“La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infínitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral. Además, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la «realidad» del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy las derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.”
José Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, Prologo para franceses, IV24 de Junio de 2011
INTRODUCCIÓN
El análisis de los acontecimientos surgidos a raíz de la Operación Astapa merece un gran ejercicio de síntesis que esperamos poder llevar a buen término mientras se resuelve el "irresoluble" secreto sumarial .
El 17 de junio de 2008 un “tsumani” judicial arrasó Estepona. El municipio se despertó sumido en una desproporcionada operación con boato policial (llevada a cabo desde el amanecer), contra decenas de personas; concejales del PSOE y del PES, empresarios esteponeros y funcionarios municipales. Los ojos homopláticos de los ciudadanos que se agolpaban en los alrededores, no daban crédito a lo que veían.
Desde primeras horas de la mañana decenas de personas fueron registradas (por un gran número de efectivos policiales a la más pura usanza antiterrorista), ellas y sus domicilios, esposadas y paseadas ante los medios de comunicación que, en gran número, previamente fueron avisados y dieron buena nota de las detenciones durante semanas en los principales informativos de televisión y periódicos de todo el país.
Personas totalmente inocentes, algunos de ellos ancianos, fueron vejados en sus propios domicilios por aquellos que debían velar por el cumplimiento de la Ley. Asimismo fueron registradas oficinas municipales y privadas, domicilios, dependencias municipales, etc. El calificativo de “operación antiterrrorista” no es en absoluto exagerado para quienes vivieron de cerca, alertados y alentados por los medios de comunicación o in situ, los registros y detenciones que se llevaban a cabo.
Decenas de policías armados, algunos con metralleta y pasamontañas de lana cubriéndose la cara en pleno verano, fueron acompañando uno a uno de los detenidos hasta las dependencias judiciales o directamente a los calabozos a personas que hasta ese día gozaban de todo el respeto entre los ciudadanos quienes, a gran parte de los detenidos, acababan de avalar con su voto sólo un año antes. Pero no se trataba de una operación antiterrorista, sino de una “operación anti-corrupción municipal” a la cual se la denominó erróneamente, tal y como la propia policía reconoció días después, “Operación Astapa” sobre la cual, decían, los diferentes medios de comunicación que se estaba instruyendo bajo secreto. Un secreto judicial, por cierto, que, aunque fue decretado el 29 de marzo de 2007, de hecho se encontraba bajo secreto desde el primer día (16 de noviembre de 2006) en virtud de un pacto no escrito, sólo faltaba más, entre los denunciantes y el Ministerio del Interior como demostraremos en estas páginas. Sólo la comisión de un delito flagrante muy grave hubiera justificado tan desproporcionada forma de actuación policial, lo cual como el propio sumario recoge, no se produjo en el momento de la intervención policial a pesar de la insistencia que ponía en ello la prensa.
Los primeros días, tras desencadenarse la operación, acabaron con la detención de casi 30 personas y el encarcelamiento de cinco de ellas. Tres ediles, uno de ellos el propio alcalde socialista Antonio Barrientos, dos del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina; así como dos cargos de confianza del Ayuntamiento: José Flores (Jefe de Area de Alcaldía y antiguo concejal socialista) y Javier Witmeur (Técnico en Urbanismo). Paradógicamente este último, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza de 60.000 euros, a la salida de prisión retornó a su puesto en el Ayuntamiento ahora bajo las “órdenes” de Valadez. Esta no es más que una de tantas incongruencias que incluiremos en “el después”.
En días posteriores las detenciones se prodigaron y la “operación” acabó con un total de más de 60 detenidos o imputados. A fecha de hoy, verano de 2011, son ya 94 los imputados, tras una nueva “remesa” de 21 que, curiosamente, a pesar de estar aún esa parte bajo secreto sumarial, el propio Juzgado o fuentes del mismo han hecho público a la prensa recientemente (mediados de junio de 2011). Ahora, eso sí, sin dar nombres en virtud del supuesto secreto sumarial. A ver cómo se entiende tal incongruencia; porque si el caso aún permanece bajo secreto ¿a qué viene hacer público entonces la imputación de 21 personas más mientras, por el contrario, esa parte del sumario permanece secreto? ¿Tal vez para justificar la injustificable prorrogación del secreto que lleva cuatro años prorrogándose?
En el caso de la detención del ex-edil del PES, Manuel Reina, su reclusión en los calabozos de las dependencias judiciales de Benalmádena se prolongó durante cuatro días en los que permaneció totalmente incomunicado y sin saber, al igual que todos los imputados hoy, de qué se le acusaba. Tras cuatro días en los calabozos fue trasladado ante la juez con una imagen ante los medios que ya pueden imaginarse: desaliñado, sin afeitar, nadie lo hubiera diferenciado de la imagen habitual de algún delincuente de bajos vuelos. Como veremos no es extraño suponer que tales fueran las intenciones de los “investigadores” de este caso.
La “operación”, según se divulgó desde los medios, se hallaba bajo secreto de sumario, aunque su nombre ya se había hecho público desde su irrupción pública el 17 de junio. Éstos hablaban de una trama de corrupción política que habría denunciado un concejal socialista, David Valadez, contra el propio equipo de gobierno del cual él formaba parte, por cierto, por presuntas infravaloraciones de terrenos, contratación irregular de afiliados al partido, tratos de favor y financiación irregular de partidos, etc. Los delitos desde el principio sin ninguna investigación previa fueron tipicados como cohecho, blanqueo de capitales, negociación prohibida a funcionarios, etc.
Posteriormente se supo que en la denuncia participó también la concejal socialista y miembro del equipo de gobierno Cristina Rodríguez Alarcón, asesorados por el edil comunista Eduardo Alarcón de IU quien, después, formó parte del gobierno de Valadez. Eduardo Alarcón es conocido en Estepona por presidir su despacho una foto del Ché Guevara.
Como veremos, independientemente de los derroteros que posteriormente siguiera o pueda seguir el caso, en principio ninguna de las acusaciones de los denunciantes en sus primeras “visitas” a Madrid eran ciertas y el móvil de las mismas tuvo por objeto sembrar dudas y manchar la imagen del alcalde y de todos los compañeros que pudieran hacerle sombra en su camino hacia el control del partido local; para lo cual no dudó en salpicar a todo un equipo de gobierno del cual él mismo formaba parte. Barrientos además era “su contrincante” político en la lucha por el control del partido en Estepona que Valadez se había propuesto conquistar.
El tiempo demostraría que todos los argumentos de los denunciantes, al menos los más sustanciales de las denuncias eran falsos, tergiversados, sacados de contexto y/o manipulados, con una única intención: provocar la caída de Antonio Barrientos para ganar la dirección del partido. Tras su caída a raíz de su detención e ingreso en prisión, se hizo Valadez con la alcaldía conculcando la voluntad popular expresada en las urnas un año antes, y con el control del partido socialista en Estepona, al paso que marcaban ciertas decisiones judiciales. Para lo cual fue apoyado tanto por la Policía, dirigida por Rubalcaba desde el Ministerio del Interior y por la propia Justicia representada en la fiscalía también dirigida desde el propio Ministerio del Interior.
Además, de la operación orquestada por Valadez para conseguir la alcaldía a costa de sumir al pueblo en la deshonra y la mayor ruina jamás conocida en la localidad a través de la instrumentalización de la Justicia, el PSOE obtuvo otros réditos de la orquestación que se montó para que no le estallara en las manos esta operación, justo antes de tres periodos electorales. De ahí su “investigación bajo secreto” paralelamente a la campaña electoral que acabó dando casi la mayoría absoluta a la lista propuesta por Barrientos.
El detonante de toda aquella supuesta operación contra la corrupción urbanística, el tiempo parece confirmarlo, podría radicar también en el interés de un empresario turístico, quien habría podido dar alguna prebenda millonaria al PSOE andaluz a cambio de presuntos favores urbanísticos respecto a sus terrenos, objetos de un convenio relacionado a su vez con la tan anunciada Universidad de Estepona. Desavenencias con Barrientos, que se negó a aprobar tal convenio si no se recogían las claúsulas para llevar a cabo de una manera veraz el citado proyecto muy ansiado por los esteponeros desde hacía 20 años, podrían estar pues en el origen de todo este esperpento judicial en el que se ha convertido este caso político-judicial. Como veremos esta apreciación irá adquiriendo sentido con el devenir posterior de los acontecimientos tras tres años de aperturas parciales del sumario y de filtraciones más o menos interesadas e “interesantes”.
Desde aquel fatídico día de la “Inquisición judicial” en Estepona (no es en absoluto exagerado denominarlo así) 17 de junio de 2008, para los intereses y la imagen pública del pueblo, el caso permaneció bajo secreto sumarial hasta julio de 2009 con la apertura de los primeros 6 tomos de un total de más de 30 y varios tomos de documentales y testificales. Hasta la fecha (tres años después del inicio de las detenciones y a cerca de cinco años de las primeras denuncias), aún no se ha abierto el sumario en su totalidad después de cuatro o cinco aperturas parciales; por lo que desde que se abren diligencias y se decreta el secreto sumarial por parte de la Juez del Juzgado de Instrucción Nº1 de Estepona (que recibió el caso desde Madrid), Susana García Ruiz, hasta la actualidad, han transcurrido más de cuatro años de secreto de unas actuaciones que, en virtud de los datos revelados por las sucesivas aperturas sumariales, dejan mucho que desear y suponen el mayor escándalo por parte de las administraciones implicadas en su instrucción, que jamás se haya conocido en España.
La utilización política de la Justicia por parte del Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la Fiscalía para salvaguardar los intereses del PSOE ante la proximidad de tres comicios electorales en el transcurso de un año, queda de manifiesto con el análisis de dichas revelaciones sumariales. Así como dejan medianamente claro tanto las falsedades, juicios de valor y apreciaciones subjetivas jamás investigadas (sospechosamente) por la Policía, contenidas en las denuncias de los ediles esteponeros que dieron pie a esta “operación”, como el bochornoso papel de la propia Justicia en el caso de este pueblo, el menos urbanizado de la Costa del Sol Occidental y en el cual parece “haberse inventado” la corrupción urbanística.
Las denuncias que dieron pié a todo este magistral “escándalo” orquestado y dirigido, jamás habían sido investigadas previamente. De haber sido así las apreciaciones de los denunciantes fácilmente se habrían revelado como mínimo inexactas. Sin embargo éstas, sospechosamente, fueron dadas por buenas desde el principio. El ¿por qué? es lo que intentaremos averiguar con el desglose de lo que hasta hoy conocemos del sumario. En cualquier caso el sumario desprende a raudales “familiaridad” y falta de imparcialidad entre Policía y denunciantes, dando por hecho desde el principio la culpabilidad de los denunciados. Y esto tal vez sea conveniente tomarlo como “aviso a navegantes” y recordar el dicho de “cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Vivimos en un estado policial fruto de la generación Logse (la LOE es aún peor pero a esta le queda unos cuantos años para acceder a las instituciones) que trabaja al “dictado” pero no conoció dictadura. ¡Qué peligro! Las conjeturas de alguien pueden acabar con el teléfono e email intervenidos, cuentas corrientes embargadas en secreto, etc., sin previa investigación.
Algo ya sí les puedo avanzar: el caso Astapa es un caso que podríamos denominar de “corrupción inversa”, donde la verdadera corrupción voluntaria o “involuntariamente”, a la espera de lo que la Justicia determine al final en un juicio justo, radica a día de hoy más en quienes lo instruyeron desde los ámbitos políticos, fiscales, policiales y judiciales y no en quienes, a resultas de tal manipulación, fueron después objeto de investigación en secreto de sus cuentas bancarias, teléfonos, emails, etc., puesto que el fin no justifica cualquier medio. Incluso aunque puedan resultar culpables, acusados, imputados o declarados culpables en un juicio que, en todo caso, antes de celebrarse habrán debido de resolverse el enorme número de recursos y denuncias, por parte de las defensas de los acusados, que se interpondrán tanto hacia los propios denunciantes como hacia la propia instrucción de la operación. Por lo que creemos que éste no se celebrará hasta alrededor del año 2014, teniendo en cuenta que aún a día de hoy permanece el secreto y, al parecer, la nueva imputación a 21 personas lo justificará durante seis meses más, según algunas informaciones aparecidas a pesar de, supuestamente, permanecer esa parte bajo secreto.
Esto en caso de no ser anuladas gran parte de las investigaciones por la propia irregularidad que supone el uso de SITEL, software informático para la detección de comunicaciones privadas cuyo uso está en entredicho puesto que no lo regula una Ley Orgánica como es de rigor según la Constitución, y por otra serie de errores, vicios o defectos de los que adolecen las investigaciones desde el principio.
La Operación Astapa se ha desarrollado y, de hecho, sigue deserrollándose en tres fases: “el antes” (campaña orquestada de insuación mediática desde un año antes de la denuncia en Madrid), “el durante” (desde la denuncia hasta las primeras detenciones y la primera apertura sumarial un año después) y “el después” (desde la primera apertura parcial hasta hoy). En esta última fase seguimos inmersos tres años después con el consiguiente deterioro tanto de la imagen de Estepona como de la de los propios imputados quienes aún, después de cinco años de instrucción en su contra, siguen viendo vulnerado sistemáticamente su derecho a la defensa judicial efectiva que debiera garantizársele a cualquier persona durante todo el proceso.
Sin embargo la jueza antes y ahora el juez, por lo visto entienden que dicha defensa judicial efectiva, recogida en la Constitución y reglamentada en la propia Ley, se refiere únicamente al momento del juicio y no a todo el proceso de instrucción, a pesar de prolongarse éste por espacio de cinco años y el honor de estas personas esté “a los pies de los caballos” desde entonces y a merced del entendimiento de un juez que antepone el conocimiento de “la verdad material” que ha tenido ya cinco años para conocer a la salvaguarda de los más fundamentales derechos ciudadanos recogidos en la Constitución.
Es “la generación Logse en el poder”. Y los de la la LOE que viene les va a la saga porque ya incluye EpC que, de la manera que está concebida, es la mayor atrocidad que se puede cometer contra la formación escolar de una persona. Una verdadera aberración.
En fin, esta es la historia de una despechada venganza política. Es la historia de una intromisión, que el tiempo ha revelado ilegítima, de la administración de Justicia en una administración local.
Esta es la historia de una instrumentalización de la Justicia para la obtención de objetivos políticos y/o personales. Es la historia de una insólita e inédita intervención judicial de facto de un ayuntamiento prolongada durante cinco años, saltándose los cauces establecidos. Es la historia de la vulneración de la voluntad popular por “exigencias” de un guión político-judicial. Es la historia de una gran ofensa a la imagen de un pueblo. Es una historia de intrigas político-empresariales.
Esta es la historia de una nueva y moderna Inquisición amparada en la Justicia. Es la historia de intereses partidistas antepuestos al interés general. Es la historia del secuestro y vulneración de los resultados electorales. La historia de una omisión que tuvo por objeto no perjudicar a un partido en cuatro citas electorales, contando la última de mayo de 2011.
En definitiva, mientras no sepamos qué es exactamente o lo que quedará finalmente, esta es la historia de lo que, hasta el momento, la Operación Astapa parece.
Desde primeras horas de la mañana decenas de personas fueron registradas (por un gran número de efectivos policiales a la más pura usanza antiterrorista), ellas y sus domicilios, esposadas y paseadas ante los medios de comunicación que, en gran número, previamente fueron avisados y dieron buena nota de las detenciones durante semanas en los principales informativos de televisión y periódicos de todo el país.
Personas totalmente inocentes, algunos de ellos ancianos, fueron vejados en sus propios domicilios por aquellos que debían velar por el cumplimiento de la Ley. Asimismo fueron registradas oficinas municipales y privadas, domicilios, dependencias municipales, etc. El calificativo de “operación antiterrrorista” no es en absoluto exagerado para quienes vivieron de cerca, alertados y alentados por los medios de comunicación o in situ, los registros y detenciones que se llevaban a cabo.
Decenas de policías armados, algunos con metralleta y pasamontañas de lana cubriéndose la cara en pleno verano, fueron acompañando uno a uno de los detenidos hasta las dependencias judiciales o directamente a los calabozos a personas que hasta ese día gozaban de todo el respeto entre los ciudadanos quienes, a gran parte de los detenidos, acababan de avalar con su voto sólo un año antes. Pero no se trataba de una operación antiterrorista, sino de una “operación anti-corrupción municipal” a la cual se la denominó erróneamente, tal y como la propia policía reconoció días después, “Operación Astapa” sobre la cual, decían, los diferentes medios de comunicación que se estaba instruyendo bajo secreto. Un secreto judicial, por cierto, que, aunque fue decretado el 29 de marzo de 2007, de hecho se encontraba bajo secreto desde el primer día (16 de noviembre de 2006) en virtud de un pacto no escrito, sólo faltaba más, entre los denunciantes y el Ministerio del Interior como demostraremos en estas páginas. Sólo la comisión de un delito flagrante muy grave hubiera justificado tan desproporcionada forma de actuación policial, lo cual como el propio sumario recoge, no se produjo en el momento de la intervención policial a pesar de la insistencia que ponía en ello la prensa.
Los primeros días, tras desencadenarse la operación, acabaron con la detención de casi 30 personas y el encarcelamiento de cinco de ellas. Tres ediles, uno de ellos el propio alcalde socialista Antonio Barrientos, dos del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina; así como dos cargos de confianza del Ayuntamiento: José Flores (Jefe de Area de Alcaldía y antiguo concejal socialista) y Javier Witmeur (Técnico en Urbanismo). Paradógicamente este último, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza de 60.000 euros, a la salida de prisión retornó a su puesto en el Ayuntamiento ahora bajo las “órdenes” de Valadez. Esta no es más que una de tantas incongruencias que incluiremos en “el después”.
En días posteriores las detenciones se prodigaron y la “operación” acabó con un total de más de 60 detenidos o imputados. A fecha de hoy, verano de 2011, son ya 94 los imputados, tras una nueva “remesa” de 21 que, curiosamente, a pesar de estar aún esa parte bajo secreto sumarial, el propio Juzgado o fuentes del mismo han hecho público a la prensa recientemente (mediados de junio de 2011). Ahora, eso sí, sin dar nombres en virtud del supuesto secreto sumarial. A ver cómo se entiende tal incongruencia; porque si el caso aún permanece bajo secreto ¿a qué viene hacer público entonces la imputación de 21 personas más mientras, por el contrario, esa parte del sumario permanece secreto? ¿Tal vez para justificar la injustificable prorrogación del secreto que lleva cuatro años prorrogándose?
En el caso de la detención del ex-edil del PES, Manuel Reina, su reclusión en los calabozos de las dependencias judiciales de Benalmádena se prolongó durante cuatro días en los que permaneció totalmente incomunicado y sin saber, al igual que todos los imputados hoy, de qué se le acusaba. Tras cuatro días en los calabozos fue trasladado ante la juez con una imagen ante los medios que ya pueden imaginarse: desaliñado, sin afeitar, nadie lo hubiera diferenciado de la imagen habitual de algún delincuente de bajos vuelos. Como veremos no es extraño suponer que tales fueran las intenciones de los “investigadores” de este caso.
La “operación”, según se divulgó desde los medios, se hallaba bajo secreto de sumario, aunque su nombre ya se había hecho público desde su irrupción pública el 17 de junio. Éstos hablaban de una trama de corrupción política que habría denunciado un concejal socialista, David Valadez, contra el propio equipo de gobierno del cual él formaba parte, por cierto, por presuntas infravaloraciones de terrenos, contratación irregular de afiliados al partido, tratos de favor y financiación irregular de partidos, etc. Los delitos desde el principio sin ninguna investigación previa fueron tipicados como cohecho, blanqueo de capitales, negociación prohibida a funcionarios, etc.
Posteriormente se supo que en la denuncia participó también la concejal socialista y miembro del equipo de gobierno Cristina Rodríguez Alarcón, asesorados por el edil comunista Eduardo Alarcón de IU quien, después, formó parte del gobierno de Valadez. Eduardo Alarcón es conocido en Estepona por presidir su despacho una foto del Ché Guevara.
Como veremos, independientemente de los derroteros que posteriormente siguiera o pueda seguir el caso, en principio ninguna de las acusaciones de los denunciantes en sus primeras “visitas” a Madrid eran ciertas y el móvil de las mismas tuvo por objeto sembrar dudas y manchar la imagen del alcalde y de todos los compañeros que pudieran hacerle sombra en su camino hacia el control del partido local; para lo cual no dudó en salpicar a todo un equipo de gobierno del cual él mismo formaba parte. Barrientos además era “su contrincante” político en la lucha por el control del partido en Estepona que Valadez se había propuesto conquistar.
El tiempo demostraría que todos los argumentos de los denunciantes, al menos los más sustanciales de las denuncias eran falsos, tergiversados, sacados de contexto y/o manipulados, con una única intención: provocar la caída de Antonio Barrientos para ganar la dirección del partido. Tras su caída a raíz de su detención e ingreso en prisión, se hizo Valadez con la alcaldía conculcando la voluntad popular expresada en las urnas un año antes, y con el control del partido socialista en Estepona, al paso que marcaban ciertas decisiones judiciales. Para lo cual fue apoyado tanto por la Policía, dirigida por Rubalcaba desde el Ministerio del Interior y por la propia Justicia representada en la fiscalía también dirigida desde el propio Ministerio del Interior.
Además, de la operación orquestada por Valadez para conseguir la alcaldía a costa de sumir al pueblo en la deshonra y la mayor ruina jamás conocida en la localidad a través de la instrumentalización de la Justicia, el PSOE obtuvo otros réditos de la orquestación que se montó para que no le estallara en las manos esta operación, justo antes de tres periodos electorales. De ahí su “investigación bajo secreto” paralelamente a la campaña electoral que acabó dando casi la mayoría absoluta a la lista propuesta por Barrientos.
El detonante de toda aquella supuesta operación contra la corrupción urbanística, el tiempo parece confirmarlo, podría radicar también en el interés de un empresario turístico, quien habría podido dar alguna prebenda millonaria al PSOE andaluz a cambio de presuntos favores urbanísticos respecto a sus terrenos, objetos de un convenio relacionado a su vez con la tan anunciada Universidad de Estepona. Desavenencias con Barrientos, que se negó a aprobar tal convenio si no se recogían las claúsulas para llevar a cabo de una manera veraz el citado proyecto muy ansiado por los esteponeros desde hacía 20 años, podrían estar pues en el origen de todo este esperpento judicial en el que se ha convertido este caso político-judicial. Como veremos esta apreciación irá adquiriendo sentido con el devenir posterior de los acontecimientos tras tres años de aperturas parciales del sumario y de filtraciones más o menos interesadas e “interesantes”.
Desde aquel fatídico día de la “Inquisición judicial” en Estepona (no es en absoluto exagerado denominarlo así) 17 de junio de 2008, para los intereses y la imagen pública del pueblo, el caso permaneció bajo secreto sumarial hasta julio de 2009 con la apertura de los primeros 6 tomos de un total de más de 30 y varios tomos de documentales y testificales. Hasta la fecha (tres años después del inicio de las detenciones y a cerca de cinco años de las primeras denuncias), aún no se ha abierto el sumario en su totalidad después de cuatro o cinco aperturas parciales; por lo que desde que se abren diligencias y se decreta el secreto sumarial por parte de la Juez del Juzgado de Instrucción Nº1 de Estepona (que recibió el caso desde Madrid), Susana García Ruiz, hasta la actualidad, han transcurrido más de cuatro años de secreto de unas actuaciones que, en virtud de los datos revelados por las sucesivas aperturas sumariales, dejan mucho que desear y suponen el mayor escándalo por parte de las administraciones implicadas en su instrucción, que jamás se haya conocido en España.
La utilización política de la Justicia por parte del Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la Fiscalía para salvaguardar los intereses del PSOE ante la proximidad de tres comicios electorales en el transcurso de un año, queda de manifiesto con el análisis de dichas revelaciones sumariales. Así como dejan medianamente claro tanto las falsedades, juicios de valor y apreciaciones subjetivas jamás investigadas (sospechosamente) por la Policía, contenidas en las denuncias de los ediles esteponeros que dieron pie a esta “operación”, como el bochornoso papel de la propia Justicia en el caso de este pueblo, el menos urbanizado de la Costa del Sol Occidental y en el cual parece “haberse inventado” la corrupción urbanística.
Las denuncias que dieron pié a todo este magistral “escándalo” orquestado y dirigido, jamás habían sido investigadas previamente. De haber sido así las apreciaciones de los denunciantes fácilmente se habrían revelado como mínimo inexactas. Sin embargo éstas, sospechosamente, fueron dadas por buenas desde el principio. El ¿por qué? es lo que intentaremos averiguar con el desglose de lo que hasta hoy conocemos del sumario. En cualquier caso el sumario desprende a raudales “familiaridad” y falta de imparcialidad entre Policía y denunciantes, dando por hecho desde el principio la culpabilidad de los denunciados. Y esto tal vez sea conveniente tomarlo como “aviso a navegantes” y recordar el dicho de “cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Vivimos en un estado policial fruto de la generación Logse (la LOE es aún peor pero a esta le queda unos cuantos años para acceder a las instituciones) que trabaja al “dictado” pero no conoció dictadura. ¡Qué peligro! Las conjeturas de alguien pueden acabar con el teléfono e email intervenidos, cuentas corrientes embargadas en secreto, etc., sin previa investigación.
Algo ya sí les puedo avanzar: el caso Astapa es un caso que podríamos denominar de “corrupción inversa”, donde la verdadera corrupción voluntaria o “involuntariamente”, a la espera de lo que la Justicia determine al final en un juicio justo, radica a día de hoy más en quienes lo instruyeron desde los ámbitos políticos, fiscales, policiales y judiciales y no en quienes, a resultas de tal manipulación, fueron después objeto de investigación en secreto de sus cuentas bancarias, teléfonos, emails, etc., puesto que el fin no justifica cualquier medio. Incluso aunque puedan resultar culpables, acusados, imputados o declarados culpables en un juicio que, en todo caso, antes de celebrarse habrán debido de resolverse el enorme número de recursos y denuncias, por parte de las defensas de los acusados, que se interpondrán tanto hacia los propios denunciantes como hacia la propia instrucción de la operación. Por lo que creemos que éste no se celebrará hasta alrededor del año 2014, teniendo en cuenta que aún a día de hoy permanece el secreto y, al parecer, la nueva imputación a 21 personas lo justificará durante seis meses más, según algunas informaciones aparecidas a pesar de, supuestamente, permanecer esa parte bajo secreto.
Esto en caso de no ser anuladas gran parte de las investigaciones por la propia irregularidad que supone el uso de SITEL, software informático para la detección de comunicaciones privadas cuyo uso está en entredicho puesto que no lo regula una Ley Orgánica como es de rigor según la Constitución, y por otra serie de errores, vicios o defectos de los que adolecen las investigaciones desde el principio.
La Operación Astapa se ha desarrollado y, de hecho, sigue deserrollándose en tres fases: “el antes” (campaña orquestada de insuación mediática desde un año antes de la denuncia en Madrid), “el durante” (desde la denuncia hasta las primeras detenciones y la primera apertura sumarial un año después) y “el después” (desde la primera apertura parcial hasta hoy). En esta última fase seguimos inmersos tres años después con el consiguiente deterioro tanto de la imagen de Estepona como de la de los propios imputados quienes aún, después de cinco años de instrucción en su contra, siguen viendo vulnerado sistemáticamente su derecho a la defensa judicial efectiva que debiera garantizársele a cualquier persona durante todo el proceso.
Sin embargo la jueza antes y ahora el juez, por lo visto entienden que dicha defensa judicial efectiva, recogida en la Constitución y reglamentada en la propia Ley, se refiere únicamente al momento del juicio y no a todo el proceso de instrucción, a pesar de prolongarse éste por espacio de cinco años y el honor de estas personas esté “a los pies de los caballos” desde entonces y a merced del entendimiento de un juez que antepone el conocimiento de “la verdad material” que ha tenido ya cinco años para conocer a la salvaguarda de los más fundamentales derechos ciudadanos recogidos en la Constitución.
Es “la generación Logse en el poder”. Y los de la la LOE que viene les va a la saga porque ya incluye EpC que, de la manera que está concebida, es la mayor atrocidad que se puede cometer contra la formación escolar de una persona. Una verdadera aberración.
En fin, esta es la historia de una despechada venganza política. Es la historia de una intromisión, que el tiempo ha revelado ilegítima, de la administración de Justicia en una administración local.
Esta es la historia de una instrumentalización de la Justicia para la obtención de objetivos políticos y/o personales. Es la historia de una insólita e inédita intervención judicial de facto de un ayuntamiento prolongada durante cinco años, saltándose los cauces establecidos. Es la historia de la vulneración de la voluntad popular por “exigencias” de un guión político-judicial. Es la historia de una gran ofensa a la imagen de un pueblo. Es una historia de intrigas político-empresariales.
Esta es la historia de una nueva y moderna Inquisición amparada en la Justicia. Es la historia de intereses partidistas antepuestos al interés general. Es la historia del secuestro y vulneración de los resultados electorales. La historia de una omisión que tuvo por objeto no perjudicar a un partido en cuatro citas electorales, contando la última de mayo de 2011.
En definitiva, mientras no sepamos qué es exactamente o lo que quedará finalmente, esta es la historia de lo que, hasta el momento, la Operación Astapa parece.
Estepona, verano de 2011
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