He aquí otra perla que pasará a los anales de la manipulación político-judicial de España. En el siguiente párrafo se consigna, nuevamente, a la empresa CODELSA como paradigma de buenas prácticas dignas de todo crédito, después de haber sido denunciada por sus relaciones con Zamorano. Esto está recogido en la página 345 del primer tomo del sumario:
“Otro supuesto de corrupción es el relativo al Convenio urbanístico "Mundo Estudio" , en el que la citad entidad -CODELSA -estima que se ha producido un perjuicio de más de l5.000.000 de euros para el Municipio. Este último Convenio, a diferencia de los anteriores, no llegó a ser aprobado por el Pleno municipal.”
Es el mismo convenio en el que, en páginas anteriores, se consigna la cantidad de 15 millones. Ya van 10 millones de diferencia (depende de la página que se trate del sumario). Pero es que, además, el convenio ni siquiera llegó a firmarse. ¿Cómo se ha podido producir, en base a un informe que la Policía aún no ha tenido acceso, un perjuicio de, ahora 15 millones con respecto a la anterior alusión que hablaba de 5 millones, en un convenio que no llegó a firmarse?. Esto es lo que se conoce como metafísica o mejor física cuántica.
¿No es una contradicción lo de CODELSA? ¿En qué quedamos: le damos un premio a su independencia o la encausamos?. Porque las dos cosas no se pueden hacer en una misma denuncia.
Sorpréndase; CODELSA o su presidente: Vicente Delgado Algas, forma parte del auto de imputación de la jueza Susana García Ruiz, en el que accede a las medidas policiales contra los imputados. En la página 2425 del tomo XIII del sumario aparece el auto de detención contra Vicente Delgado, presidente de CODELSA:
“En Estepona, a dieciséis de junio de dos mil ocho.
HECHOS
ÚNICO.- De lo actuado en la presente causa declarada SECRETA, aparece que D. VICENTE DELGADO ALGAS ha participado indiciariamente en hechos que pudieran constituir presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por particular, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 492.4 y 494 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez de Instrucción debe acordar la detención cuando tenga motivos bastantes para estimar que una persona ha tenido participación en un hecho que presente los caracteres de delito, como ocurre en el presente caso, en que de lo actuado se desprende la posible existencia de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por particular, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, en los que presuntamente ha participado D. VICENTE DELGADO ALGAS'.
Se le imputa un delito contra la ordenación del territorio. ¿No tienen relación sus informes con el urbanismo, no eran tan independientes? ¿En qué términos cometió los delitos que se le imputan a esta empresa, paradigma y prueba de absoluta independencia (según decía Valadez), y cuyos informes sirvieron para sustentar las denuncias de éste? ¿Acaso eran falsas dichas tasaciones?. A estas alturas, por pensar se puede pensar lo que uno quiera. Repito, la Policía reconocerá en el tomo IX, en junio de 2008 que no dispone del citado informe aludido por Valadez. ¿Eso cómo se explica cuando te han metido en la cárcel o te imputan delitos, aludiendo, entre otras imputaciones, a dicho informe como es el caso de Javier Witmeur?
Pero ya que hablamos de infravaloración de terrenos (tal y como esta empresa imputada, con total independencia, avalaba una parte de la denuncia de Valadez), veamos algunos convenios firmados por Rosa Díaz, actual compañera de Gobierno de Valadez, tras este golpe de Estado municipal, y por Sánchez Bracho tras la moción de censura contra Barrientos. En el portal informativo ATC, que aparece citado en sus denuncias para avalar sus sospechas por una información sobre el convenio del Zagorro, aparecido en este medio, hemos encontrado también esta información, respecto al precio de los aprovechamientos urbanísticos aprobados en varios convenios firmados en ese periodo, según una información aparecida el día 2 de julio de 2008 en el citado portal de Internet:
“...En Julio del año 2.002, Rosa Díaz vendió 53.000 metros de aprovechamientos del Ayuntamiento en el Parque Central (suficiente para hacer mas de 500 viviendas sociales) a un precio de 30.000 pesetas el metro cuadrado. Por esa operación el Ayuntamiento recibió algo más de 1.500 millones de pesetas cuando el valor del mercado de esos aprovechamientos era de más de 6.000 millones de pesetas (se vendió a 30.000 pesetas (180 euros) cuando su valor de mercado era superior a 100.000 pesetas) 600 euros.
En Enero del año 2.003, Rosa Díaz vendió 27.000 metros de aprovechamientos del Ayuntamiento en el Marqués (suficiente para hacer 300 viviendas sociales) a un precio de 21.000 pesetas el metro cuadrado (unos 120 euros). Sabían ustedes que el valor de mercado de esos aprovechamientos era de 90.000 pesetas el metro cuadrado (540 euros), más del cuádruple. Se dejaron de cobrar 2.000 millones de pesetas de diferencia.
¿Sabían ustedes que en el año 2002, Manuel Sánchez Bracho (Rosa, estaba en el Rocío Chico), vendió a Giovanni Piero Montaldo ( procesado por la operación Malaya porque dio comisiones a los políticos de Marbella), 5.628 metros cuadrados de aprovechamientos a una media de 20.000 pesetas (120 euros), cuando su valor de mercado era de 150.000 pesetas (900 euros)?.”
Repetimos que Rosa Díaz hoy forma parte del Equipo de Gobierno de Valadez. ¿Con qué legitimidad? En otro sitio del sumario (página 193 Tomo I), tanto la Policía como Valadez, dan por buena una crítica partidista del PP, respecto al precio del metro cuadrado, en unos terrenos cercanos a otros, donde ellos en 1999 tasaron el suelo en más del doble. Esta noticia, que apareció en PRISA, lo cual es raro tratándose de criticar al PSOE y sólo comprensible por la amistad de la redactora de El País con la mujer de Valadez, así como porque ya estaba en marcha la Operación "Toma de Estepona" denominada Astapa, sirvió para dar por buenas, sin contrastar, las denuncias de Valadez. Algo inaudito que la Justicia dé por buenas unas declaraciones en la prensa sin contrastarlas. Habría bastado con citar al periodista para investigar la denuncia. La Policía decidió tomar un atajo y sumarlo a su lista de acusaciones “probadas” contra los denunciados:
“En relación con las aportaciones voluntarias realizadas por el GRUPO PRASA, el día 18 de febrero de 2004 "El País.com" publicó un artículo titulado"EI PP dice que el PSOE de Estepona vendió suelo a mitad de precio". Según el artículo, el Partido Popular acusó el día anterior al alcalde de Estepona Antonio BARRIENTOS, de vender a la empresa PRASA suelo en la finca "EL ÁNGEL" por menos de la mitad de su valor. El equipo de gobierno, formado por PSOE, IU y PES, aprobó el día 17 de febrero de 2004 en sesión plenaria, con la abstención del PP Y PA, el Convenio con la mercantil cordobesa PRASA para la cesión de los suelos de aprovechamiento urbanístico de la citada parcela a cambio de 600 euros el metro cuadrado. Según manifestaciones del portavoz del PP, Ignacio MENA, esos suelos en la misma zona fueron tasados por la propia PRASA en 1.622 euros el metro cuadrado en otro Convenio del año 1999.”
Según esta información, I.U. también firmó dicho convenio: ¿Usted ha visto a algún imputado de esta formación política? En cualquier caso, como vemos, el propio Valadez, como miembro del PSOE, votó a favor. No obstante, nada se habla de las condiciones entre ambos convenios, que pudiera influir en esa diferencia. ¿Se analizaron estas condiciones?. Rotundamente no, simplemente se da por buenas las informaciones, aparecidas en un periódico relacionado con el alcalde a través de su mujer, que trabaja en ese grupo de empresas mediáticas, de un miembro de la oposición municipal del PP. En lo que puramente podría encuadrarse en la pura lógica dialéctica política de oposición.
Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos con la cronología que nos ofrece este primer tomo. A raíz de la documentación presentada, la Policía toma declaración de los hechos que se denuncian a Valadez y Cristina, y pone todo su relato en boca de los denunciantes, pero sólo en principio, pues en el informe dirigido a la Fiscalía de Málaga, sin haber investigado absolutamente nada, hace suyas las denuncias (subjetivadas y cargadas de contenido político), de los denunciantes.
Por otro lado, un gran número de éstas se basan en declaraciones que los denunciantes han oído, a su vez, en boca de terceros presuntos testigos. Estos testigos nunca serían ni siquiera interrogados, sobre la veracidad de lo que, según Valadez, habían dicho, antes de dar por buenas sus supuestas declaraciones y dar inicio a la operación.
Recibida la documentación, que nunca contrastará antes de tomar al asalto a un pueblo, la Policía actúa con premura, lo cual, en principio, es loable pues los delitos presuntos denunciados ya se habrían cometido (en caso de serlos). Pero esta premura sorprenderá después extrañamante, al ritmo de los tiempos marcados por las tres campañas electorales. Esta es la verdadera razón de decretar el secreto de las actuaciones: para evitar su influencia en el resultado electoral; tiempo tendremos de hablar de ello, pues Valadez ya se había encargado de calentar los ánimos en la población esteponera, a través de informaciones interesadas publicadas por su mujer. Y, por supuesto, tal premura, no estaba justificada, pues hoy: 2016, diez años después, cuando actualizo esta información de varios años antes, aún no se ha procedido al juicio. Ni siquiera han sido llamados a declarar en los juzgados los propios imputados, principales de la "trama".
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