Pero pasemos un momento al tomo VIII, donde se habla de la mercantil Valle Romano y de sus empresas asociadas. Nos aportará otro dato interesante a tener en cuenta, que vuelve a avalar nuestras sospechas de que la Policía no tenía en su totalidad, en la documentación aportada por los denunciantes, la información sobre los convenios denunciados y que, por tanto, las imputaciones hechas desde la primera denuncia están fuera de lugar en una Justicia libre, imparcial e independiente. La fecha de este informe es la misma que la se refleja en el tomo IX, 3 de junio de 2008:
“RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS POR LAS SOCIEDADES QUE CONFORMAN EL HOLDING DE VALLE ROMANO. E HISTORIAL DE LAS FINCAS QUE COMPONEN LA URBANIZACIÓN CON DICHO NOMBRE .
“RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS POR LAS SOCIEDADES QUE CONFORMAN EL HOLDING DE VALLE ROMANO. E HISTORIAL DE LAS FINCAS QUE COMPONEN LA URBANIZACIÓN CON DICHO NOMBRE .
Si bien el desarrollo y la reconstrucción de los convenios que distintas sociedades han firmado en los últimos años con el Ayuntamiento de Estepona, aparece como apartado independiente en el presente informe, en este epígrafe se hace necesario relacionar y explicar de manera sucinta los convenios que obran en nuestro poder y que han sido suscritos por algunas de las sociedades que conforman el Holding Valle Romano. No obstante, de algunos de los posibles convenios, por ahora solo se ha podido tener acceso parcial a ellos, en algunos casos simplemente al edicto de publicación, al instrumento de planeamiento o a escuetos informes técnicos al respecto.
Es necesario señalar que la información de esta índole existente en la actualidad y todo aquello relacionado con la misma, será ampliada como resultado de investigaciones y actuaciones futuras.”
Recordemos que para esta fecha, los teléfonos ya llevaban un año pinchados y las cuentas estaban intervenidas en secreto. Decisiones que se habían tomado desde el 29 de marzo de 2007, porque, según decían los investigadores, la documentación aportada era ingente y avalaba la toma de tan drásticas medidas, por los supuestos delitos cometidos. Los cuales, como refiere este párrafo del sumario, no estaban ni siquiera investigados previamente, ni la información aportada era completa. Esto significa, para cualquier investigador, que la información estaba, pues, sesgada. La Policía, por tanto, movida por intereses políticos, como iremos revelando aquí, no quiso o no pudo investigar tales extremos antes de dar por cometidos los delitos. La presunción de inocencia se la pasó la Policía por el arco del triunfo como puso de manifiesto el trato degradante que caracterizó el comportamiento policial. Se dice que a una anciana de 80 años no se le permitió ni vestirse cuando los policías iniciaron el registro de su casa y fue tratada de forma vejatoria. Por cierto que sería Valadez, ya en posesión de la alcaldía inauguró el campo de golf de esta urbanización.
Señalar que medidas como estas, en España, se pusieron en marcha sólo una vez y fue para descubrir, allá por finales de los 80s, el entramado financiero de ETA, organización que lleva a sus espaldas casi 1.000 asesinatos. Es decir para investigar a una organización terrorista. De ahí que califiquemos esta operación como “anti-terrorista”, con el siguiente sentido figurado que la lógica indica.
He ahí el poder de convicción en quienes no le conocen, que caracteriza a la locuacidad expresiva de Valadez. Seguramente éste insistió ante la Policía en la certeza de la comisión de los delitos que demostraría con los papeles que iría depositando en sucesivas entregas. Cosa que, como el tiempo demostró a pesar de que las hizo, no ocurrió por los argumentos expuestos en esta serie de entradas. De hecho, el inicio de la operación y el registro de domicilios y dependencias municipales tuvo su origen en la necesidad de obtener dicha documentación, ya que tanto la jueza como la propia Policía estaban metidos en un atolladero. Lo que hubieran evitado con la petición de entrega de documentación al inicio de la operación, pues eran documentos públicos. Sin perjuicio, además, de haber llevado a cabo las consiguientes imputaciones a los investigados. ¿Por qué no actuó como la lógica hubiera dictado? Porque estábamos en época electoral. Es decir, por defender el interés político del PSOE. Se antepusieron intereses de un partido y se vulneraron derechos individuales supuestamente garantizados en la Constitución.
Pero hay más. Teniendo en cuenta que este escrito es del 3 de junio de 2008 y que la operación “anti-terrorista”, con pasamontañas y metralletas, se inició el 17 de junio de 2008, cobra especial significación los últimos renglones de este párrafo cuando afirma categóricamente que:
Pero, ¿que pasaría si esas “futuras investigaciones” indicaran que tales presunciones de delito no existían, después de tener el teléfono pinchado por casi un año y las cuentas bancarias intervenidas? ¿Quién y cómo se les iba a resarcir a los investigados del daño contra su imagen, honor y privacidad? Pues bien, como las decisiones judiciales, en este caso, están también caracterizadas por la precipitación, la siguiente medida fue la toma del Ayuntamiento y la consiguiente toma de la alcaldía por David Valadez, también surgen ciertas dudas respecto a los pasos judiciales iniciados desde entonces.
Partiendo de la base de que no disponían de toda la información a esa fecha, lo más curioso es que se atreven a reconstruir, en los citados tomos VIII y IX, cada uno de esos convenios, a pesar de reconocer dicha eventualidad. ¿No es extraño? Donde, nuevamente, en base a conjeturas que no pueden contrastar, por las razones explicadas (les falta más documentación sobre los mismos), se permiten establecer relaciones e intereses, a diestro y siniestro, entre empresas y personas partiendo de informaciones no contrastadas. Como el caso mencionado en anteriores entradas, de Manuel Reina Contreras errónea o falsamente reconocido como hijo de Manuel Reina Ruiz.
En el análisis de lo expuesto en este tómo VIII, las apreciaciones y conjeturas están a flor a piel, ¿cómo no?, al ser toda la operación, no sólo el nombre, un error, hablando suavemente.
Antes de nada decir que, al parecer, el primer convenio investigado es el referido al de Arroyo en Medio. Un servidor, como esteponero, conoce muy bien la situación en la que se encontraban tales terrenos porque, hasta 1990, disponía de un par de yeguas que pastaban por allí. Hasta esa fecha dichos terrenos tenían la calificación de rústicos agrícolas aunque bien es cierto que gracias a las políticas de la Unión Europea, desde un punto de vista agrícola eran ya inviables. Los limones y naranjas de Estepona se subvencionaban por este organismo para, a continuación, ser depositados en el vertedero para su incineración. Lo cierto es que ya desde principios de los 80 allí no existía actividad agrícola en absoluto, con la única excepción de ser pasto de un par de rebaños de ovejas (que se asentaban en precario en la finca Santa María), que pastaban por allí y donde varios esteponeros disponían de algunas gallinas y caballos estabulados en un par de casas antiguas que se encontraban en ruinas por el prolongado desuso desde finales de los años 60.
Por aquel entonces, la única urbanización cuyo límite oeste colindaba con el Arroyo de enmedio en su parte este, era la Urbanización Valle Romano. Al otro lado del arroyo, hacia Casares se extendían las grandes extensiones objetos de este convenio. Decir que Arroyo en Medio, de ahí su nombre, se encuentra entre el Río Guadalobón y Arroyo Vaquero. Precisamente en este último lugar se encuentra la Urbanización Arroyo Vaquero, construida mucho después que Valle Romano y la Urbanización Estepona Golf.
Pues bien lo más detestable de estos convenios (y esto no es culpa de los constructores, sino de las administraciones de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de los órganos de control de urbanismo que ésta se atribuye), es que la urbanización de esa zona ha arrasado con muchas huertas, sobre todo de limones ya abandonadas, que han sido literalmente enterradas por miles de toneladas de tierra, para efectuar los trabajos de urbanización. En otros casos los árboles fueron arrasados y mezclados con las ingentes cantidades de tierra, procedente de los desmontes que se efectuaron para acondicionar las calles de la urbanización y los lugares destinados a viviendas.
En otros casos se arrasaron árboles centenarios como algarrobos o acebuches (variedad silvestre del olivo), que fueron literalmente enterrados o arrasados por dichos trabajos. Además, se encontraba en aquellos lugares una fuente, en un venero de agua, cuya construcción podía tratar de la época árabe o incluso de los romanos. Dichas aguas eran de una calidad excelente. Al tiempo de iniciarse los trabajos, aún se observaban las tejas utilizadas por nuestros antepasados para encauzar el agua.
Así mismo, por aquellos parajes discurría un camino, junto al arroyo que, según vecinos de las fincas al otro lado del mismo, era público y que, a determinada altura, lo atravesaba discurriendo por varias fincas de la orilla este, en dirección a la conocida como la carretera de Valle Romano. Este camino ha desaparecido entre las diferentes carreteras y calles de acceso a las obras efectuadas por dichos convenios. De hecho en una visita realizada a la zona, ni siquiera existe ya y donde antaño atravesaba el arroyo se encuentra cortado con tierra y piedras impidiendo el paso.
Al igual que otros muchos que transcurrían por aquellas tierras, y que desaparecieron a mediados de los 90, debido a la construcción de la autopista. que fue, en realidad, la encargada de dar la puntilla a una zona de gran belleza natural y gran potencial agrícola; aunque llevase décadas en desuso de esta actividad, en gran medida debido a las normativas agrícolas puestas en marcha por la Unión Europea, que prefiere comprar este tipo de productos a Marruecos o Israel, por poner un ejemplo. De hecho, hoy la gran mayoría de la fruta que comemos viene de otros continentes y países, ante las protestas de los agricultores españoles, que en cantidad de cientos de miles se han visto abocados a abandonar sus explotaciones, desde la entrada de España en el supuesto mercado común europeo que, como acabo de explicar, no es tal.
Por tanto, fueran urbanizables o no (segun la familia de Barrientos son urbanizbles desde el plan de 1994 en contra de lo que afirma la Policía), a la hora de firmar los citados convenios, lo cierto es que aquellos terrenos no albergaban ya actividad agrícola alguna y habían quedado copados o comprendidos entre la autopista, al norte; la urbanización Valle Romano al este (con la ampliación que sobre la misma se pretendía desde la década de los 80 con un campo de golf ya proyectado, concretamente siendo alcalde Manuel Sánchez Bracho); y por el oeste con la urbanización Arroyo Vaquero que quedaba aislada en el interior, a poniente de este último arroyo.
En estas condiciones era de esperar que algún día fuera toda aquella zona, aislada entre autopista y dos urbanizaciones, urbanizada como de hecho ocurrió a partir de 2004. Sin perjuicio de que nos mantenemos en los reproches que acabamos de exponer, respecto a cómo se han llevado a cabo los trabajos de urbanización, los cuales, por cierto no son objeto de esta investigación.
Este convenio se aplica a dos fincas. Pues bien, al margen de divagaciones policiales, derivadas del interés que pudo existir en la compra de estos terrenos de Arroyo En Medio, la Policía considera
cuando menos "peculiar”, siendo ésta la principal imputación que sobre este convenio se vierte, el hecho de que la compra de los mismos la efectúa la mercantil Yerecial S.L, y sin embargo en el registro del Catastro constan a nombre de la Urbanización Valle Romano “hecho cuanto menos peculiar, ya que la mencionada urbanización, en la actualidad, carece de personalidad jurídica propia.”. Exacto eso es peculiar, pero ¿lo han investigado? ¿Podría constar así en el registro porque, como digo, ya estaba proyectada desde hace casi 30 años una ampliación de la urbanización y, a lo mejor, estaban incluidos en la misma estos terrenos sin que aún se haya modificado tal extremo? Tengamos en cuenta que ha pasado año y medio del inicio de la operación. ¿Qué se ha investigado entonces?. Nada, sólo se ha expiado por teléfono y se ha intentando desvelar y relacionar el contenido de las escuchas; sin solicitar ningún papel, no vaya a ser que el pueblo se entere y perjudique electoralmente al partido del Gobierno de lo que queda de España.
Como hemos apuntado, dicha urbanización existía ya desde hace varias décadas con proyecto para su ampliación, incluido un Campo de Golf. De hecho la propia Policía afirma en este tomo VIII, que Yerecial forma parte del holding Valle Romano en la página 23 del mismo. Por otro lado que Valle Romano patrocinó eventos del Ayuntamiento era público y notorio. Se deduce también que su intención no estaba fuera de la legalidad pues así lo repitieron durante años en cuñas publicitarias en radios nacionales y en los carteles de los propios eventos que patrocinaban; pero de ahí a montar una operación “anti-terrorista" para probar alguna ilegalidad en ello, debiera haber habido un abismo.
Antes de entrar en el análisis de los convenios de Valle Romano, veamos qué se le imputa a esta empresa. Se le imputan pagos a personas físicas y jurídicas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona, según el tomo VIII en su página 67. Lógicamente, dedicaremos más tiempo en el análisis a los temas de los cuales un servidor tiene mayor conocimiento. Sin perjuicio de que intentaremos, a través de diversas fuentes, desgranar también cualquier asunto de interés que surgiera y que por su naturaleza haya que consultarlos. Como es costumbre, la propia Policía nos advierte nuevamente de que no dispone de todos los elementos de evaluación:
"Es necesario recordar, antes de proceder a relacionar las pagos realizados, que las mercantiles Compañía Promotora, Yerecial y Aedificat 2002 están domiciliadas en el País Vasco. Por esta razón y dada la autonomía recaudatoria y la opacidad informativa de la Agencia Tributaria Vasca, los datos de los que disponemos se hayan incompletos, pudiendo sólo disponer de la información que otras sociedades le imputan, ya que no se ha podido recabar información procedente de la Agencia Tributaria Vasca.”
¡Empezamos bien! Ahora veamos qué imputaciones, sin todos los datos objetivos para valorarlos, se les consigna a Valle Romano. Advertirle que hay varios casos que son de risa y demuestran por sí mismos que los encargados de la investigación no sabían ni donde estaba Estepona. Es un decir. Pero la intencionalidad de sus apreciaciones que no hicieron más que seguir al pie de la letra lo dictado por Valadez, queda ahí:
“CLUB DE TENIS ESTEPONA, (G29214590) club deportivo, con domicilio en Estepona, en la urbanización Forest Hill, a través de este club, la fundación 24 horas deportiva de Estepona, de la que es Presidente Antonio Barrientos González, con domicilio en la Calle Donantes de Sangre s/n de Estepona ha organizado diversos torneos de tenis. Compañía Promotora declara y le imputan compras por un importe de 36.000,00 euros.”
Recordemos que para esta fecha, los teléfonos ya llevaban un año pinchados y las cuentas estaban intervenidas en secreto. Decisiones que se habían tomado desde el 29 de marzo de 2007, porque, según decían los investigadores, la documentación aportada era ingente y avalaba la toma de tan drásticas medidas, por los supuestos delitos cometidos. Los cuales, como refiere este párrafo del sumario, no estaban ni siquiera investigados previamente, ni la información aportada era completa. Esto significa, para cualquier investigador, que la información estaba, pues, sesgada. La Policía, por tanto, movida por intereses políticos, como iremos revelando aquí, no quiso o no pudo investigar tales extremos antes de dar por cometidos los delitos. La presunción de inocencia se la pasó la Policía por el arco del triunfo como puso de manifiesto el trato degradante que caracterizó el comportamiento policial. Se dice que a una anciana de 80 años no se le permitió ni vestirse cuando los policías iniciaron el registro de su casa y fue tratada de forma vejatoria. Por cierto que sería Valadez, ya en posesión de la alcaldía inauguró el campo de golf de esta urbanización.
Señalar que medidas como estas, en España, se pusieron en marcha sólo una vez y fue para descubrir, allá por finales de los 80s, el entramado financiero de ETA, organización que lleva a sus espaldas casi 1.000 asesinatos. Es decir para investigar a una organización terrorista. De ahí que califiquemos esta operación como “anti-terrorista”, con el siguiente sentido figurado que la lógica indica.
He ahí el poder de convicción en quienes no le conocen, que caracteriza a la locuacidad expresiva de Valadez. Seguramente éste insistió ante la Policía en la certeza de la comisión de los delitos que demostraría con los papeles que iría depositando en sucesivas entregas. Cosa que, como el tiempo demostró a pesar de que las hizo, no ocurrió por los argumentos expuestos en esta serie de entradas. De hecho, el inicio de la operación y el registro de domicilios y dependencias municipales tuvo su origen en la necesidad de obtener dicha documentación, ya que tanto la jueza como la propia Policía estaban metidos en un atolladero. Lo que hubieran evitado con la petición de entrega de documentación al inicio de la operación, pues eran documentos públicos. Sin perjuicio, además, de haber llevado a cabo las consiguientes imputaciones a los investigados. ¿Por qué no actuó como la lógica hubiera dictado? Porque estábamos en época electoral. Es decir, por defender el interés político del PSOE. Se antepusieron intereses de un partido y se vulneraron derechos individuales supuestamente garantizados en la Constitución.
Pero hay más. Teniendo en cuenta que este escrito es del 3 de junio de 2008 y que la operación “anti-terrorista”, con pasamontañas y metralletas, se inició el 17 de junio de 2008, cobra especial significación los últimos renglones de este párrafo cuando afirma categóricamente que:
“...Es necesario señalar que la información de esta índole existente en la actualidad y todo aquello relacionado con la misma, será ampliada como resultado de investigaciones y actuaciones futuras.”
Pero, ¿que pasaría si esas “futuras investigaciones” indicaran que tales presunciones de delito no existían, después de tener el teléfono pinchado por casi un año y las cuentas bancarias intervenidas? ¿Quién y cómo se les iba a resarcir a los investigados del daño contra su imagen, honor y privacidad? Pues bien, como las decisiones judiciales, en este caso, están también caracterizadas por la precipitación, la siguiente medida fue la toma del Ayuntamiento y la consiguiente toma de la alcaldía por David Valadez, también surgen ciertas dudas respecto a los pasos judiciales iniciados desde entonces.
Partiendo de la base de que no disponían de toda la información a esa fecha, lo más curioso es que se atreven a reconstruir, en los citados tomos VIII y IX, cada uno de esos convenios, a pesar de reconocer dicha eventualidad. ¿No es extraño? Donde, nuevamente, en base a conjeturas que no pueden contrastar, por las razones explicadas (les falta más documentación sobre los mismos), se permiten establecer relaciones e intereses, a diestro y siniestro, entre empresas y personas partiendo de informaciones no contrastadas. Como el caso mencionado en anteriores entradas, de Manuel Reina Contreras errónea o falsamente reconocido como hijo de Manuel Reina Ruiz.
En el análisis de lo expuesto en este tómo VIII, las apreciaciones y conjeturas están a flor a piel, ¿cómo no?, al ser toda la operación, no sólo el nombre, un error, hablando suavemente.
Antes de nada decir que, al parecer, el primer convenio investigado es el referido al de Arroyo en Medio. Un servidor, como esteponero, conoce muy bien la situación en la que se encontraban tales terrenos porque, hasta 1990, disponía de un par de yeguas que pastaban por allí. Hasta esa fecha dichos terrenos tenían la calificación de rústicos agrícolas aunque bien es cierto que gracias a las políticas de la Unión Europea, desde un punto de vista agrícola eran ya inviables. Los limones y naranjas de Estepona se subvencionaban por este organismo para, a continuación, ser depositados en el vertedero para su incineración. Lo cierto es que ya desde principios de los 80 allí no existía actividad agrícola en absoluto, con la única excepción de ser pasto de un par de rebaños de ovejas (que se asentaban en precario en la finca Santa María), que pastaban por allí y donde varios esteponeros disponían de algunas gallinas y caballos estabulados en un par de casas antiguas que se encontraban en ruinas por el prolongado desuso desde finales de los años 60.
Por aquel entonces, la única urbanización cuyo límite oeste colindaba con el Arroyo de enmedio en su parte este, era la Urbanización Valle Romano. Al otro lado del arroyo, hacia Casares se extendían las grandes extensiones objetos de este convenio. Decir que Arroyo en Medio, de ahí su nombre, se encuentra entre el Río Guadalobón y Arroyo Vaquero. Precisamente en este último lugar se encuentra la Urbanización Arroyo Vaquero, construida mucho después que Valle Romano y la Urbanización Estepona Golf.
Pues bien lo más detestable de estos convenios (y esto no es culpa de los constructores, sino de las administraciones de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de los órganos de control de urbanismo que ésta se atribuye), es que la urbanización de esa zona ha arrasado con muchas huertas, sobre todo de limones ya abandonadas, que han sido literalmente enterradas por miles de toneladas de tierra, para efectuar los trabajos de urbanización. En otros casos los árboles fueron arrasados y mezclados con las ingentes cantidades de tierra, procedente de los desmontes que se efectuaron para acondicionar las calles de la urbanización y los lugares destinados a viviendas.
En otros casos se arrasaron árboles centenarios como algarrobos o acebuches (variedad silvestre del olivo), que fueron literalmente enterrados o arrasados por dichos trabajos. Además, se encontraba en aquellos lugares una fuente, en un venero de agua, cuya construcción podía tratar de la época árabe o incluso de los romanos. Dichas aguas eran de una calidad excelente. Al tiempo de iniciarse los trabajos, aún se observaban las tejas utilizadas por nuestros antepasados para encauzar el agua.
Así mismo, por aquellos parajes discurría un camino, junto al arroyo que, según vecinos de las fincas al otro lado del mismo, era público y que, a determinada altura, lo atravesaba discurriendo por varias fincas de la orilla este, en dirección a la conocida como la carretera de Valle Romano. Este camino ha desaparecido entre las diferentes carreteras y calles de acceso a las obras efectuadas por dichos convenios. De hecho en una visita realizada a la zona, ni siquiera existe ya y donde antaño atravesaba el arroyo se encuentra cortado con tierra y piedras impidiendo el paso.
Al igual que otros muchos que transcurrían por aquellas tierras, y que desaparecieron a mediados de los 90, debido a la construcción de la autopista. que fue, en realidad, la encargada de dar la puntilla a una zona de gran belleza natural y gran potencial agrícola; aunque llevase décadas en desuso de esta actividad, en gran medida debido a las normativas agrícolas puestas en marcha por la Unión Europea, que prefiere comprar este tipo de productos a Marruecos o Israel, por poner un ejemplo. De hecho, hoy la gran mayoría de la fruta que comemos viene de otros continentes y países, ante las protestas de los agricultores españoles, que en cantidad de cientos de miles se han visto abocados a abandonar sus explotaciones, desde la entrada de España en el supuesto mercado común europeo que, como acabo de explicar, no es tal.
Por tanto, fueran urbanizables o no (segun la familia de Barrientos son urbanizbles desde el plan de 1994 en contra de lo que afirma la Policía), a la hora de firmar los citados convenios, lo cierto es que aquellos terrenos no albergaban ya actividad agrícola alguna y habían quedado copados o comprendidos entre la autopista, al norte; la urbanización Valle Romano al este (con la ampliación que sobre la misma se pretendía desde la década de los 80 con un campo de golf ya proyectado, concretamente siendo alcalde Manuel Sánchez Bracho); y por el oeste con la urbanización Arroyo Vaquero que quedaba aislada en el interior, a poniente de este último arroyo.
En estas condiciones era de esperar que algún día fuera toda aquella zona, aislada entre autopista y dos urbanizaciones, urbanizada como de hecho ocurrió a partir de 2004. Sin perjuicio de que nos mantenemos en los reproches que acabamos de exponer, respecto a cómo se han llevado a cabo los trabajos de urbanización, los cuales, por cierto no son objeto de esta investigación.
Este convenio se aplica a dos fincas. Pues bien, al margen de divagaciones policiales, derivadas del interés que pudo existir en la compra de estos terrenos de Arroyo En Medio, la Policía considera
cuando menos "peculiar”, siendo ésta la principal imputación que sobre este convenio se vierte, el hecho de que la compra de los mismos la efectúa la mercantil Yerecial S.L, y sin embargo en el registro del Catastro constan a nombre de la Urbanización Valle Romano “hecho cuanto menos peculiar, ya que la mencionada urbanización, en la actualidad, carece de personalidad jurídica propia.”. Exacto eso es peculiar, pero ¿lo han investigado? ¿Podría constar así en el registro porque, como digo, ya estaba proyectada desde hace casi 30 años una ampliación de la urbanización y, a lo mejor, estaban incluidos en la misma estos terrenos sin que aún se haya modificado tal extremo? Tengamos en cuenta que ha pasado año y medio del inicio de la operación. ¿Qué se ha investigado entonces?. Nada, sólo se ha expiado por teléfono y se ha intentando desvelar y relacionar el contenido de las escuchas; sin solicitar ningún papel, no vaya a ser que el pueblo se entere y perjudique electoralmente al partido del Gobierno de lo que queda de España.
Como hemos apuntado, dicha urbanización existía ya desde hace varias décadas con proyecto para su ampliación, incluido un Campo de Golf. De hecho la propia Policía afirma en este tomo VIII, que Yerecial forma parte del holding Valle Romano en la página 23 del mismo. Por otro lado que Valle Romano patrocinó eventos del Ayuntamiento era público y notorio. Se deduce también que su intención no estaba fuera de la legalidad pues así lo repitieron durante años en cuñas publicitarias en radios nacionales y en los carteles de los propios eventos que patrocinaban; pero de ahí a montar una operación “anti-terrorista" para probar alguna ilegalidad en ello, debiera haber habido un abismo.
Antes de entrar en el análisis de los convenios de Valle Romano, veamos qué se le imputa a esta empresa. Se le imputan pagos a personas físicas y jurídicas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona, según el tomo VIII en su página 67. Lógicamente, dedicaremos más tiempo en el análisis a los temas de los cuales un servidor tiene mayor conocimiento. Sin perjuicio de que intentaremos, a través de diversas fuentes, desgranar también cualquier asunto de interés que surgiera y que por su naturaleza haya que consultarlos. Como es costumbre, la propia Policía nos advierte nuevamente de que no dispone de todos los elementos de evaluación:
"Es necesario recordar, antes de proceder a relacionar las pagos realizados, que las mercantiles Compañía Promotora, Yerecial y Aedificat 2002 están domiciliadas en el País Vasco. Por esta razón y dada la autonomía recaudatoria y la opacidad informativa de la Agencia Tributaria Vasca, los datos de los que disponemos se hayan incompletos, pudiendo sólo disponer de la información que otras sociedades le imputan, ya que no se ha podido recabar información procedente de la Agencia Tributaria Vasca.”
¡Empezamos bien! Ahora veamos qué imputaciones, sin todos los datos objetivos para valorarlos, se les consigna a Valle Romano. Advertirle que hay varios casos que son de risa y demuestran por sí mismos que los encargados de la investigación no sabían ni donde estaba Estepona. Es un decir. Pero la intencionalidad de sus apreciaciones que no hicieron más que seguir al pie de la letra lo dictado por Valadez, queda ahí:
“CLUB DE TENIS ESTEPONA, (G29214590) club deportivo, con domicilio en Estepona, en la urbanización Forest Hill, a través de este club, la fundación 24 horas deportiva de Estepona, de la que es Presidente Antonio Barrientos González, con domicilio en la Calle Donantes de Sangre s/n de Estepona ha organizado diversos torneos de tenis. Compañía Promotora declara y le imputan compras por un importe de 36.000,00 euros.”
Tomo VIII. Página 69
Extrañas y confusas apreciaciones sobre la Fundación 24 Horas Deportivas.
Veíamos en el párrafo anterior, con cierta intencionalidad, una nueva imputación a Barrientos por el hecho de que era Presidente de la Fundación 24 horas que, como tantos otros datos de este sumario, no es tal o aparece manipulado por no calificar de terjiversado.
A la Policía, que investiga desde Madrid, este detalle se le puede perdonar; sin embargo Valadez, sí lo sabía y seguramente lo omitió, dejando en evidencia la labor policial. He aquí el perjuicio que el interés personal, como parte protegida, ha podido ocasionar a personas y entidades. La Policía, por lo visto, no podía consultarlo por no levantar la liebre y poner en riesgo el interés electoral del partido socialista. Sin embargo, eso hubiera bastado. Tratándose de las 24 horas deportivas, que se celebran cada año, y que estaban patrocinadas por Valle Romano, en grandes carteles, es lógico pensar que esta empresa pagara al Club de Tenis, por el alquiler de las pistas donde se celebrarían los campeonatos de este deporte en esta actividad decana en el pueblo, y que se celebra en desde los años 70. Así de fácil. Como ven, el problema no es que Barrientos se quedara con los 36.000 euros; el problema radica en que Valle Romano pagó al Club de Tenis dicha factura, de la fundación deportiva, cuyos actos los estaba financiando. Para mearse. He aquí la prueba de la manipulación en otra página de este tomo y haciendo relación a los mismos hechos de gastos y compras:
"FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA (G92675867). Con domicilio social en la Cl Donantes de Sangre S/N, de Estepona. Forman parte del comité de honor de dicha Fundación entre otros, Antonio Barrientos González, Miguel Escarcena Gómez (concejal delegado de deportes), Luis Fernando Linares Torres, y como Presidente de la misma, Francisco Antonio Navarro de Hoyos, quien a través de Navarro Publicidad y Publi Luna SL, realizó trabajos de propaganda en las elecciones municipales del año 2007, para el PSOE y el PES. Compañía Promotora declara compras por un importe de 18.000 euros, pero no le imputan nada. Una vez mas, se observa, de forma clara y evidente de que entre los miembros del holding Valle Romano, el Ayuntamiento de Estepona y empresarios locales, se habrían establecido unas relaciones de colaboración casi de manera permanente, llegando a formar parte del comité de honor de una Fundación afincada en Estepona, y cuyo objeto, es la celebración de eventos deportivos en la zona, y que en muchos de los casos, se han realizado, con el patrocinio de Valle Romano Golf and Resort.”
¿Quién es el Presidente entonces? ¿En qué quedamos: es Antonio Barrientos o es Francisco Antonio Navarro de Hoyos? El contenido de este párrafo corrobora que, dentro de la investigación, existe un mentiroso compulsivo, dedicado a enredarlo todo y a arrimar el ascua a su sardina personal y que está manipulando los datos maniqueamente. Así como unos policías que no se enteran que se la están metiendo “doblá”, parafraseando a la ex-ministra Magdalena Alvarez. Como ven, ya Antonio Barrientos no es el presidente, sino un cargo honorífico de la misma Fundación de la cual nunca fue tal presidente. Cargo que, aunque se omite, deriva de ostentar la alcaldía. A pesar de que para dar solidez a la imputación, así se le considera en el párrafo anterior a este. Porque el presidente tanto antes como ahora no es otro que Francisco Antonio Navarro de Hoyos, quien, a su vez es el dueño de Publiluna. Y la imputación sobre que si hizo propaganda para el PES, que no es ningún delito, es porque supuestamente vivimos en un país libre, aunque haya algún fascista que otro en la alcaldía de un pueblo, por la gracia de la fiscalía y la Justicia. Este sumario parece un juicio sumarísimo de las purgas de Stalin. Y La verdad es que la propia investigación parece estar dirigida por diferentes intereses bastardos. A todas luces nos encontramos ante una persecución ilegal, o al menos inconstitucionall en toda regla.
Extrañas y confusas apreciaciones sobre la Fundación 24 Horas Deportivas.
Veíamos en el párrafo anterior, con cierta intencionalidad, una nueva imputación a Barrientos por el hecho de que era Presidente de la Fundación 24 horas que, como tantos otros datos de este sumario, no es tal o aparece manipulado por no calificar de terjiversado.
A la Policía, que investiga desde Madrid, este detalle se le puede perdonar; sin embargo Valadez, sí lo sabía y seguramente lo omitió, dejando en evidencia la labor policial. He aquí el perjuicio que el interés personal, como parte protegida, ha podido ocasionar a personas y entidades. La Policía, por lo visto, no podía consultarlo por no levantar la liebre y poner en riesgo el interés electoral del partido socialista. Sin embargo, eso hubiera bastado. Tratándose de las 24 horas deportivas, que se celebran cada año, y que estaban patrocinadas por Valle Romano, en grandes carteles, es lógico pensar que esta empresa pagara al Club de Tenis, por el alquiler de las pistas donde se celebrarían los campeonatos de este deporte en esta actividad decana en el pueblo, y que se celebra en desde los años 70. Así de fácil. Como ven, el problema no es que Barrientos se quedara con los 36.000 euros; el problema radica en que Valle Romano pagó al Club de Tenis dicha factura, de la fundación deportiva, cuyos actos los estaba financiando. Para mearse. He aquí la prueba de la manipulación en otra página de este tomo y haciendo relación a los mismos hechos de gastos y compras:
"FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA (G92675867). Con domicilio social en la Cl Donantes de Sangre S/N, de Estepona. Forman parte del comité de honor de dicha Fundación entre otros, Antonio Barrientos González, Miguel Escarcena Gómez (concejal delegado de deportes), Luis Fernando Linares Torres, y como Presidente de la misma, Francisco Antonio Navarro de Hoyos, quien a través de Navarro Publicidad y Publi Luna SL, realizó trabajos de propaganda en las elecciones municipales del año 2007, para el PSOE y el PES. Compañía Promotora declara compras por un importe de 18.000 euros, pero no le imputan nada. Una vez mas, se observa, de forma clara y evidente de que entre los miembros del holding Valle Romano, el Ayuntamiento de Estepona y empresarios locales, se habrían establecido unas relaciones de colaboración casi de manera permanente, llegando a formar parte del comité de honor de una Fundación afincada en Estepona, y cuyo objeto, es la celebración de eventos deportivos en la zona, y que en muchos de los casos, se han realizado, con el patrocinio de Valle Romano Golf and Resort.”
¿Quién es el Presidente entonces? ¿En qué quedamos: es Antonio Barrientos o es Francisco Antonio Navarro de Hoyos? El contenido de este párrafo corrobora que, dentro de la investigación, existe un mentiroso compulsivo, dedicado a enredarlo todo y a arrimar el ascua a su sardina personal y que está manipulando los datos maniqueamente. Así como unos policías que no se enteran que se la están metiendo “doblá”, parafraseando a la ex-ministra Magdalena Alvarez. Como ven, ya Antonio Barrientos no es el presidente, sino un cargo honorífico de la misma Fundación de la cual nunca fue tal presidente. Cargo que, aunque se omite, deriva de ostentar la alcaldía. A pesar de que para dar solidez a la imputación, así se le considera en el párrafo anterior a este. Porque el presidente tanto antes como ahora no es otro que Francisco Antonio Navarro de Hoyos, quien, a su vez es el dueño de Publiluna. Y la imputación sobre que si hizo propaganda para el PES, que no es ningún delito, es porque supuestamente vivimos en un país libre, aunque haya algún fascista que otro en la alcaldía de un pueblo, por la gracia de la fiscalía y la Justicia. Este sumario parece un juicio sumarísimo de las purgas de Stalin. Y La verdad es que la propia investigación parece estar dirigida por diferentes intereses bastardos. A todas luces nos encontramos ante una persecución ilegal, o al menos inconstitucionall en toda regla.
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