noviembre de 2006 en Madrid, hubo un “antes” y tras el inicio de la instrucción un “durante” y, posteriormente hasta hoy, un “después”.
    El “antes” de la Operación Astapa se encuadra en un contexto de rivalidad política desde un año antes en el que premeditada y secretamente se acaban planificando las denuncias por parte de dos concejales socialistas despechados del Ayuntamiento de Estepona: David Valadez López y Cristina Rodríguez Alarcón.

El “durante” se prolongará desde la interposición de las denuncias, con el desarrollo de las “no investigaciones” coincidiendo con las campañas electorales de las municipales, andaluzas y nacionales (que tenían lugar en el periodo de un año y de la que se vieron beneficiados los denunciantes), hasta el inicio de las detenciones. En esta incertidumbre nuevamente (y ya van cuatro) se han vuelto a producir las últimas elecciones municipales. Esto es, con un Ayuntamiento sobre el que su “intervención de facto” aún persiste bajo “secreto sumarial” y con la sombra de la sospecha merodeando sobre muchos de los candidatos en listas y no sólo, por cierto, de imputados para quienes conocen el sumario.

El “después”, por su parte, se desarrolla desde el bautizo “público” de esta “operación secreta” propiamente dicha con las detenciones incluídas, en 2008, hasta la fecha, verano de 2011, cuando aún no se ha levantado totalmente el secreto sumarial y después de tres años con la alcaldía tomada judicialmente por un alcalde no electo, con la connivencia “judicial”, un mes después del inicio de las detenciones: el 17 de julio de 2008. En una insólita actuación judicial que supuso de hecho un golpe de Estado electoral. Comprobaremos como esta operación, independientemente de cuál sea la deliberación de los jueces, ha sido sólo una estratagema, un “caballo de Troya” utilizado por los denunciantes no sólo para conseguir la alcaldía sino también para hacerse con el control de la ejecutiva local del PSOE esteponero. Esa es la principal trama de la Operación Astapa, precisamente la que menos han “olido” los sabuesos investigadores. ¿O sí la habían olido pero el guión era otro?

De lo acontecido en este “después”, en el que aún permanecemos, adquieren relieve ciertas informaciones que en su día pasaron inadvertidas y que darían a esta operación otra finalidad menos confesable, además de las deseadas por los denunciantes: la consecución de condiciones más ventajosas para ciertos propietarios de unos terrenos susceptibles de urbanizar o especular, pero sobre los que pesan la construcción de un centro universitario; la consabida Universidad de Estepona. Precisamente este empresario, sólo hay que tirar de hemeroteca, que no fue detenido ni imputado tal como él mismo afirmaría tajantemente a la prensa durante los días de las detenciones, sí especuló desde el principio con estos terrenos. Compró gran parte de los mismos a los bancos y posteriormente vendió parte de ellos al parecer, para poder imcumplir los acuerdos adoptados con Barrientos respecto al proyecto universitario esteponero.

“El antes” de la Operación Astapa se encuadra en la lucha política por el control del PSOE local de Estepona iniciada por los denunciantes contra Antonio Barrientos, influídos por una facción del partido que ostentó desde 1980 hasta 1995 la dirección de la asamblea local.

La llegada de Jesús Gil Marín a la alcaldía de Estepona en 1995 supuso un revés para las fuerzas tradicionales de Gobierno en el Ayuntamiento esteponero, entre las cuales destacaba el PSOE. Gil Marín ganó la alcaldía con una aplastante mayoría absoluta jamás conocida hasta entonces en Estepona sólo superada ahora (16 años después) en las elecciones de 2011 por el Partido Popular.

A raíz de aquel triunfo gilista se hizo patente la necesidad de renovar los órganos de poder socialistas esteponeros, tras casi quince años de recorrido sin haber experimentado previamente ningún proceso de renovación en todos esos años. Era hora modernizar el partido socialista esteponero y así las ejecutivas malagueña y regional optaron, tras aquella estrepitosa derrota, por elegir una nueva ejecutiva que estaría dirigida por Antonio Caba Tena, prestigioso abogado esteponero, quien hasta entonces había permanecido entre bambalinas dentro del partido pero alejado de la estela pública. Se hacía necesario liberarse del “corsé ideológico” para abrir el partido a un mayor número de sectores sociales.

Para la cita electoral de 1999 Caba dio un soplo de aire fresco a la ejecutiva local enfocado a combatir en las urnas al GIL. Organizó las Juventudes Socialistas (tarea que quedó pendiente en la campaña de 1995) siendo elegido David Valadez (afiliado tras su mayoría de edad en 1995) como presidente. Este sería el primer peldaño subido por Valadez en su camino para hacerse con el partido y tratar de devolver el poder a la antigua ejecutiva que, como el tiempo ha demostrado y como el autor de estas líneas ya predijo hace tres años, sería presidida por él.

El resultado de los comicios de 1999 posibilitó un pacto cuatripartito entre los partidos tradicionales esteponeros impidiendo gobernar de nuevo al GIL, que había obtenido el mayor número de votos quedando sólo a un concejal de la mayoría absoluta. De esta guisa es elegido alcalde el socialista Antonio Caba. Se daba la circunstancia de que en aquelllos comicios Caba presentaba en el número 6 de su lista a Antonio Barrientos, médico de profesión quien hasta entonces había permanecido totalmente ajeno a la política. Le avalaba el hecho de conocer, por su profesión de médico oficial en el Gabinete Geriátrico de la localidad y de la Residencia Virgen del Carmen, a un gran número de personas a las que atendía diariamente, con el consiguiente posible rédito electoral que estas circunstancias pudieran reportarle al partido. Además su familia era muy conocida entre la clase media esteponera.

A tenor de aquel resultado el PSOE se hace con las riendas del Ayuntamiento apoyado por PP, I.U y Partido Andalucista. Valadez, quien estaba terminando o había recién terminado la carrera de periodismo y aún no se había bautizado en la política municipal, es contratado a dedo, sin ningún tipo de oposición pública ni experiencia, como director adjunto de la Radio y Televisión de Estepona. Llamará la atención en sus denuncias posteriores de la “Operación Astapa” el énfasis que pone en el hecho de que se contratasen en tales circunstancias (sin concurso ni oposición tal y como ocurrió con él) a personas en el Ayuntamiento esteponero. Este dato, por supuesto, no aparece en el sumario.

Pero el mandato de Caba duraría escasamente seis meses al verse truncado por circunstancias ajenas a la política. Se vio obligado a dimitir por una sentencia en su contra de la Audiencia Nacional, a causa de ciertos delitos imputados en el ámbito privado relacionados con su profesión de abogado y consultor legal. Así, tras su renuncia, es nombrado alcalde Antonio Barrientos, número 6 de la lista, suscitando la polémica entre los miembros de la antigua ejecutiva al no llevar los dos años de rigor afiliado -tal camo establecen los estatutos socialistas para figurar en cabeza de la dirección del partido o para ser nombrado candidato a la alcaldía-.

Aquel nombramiento de Barrientos pesaría sobre él como una losa durante años, pues la conspiración para desacreditarlo ya no cesaría hasta desembocar en la operación que nos ocupa. Entre los argumentos esgrimidos en su contra por parte de una facción socialista de la que hablaremos más adelante, además de los ya mencionados, destacaba el hecho de su poca vinculación con el socialismo local y sus orígenes de familia acomodada.

No obstante, cuando aún no se habían cumplido siete meses en su nuevo cargo, el Partido Popular, presidido por Rosa Díaz (quien después será socia del Gobierno de Valadez), rompiendo el pacto cuatripartito y con el apoyo de siete de los once concejales obtenidos por el GIL, presenta una Moción de Censura contra Barrientos viéndose obligado éste también a dejar la alcaldía. Curiosamente Rosa Díaz (que años después sería socia de gobierno tanto de Barrientos como de Valadez) despide como director adjunto de RTV Estepona al querulante esteponero, pero éste la denuncia exigiendo una indemnización que finalmente se fijará en unos 12.000 euros por sólo siete meses hábiles de trabajo efectivo. Hecho este que tampoco trasciende en los informes policiales abiertos a algunos imputados por similares situaciones.

Tras un paréntesis obligado provocado por la Moción de Censura, en las elecciones de 2003 Barrientos aparece como cabeza de lista del PSOE, mientras que Valadez recibía su bautizo político público en estos comicios y ostentaba el número seis de la lista presentada por quien, tres años después, sería su “rival interno” y objeto de sus denuncias en su camino hacia la presidencia del partido.

Valadez consiguió un puesto de concejal en el pacto que este partido firma con el PES e IU. De este acuerdo de Gobierno el principal favorecido fue el PSOE y por tanto David Valadez. El pacto permitió un gobierno en mayoría con un Concejal de I.U, cuatro del PES y seis del PSOE (PP había obtenido 7 pero quedó en la oposición). Un año y medio después, en 2005, abandona el pacto IU y se une al mismo el PA que había obtenido tres concejales; quedando la mayoría fijada en 13 del total de los 21 concejales que componían el Consistorio.

El abandono de I.U, presionado desde la Asamblea del partido en Málaga, se debió a las presiones que la facción de Los Verdes, dirigida por el activista y agitador Gerardo Galán, ejerció sobre la misma a raíz de una denuncia que éstos habían presentado en el Tribunal de Cuentas contra Crespo (ahora Nº1 del PES y Tte de Alcalde) y otros concejales del GIL por supuestos desfases económicos en la contabilidad de las empresas municipales regentadas por este último grupo durante la legislatura 95-99. Los Verdes habían denunciado en abril de 2005 un desfase de 24 millones de euros “sin justificar”, en aquella legislatura, por parte de las empresas municipales creadas por el partido de Gil Marín. Sin embargo, sucesivamente, dicha cantidad fue rebajándose, por parte de los órganos judiciales gracias a la documentación aportada por los ex-ediles denunciados, a los dos millones de euros, posteriormente a algo más de un millón de euros y finalmente sus responsabilidades fueron establecidas en 900.000 euros, según algunas fuentes y 600.000 según otras. Una cantidad muy inferior a la cifra que barajaron Los Verdes en su denuncia.

Fue a partir de esa fecha, alentado por la facción antigua del PSOE y la facción de Los Verdes de IU, cuando Valadez decide poner en cuestión la gestión de Barrientos, o en todo caso, aprovechando la tesitura, establecer su estrategia de acoso y derribo contra su compañero alcalde. Para ello tendría una perfecta aliada: su propia esposa que desde los medios que controlaba (EFE, Cadena Ser y Europa Press en manos de una compañera) podía permitirse magnificar cualquier información que pudiera, por insignificante que fuera, manchar la imagen y por consiguiente la carrera y el presitigio de Barrientos en “su” PSOE (el de su marido). Para ésta, que ya sería su guerra política interna particular, pondría en marcha toda una infantería de la que sólo él disponía por lazos familiares y amistosos: la prensa y medios de comunicación afines a él por su profesión y el de su esposa.

Los argumentos estarían servidos gracias a las sucesivas denuncias que en el ámbito de la oposición política interponían los grupos, no integrados en el Equipo de Gobierno, sobre determinados convenios a aprobar y que, sin embargo a raíz de las polémicas surgidas no llegaron a aprobarse, así como las constantes filtraciones interesadas que los medios publicaban sobre posibles conexiones entre el Ayuntamiento de Estepona y la Operación Malaya.

La muncición estaba servida y asuntos que finalmente no llegaron ni siquiera a aprobarse sirvieron incluso para ser incluídos en el sumario Astapa. Previamente al inicio de la “operación”, dicha estrategia había conseguido extender el rumor de una rampante corrupción que inundaba todas las áreas del Ayuntamiento de Estepona, creando el caldo de cultivo necesario para la aceptación de la población que, en tal estado de manipulación mediática, parecía estar especialmente “sensibilizada” para esperarse “lo peor”.

La interposición de aquella denuncia en el Tribunal de Cuentas contra los ahora socios de Gobierno del PSOE a mediados de 2005, provocó la dimisión de Marta Solís (PES) de su cargo como consejera de las empresas municipales, debido a las responsabilidades económicas que ello reportaba al tener que hacer frente con su patrimonio a cualquier desfase económico que pudieran presentar las mismas. Posteriormente abandonaría también su cargo de concejal.

Por su parte Valadez anunció también su dimisión como consejero de las citadas empresas provocando la primera crisis en el Gobierno Municipal. Era mediados de 2005. Amonestado por Barrientos al poner en riesgo el pacto de Gobierno, desiste finalmente de llevar a cabo su propósito. No obstante su estrategia contra Barrientos y contra el pueblo de Estepona, como iremos analizando, no había hecho más que comenzar. Aquí podríamos establecer el principio de “el antes” de la Operación Astapa.

A esta desavenencia le siguieron otras que pusieron en riesgo el pacto de Gobierno que, bueno es recordarlo, Barrientos se veía obligado a mantener debido a los caracteres convulsos e indeseados entre la población de pactos anteriores y la necesidad de dar credibilidad y estabilidad a su Gobierno. A raíz del carácter díscolo del denunciante y de su compañera, Barrientos tenía previsto no incluirlos en un puesto destacado en las elecciones de 2007; dato que el edil querulante conocía.

Así las cosas, en octubre de 2006 los acontecimientos llegaron a su punto álgido. Previamente y de forma simultánea arreciaba toda una campaña orquestada internacionalmente contra el urbanismo en España haciendo responsables a las administraciones públicas y, especialmente, municipales. Al tiempo que en Europa, un artista subvencionado expone a nuestro país, en un monumento instalado en la sede de la U.E en Bruselas, totalmente cubierto de hormigón. Además comisarios europeos desplazados a España informan negativamente sobre la construcción en España. Al igual que Greenpeace protesta, etc, etc.

Presionada por la opinión publicada, la Junta de Andalucía, responsable del urbanismo en la región, anuncia la redacción del Plan de Ordenación Territorial (POT), aprobado en diciembre de 2006, que acabó impugnado por el propio Ayuntamiento de Estepona y otros muchos de Andalucía. Meses antes el PSOE hizo público un supuesto decálogo sobre urbanismo. Un “paripé” de contenido abstracto, a cumplir por los ediles o cargos electos del partido.

Continuando con su línea de oposición dentro del Equipo de Gobierno del que formaban parte y escenificando sus protestas con la puesta en escena de las críticas a dos polémicos convenios urbanísticos, en octubre de 2006, Valadez y Cristina se ausentan de un pleno aludiendo al citado “decálogo” y arremetiendo de buenas a primeras contra la financiación del PES, su socio de gobierno. Tengan en cuenta este dato porque en el sumario las más claras alusiones a la presunta financiación de partidos en sus denuncias se refieren al PSOE más que al PES, sin embargo aquel día (en el cual ya estaba preparando las denuncias) omite referirse a su partido por lo que su intención de no perjudicarlo y manchar a los demás en la precampaña es claro. De facto aquellas declaraciones de Valadez ponen de manifiesto una más de tantas mentiras, que el tiempo revelaría sobre la personalidad del querellante, al pueblo de Estepona.

Los asuntos en polémica no son aprobados y nuevamente corre peligro el pacto al protestar el PES y exigir al PSOE acciones contra Valadez por haber insinuado públicamente que Crespo financiaba a su partido ilegalmente.

Estas divergencias en vísperas de la confección de las listas, sin duda influyó definitivamente en Barrientos para relegarle a un puesto que, finalmente, será el verdadero móvil de sus denuncias. Barrientos acabó cesando a Valadez como portavoz del Grupo Municipal del partido. Curiosamente dos semanas después tanto Valadez como Cristina, presentan bajo el más absoluto de los secretos sus denuncias en la Comisaría Central de Madrid. Este último dato llama la atención, pues efectivamente de estas denuncias presentadas por Valadez nada se públicó en la prensa. Lo cual es extraño siendo él mismo periodista al igual que su propia esposa. Por lo que es fácil suponer que, tanto la presentación en Madrid de las denuncias, como la no publicación en la prensa de las mismas formaban parte de un plan previamente establecido que hace pensar en la posibilidad de que, aunque se decretara el secreto cuatro meses después, de hecho ya estaba establecido desde el principio.

A finales de 2006 comienza la precampaña electoral de las elecciones municipales de Mayo de 2007. De forma prematura en Estepona, debido a las desavenencias entre los partidos de Gobierno (PSOE-PES-PA), especialmente entre los dos primeros, azuzadas por medios locales afines a Valadez que éste manejó a su antojo con objeto de sembrar las dudas en la opinión pública y “meter cizaña” entre ellos, e instigada artificialmente desde otros medios afines nacionales gracias a la participación de su propia esposa como redactora en varios de ellos que iremos poniendo en evidencia, los distintos grupos políticos ultimaban sus candidaturas y el orden de lista de sus candidatos. Valadez desde un año antes dedicaba sus esfuerzos a eliminar a través de “sus” medios a Antonio Barrientos con el fin de desprestigiarlo entre los afiliados en su beneficio político. El ahora ex-alcalde nombrado (no electo) anhelaba ir en cabeza de lista, alentado por Rosas Rojas (huérfana de liderazgo desde 1995) e I.U, muy ligada por medio de CCOO en el Ayuntamiento a esta facción socialista.

Es fácil suponer que, tal y como se rumoreó en el pueblo, con el objeto de paralizar el nombramiento de su compañero alcalde como cabeza de lista en 2007, Valadez informó al PSOE andaluz sobre presuntas irregularidades de Barrientos durante su mandato. La regional andaluza del PSOE rehusa los argumentos de Valadez y mantiene su confianza en Barrientos. Así el día 16 de noviembre de 2006, un mes antes de la aprobación de la lista del PSOE propuesta por Barrientos, con la intención de desautorizarlo ante la ejecutiva regional encargada de aprobarlas definitivamente, interpone una denuncia contra su compañero y todos los que lo apoyan desde el equipo de gobierno y contra algunos técnicos, para dar solidez a la misma. De hecho de la redacción de la propia denuncia y de las siguientes se extrae claramente que las intenciones de los denunciantes no se limitaban a eliminar a Barrientos sino a toda la cúpula del partido en Estepona. Además de intentar borrar, como de hecho ha conseguido según el resultado de las elecciones de mayo, la competencia política del PES.

Con la denuncia en marcha, un mes después (21 de diciembre de 2006), se produce la asamblea del partido socialista de Estepona, con 190 socios que acuden a la reunión, casi la totalidad de los afiliados, se aprueba la lista presentada por Barrientos con el 52% de los presentes. Valadez y Cristina se habían negado a ir en la misma debido a que el alcalde los había situado en los números 8 y 9 respectivamente. Se nombra cabeza de lista a Antonio Barrientos González. El triunfo de Barrientos fue por mayoría del 52% de los votos favorables, frente al 48% negativos de los miembros de la asamblea (seguramente miembros de Rosas Rojas). Se trató pues de una elección totalmente democrática y por mayoría como exigen los estatutos del partido. Sin embargo el tratamiento de la prensa, siempre a fin a Valadez por lazos familiares y amistosos, calificó aquella elección en estos términos:

Barrientos impone su lista por escaso margen

Diario Sur. Sábado 23 diciembre de 2006

M.PERIÁÑEZ/YEDALAMO/
La lista electoral ha sacado a la luz las discrepancias existentes en el seno del PSOE en Estepona. La asamblea local eligió sólo por un 52,6% de los votos la propuesta presentada por la ejecutiva local para los próximos comicios. La lista encabezada por el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos recibió el apoyo de 100 de los 190 asistentes. El 47,3% de los militantes rechazó la propuesta, que tendrá que ser refrendada por la ejecutiva regional. El primer edil se mostró satisfecho por el resultado y justificó la falta de consenso. «Había gente que tenía aspiraciones de ir en la lista y creían que debían ir en un puesto más importante, otros rechazaban la presencia de algunas personas y algunos pensaban que no era el candidato idóneo», enumeró el regidor. RechazoEl orden de los candidatos se vio alterado cuando los actuales concejales de la corporación David Valadez y Cristina Rodríguez rechazaron el ofrecimiento para formar parte de la lista electoral. Estaban propuestos en los puestos ocho y nueve, respectivamente. Quienes sí la integran son en el número tres, el vocal de Urbanismo de la gestora de Marbella, Rafael Duarte, y el ex senador Francisco Zamorano, (número cinco), entre otros. Respecto al primero, Barrientos dijo que su elección se debe a su perfil técnico. «Será un buen interlocutor con la Junta de Andalucía y puede ayudar mucho a la elaboración del PGOU», agregó el alcalde.

(Diario Sur Sección Estepona-marbella 23 diciembre 2006).
Así se hacía eco de aquella elección la web de IU íntimamente ligada por “ideología” a los miembros de Rosas Rojas:

GRAVE DIVISIÓN EN EL PSOE
Lunes 25 de diciembre de 2006
I.U.
Antonio Barrientos sacó adelante su propuesta de candidatura para las próximas elecciones locales “por los pelos”. 52% de los votos a favor por 48% de votos en contra fue el ajustado resultado que obtuvo en una Asamblea marcada por la grave división y el enfrentamiento. El hasta hace poco portavoz municipal, David Valadez, y la concejal Cristina Alarcón no irán por ahora en la candidatura, al renunciar a formar parte de una lista electoral donde Barrientos los situaba en el octavo y noveno puesto, lugares donde probablemente no salieran elegidos.El rechazo del 48% de la militancia del PSOE local contra Antonio Barrientos pone de manifiesto la falta de liderazgo del actual alcalde en el seno de su partido, y su incapacidad para generar ilusión y confianza. Y como no, la oposición de casi la mitad de sus compañeros de partido a la política que viene desarrollando dentro y fuera del Ayuntamiento.
    Varios días después Izquierda Unida insistía en la descalifación hacia tal elección que no contó entre sus miembros con su aliado “ideológico” David Valadez:

EL PSOE AL BORDE LA RUPTURA
Viernes 29 de diciembre de 2006
Página Oficial de IU
Estepona.
Antonio Barrientos sacó adelante su propuesta de candidatura para las próximas elecciones locales “por los pelos”. 52% de los votos a favor por 48% de votos en contra fue el ajustado resultado que obtuvo en una Asamblea marcada por la grave división y el enfrentamiento. El hasta hace poco portavoz municipal, David Valadez, y la concejal Cristina Alarcón no irán por ahora en la candidatura, al renunciar a formar parte de una lista electoral donde Barrientos los situaba en el octavo y noveno puesto, lugares donde probablemente no salieran elegidos. El rechazo del 48% de la militancia del PSOE local contra Antonio Barrientos pone de manifiesto la falta de liderazgo del actual alcalde en el seno de su partido, y su incapacidad para generar ilusión y confianza. Y como no, la oposición de casi la mitad de sus compañeros de partido a la política que viene desarrollando dentro y fuera del Ayuntamiento.

También el Periódico de Estepona, desaparecido tras la imputación de su director en esta operación policial, fue objeto de la intoxicación mediática que caracterizó a la vida política esteponera desde años antes del inicio de la operación, incluso desde antes de la interposición de las denuncias tal como estamos analizando. Así informó sobre dicha elección este extinto periódico preso del ambiente anti Barrientos que ciertos medios se encargaron de difundir conocedores de lo que Valadez ya llevaba a cabo desde un mes antes:

La lista deja al descubierto la división interna existente en el PSOE de Estepona
El Periódico de Estepona. Viernes 22 de diciembre de 2006.
La propuesta presentada por la ejecutiva socialista local recibió cien votos a favor, ochenta y siete en contra y tres abstenciones.

Por A. García.
No pintan bastos para los socialistas esteponeros de cara a las próximas elecciones municipales, sobre todo a tenor del resultado de la asamblea celebrada el jueves y en la que se puso de manifiesto la división existente en el seno de la agrupación local de esta formación política.El resultado de la votación habla por sí solo. De los ciento noventa afiliados que se dieron cita en la agrupación, cien apoyaron la candidatura presentada por el comité, ochenta y siete votaron en contra de la misma y tres afiliados decidieron abstenerse. Con guarísmos y traducidos a porcentajes, la candidatura salió adelante con el cincuenta y dos con sesenta y tres por ciento de los votos, mientras que el cuarenta y siete con treinta y siete por ciento es tanto resultante de los votos en contra y las abstenciones registradas en la votación.

Otro dato importante a tener en consideración de la asamblea es que David Valadez, actual concejal de Bienestar Social y Personal, y Cristina Rodríguez desestimaron el ofrecimiento que a ambos se les hizo para integrarse dentro de la lista en los puestos ocho y nueve, respectivamente. Por otro lado, en el encuentro de los socialistas esteponeros también quedó desvelada la novedad que al alcalde tenía. La inclusión en la lista como número tres del responsable de Urbanismo en la gestora de Marbella, Rafael Antonio Duarte.Poco debateLa asamblea se caracterizó por el poco debate, sólo se sucedieron, según pudo saber este periódico, las intervenciones del alcalde de la ciudad, Antonio Barrientos, que vino a decir que la lista que se presentaba era la de consenso e integradora, y la de David Valadez, quién manifestó públicamente su desacuerdo con la lista y desvelando que al no estar conforme desestimaba totalmente la opción que se le había ofrecido.Momentos antes de la asamblea, este periódico pudo conocer que la propuesta que se barajaba presentaba a Barrientos en el número uno, Asución López, en el dos, en el tres Rafael Antonio Duarte, en el cuatro a Mariví López, cinco para Francisco Zamorano, seis para Miguel Escarcena, siete para Marisa Rodríguez, ocho para David Valadez, nueve para Cristina Rodríguez y diez para José Antonio Galdeano, Sergio López era el número once y María Miralles, el doce.Tras la celebración de la asamblea, la lista, según la información recogida por este periódico, podría quedar conformada en sus diez primeros puestos por Antonio Barrientos, Asunción López, Rafael Antonio Duarte, Mariví López, Francisco Zamorano, Miguel Escarcena, Marisa Rodríguez, María Miralles, Sergio López y José Antonio Galdeano.Pese a que la asamblea el jueves dió su conformidad a esta propuesta, ahora queda un siguiente paso que es el de remitir la lista al comité de listas de la formación política para que éste órgano dé el visto bueno, confirme a todos los componentes de la misma y de esa manera se haga oficial.Este periódico pudo saber a través de algunos asistentes a la asamblea que el sentir de muchos militantes ha sido el de sorpresa por algunos de los nombres incluidos.

La campaña contra Barrientos se intensificaría a partir de ahora. Desde el diario el País, cuya redactora de la zona Juana Viudez ha firmado muchos artículos manipulados sobre las diferentes aperturas sumariales y amiga de Valadez y su esposa, también periodista (de la SER); así como desde todos los medios provinciales y locales, la campaña ya no tendría fin hasta acabar con su ingreso en prisión, a pesar de que los resultados de Barrientos en las elecciones fueron los mejores en toda la historia del PSOE esteponero. Logró casi la mayoría abosoluta con 11 concejales de los 12 necesarios.

Así, en un claro ejemplo de manipulación mediática, el diario mencionado publicaba el día 12 de enero de 2007 lo siguiente en sus habituales términos pendencieros incluyendo a Barrientos en una lista de alcaldes imputados, cuando aún sobre él no recaía ningún tipo de imputación. Curiosamente esta información aparece en el diario El País dos semanas antes de la cita de Valadez y Cristina con el fiscal para la ratificación de la denuncia que se produjo el 29 de enero de 2007:

Regidores con ladrillo fácil
El País. Viernes, 12 de enero de 2007
REPORTAJE
Conferencia del PSOE sobre el urbanismo.
Regidores con ladrillo fácil

Varios alcaldes socialistas andaluces están imputados por delitos contra la ordenación del territorio. Varios alcaldes socialistas andaluces promueven planes urbanísticos poco acordes con las directrices de su partido.
-Huelva. El alcalde de El Granado (618 habitantes), Juan Manuel Burga, tiene paralizado el proyecto de construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido.
-En Ayamonte (18.638 habitantes), el alcalde, Rafael González, permitió la construcción de unas 250 viviendas en un terreno protegido. Un juzgado de Ayamonte ha abierto diligencias. La obra se encuentra al 30%.
-En Bollullos Par del Condado (13.500 habitantes), gobernado por Carlos Sánchez, Izquierda Unida ha pedido que se investigue la construcción del nuevo recinto ferial en terreno rústico.
- Málaga. Los alcaldes de Mijas (61.147 habitantes), Agustín Moreno, y Estepona (58.600 habitantes), Antonio Barrientos, han impugnado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol occidental.-
-Granada. En Armilla (19.667 habitantes), un juzgado investiga presuntas irregularidades en las obras del Centro Comercial Parque Nevada, promovidas por el empresario Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya. El alcalde, José Antonio Morales, no repetirá como candidato.

En Freila (1.090 habitantes), el alcalde, Abelardo Vico, está procesado por permitir cien casas ilegales, cinco de ellas en paraje protegido. En Láchar (2.819 habitantes), La Fiscalía del TSJA ha abierto diligencias contra el alcalde Francisco Javier Montiel por conceder a una empresa de su propiedad una licencia para construir una almazara en suelo rústico.
- Sevilla. El alcalde de Guillena (9.318 habitantes), Justo Padilla, está en los tribunales por permitir la construcción de unas naves en zona verde.
- Cádiz. En Grazalema (2.243 habitantes), fue detenido el ex arquitecto municipal Juan Prieto por haber supuestamente cobrado comisiones ilegales a cambio de licencias. La oposición y los ecologistas piden responsabilidades a la alcaldesa, María José Lara.
-En Tarifa (17.478 habitantes), su alcalde y candidato, Miguel Manella, tiene abiertas diligencias previas en el juzgado por delitos de prevaricación y ordenación del territorio por una operación en el entorno del castillo de Santa Catalina tras una denuncia del PP.
-En Jimena (9.893 habitantes)el regidor, Ildefonso Gómez, tiene abiertas diligencias por irregularidades en la finca la Bordilla. No repetirá como candidato.

El alcalde de Medina-Sidonia (11.166 habitantes), Francisco Carrera, ha presentado un plan general que excede claramente los límites legales.
- Jaén. El fiscal pide para el alcalde de Torre Del Campo (14.076 habitantes) dos años de inhabilitación por amparar la construcción ilegal de viviendas en una zona protegida.

El alcalde de Baños de la Encina (2.715 habitantes), Miguel Campillo, ha sido imputado por presuntos delitos urbanísticos, tras la denuncia de un particular por la "proliferación" de construcciones ilegales.
Observen que supuestamente se trata de una conferencia sobre urbanismo, sobre la que no se cita nada de nada y se limita a exponer una lista de alcaldes imputados en la que incluyen a Barrientos que aún no tenía nada pendiente con la Justicia. Para esa fecha, sobre Barrientos no existía ninguna sentencia ni siquiera acusación en los tribunales que fuese pública (Astapa estaba bajo secreto), sin embargo ya aparece en una lista de “imputados” con un objeto totalmente diferente al que se refiere la “imputación” y es que había impugnado (como tenía todo el derecho y otros muchos lo habían hecho) el POT de la Junta, redactado “con urgencia” sin ningún tipo de análisis previo por imposición europea por las razones expuestas anteriormente.

La presión mediática orquestada y la de la propia dirección del PSOE andaluz, conocedora de lo que tramaba Valadez, calaron en el primer edil esteponero quien, finalmente, decidió reunir a la ejecutiva local para el 20 de enero de 2007 y elegir una nueva candidatura para debatir y “consensuar” la inclusión en la lista de Valadez y Cristina. Éstos ya previamente dos meses antes le habían denunciado en Madrid y aunque era un secreto de facto, éste aún no estaba decretado judicialmente. Así lo recogió la prensa provincial:

El PSOE suspende la ejecutiva local en la que se iba a consensuar la lista electoral
Diario Sur. (Málaga)
Surdigital. Sección Estepona-Marbella
Sábado, 20 de enero de 2007.

El PSOE suspende la ejecutiva local en la que se iba a consensuar la lista electoral.
La decisión se adopta por motivos de enfermedad de un familiar del alcalde Barrientos pretende integrar a los ediles David Valadez y Cristina Rodríguez.
MERCEDES PERIÁÑEZ YEDALAMO/ESTEPONA

La lista del PSOE se resiste a salir a la luz. La ejecutiva local convocada ayer para votar la nueva propuesta presentada por el secretario general y alcalde del municipio, Antonio Barrientos, tuvo que ser suspendida por motivos de enfermedad de un familiar directo del regidor. Poco tiempo antes de que el encuentro diese comienzo, Barrientos comunicó la noticia a los representantes de la ejecutiva. Aún no se ha fijado una nueva fecha para celebrar el encuentro. El contenido del encuentro no era cuestión baladí. Barrientos sometía al visto bueno de la ejecutiva la nueva propuesta diseñada para lograr un mayor consenso en su candidatura para las elecciones municipales del próximo mayo.Cambios El primer edil ha mantenido durante las últimas semanas negociaciones con los militantes para afrontar con mayor unidad los próximos comicios municipales. Barrientos ya desgranó algunas de las novedades fruto de estas conversaciones. En este sentido, mostró su disposición a integrar a los dos actuales concejales del equipo de gobierno David Valadez y Cristina Rodríguez. «Personalmente, me encantaría que estuvieran los dos; son compañeros y sería deseable que se incorporaran a esta lista. Aquí no hay veto para nadie», dijo Barrientos. Ambos rechazaron en la asamblea local donde se votó la primera lista el ofrecimiento para formar parte de ella en los puestos ocho y nueve, respectivamente. Asimismo, integrará la candidatura que encabeza Barrientos el presidente de un colectivo social fuertemente vinculado con el municipio.ResultadoCon estos cambios, el alcalde quiere conseguir dar un vuelco a los resultados obtenidos en la votación que se realizó el pasado 21 de diciembre. La asamblea local del PSOE eligió sólo por un 52,6% de los votos la lista encabezada por Barrientos, que recibió el apoyo de 100 de los 190 asistentes. Forman parte de esta candidatura el vocal de Urbanismo de la gestora de Marbella, Rafael Duarte, y el ex senador Francisco Zamorano, en los números tres y cinco.La nueva propuesta que salga de Estepona tendrá que ser aprobada por la ejecutiva regional y federal del PSOE. Por tanto, su contenido podrá sufrir variaciones.

En realidad, Barrientos no se vio presionado para incluir a Valadez y Cristina en las listas. La regional del partido no se había negado a darla por buena. Fue el propio Barrientos sin presión de ningún tipo quien anunció a la ejecutiva regional que no hiciera pública la lista de Estepona hasta entonces aprobada.

Así lo recogía la prensa el día 11 de enero de 2007:
El comité provincial del PSOE aprueba por unanimidad 70 candidaturas, excepto la de Estepona y Ronda
El Periódico de Estepona. Jueves 11 de enero 2007
El comité provincial del PSOE aprueba por unanimidad 70 candidaturas, excepto la de Estepona y Ronda
Por : Agencias

El Comité Provincial del PSOE reunido ayer en sesión extraordinaria ha aprobado por unanimidad 70 listas electorales completas de otros tantos municipios de la provincia para las próximas elecciones municipales.

Tras recibir el visto bueno de la Comisión provincial de listas el martes y de la Ejecutiva Provincial Socialista la tarde de ayer, las candidaturas han sido ratificadas por el Comité. Una vez superado este trámite las candidaturas de más de 50.000 habitantes pasará por la Ejecutiva Federal, aquellas correspondientes a municipios entre 20.000 y 50.000 lo harán por la Ejecutiva Regional y las de municipios de menos de 20.000 habitantes serán ratificadas por la dirección provincial socialista.De las 70 candidaturas aprobadas, cinco corresponden a municipios de más de 50.000 habitantes: Málaga, donde la candidata es Marisa Bustinduy; Vélez-Málaga, cuya lista encabeza el actual alcalde Antonio Souvirón; Mijas, donde el candidato es el también alcalde Agustín Moreno; Torremolinos, con Juan Ortuño de candidato y Fuengirola, donde encabeza la lista Moisés Sánchez. En esta aprobación no aparecen las correspondientes a Estepona y Ronda.También han sido aprobadas las candidaturas de otros cuatro municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes: Alhaurín el Grande (Cristobal Bonilla), Antequera (Ricardo Millán), Benalmádena (Javier Carnero) y Rincón de la Victoria (José Jesús Domínguez Palma).El resto de las candidaturas aprobadas pertenecen a municipios menores de 20.000 habitantes.El secretario de organización del PSOE, Francisco Fernández España, ha destacado el apoyo que han recibido las candidaturas en sus respectivas agrupaciones y en los diferentes órganos del partido por los que hasta el momento han pasado. El dirigente socialista ha asegurado que se trata de listas "ganadoras y elaboradas con consenso", según una nota del PSOE.

Barrientos accedió a incluir a Valadez y Cristina, pero éste nunca le perdonaría su elección para suceder a Antonio Caba tras su dimisión en la legislatura 1999-2003. Se daba la circunstancia de que Barrientos era considerado un intruso para los miembros de una de las facciones del partido con más “abolengo socialista” en la localidad, que ya hemos mencionado de soslayo anteriormente, muy minoritaria e irrelevante pero que se hizo escuchar escudada en la presión mediática que se ejercía sobre el Equipo de Gobierno.

Plataforma Cultural Rosas Rojas

Presión mediática que ellos se encargaron de alimentar pero cuya gestación fue muy anterior y fruto de lo que ellos consideraron un despecho. Se trata de la “Plataforma Cultural” Rosas Rojas conformada por los miembros salientes y afines a la anterior ejecutiva local del partido dirigida por Miguel Castro y sus correspondientes adláteres. La mayoría de ellos personal municipal que han realizado su vida laboral a la sombra del Ayuntamiento, como liberaros sindicales o dentro del mismo.

Se trata de una rama socialista esteponera discrepante con la dirección regional por la destitución de sus miembros con la disolución de la ejecutiva local a raíz de las elecciones de 1995. Aunque muy beligerante con la nueva dirección esteponera mantuvo lazos de “buenas relaciones” con la provincial malagueña, por lo que nunca llegó a abandonar el partido.

A raíz de la nueva dirección surgida durante los cuatro años de Gobierno GIL e impuesta por la ejecutiva provincial malagueña y regional, el perjudicado tras el batacazo electoral de 1995, fue el anterior candidato, y alcalde hasta la llegada de este último grupo político en las elecciones de 1995, Miguel Castro, así como sus correligionarios, quienes se vieron privados de sus privilegios, como diría Valadez, adquiridos desde tiempos de la Transición con los consecutivos mandatos electorales, todos muy homogéneos e invariables de unas legislaturas a otras. Casi todas presididas por el PSOE.

La nueva dirección del PSOE local pasaría a manos de Antonio Caba Tena quien durante los primeros compases del caso Astapa también estuvo en el punto de mira judicial de esta operación en la cual es citado en los primero tomos a modo “de inventario”. De hecho los primeros informes policiales en esta operación lo citan repetidas veces como contacto de los principales imputados, por motivos tan peregrinos como porque tenía la oficina en el mismo edificio que algunos de ellos. Algo irrelevante puesto que se trata de un edificio de oficinas, pero “pruebas inequívocas” para los investigadores porque así lo contempla Valadez en sus denuncias no por otra cosa. Precisamente Antonio Caba desaparece del sumario Astapa una vez que el Tribunal Supremo le absolvió de todos sus cargos en abril o mayo de 2007.

En la última legislatura del PSOE en la alcaldía, anterior al GIL, uno de los concejales y primer teniente de alcalde era José Flores Simón, detenido y encarcelado con esta “operación”, quien, curiosamente, fue bien acogido en la nueva dirección local del partido dirigida por Caba.

En aquel mandato del GIL donde Castro fue enviado a la oposición, éste ni siquiera ejerció su labor de Concejal tras la mayoría absoluta de este grupo que irrumpía con fuerza en Estepona. Se rumoreó en el pueblo que, tras su abrumadora derrota, se estableció en Málaga para estudiar derecho. No sabemos si cobrando su sueldo de concejal (aunque suponemos que no puesto que el GIL eliminó las remuneraciones a la oposición) cargo que, en la práctica, no ejerció, puesto que abandonó la localidad estableciéndose en Málaga. Tal vez “recolocado” allí como suele ser habitual entre “los salientes” del PSOE “que lo necesiten” por “incidencias” electorales.

Ya desde la época de Miguel Castro, (un pintor de “brocha gorda” nacido en Ronda, que personalizaba a la perfección, por su oficio, la estrategia electoral del PSOE de aquellos tiempos de principios de los 80s), quienes nos considerábamos apolíticos en Estepona percibíamos a una cierta clase de privilegiados que habían ido medrando por su filiación al PSOE desde los primeros años de la democracia. Uno de estos medradores sin escrúpulos (aunque tardío por su edad) se revelaría como David Valadez. David Valadez nació en plena Transición. No había conocido dictadura, aunque quién lo diría 30 años después.

Estos privilegiados eran objeto de todo tipo de beneficios a la hora de acceder a un puesto de trabajo municipal, entre otras prebendas; como el acercamiento a inversores y contactos empresariales con intereses en Estepona, etc. Durante aquellos años de hegemonía socialista se consagraría el enchufismo municipal en Estepona. La contratación a dedo de Valadez (el mismo que denuncia enchufismo en Astapa), como director adjunto de la Radio y Televisión local en 2000, es un claro ejemplo de ello. Además, la permisividad hacia aquellos socios, por parte del PSOE municipal, conocedor de que su despreocupación se traducía en votos, daría como resultado el fenómeno conocido como “los campitos”, que se ha desbordado en los últimos años.

De aquellos militantes que se sumaban a las filas socialistas por aquellos años, llamaba especialmente la atenció el hecho de que personas que jamás se hubiera imaginado, por su descendencia familiar, llegaron a pertenecer a los órganos de dirección del PSOE local. Tal es el caso del propio Antonio Caba Tena (Toni Caba), Juan Mena Lirios y el propio Antonio Barrientos muy posteriormente (1999), entre otros.

Disuelta la ejecutiva anterior, presidida por Castro y, por tanto, viéndose éste apartado de los órganos de dirección locales, sus correligionarios deciden formar una especie de plataforma de descontentos frente a la decisión provincial o regional y se aglutinan a la izquierda del PSOE local en la mencionada rama socialista, manteniendo su vinculación con el partido, bajo las siglas de Plataforma Cultural Rosas Rojas. Una especie de “lobby” socialista local, infiltrado en los órganos laborales del Ayuntamiento donde principalmente ejercen sus presiones. Esta facción influía tanto en CCOO (en mútuo ejercicio) como en gran parte de IU por la cercanía y filiación a dicho sindicato de gran parte de sus miembros. Rosa Rojas se ha constituído de facto como base de presión y denuncia en los órganos provinciales del partido y en la prensa afín a Valades contra la dirección surgida tras su disolución. Valadez se ha convertido en su brazo armado e infiltrado en la misma administración local que sus miembros, a regañadientes, tuvieron que abandonar tras 15 años de “hegemonía” municipal.

A pesar de su nomenclatura, su objeto social real nada tiene que ver con la Cultura, de hecho ningún evento cultural ha surgido del seno de esta plataforma desde su fundación hasta la fecha. A no ser que se refiera a la del “amiguismo partidista” que tanto practicaron durante casi dos décadas. El verdadero objetivo de esta plataforma, o al menos así lo ha puesto de manifiesto el tiempo, ha consistido en hacer presión para desacreditar a los diferentes gobiernos locales socialistas surgidos tras la disolución de la ejecutiva a la que ellos representan, con el objetivo de conseguir nuevamente el poder local, para lo que no dudan en utilizar a su “nuevo líder” y otrora “candidato” David Valadez. Así lo hicieron público el pasado agosto de 2010 al conocerse su elección como cabeza de lista por parte del PSOE andaluz. Publicada en la Web Estepona.es el 7 de agosto de 2010:

La Plataforma Socio-Cultural de Estepona P.S.C.E* Rosas Rojas satisfecha por la elección de David Valadez como candidato a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales

Escrito por Plataforma Socio-Cultural de Estepona P.S.C.E Rosas Rojas

"Rosas Rojas" , integrada por exmilitantes socialistas, estima que se ha dado un claro respaldo a los valores de la ética y honestidad en la política que representa David Valadez al ser nombrado como candidato a la Alcaldía de Estepona para la próximas elecciones municipales.

Esta Asociación Progresista considera que David Valadez está realizando una buena gestión a pesar de las dificultades debido a la situación del Pleno Municipal, cuya mayoría depende de imputados por presuntos delitos derivados de corrupción y concejales del Partido Popular, quienes utilizan la actual crisis económica como arma electoral para hacer política partidista sin "arrimar el hombro" ni plantear ninguna propuesta para la Ciudad de Estepona.

Valoramos de manera positiva la honradez y la capacidad de gestión de David Valadez que está poniendo las bases del futuro de nuestra ciudad , con una apuesta por la inversión pública en las mejoras de infraestructuras , con el apoyo del resto de las Administraciones Públicas , donde en tan solo dos años de gobierno se han invertido setenta y cinco millones de euros a lo que se añade una gestión de control y austeridad en el gasto público que esta dando resultados positivos para mejorar la situación del Ayuntamiento de Estepona que deberá repercutir entre otras, en una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Para esta Plataforma , la dura campaña que sufre Valadez (por cumplir con su obligación y deber al denunciar la corrupción y anteponer los intereses generales de los ciudadanos frente a los particulares de unos pocos), no engañará a los ciudadanos.

*. P.S.C.E (Plataforma Socio-Cultural Rosas Rojas).

¿Será casual que esta “plataforma” cultural cada vez que apoya a alguien pierde por mayoría absoluta?. Al igual que ahora (con el PSOE de Valadez a su imagen y semejanza tras disolver a la anterior dirección de Barrientos), en cuyas municipales el PP ha obtenido 17 concejales (una mayoría abosoluta aplastante); en épocas del PSOE de Miguel Castro contra el GIL obtuvieron similar resultado: mayoría absoluta del GIL, aunque no tan abultada como en el reciente caso del PP.

En cualquier caso esa “asamblea” que ahora nombra a Valadez tiene un menor consenso aún que la que tanto criticaron a la elaborada en primera instancia por Barrientos que fue aprobada con el 52% de los presentes. Esta elección, que se llevó a cabo sin la asistencia de más de la mitad de los socios del partido expulsados por Valadez sin saber aún por qué, era la surgida afín a él con una representación de apenas 50 miembros, una vez había eliminado a un gran número de socios del partido y una vez él mismo disolvió la asamblea local anterior; cuyos miembros, desde entonces, forman parte de otra nueva facción en su contra del PSOE esteponero y que se conoce como Asociación Progresista de Estepona.

Él no es que no quiera ni deje de querer “consenso”, es que simplemente elimina a la competencia. Guardando las distancias, sus métodos y su propia concepción de la política son de un marcado carácter “estalinista”, como por otro lado se ha puesto de manifiesto en los tres años de su gobierno tras el golpe de estado judicial en el Ayuntamiento de Estepona. Lógicamente, al contrario que Stalin, Valadez, no faltaba más, no tiene que asesinar a sus rivales políticos: simplemente los elimina o neutraliza utilizando la Justicia y la manipulación mediática para ello.

Recapitulemos. Uno de estos gobiernos socialistas es el que resulta de las elecciones del 99, tras el paréntesis en el activismo del partido de esta “plataforma socio-cultural” en el ámbito municipal, impuesto por el Gobierno con mayoría absoluta del GIL durante los cuatro años previos. En aquel caso un pacto entre los cuatro partidos con representación: PP, PSOE, PA e IU dio el Gobierno a los socialistas. El siguiente es el último conformado en 2003 por el nuevo PSOE liderado por Barrientos con PES e IU. Barrientos, quien había sufrido una Moción de Censura en su primer mandato tras la dimisión de Antonio Caba, se cubría así las espaldas en este nuevo periplo de gobierno. El PP, responsable de la Moción de Censura contra Barrientos, y que había conseguido un concejal más que el PSOE se mantuvo en la oposición. Al igual que en las siguientes de 2007 donde el PSOE con 11concejales electos, a falta de uno, estuvo a punto de conseguir la mayoría absoluta.

La campaña electoral de estas últimas elecciones estuvieron marcadas por la supuesta investigación “bajo cuerda” de la UDEF a raíz de las denuncias de Valadez y Cristina en noviembre de 2006. ¿Es esto legal, legítimo o deseable en un Estado de Derecho? ¿Es permisible el hecho de que los ciudadanos se vean privados de conocer la verdad sobre alguien que está siendo investigado al tiempo que ostenta la cabeza de candidatura en un importante grupo político? ¿No se llama esto votar engañados? ¿Y que los mismos denunciantes vayan formando parte de la misma lista donde va su compañero denunciado por ellos? ¿Es esto moralmente aceptable, sabiendo que todo se trató (como así lo dirá el tiempo) de una vendetta política y una lucha ambiciosa por el control de un partido político?

Celebradas dichas elecciones locales de 1999, la unión de todos los grupos municipales contra el GIL, impide que éste acceda nuevamente a la alcaldía a pesar de haber sido el partido más votado. Una coalición de Gobierno formada por PSOE, PP, IU y PA nombra alcalde a Antonio Caba Tena pero, imputado en una operación internacional de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en el ejercicio de su profesión de abogado y consultor legal, dimite. Finalmente quedó absuelto de todos los cargos. Le releva Antonio Barrientos lo que levanta las protestas entre los miembros de Rosas Rojas al no llevar en el partido el tiempo requerido, según los estatutos, para poder ser nombrado alcalde. Éste sería el germen de la enemistad política y personal de esta facción socialista esteponera contra Barrientos. Además Barrientos era el número 6 por lo que la decisión de los órganos provinciales perjudicó a cuatro miembros anteriores a él en orden de lista para sustituir a Caba.

Antonio Barrientos permaneció en la alcaldía siete meses cuando, en la segunda mitad del año 2000, una moción de censura del PP y siete tránsfugas del GIL, convierte a Rosa Díaz en la primera edil hasta 2003. Curiosamente este dato de la vinculación de Rosa Díaz, calificada de Dª. en todas sus apariciones en el caso Astapa por referencias no por imputación, con el GIL se omite en el sumario sobre esta edil aunque se repite mucho en el caso de las imputaciones a otros ediles que tuvieron o no relación con el GIL como es el caso del PES.

Rosa Díaz, quien gobernó con siete tránsfugas del GIL tras la moción contra Barrientos, formó hasta junio del corriente parte del gobierno de Valadez, al igual que lo fue en 2007 con el propio Barrientos, hecho que no se cuestiona mientras se ataca al PES desde la prensa y durante todo el sumario, por la relación de sus concejales con el Gobierno de Jesús Gil Marín, y ninguno de ellos es Manuel Reina precisamente. Habrá que suponer que estas disquisiciones “mediático-judiciales” carecen de relevancia en el caso, mientras en España uno sea libre de militar en cualquier partido legal.

Así, enmarcado en la nueva dirección socialista pero de acuerdo con los postulados de esta facción o, en todo caso, influenciado por ella, un nuevo miembro llamado David Valadez López, quien a la llegada del GIL aún era menor de edad, aparece en escena. Éste, quien siendo presidente de las Juventudes del partido y afiliado desde 1996, tras su mayoría de edad, había sido elegido concejal en 2003, encargado del área de “Bienestar Social”, hace suyas las reivindicaciones (iniciadas tras la primera alcaldía de Barrientos) de la plataforma “cultural” socialista, haciéndose su velado abanderado público e iniciando en 2006 una guerra interna contra su compañero de partido y alcalde electo, además de contra los órganos locales de dirección del mismo.

Valadez, una vez en la escena pública como concejal desde 2003, depués de haber sido contratado a dedo como adjunto al director de Radio Televisión Estepona e indemnizado con casi 12.000 euros por apenas seis meses de trabajo (estos datos no los incluye en sus denuncias y posiblemente hubiera sido la única verdad contenida en las mismas), a modo de inventario de la gestión de Barrientos, a través de políticas populistas y de subvenciones desde su delegación de “Bienestar Social” tomó relevancia utilizando su cargo para llevar a cabo sus aspiraciones; que se pusieron de manifiesto al final de la legislatura con una rivalidad irreconciable hacia Barrientos.

Valadez aspiraba a más y ahora apoyado por Rosas Rojas, IU, Los Verdes y la prensa afín, quería convertirse en el líder de la organización local y nº1 a las elecciones municipales de 2007 (lo cual finalmente no consiguió aquel año pero sí en 2011) para acabar con el “intrusismo” de “su alcalde”, ahora imputado en dudosas circunstancias. No obstante a pesar de no haber cumplido sus deseos ante la regional, de hecho en 2008 por la puerta de atrás de la democracia, consiguió la alcaldía. Previamente y a raíz de su cargo en las Juventudes Socialistas, recordemos, había ostentado un puesto de trabajo a dedo en Radio Estepona. Lo cual no tendría mayor revelancia si no fuera porque eso mismo él lo denuncia (el enchufismo) respecto a otras personas y compañeros de partido. Prueba ésta más que fehaciente del interés personal y político que movieron sus denuncias, causas muy alejadas del interés público al que apela, como el tiempo transcurrido ha puesto en evidencia. Valadez siempre ha hecho un hábil uso, para profanos, del lenguaje orwelliano y de la doble vara de medir.

En este “antes” del que estamos hablando, taimadamente se establecieron los métodos y medios que se utilizarían para dar mayor difusión y “credibilidad” a la campaña mediática contra Barrientos. Así, curiosamente en octubre de 2006 aparece un blog llamado esteponareal.blogspot.com que servirá como arma mediática arrojadiza contra Barrientos y los que lse apoyaban en su Gobierno Municipal. Un simple vistazo a cualquiera de sus páginas da fe del sectarismo del que hace gala el citado blog. De hecho “el antes” fue el periodo donde se fraguó una astuta maniobra encubierta, al amparo de los acontecimientos paralelos respecto al urbanismo en España, como medio para alcanzar un interés político y personal por parte de los conspiradores: David Valadez López y Cristina Rodríguez Alarcón.

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viernes, 24 de junio de 2011

Inquisición Astapa (I) Introducción.

“La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infínitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral. Además, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la «realidad» del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy las derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.”
José Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, Prologo para franceses, IV

24 de Junio de 2011

INTRODUCCIÓN

 El análisis de los acontecimientos surgidos a raíz de la Operación Astapa merece un gran ejercicio de síntesis que esperamos poder llevar a buen término mientras se resuelve el "irresoluble" secreto sumarial .

El 17 de junio de 2008 un “tsumani” judicial arrasó Estepona. El municipio se despertó sumido en una desproporcionada operación con boato policial (llevada a cabo desde el amanecer), contra decenas de personas; concejales del PSOE y del PES, empresarios esteponeros y funcionarios municipales. Los ojos homopláticos de los ciudadanos que se agolpaban en los alrededores, no daban crédito a lo que veían.


Desde primeras horas de la mañana decenas de personas fueron registradas (por un gran número de efectivos policiales a la más pura usanza antiterrorista), ellas y sus domicilios, esposadas y paseadas ante los medios de comunicación que, en gran número, previamente fueron avisados y dieron buena nota de las detenciones durante semanas en los principales informativos de televisión y periódicos de todo el país.

Personas totalmente inocentes, algunos de ellos ancianos, fueron vejados en sus propios domicilios por aquellos que debían velar por el cumplimiento de la Ley. Asimismo fueron registradas oficinas municipales y privadas, domicilios, dependencias municipales, etc. El calificativo de “operación antiterrrorista” no es en absoluto exagerado para quienes vivieron de cerca, alertados y alentados por los medios de comunicación o in situ, los registros y detenciones que se llevaban a cabo.

Decenas de policías armados, algunos con metralleta y pasamontañas de lana cubriéndose la cara en pleno verano, fueron acompañando uno a uno de los detenidos hasta las dependencias judiciales o directamente a los calabozos a personas que hasta ese día gozaban de todo el respeto entre los ciudadanos quienes, a gran parte de los detenidos, acababan de avalar con su voto sólo un año antes. Pero no se trataba de una operación antiterrorista, sino de una “operación anti-corrupción municipal” a la cual se la denominó erróneamente, tal y como la propia policía reconoció días después, “Operación Astapa” sobre la cual, decían, los diferentes medios de comunicación que se estaba instruyendo bajo secreto. Un secreto judicial, por cierto, que, aunque fue decretado el 29 de marzo de 2007, de hecho se encontraba bajo secreto desde el primer día (16 de noviembre de 2006) en virtud de un pacto no escrito, sólo faltaba más, entre los denunciantes y el Ministerio del Interior como demostraremos en estas páginas. Sólo la comisión de un delito flagrante muy grave hubiera justificado tan desproporcionada forma de actuación policial, lo cual como el propio sumario recoge, no se produjo en el momento de la intervención policial a pesar de la insistencia que ponía en ello la prensa.

Los primeros días, tras desencadenarse la operación, acabaron con la detención de casi 30 personas y el encarcelamiento de cinco de ellas. Tres ediles, uno de ellos el propio alcalde socialista Antonio Barrientos, dos del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina; así como dos cargos de confianza del Ayuntamiento: José Flores (Jefe de Area de Alcaldía y antiguo concejal socialista) y Javier Witmeur (Técnico en Urbanismo). Paradógicamente este último, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza de 60.000 euros, a la salida de prisión retornó a su puesto en el Ayuntamiento ahora bajo las “órdenes” de Valadez. Esta no es más que una de tantas incongruencias que incluiremos en “el después”.

En días posteriores las detenciones se prodigaron y la “operación” acabó con un total de más de 60 detenidos o imputados. A fecha de hoy, verano de 2011, son ya 94 los imputados, tras una nueva “remesa” de 21 que, curiosamente, a pesar de estar aún esa parte bajo secreto sumarial, el propio Juzgado o fuentes del mismo han hecho público a la prensa recientemente (mediados de junio de 2011). Ahora, eso sí, sin dar nombres en virtud del supuesto secreto sumarial. A ver cómo se entiende tal incongruencia; porque si el caso aún permanece bajo secreto ¿a qué viene hacer público entonces la imputación de 21 personas más mientras, por el contrario, esa parte del sumario permanece secreto? ¿Tal vez para justificar la injustificable prorrogación del secreto que lleva cuatro años prorrogándose?

En el caso de la detención del ex-edil del PES, Manuel Reina, su reclusión en los calabozos de las dependencias judiciales de Benalmádena se prolongó durante cuatro días en los que permaneció totalmente incomunicado y sin saber, al igual que todos los imputados hoy, de qué se le acusaba. Tras cuatro días en los calabozos fue trasladado ante la juez con una imagen ante los medios que ya pueden imaginarse: desaliñado, sin afeitar, nadie lo hubiera diferenciado de la imagen habitual de algún delincuente de bajos vuelos. Como veremos no es extraño suponer que tales fueran las intenciones de los “investigadores” de este caso.

La “operación”, según se divulgó desde los medios, se hallaba bajo secreto de sumario, aunque su nombre ya se había hecho público desde su irrupción pública el 17 de junio. Éstos hablaban de una trama de corrupción política que habría denunciado un concejal socialista, David Valadez, contra el propio equipo de gobierno del cual él formaba parte, por cierto, por presuntas infravaloraciones de terrenos, contratación irregular de afiliados al partido, tratos de favor y financiación irregular de partidos, etc. Los delitos desde el principio sin ninguna investigación previa fueron tipicados como cohecho, blanqueo de capitales, negociación prohibida a funcionarios, etc.

Posteriormente se supo que en la denuncia participó también la concejal socialista y miembro del equipo de gobierno Cristina Rodríguez Alarcón, asesorados por el edil comunista Eduardo Alarcón de IU quien, después, formó parte del gobierno de Valadez. Eduardo Alarcón es conocido en Estepona por presidir su despacho una foto del Ché Guevara.

Como veremos, independientemente de los derroteros que posteriormente siguiera o pueda seguir el caso, en principio ninguna de las acusaciones de los denunciantes en sus primeras “visitas” a Madrid eran ciertas y el móvil de las mismas tuvo por objeto sembrar dudas y manchar la imagen del alcalde y de todos los compañeros que pudieran hacerle sombra en su camino hacia el control del partido local; para lo cual no dudó en salpicar a todo un equipo de gobierno del cual él mismo formaba parte. Barrientos además era “su contrincante” político en la lucha por el control del partido en Estepona que Valadez se había propuesto conquistar.

El tiempo demostraría que todos los argumentos de los denunciantes, al menos los más sustanciales de las denuncias eran falsos, tergiversados, sacados de contexto y/o manipulados, con una única intención: provocar la caída de Antonio Barrientos para ganar la dirección del partido. Tras su caída a raíz de su detención e ingreso en prisión, se hizo Valadez con la alcaldía conculcando la voluntad popular expresada en las urnas un año antes, y con el control del partido socialista en Estepona, al paso que marcaban ciertas decisiones judiciales. Para lo cual fue apoyado tanto por la Policía, dirigida por Rubalcaba desde el Ministerio del Interior y por la propia Justicia representada en la fiscalía también dirigida desde el propio Ministerio del Interior.

Además, de la operación orquestada por Valadez para conseguir la alcaldía a costa de sumir al pueblo en la deshonra y la mayor ruina jamás conocida en la localidad a través de la instrumentalización de la Justicia, el PSOE obtuvo otros réditos de la orquestación que se montó para que no le estallara en las manos esta operación, justo antes de tres periodos electorales. De ahí su “investigación bajo secreto” paralelamente a la campaña electoral que acabó dando casi la mayoría absoluta a la lista propuesta por Barrientos.

El detonante de toda aquella supuesta operación contra la corrupción urbanística, el tiempo parece confirmarlo, podría radicar también en el interés de un empresario turístico, quien habría podido dar alguna prebenda millonaria al PSOE andaluz a cambio de presuntos favores urbanísticos respecto a sus terrenos, objetos de un convenio relacionado a su vez con la tan anunciada Universidad de Estepona. Desavenencias con Barrientos, que se negó a aprobar tal convenio si no se recogían las claúsulas para llevar a cabo de una manera veraz el citado proyecto muy ansiado por los esteponeros desde hacía 20 años, podrían estar pues en el origen de todo este esperpento judicial en el que se ha convertido este caso político-judicial. Como veremos esta apreciación irá adquiriendo sentido con el devenir posterior de los acontecimientos tras tres años de aperturas parciales del sumario y de filtraciones más o menos interesadas e “interesantes”.

Desde aquel fatídico día de la “Inquisición judicial” en Estepona (no es en absoluto exagerado denominarlo así) 17 de junio de 2008, para los intereses y la imagen pública del pueblo, el caso permaneció bajo secreto sumarial hasta julio de 2009 con la apertura de los primeros 6 tomos de un total de más de 30 y varios tomos de documentales y testificales. Hasta la fecha (tres años después del inicio de las detenciones y a cerca de cinco años de las primeras denuncias), aún no se ha abierto el sumario en su totalidad después de cuatro o cinco aperturas parciales; por lo que desde que se abren diligencias y se decreta el secreto sumarial por parte de la Juez del Juzgado de Instrucción Nº1 de Estepona (que recibió el caso desde Madrid), Susana García Ruiz, hasta la actualidad, han transcurrido más de cuatro años de secreto de unas actuaciones que, en virtud de los datos revelados por las sucesivas aperturas sumariales, dejan mucho que desear y suponen el mayor escándalo por parte de las administraciones implicadas en su instrucción, que jamás se haya conocido en España.

La utilización política de la Justicia por parte del Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la Fiscalía para salvaguardar los intereses del PSOE ante la proximidad de tres comicios electorales en el transcurso de un año, queda de manifiesto con el análisis de dichas revelaciones sumariales. Así como dejan medianamente claro tanto las falsedades, juicios de valor y apreciaciones subjetivas jamás investigadas (sospechosamente) por la Policía, contenidas en las denuncias de los ediles esteponeros que dieron pie a esta “operación”, como el bochornoso papel de la propia Justicia en el caso de este pueblo, el menos urbanizado de la Costa del Sol Occidental y en el cual parece “haberse inventado” la corrupción urbanística.

Las denuncias que dieron pié a todo este magistral “escándalo” orquestado y dirigido, jamás habían sido investigadas previamente. De haber sido así las apreciaciones de los denunciantes fácilmente se habrían revelado como mínimo inexactas. Sin embargo éstas, sospechosamente, fueron dadas por buenas desde el principio. El ¿por qué? es lo que intentaremos averiguar con el desglose de lo que hasta hoy conocemos del sumario. En cualquier caso el sumario desprende a raudales “familiaridad” y falta de imparcialidad entre Policía y denunciantes, dando por hecho desde el principio la culpabilidad de los denunciados. Y esto tal vez sea conveniente tomarlo como “aviso a navegantes” y recordar el dicho de “cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Vivimos en un estado policial fruto de la generación Logse (la LOE es aún peor pero a esta le queda unos cuantos años para acceder a las instituciones) que trabaja al “dictado” pero no conoció dictadura. ¡Qué peligro! Las conjeturas de alguien pueden acabar con el teléfono e email intervenidos, cuentas corrientes embargadas en secreto, etc., sin previa investigación.

Algo ya sí les puedo avanzar: el caso Astapa es un caso que podríamos denominar de “corrupción inversa”, donde la verdadera corrupción voluntaria o “involuntariamente”, a la espera de lo que la Justicia determine al final en un juicio justo, radica a día de hoy más en quienes lo instruyeron desde los ámbitos políticos, fiscales, policiales y judiciales y no en quienes, a resultas de tal manipulación, fueron después objeto de investigación en secreto de sus cuentas bancarias, teléfonos, emails, etc., puesto que el fin no justifica cualquier medio. Incluso aunque puedan resultar culpables, acusados, imputados o declarados culpables en un juicio que, en todo caso, antes de celebrarse habrán debido de resolverse el enorme número de recursos y denuncias, por parte de las defensas de los acusados, que se interpondrán tanto hacia los propios denunciantes como hacia la propia instrucción de la operación. Por lo que creemos que éste no se celebrará hasta alrededor del año 2014, teniendo en cuenta que aún a día de hoy permanece el secreto y, al parecer, la nueva imputación a 21 personas lo justificará durante seis meses más, según algunas informaciones aparecidas a pesar de, supuestamente, permanecer esa parte bajo secreto.

Esto en caso de no ser anuladas gran parte de las investigaciones por la propia irregularidad que supone el uso de SITEL, software informático para la detección de comunicaciones privadas cuyo uso está en entredicho puesto que no lo regula una Ley Orgánica como es de rigor según la Constitución, y por otra serie de errores, vicios o defectos de los que adolecen las investigaciones desde el principio.

La Operación Astapa se ha desarrollado y, de hecho, sigue deserrollándose en tres fases: “el antes” (campaña orquestada de insuación mediática desde un año antes de la denuncia en Madrid), “el durante” (desde la denuncia hasta las primeras detenciones y la primera apertura sumarial un año después) y “el después” (desde la primera apertura parcial hasta hoy). En esta última fase seguimos inmersos tres años después con el consiguiente deterioro tanto de la imagen de Estepona como de la de los propios imputados quienes aún, después de cinco años de instrucción en su contra, siguen viendo vulnerado sistemáticamente su derecho a la defensa judicial efectiva que debiera garantizársele a cualquier persona durante todo el proceso.

Sin embargo la jueza antes y ahora el juez, por lo visto entienden que dicha defensa judicial efectiva, recogida en la Constitución y reglamentada en la propia Ley, se refiere únicamente al momento del juicio y no a todo el proceso de instrucción, a pesar de prolongarse éste por espacio de cinco años y el honor de estas personas esté “a los pies de los caballos” desde entonces y a merced del entendimiento de un juez que antepone el conocimiento de “la verdad material” que ha tenido ya cinco años para conocer a la salvaguarda de los más fundamentales derechos ciudadanos recogidos en la Constitución.

Es “la generación Logse en el poder”. Y los de la la LOE que viene les va a la saga porque ya incluye EpC que, de la manera que está concebida, es la mayor atrocidad que se puede cometer contra la formación escolar de una persona. Una verdadera aberración.

En fin, esta es la historia de una despechada venganza política. Es la historia de una intromisión, que el tiempo ha revelado ilegítima, de la administración de Justicia en una administración local.

Esta es la historia de una instrumentalización de la Justicia para la obtención de objetivos políticos y/o personales. Es la historia de una insólita e inédita intervención judicial de facto de un ayuntamiento prolongada durante cinco años, saltándose los cauces establecidos. Es la historia de la vulneración de la voluntad popular por “exigencias” de un guión político-judicial. Es la historia de una gran ofensa a la imagen de un pueblo. Es una historia de intrigas político-empresariales.

Esta es la historia de una nueva y moderna Inquisición amparada en la Justicia. Es la historia de intereses partidistas antepuestos al interés general. Es la historia del secuestro y vulneración de los resultados electorales. La historia de una omisión que tuvo por objeto no perjudicar a un partido en cuatro citas electorales, contando la última de mayo de 2011.

En definitiva, mientras no sepamos qué es exactamente o lo que quedará finalmente, esta es la historia de lo que, hasta el momento, la Operación Astapa parece.


Estepona, verano de  2011

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Nota

Pedimos al lector que si tuviera conocimiento de algún dato erróneo aquí expuesto, que no venga derivado del sumario, sino de nuestro análisis, no dude en ponerse en contacto con el editor en operacionastapa@yahoo.es