Basado en apreciaciones subjetivas, en el mejor de los casos; tergiversadas o manipuladas en otros; y en otras con visos de cierta credibilidad (mientras no se conozca el resto del sumario), David Valadez, en ese contexto de pre-campaña electoral, aprovechando las desavenencias partidistas que él mismo azuzaba desde la prensa local (controlada por él gracias a sus lazos familiares, en algunos casos, y amistosos, en otros, dada la profesión de periodista de él mismo y de su mujer), presenta un informe ante la Dirección General de la Policía en Madrid, donde se “pondrían de manifiesto” una relación genérica de presuntos hechos delictivos que se estarían produciendo en el Ayuntamiento de Estepona, en un período donde, precisamente, él fue miembro del Gobierno.
Como veremos, tras un año de secreto sumarial, los 19 tomos abiertos hasta el momento revelan que se trataba de meras conjeturas interesadas y sesgadas en su mayoría, como el tiempo transcurrido desde entonces está demostrando. Nos basamos en el posterior desarrollo de acontecimientos de los que él ha sido protagonista y que iremos destapando.
Así, la primera documentación la presenta el día 16 de Noviembre de 2006 y el segundo “lote” el día 20 (cuatro días después), ante la Dirección General de la Policía en Madrid. Mientras tanto las filtraciones que se producían en la prensa y foros de Internet, incluso hablaban de que estas mismas denuncias fueron expuestas ante los órganos provincial y regional del partido.
Lejos de llevar a cabo una investigación sobre las declaraciones subjetivadas de Valadez y sobre la comprobación de la documentación (casi toda basada en documentos públicos al alcance de cualquiera que los hubiera solicitado), la Justicia declara la causa secreta, a instancias de la Policía (Ministerio de Interior, PSOE), cuatro meses después, y la jueza, sin ni siquiera analizar la documentación, ordena escuchas telefónicas (intervención de las telecomunicaciones), a una serie de implicados, sustentadas en un informe policial que no es más que la transcripción, más o menos literal de los hechos denunciados por Valadez, conteniendo sus mismas apreciaciones, pero añadiéndole la tipología de los delitos.
Como explicaremos más adelante, esta decisión pudo tomarse por imperativo del propio Fiscal General del Estado para proteger los intereses del PSOE de cara a tres campañas electorales que se avecinaban en el escaso intervalo de un año (2007-2008) en Andalucía: Locales, Andaluzas y Generales.
Las escuchas se adoptaron sin el estudio previo del informe de Fiscalía, que no es otro que el propio de la Policía, el 29 de marzo de 2007. En ese período de cuatro meses, previo a la autorización de escuchas, no se llevó a cabo ninguna comprobación de los presuntos delitos que se habrían cometido y que aparecen ya tipificados en el primer informe. Hasta cuatro meses después de la primera denuncia nada se había investigado, ni siquiera los datos que, a lo largo de los primeros meses de 2007, posteriores a la denuncia, iba aportando interesadamente Valadez en sucesivas entregas posteriores; una de las cuales se produjo el día 7 de diciembre de 2006. Muchas de estas denuncias posteriores se llevan a cabo a pesar de estar la causa declarada secreta para todas las partes excepto para el Fiscal.
El día 29 de marzo de 2007, un día después de recibir el informe del fiscal de Málaga, que a la vez lo envía al juzgado sólo un día después de recibirlo, sin haberse confirmado los presuntos delitos contenidos en las denuncias y sin tiempo material para analizar la documentación remitida, la jueza Conejo ordena la intervención secreta de las cuentas corrientes y de los teléfonos de los principales imputados. A resultas de esas escuchas, secretamente, el día 16 de Junio de 2008, se ordena embargar sus cuentas corrientes (que ya estaban intervenidas secretamente desde el día 29 de marzo de 2007) y llevar a cabo una operación policial “anti-terrorista”, al menos esa era la impresión que daba, prevista para el día siguiente, 17 de Junio. La cual acabó con 24 detenidos, otros tantos imputados, tres ediles en la cárcel, entre ellos el propio Antonio Barrientos, un técnico municipal de Obras Públicas y el jefe del área de alcaldía. Un total de 64 personas, casi todos ellos acusados de todos los delitos por los que se puede encausar a un cargo público, además de blanqueo de capitales.
Como veremos, tras un año de secreto sumarial, los 19 tomos abiertos hasta el momento revelan que se trataba de meras conjeturas interesadas y sesgadas en su mayoría, como el tiempo transcurrido desde entonces está demostrando. Nos basamos en el posterior desarrollo de acontecimientos de los que él ha sido protagonista y que iremos destapando.
Así, la primera documentación la presenta el día 16 de Noviembre de 2006 y el segundo “lote” el día 20 (cuatro días después), ante la Dirección General de la Policía en Madrid. Mientras tanto las filtraciones que se producían en la prensa y foros de Internet, incluso hablaban de que estas mismas denuncias fueron expuestas ante los órganos provincial y regional del partido.
Lejos de llevar a cabo una investigación sobre las declaraciones subjetivadas de Valadez y sobre la comprobación de la documentación (casi toda basada en documentos públicos al alcance de cualquiera que los hubiera solicitado), la Justicia declara la causa secreta, a instancias de la Policía (Ministerio de Interior, PSOE), cuatro meses después, y la jueza, sin ni siquiera analizar la documentación, ordena escuchas telefónicas (intervención de las telecomunicaciones), a una serie de implicados, sustentadas en un informe policial que no es más que la transcripción, más o menos literal de los hechos denunciados por Valadez, conteniendo sus mismas apreciaciones, pero añadiéndole la tipología de los delitos.
Como explicaremos más adelante, esta decisión pudo tomarse por imperativo del propio Fiscal General del Estado para proteger los intereses del PSOE de cara a tres campañas electorales que se avecinaban en el escaso intervalo de un año (2007-2008) en Andalucía: Locales, Andaluzas y Generales.
Las escuchas se adoptaron sin el estudio previo del informe de Fiscalía, que no es otro que el propio de la Policía, el 29 de marzo de 2007. En ese período de cuatro meses, previo a la autorización de escuchas, no se llevó a cabo ninguna comprobación de los presuntos delitos que se habrían cometido y que aparecen ya tipificados en el primer informe. Hasta cuatro meses después de la primera denuncia nada se había investigado, ni siquiera los datos que, a lo largo de los primeros meses de 2007, posteriores a la denuncia, iba aportando interesadamente Valadez en sucesivas entregas posteriores; una de las cuales se produjo el día 7 de diciembre de 2006. Muchas de estas denuncias posteriores se llevan a cabo a pesar de estar la causa declarada secreta para todas las partes excepto para el Fiscal.
El día 29 de marzo de 2007, un día después de recibir el informe del fiscal de Málaga, que a la vez lo envía al juzgado sólo un día después de recibirlo, sin haberse confirmado los presuntos delitos contenidos en las denuncias y sin tiempo material para analizar la documentación remitida, la jueza Conejo ordena la intervención secreta de las cuentas corrientes y de los teléfonos de los principales imputados. A resultas de esas escuchas, secretamente, el día 16 de Junio de 2008, se ordena embargar sus cuentas corrientes (que ya estaban intervenidas secretamente desde el día 29 de marzo de 2007) y llevar a cabo una operación policial “anti-terrorista”, al menos esa era la impresión que daba, prevista para el día siguiente, 17 de Junio. La cual acabó con 24 detenidos, otros tantos imputados, tres ediles en la cárcel, entre ellos el propio Antonio Barrientos, un técnico municipal de Obras Públicas y el jefe del área de alcaldía. Un total de 64 personas, casi todos ellos acusados de todos los delitos por los que se puede encausar a un cargo público, además de blanqueo de capitales.
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