Una Operación inquisitorial (XX). Valadez adquirió una vivienda a una empresa denunciada que aparece en sus denuncias.

Pero hay más datos, que deberían haber puesto sobre aviso a los policías o "investigadores",  sobre la posible manipulación o inconsistencia de los datos aportados por  Valadez, respecto a la independencia de los informes. En  esa misma página del tomo, también citado, aparece José Antonio Molina López como administrador de esta inmobiliaria:

“PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS:
Administradores:
- Juan José FERNANDEZ VÁZQUEZ (24693796F)
- Andrés MARTIN CABA (08914453K)
- Félix DELGADO ALGAS (17167649N)
- José Antonio MOLINA LÓPEZ (24792657Z)
- Vicente DELGADO ALGAS (24829420T)
Administradora hasta el 2003, Bárbara GALÁN CHACÓN (25635562S).”

     Si, como confirman los propios datos aportados por la Policía, CODELSA y el redactor de los supuestos informes de "infravaloración" del suelo, José Antonio Molina López, tenían intereses urbanísticos en Estepona y por tanto no era una valoración “independiente”; ¿por qué son tenidos en cuenta como datos objetivos en la denuncia? Pues por que no había otros. Estos eran los únicos que había, si es que los había en los términos que se nos ha hecho creer. Valadez echó mano de ellos para dar soporte a su denuncia. La Policía no tenía por qué saber los tejemanejes de  Valadez, pero debió haberse cerciorado antes, cosa que, como estamos explicando no hizo en ningún momento.
     
     Por si quedara alguna duda sobre la “independencia” y credibilidad que la Policía y Valadez dan a José Antonio Molina López, éste además participa en la empresa con un 9%, según se refleja en la misma página del citado tomo:

  " Participada por:
- PEDEJARRO SL (B29824059) con el 7,00%
- M Pilar DELGADO ALGAS (74796956J) con el 19,00%
- JOSE MOLINA E HIJOS SA (A29395225) con el 9,00%
- José Antonio MOLINA LÓPEZ (24792657Z) con el 9,00%..."
    
    Incluso se deduce que sus propios hijos, según el apellido que aparece reflejado en la línea anterior: JOSE MOLINA E HIJOS, pueden tener otra participación del 9%, caso de que se trate del mismo Molina López.

    En cualquier caso, ¿cómo podemos calificar de “independiente” y otorgarle toda la “confianza” y credibilidad a un supuesto informe, redactado por una empresa que tiene intereses urbanísticos en Estepona y que firma convenios con el Ayuntamiento, respecto a otra empresa o convenio que también tiene intereses en Estepona? He aquí la posible respuesta. David   Valadez, tenía relación  con la Inmobiliaria Corales Dos de Estepona,  había adquirido una vivienda a esta inmobiliaria el 9 de octubre de 2007 en este mismo convenio investigado. Es decir Valadez, un año después de interponer una denuncia sustentada en un informe “independiente” de esta empresa, adquirió un inmueble a la misma. Así aparece en el sumario en la página 101 del tomo IX:

“OTROS DATOS DE INTERÉS
El 09.10.2007 David VALADEZ LÓPEZ adquirió un inmueble por un importe de
137.090.86€ a INMOBILIARIA CORALES DOS DE ESTEPONA SL.”

   También José Ignacio Crespo aparece en esta lista como adquiriente de una vivienda a esta misma inmobiliaria, pero por un valor inferior en 30.000 euros con respecto al precio de la vivienda de   Valadez. Contra estos datos, cuando se hicieron públicos hace algunos meses,  Valadez arremetió con su característica locuacidad en sus medios e intentó desmentirlos para demostrar su desvinculación con la empresa, argumentando que dicha vivienda la adquirió en su época de noviazgo con su actual y única mujer la, también periodista (ésta en ejercicio) Mª Ángeles Cervantes. Sin embargo las fechas no coinciden puesto que para entonces (adquisición de la vivienda), ya llevaba varios años casado. ¿Curioso no?. ¿Cómo le pasaron desapercibidos estos datos a la Policía?. No le pasaron desapercibidos, simplemente tenían que seguir usándolo para que les facilitara la información que le fuera requerida.

    Pero lo más sangrante es que  Valadez era el único de las personas relacionadas con el Ayuntamiento que compraron viviendas en esta promoción que , a fecha de este informe de 3 de junio de 2008, ocho meses después, aún no tenía referencia catastral, esto es aún no lo había inscrito en el registro de la propiedad. Así se explica en la página 111 del tomo IX:

"Trabajadores del AYUNTAMIENTO
- Simón RAMÍREZ ALONSO posee la finca con número registral
6834102UF0363S0008IP sita en Ar El Carmen 8 (P) Bl:1 Es:1 PI:O0 Pt:05 y
la finca con número registral 6834102UF0363S0045PS sita en Ar El
Carmen 8 (P) 81:1 Es:3 Pl:01 Pt:A
- David VALADEZ LÓPEZ: el 09.10.2007 adquirió un inmueble sin poder
determinarse a día de la fecha el número de referencia catastral.
- Francisco Alberto GONZÁLEZ MENA posee la finca con número registral
6834104UF0363S0006QI sita en Ar El Carmen 3 (P) Es:1 Pl:00 Pt:12.”
 
     Fíjense el detalle; el hecho de tener referencia catastral le permite a la Policía publicar la calle, el número, etc, de los que han comprado un piso en esta promoción. Lo que no ocurre con  Valadez, pues es el único de estos tres citados aquí, y de los quince que adquirieron viviendas, que aún no la había registrado en el momento de redactar este informe policial de dos semanas antes del inicio de la operación “antiterrorista”.
 
   Valadez era, o se convierte así, presuntamente, no tanto Concejal sino informador policial. Esto es, chivato de la Policía. Generalmente conocidos como arrepentidos que se ponen al servicio de la Policía, para la  obtención de pruebas enfocadas a la averiguación de delitos, a cambio de alguna contra-prestación, como puede ser el perdonarle a él o no imputarle  para beneficiarle durante el juicio.

     Pero por lo visto esta no su vivienda habitual. Curiosamente, todas las viviendas adquiridas en esa promoción investigada están sitas en la Avda El Carmen. Pues bien, según los domicilios aportados por los denunciantes, David VALADEZ LÓPEZ, con Documento Nacional de Identidad número 77.451.290-D, tiene su domicilio en la calle San Juan número 24, 2" planta de Estepona (Málaga). Por tanto esta no sería la vivienda que había adquirido en 2007. Así, pues,  Valadez o tiene dos viviendas como mínimo, o vive en un domicilio alquilado o propiedad de otros; familiares, etc. En cualquier caso, ¿por qué no registró su vivienda comprada a una empresa investigada, pero cuyos informes él los calificada de toda confianza e independientes? Tal vez porque pensó que así nadie le podría vincular o sería más difícil hacerlo, a dicha empresa. Cosa que, efectivamente, de no haber mediado una investigación policial sobre la misma, hubiese sido imposible, al no constar nota simple en el registro. La otra razón puede radicar en ahorrarse él el IBI y demás impuestos.

      En otro orden de cosas, algo que no se cuestiona en estos tomos, sobre el que se ha abierto parte  del sumario, es el papel que en todo esto han tenido las entidades financieras. Algo que analizaremos también en próximas entregas. Avanzarles que, “lógicamente” ningún directivo bancario ha sido imputado. ¿Pero había razones para lo contrario?.  ¡Quien dijo que con la Iglesia, con los bancos hemos topado!”.

   Así las cosas, la Policía emite otro informe el día 9 de abril de 2007  “Sobre las presuntas  actividades de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero llevadas a cabo en el entorno del Ayuntamiento de Estepona”. En otra página de este informe los delitos los da por hecho:

“En virtud de lo cornunicado en el Informe mencionado anteriormente, para
continuar la investigación, recoger pruebas sobre las actividades de cohecho,
malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y otros delitos asociados,
identificar a sus autores y determinar la participación de cada uno de ellos en las
mismas.” (Página 411. Tomo I)

     La Policía, sin más pruebas que las falsas o manipuladas o sesgadas, aportadas por  Valadez, da por hecho en este informe la confirmación de los delitos. Pero, al igual que con los anteriores, nada se había investigado. De hecho, como se apunta en párrafos anteriores, a fecha de 3 de junio de 2008, casi dos años después de la denuncia, la Policía no los tenía en su poder, a pesar de confirmar en su primer informe de fecha 27 de marzo de 2007, la existencia de los mismos. Un sinsentido más puesto de manifiesto en el transcurso de la investigación que, por otro lado, está centrada en escuchas más aptas de un programa del corazón que de una verdadera y seria investigación policial.

   La Introducción de la página 419 de este informe la encabeza nuevamente alusiones a Manuel Reina. En un intento de relacionarlo con la operación Gruta, por el hecho de que los propietarios del Club Oasis estaban inmersos en esta  operación de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Y puesto que, supuestamente, dieron un dinero al PES para publicidad en un periódico local, supuestamente en pago de la licencia de apertura de su establecimiento situado en El Padrón, los policías llegan a inmiscuirlo en la operación por tráfico y blanqueo:

“En la denominada "OPERACIÓN GRUTA", desarrollada por esta Sección de
Blanqueo de Dinero en el Juzgado Central de Instrucción número CINCO, en el
marco de Diligencias Previas 200/2005, por presuntos delitos contra la Salud Pública
y Blanqueo de Capitales, se ha tenido conocimiento de presuntos delitos de cohecho.
Estos delitos de cohecho son consecuencia del pago de comisiones efectuado por
unas personas (imputadas como responsables de presuntos delitos de tráfico de
estupefacientes y/o de blanqueo de capitales en las citadas Diligencias Previas) a
otras personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona (Manuel REINA
CONTRERAS, Arturo Manuel CEBRIÁN GARCÍA y Ana María CRESPO DE
LUCAS), con el fin de que se concediera la licencia de apertura del establecimiento
"OASIS CLUB PLAZA" en la localidad de Estepona.”

     Más adelante haremos una observación sobre este dato. Otra esperpéntica revelación aportada por los denunciantes, al que dio crédito, sin más, la Policía, se refiere a las elucubraciones contenidas en el informe policial y cuya reseña aparece en la página 131 de este tomo I. Por esta regla de tres, de imputar hechos inconexos porque aparezcan en sumarios diferentes depende de cómo convenga, igualmente delictivo pudiera ser el famoso convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Valadez, a mediados de este año 2009, y la familia Real Saudí. Digo esto porque en el último libro de Daniel Estulin: “Los señores de la sombras”, aparece citado un miembro de esta familia en un caso de tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Así lo recoge el citado autor: Daniel Estulin: Los señores de las sombras, Editorial Planeta 2007. Páginas 294-295:

    "En 1999, la agencia contra la droga estadounidense (DEA) desarticuló una enorme conspiración que involucraba a un príncipe saudí en el tráfico de cocaína desde Colombia...." "En junio de 1999 fueron confiscados en París 808 kilos de cocaína..."

   "A través de un fax interceptado, la oficina regional de la DEA en Bogotá supo de la cocaína incautada y pudo vincular la operación con los saudíes. La investigación de la DEA estaba enfocada sobre todo en el príncipe Nayif al Saud, alias El Príncipe... "A la caza de contratos internacionales de tráfico de estupefacientes, Nayif viajaba en su propio Boeing 727 y se valía de su estatus diplomático para evitar las revisiones de aduana."   "Nayif también se habría reunido con miembros de los cárteles de la droga en Marbella..."

     La reunión a la que alude Estulin tuvo lugar en el Palacio que la Familia Real saudí tiene en Marbella. Por cierto,  puestos a divagar, podemos implicar también al Rey de España quien, durante  una de las visitas últimas realizadas por el nuevo monarca saudí, tras la muerte del Rey Fa, a su Palacio de Marbella, mantuvo allí con éste una visita de cortesía.

   Por cierto que respecto a la familia saudí, existe una referencia, sobre una posible operación irregular, como no, infundada también, a raíz de lo que hemos explicado, puesto que el convenio con los saudíes lo ha firmado el propio Valadez siendo ya él la máxima autoridad local. Página 61 tomo VI:

"Respecto a estas llamadas es de resaltar que Ignacio BAYON es socio único
de la empresa INVERSIONES CLAUDIETA AZUL SL, cuyo objeto social es realizar
inversiones en derechos de aprovechamiento y urbanísticos, por lo que estas llamadas
pudieran desembocar en algún tipo de actividad ilícita, por las claras intenciones de
éste en formar parte de este proyecto y por la forma de negociar que tienen los
inversores saudíes, los cuales de todos es sabido el potencial económico que poseen,
por lo cual todos estos extremos serán investigados.
(Conversaciones mantenidas los días 13.12.07 a las 11:49 y 19.12.07 a las
20:03)."

¿Será investigado, pues, el convenio firmado por Valadez con la familia saudí?

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Una Operación inquisitorial (XIX)

Ya hemos apuntado algo sobre la presión mediática, ejercida en Estepona, por parte de  la señora de  Valadez y sus  compinches de profesión y medios, durante los meses previos y posteriores a la Operación Astapa. Especialmente hasta su investidura. Veremos incluso como sus informaciones, a través del vehículo de EFE y Europa Press, se reflejaba tal cual en diferentes periódicos sin cambiarse ni una coma. Analizaremos también dónde y cómo se produce la manipulación o desinformación informativa, valga la redundancia.

   Como estamos viendo, el principal objetivo de Valadez, con sus denuncias, escondía la consecución de la alcaldía, la toma de Estepona a toda costa. Lo que su ejecutiva regional no le había permitido: ser el nº1 por la lista del PSOE en 2007, lo conseguiría a través de un atajo. El fin justificaría sus maquiavélicos medios. Para ello no escatimó recursos, incluso la utilización de la Policía y la Justicia para conseguir su objetivo con  denuncias falsas o manipuladas, como estamos analizando en estos capítulos. La propia Policía ha sido víctima del atajo político de  Valadez en pro de su interés político y personal, labrándole el terreno.

    La mala fe de  Valadez va muy lejos y el deseo de imputar, sin pruebas, frívolamente, tanto de los propios denunciantes, como  de la Policía o  de la jueza Conejo y del propio fiscal ¿anticorrupción?, Juan Carlos López Caballero, es lo más preocupante para quienes creían confiar en la Justicia. En el caso de los estamentos policiales y judiciales, su actuación  roza el esperpento; poniendo en entredicho tanto su imparcialidad como su profesionalidad; algo que, como el valor al soldado, a ellos debería suponérseles. La Policía sigue el dictado de  Valadez a pies juntillas, indiferente ante el hecho de que  éste tenía intereses personales ocultos en su denuncia, relacionados con la política. Pero esta circunstancia no generó ninguna sospecha, increíblemente, entre los investigadores.

    En muchos casos las informaciones de los denunciantes están sacadas de contexto y carecen de relevancia. Añadiendo datos igualmente inconexos pero que engrosan el expediente y la confusión intencionadamente implícita en las mismas. La colaboración de la Policía con  Valadez se pone de manifiesto en este primer tomo del sumario (donde se toman las principales actuaciones), una vez que ni las referencias a los medios de comunicación, cuyas informaciones son entregadas a la policía entre la documentación, ni los presuntos informes “externos”, como los de CODELSA avalando las denuncias, aparecen en este sumario. Al menos en estos tomos donde deberían constar. De hecho hasta el día 3 de junio, como mínimo, la Policía los desconocía.

    He aquí la prueba. Según  el INFORME N'' 52.272 UDEF-BLA RECONSTRUCCIÓN DE CONVENIOS TOMO 3/3 de fecha 3 de junio de 2008. La propia Policía carece de dichos informes que, recordemos, dieron pie a la toma de las graves y drásticas medidas poli-judiciales, incluidas las intervenciones telefónicas. Así, según el citado informe, en sus  páginas 84 y 85, la Policía reconoce que aquellas presunciones sobre las infravaloraciones del suelo por informes “independientes” de CODELSA (imputada), puestas de manifiesto por   Valadez en  su denuncia, en realidad no existen, al menos hasta la fecha mencionada:

“Como ya se indicaba, este Convenio es otro de los ejemplos de las valoraciones inadecuadas efectuadas por Javier WITMEUR, según la valoración a precios de mercado efectuada por el Arquitecto Técnico José Antonio MOLINA LÓPEZ, de la entidad CODELSA, si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones, no pudiéndose determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó, aunque la lógica derivada del estudio de otros Convenios así lo indicaría.”
     ¿Cómo puede afirmar la Policía que la valoración era inadecuada, no presuntamente inadecuada,  basándose en otro informe que dice no disponer de él? ¿Entonces cómo ha llegado a disponer que las valoraciones eran inadecuadas?, ¿por la prensa?. Sólo faltaría eso: que la prensa marcara el paso de las investigaciones policiales en España. ¡Cómo hay tantos buenos profesionales y no están politizados!. Ni siquiera hoy, 6 de marzo de 2016, cuando actualizo esta previa información, se sabe si las valoraciones eran o no inadecuadas, pues aún está a la espera la Policía de 30 informes sobre dichos convenios.

     Recordemos que se trata del convenio Mundo, el cual, ni siquiera llegó a firmarse, como indica la propia Policía en la página 77 del mismo tomo,  ante la negativa de  Valadez y Cristina a poner su rúbrica en una adenda, de este convenio, posterior a la primera firma del mismo que, en aquella ocasión sí fue rubricado por uno de  los ediles denunciantes: David  Valadez. Pero las divagaciones van aún más lejos. A Witmeur se le intenta desacreditar, por parte de los denunciantes en sus denuncias,  debido al hecho de que se trata de un ingeniero técnico, no arquitecto. Curiosamente tal es la cualificación de José Antonio Molina López, quien, además, trabaja para CODELSA, imputada en esta operación y que tiene intereses urbanísticos en Estepona, según los propios informes policiales, cuyas citas iremos exponiendo.

    Sin embargo, estos informes, que según los denunciantes hablaban de infravaloración del suelo, deberían de constar en este tomo I,  pues  contiene la denuncia donde se hace referencia a los mismos y los diferentes pasos poli-judiciales que se adoptaron a raíz de ello. Sólo aparecen descritos, de forma parcial y según la interpretación que sobre ellos quiera hacer, de forma subjetiva, la Policía para adaptarlos a su interpretación de los hechos. ¿Dónde están estos “informes externos” si dice no disponer de ellos. ¿Al menos de uno, por ahora? ¿Por qué no aparecen en el sumario los originales? Porque no existían en la denuncia original, era sólo la palabra de los denunciantes. Sin embargo el propio  Valadez indica en su denuncia la entrega de dichos documentos:

“Adjuntamos también a esta documentación distintas valoraciones realizadas por técnicos extemos al Ayuntamiento y de nuestra absoluta confianza que han sido los encargados de realizar varios informes en los que se demuestra fehacientemente cómo la tasación realizada por el Consistorio es, siempre, muy inferior a la del mercado.
VER VALORACIÓN EXTERNA CONVENIOS”

    Los informes de CODELSA, son ahora de ¡absoluta confianza para  Valadez, y su palabra  va a misa!.  Pero, ¿dónde están?. ¿Por qué la Policía dice, como acabamos de exponer: “si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones” refiriéndose a uno de dichos informes?. ¿Me lo pueden explicar? ¿Podríamos estar ante un motivo más de nulidad de aquel informe policial de 27 de marzo de 2007, en el cual se solicitaban las medidas contra los imputados y con el que tanto Fiscalía como jueza Conejo, avalaron la adopción de tales medidas? Si la Policía reconoce, casi dos años después que no han tenido acceso a dichas valoraciones  “independientes” señaladas por  Valadez en su denuncia, ¿acaso mintió   Valadez?. Repito, esa “valoración externa de convenios” no ha aparecido en los XIII tomos del sumario, la propia Policía lo reconoce, y debería formar parte del mismo. Un servidor, la verdad no lo entiende.
  
   Más delictivo sería aún que descubriésemos que los informes supuestamente realizados por CODELSA, empresa en la cual  Valadez, según este párrafo ahora confía, ni siquiera existan o estuviesen movidos por motivos e intereses de CODELSA en dichas construcciones, que se emprenderían a raíz de los citados convenios, y en la cual ella pudiera estar interesada, en un intento de abortarlos por intereses propios. Estos son los datos del sumario. Aunque a lo mejor es que uno no los entiende bien, o  alguien ha querido redactarlos de manera que no se entiendan.

      Supongamos que dichos informes existen y que los ha redactado quién dice la Policía que los ha redactado. Lo cierto es, por otro lado, que la Policía misma admite que no puede asegurarlo:

“Como ya se indicaba, éste Convenio es otro de los ejemplos de las valoraciones inadecuadas efectuadas por Javier WITMEUR, según la valoración a precios de mercado efectuada por el Arquitecto Técnico José Antonio MOLINA López, de la entidad CODELSA, si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones, no pudiéndose determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó, aunque la lógica derivada del estudio de otros Convenios así lo indicaría.” Tomo IX. Página 83-84.
     Lo que ya hemos hablado. Califica las valaraciones de Witmeur de inadecuadas, según la valoración de José Antonio Molina Lópéz, al tiempo que admite que no dispone del “pertinente informe de valoraciones, no pudiendo determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó”.  ¿Entonces en qué quedamos?

     Pues bien José Antonio Molina López, que no es arquitecto sino arquitecto técnico, recuerden este dato, como presumíamos anteriormente no es que trabajara para una empresa que pudiera tener intereses urbanísticos, es que forma parte de la administración de una como mínimo, en concreto, que participó en otro convenio que también sería investigado, el convenio de El Carmen:

24 UNIDAD DE EJECUCIÓN DE "EL CARMEN" (UEN-R38).-
En el siguiente apartado se procede a analizar las operaciones urbanísticas
que han tenido lugar, posiblemente después de la firma de un Convenio, del que se
desconocen los datos, en la Unidad de Ejecución UEN-R38 El Carmen, cuya principal
protagonista es una mercantil administrada por los hermanos DELGADO ALGAS,
cuñados de Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ.
Consultado el Catastro, las fincas incluidas en el Convenio El Carmen
pertenecerían a:
INMOBILIARIA CORALES DOS DE
ESTEPONA SL
INMOBILIARIA CORALES DOS DE
ESTEPONA SL Y PARTICULARES
AYUNTAMIENTO
LIDL SUPERMERCADOS SA
24.1 Información de la AEAT v del Registro Mercantil.-
. INMOBILIARIA CORALES DOS DE ESTEPONA SL ÍB92207984)
- Fecha de constitución 04/01/2001
- Capital social 546.000,00€.
- Calle Real, número 89, Entresuelo, Estepona, Málaga.
- Compra, venta, promoción y explotación de toda clase de bienes inmuebles por
cualquier forma admitida en derecho.
- Presidente: Vicente DELGADO ALGAS; Consejeros: Andrés MARTIN CABA,
Juan José FERNANDEZ VÁZQUEZ, Vicente DELGADO ALGAS, Félix DELGADO
ALGAS y José Antonio MOLINA LÓPEZ; Consejero delegado solidario: José
Antonio MOLINA LÓPEZ. Tomo IX. Página 95

    Como vemos el nombre de José Antonio Molina López aparece en dos ocasiones: una como  consejero delegado y otra como consejero delegado solidario de Inmobiliaria Corales Dos de Estepona, una de las empresas que participaban en el convenio. ¿Tenían sus facultades mermadas quienes avalaron sus denuncias a tenor de unos “informes independientes”, realizados por un señor, Molina López y/o CODELSA,  los cuales, como hemos analizado más arriba, al señor  Valadez les merecía toda su confianza?  Pero es que, además, el señor José Antonio Molina López, es arquitecto técnico, al igual que el señor Witmeur, a quien  Valadez cuestiona sus informes por no tener la cualificación total de licenciado en arquitectura, esto es, arquitecto a secas. ¿Estos datos no levantaban sospechas sobre las incongruencias que la investigación iba destapando respecto a los datos aportados por los denunciantes desde principio?

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Una Operación inquisitorial (XVIII)

¿Por qué la Policía no indagó este extremo, al igual que lo que se pone en boca del notario? Otra vez; porque de haberlo hecho, hubiera levantado la liebre contra miembros del PSOE, en plena campaña electoral. Por eso se decidió no verificar tales declaraciones y esperar a que el caso fuese secreto. Una vez secreto, la inacción policial se fundamentaría en dicho secreto sumarial y así no se comprometían los intereses electorales del PSOE, a cuyo cargo estaba el Ministerio del Interior que, por definición, sabe de todas (y sobre todo de las que más puedan afectar a su partido), las operaciones policiales en marcha. La designación de un fiscal afín, como es el caso del Fiscal Anticorrupción por oficio del Fiscal General del Estado garantiza tal confidencialidad y previene tales eventualidades.

       En el caso del  notario mencionado, le ponen en su boca, además en la denuncia en la página 75, que miembros del PSOE “se están llevando dinero con cajas fuertes en Marbella”. Pero ¿se investiga este extremo?. Tampoco.

        La Policía, sin más, da crédito a este esperpento, sobre el cual no existían pruebas grabadas o escritas, que avalasen la credibilidad de la denuncia en este sentido, o al menos no se citan en los tomos abiertos hasta el momento. Teniendo en cuenta que en ellos se relatan las actuaciones llevadas a cabo hasta el día 18 de junio, un día después de estallar la operación “anti-terrorista” Astapa, posiblemente no haya una investigación previa que avale tales afirmaciones ni esté recogido en ningún documento o grabación que confirmen tales sospechas. La Policía  hace suyas las imputaciones de Valadez en el informe remitido a la Fiscalía de Málaga, por petición de ésta.

       Por lo que su falta de perspicacia quedó patente en estos y otros casos, como el que revelamos a continuación, donde el propio  Valadez admite y da por bueno que un empresario haga donaciones, siempre que sea a su delegación, ¡claro!. En su denuncia expone estas  prácticas, supuestamente realizadas por otros. La Policía no toma medidas contra él a pesar de que parece dejar implícito que un empresario donó bienes a su delegación (material geriátrico) e hizo obras para la misma, como explicamos a continuación.

       Este párrafo, contenido en la introducción de la denuncia, es bastante elocuente  y habla por sí mismo del doble lenguaje de  Valadez y de sus diferentes varas de medir, según le convenga. Así dice el párrafo citado contemplado en la página 75 (I Tomo) y así le toma el pelo a la despistada Policía:

“El imputado en la Operación Malaya, Angel Rodríguez, en representación de la multinacional farmacéutica ORPEA nos exigió (a David Valadez y al Técnico de la Delegación de Bienestar Social José Luciano Sánchez) que se puso en contacto conmigo en mi calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista para pedirme mi mediación con la Junta de Andalucía porque le estaban pidiendo dinero desde el Ayuntamiento para poder desarrollar un convenio urbanístico cuya licencia estaba, según aseguraba, en perfectas condiciones desde hace años. Fueron varias las reuniones mantenida con él y en más de una ocasión se lo trasladé al propio alcalde sin que mi mediación resultase fiuctífera, Prueba de que su empresa quería colaborar con el Ayumtamiento de Estepona es que donó material geriátrico para una Residencia de la localidad y estaba dispuesto a sufragar distintas obras de infraestructuras de carácter social. Siempre me aseguró que no estaba dispuesto a tener que pagar en Estepona como lo había hecho en Marbella y mucho menos cuando había un alcalde socialista.”

     Prueba de que para  Valadez vale todo es el uso interesado, a falta de más contundentes argumentos, (incluso el de un imputado en la Operación Malaya), para sustentar sus manipuladas denuncias. ¿Está justificando que un imputado en la Operación Malaya, realice obras y donaciones  para su delegación en la misma denuncia que recrimina a sus compañeros la misma actitud? ¿O, por el contrario, estaba denunciándolo por haber realizado dichas obras para su delegación? ¿No es una contradicción? ¿No es este un motivo para imputar a Valadez, pues él mismo reconoce que un imputado en Málaya donó material para su delegación y ve con buenos ojos que realice obras para la misma; mientras que denuncia a sus compañeros por estas mismas razones, respecto de otras empresas? ¿No supo ver la Policía lo incongruente de estas revelaciones? Por otro lado, queda de manifiesto el conocimiento de la Junta de todo lo que, según   Valadez, ocurría en el Ayuntamiento y sin embargo permitió la candidatura de Barrientos en el puesto Nº 1 de la lista. No estarían tan fundadas pues, estas denuncias, para el PSOE andaluz.

     Otras de las denuncias de  Valadez, y que la propia Policía recoge en su informe, es la referida a la empresa Bonifacio Solís, aparecida en la página 309 del tomo I en formato PDF. Para ello, Valadez se basa en declaraciones del concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, y afirma lo siguiente contra esta empresa. Primero acusa, después esconde la mano:

"Juan Manuel RODRÍGUEZ (miembro del Partido de Estepona PES y ex gilista) el día 7 de diciembre de 2006 manifestó en presencia de varias personas, que el empresario local Bonifacio SOLIS había tenido que pagar al Segundo Teniente Alcalde, Rafael MONTESINOS RUBIO (portavoz del Partido Andalucista) la cantidad de 20 millones de pesetas para poder construir. Es de destacar que en estos momentos Bonifacio SOLIS es el encargado de la ejecución de distintos proyectos de infraestructuras, competencia casualmente de la Delegación que Rafael MONTESINOS RUBIO ostenta. Cabe resaltar, por ejemplo, la construcción de aparcamientos subterráneos gracias a una concesión municipal.”
    Juan Manuel Rodríquez, efectivamente, es “ex-gilista” pero, ¡qué casualidad!, no está imputado. Sin embargo esta empresa  hoy, con  Valadez en la alcaldía, sigue siendo  una de las principales receptoras de las obras que se llevan a cabo, a través de diferentes planes municipales y estatales,  entre ellos el conocido como Plan E. De hecho el viernes 18 de diciembre de 2009, según se ha hecho público, esta empresa, en una UTE junto a la empresa Construcciones Diego Soto, ha sido la adjudicataria para la construcción de un colegio en Estepona, cuyo presupuesto asciende a tres   millones de euros de la Junta de Andalucía. ¿No es curioso?. ¿No es curioso tampoco que Rafael Montesinos, no fuera imputado hasta un día después de dar su apoyo a Valadez para la alcaldía?

       Hoy esta empresa  que, según  la denuncia de Valadez, pagó al  líder del Partido Andalucista  20 millones para trabajar en Estepona, además de otros 100.000 euros según aparece en otro tomo que analizaremos, realiza  trabajos,  además, para la delegación de Agripina, curiosamente  del PA que, supuestamente fue el partido que obligó al empresario a donar ese dinero. ¿Podría existir un pacto de silencio entre la propia alcaldía, quienes la sustentan, y la Justicia para posibilitar o mantener el Gobierno de Valadez en el Ayuntamiento?. ¿Y entre el fiscal y la Junta de Andalucía o con el mismo Gobierno de la Nación?. Todo parece indicar que sí.

       Curiosamente, una imputación a miembros de la Junta de Andalucía, contenida en la página 439 del primer tomo del sumario, a resultas del seguimiento telefónico de la operación Gruta, nunca fue investigada por el peregrino razonamiento de que no daban más datos:

    “En este mismo sentido,' José Luis CABÁS ÁLVAREZ ha tenido que realizar gestiones similares en la Junta de Andalucía, dónde, al parecer, también le han solicitado una importante cantidad de dinero (aunque por palabras del propio José Luis CABÁS ÁLVAREZ, existe una contradicción sobre el montante exacto). Así, José Luis CABÁS ÁLVAREZ én conversación con Pedro FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ le comenta los requisitos y reformas que les exige la Junta de Andalucía y refiriéndose a un Inspector (sin ofrecer más datos) dice: "coste: un millón ahora y un millón a la licencia y que pasa todo el informe él y toda la licencia él. Esto es la puta. Además en la puta cara, además me sacó a tomar un café y sin cortarse ni perezoso"15” 

   “Refiriéndose a esté mismo incidente, José Luis CABÁS ÁLVAREZ habla con David CHULIÁN, ex gerente del club, "OTRO LÍO CON LA JUNTA: CINCO MILLONES MÁS". David CHULIÁN le pregunta si ese dinero es en concepto de impuestos, a lo que José Luis CABÁS ÁLVAREZ contesta tajante con un "no. en cuestión de comisiones pa ellos (...). ésto solo pasa en tu tierra" "que para arreglarnos con los papeles que cinco kilos".16 Minutos después, José Luis CABÁS ÁLVAREZ aprovecha una conversación con su arquitecto José Juan (sin más datos) para referirse a la Junta de Andalucía "también quieren dinero", "que con cinco kilos se arreglan"
 
      El “montante exacto” radicaba en que la  Junta, presuntamente, pidió dos millones y éste a su socio le informa sobre cinco. Pero ya iremos viendo otras implicaciones de la Junta que, tanto el fiscal como la jueza intentan evadir. Ya lo dijo Santiago Torres, instructor del caso Malaya, más o menos textualmente que: “a ciertos niveles se imposibilita por todos los medios la investigación”. Uno o varios convenios denunciados lo firmó el propio José María Ruiz Povedano, Delegado de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
      
     Este informe estaría basado en las conexiones aparecidas a través de las escuchas telefónicas, con motivo de la operación Gruta y la operación Malaya. En otros casos, en las declaraciones de varios imputados recogidas en el tomo XIII, se habla, por parte de uno de los propietarios del local Oasis, de 18.000 euros que le exigió un técnico de la Junta de Andalucía bajo la amenaza de que le enviaría una inspección cada semana. Ni fiscal ni jueza insistieron en sus preguntas al detenido sobre las imputaciones que hacía a un miembro de la administración pública andaluza. ¿No es curioso?.   De hecho hoy, en Marzo de 2010 dos años después de iniciarse la operación nadie de la Junta está imputado.

      Así las cosas, imagínense cómo no estará redactado el auto de 29 de Marzo por el cual la Jueza, Susana García Ruiz, accede a la petición policial de intervenir las cuentas y los teléfonos de los imputados. Escuchas que a pesar de su ilegalidad, como explicaremos, no aclaran, por sí mismas, ningún delito ni justifican las precipitadas y desproporcionadas medidas adoptadas el día 17 de Junio de 2008. Descontando que, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, también las supuestas investigaciones, son objeto y tienen su origen en la tergiversación de las denuncians y en interpretaciones erróneas posteriores de los "investigadores". 

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Una Operación inquisitorial (XVII)

Recapitulando:
Tenemos que, basado en declaraciones de alguien que tiene intereses personales en la política esteponera (ya hablaremos de la sincronía entre este asunto y su promoción en el PSOE), se adoptan medidas que vulneran uno de los principales derechos reconocidos en la Constitución; derecho a la privacidad de las comunicaciones, con un sistema, SITEL, cuya legalidad y el artículo que permite las escuchas es más que dudosa en último caso, según apreciaciones del propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2003, donde insta al Gobierno a modificar, en el Código Penal, el artículo que las autoriza al no consignarse en el mismo un límite de tiempo sobre las mismas, cuyo límite se deja a la consideración del juez. Cosa que el Gobierno aún no ha hecho y ya han pasado siete años.

El auto de la jueza de 29 de marzo de 2007, accediendo a la petición del Fiscal, sin estudiar el expediente; por lo que parece actuar al dictado de alguien y no con la autonomía que se le supone a la Justicia, no tiene desperdicio tampoco. No se hace ninguna mención en el mismo, como es de rigor a estas alturas, a las consecuencias en las que podrían incurrir los denunciantes, caso de demostrarse la malintencionalidad o temerosidad de sus denuncias. Tampoco son advertidos por la Policía, en su primera denuncia de las responsabilidades que pudieran caer sobre ellos, caso de ser falsas las denuncias que imputan. Al menos no aparece en el sumario. Esto da pie a pensar que, de demostrarse la falsedad de la denuncia de Valadez, como se demostrará puesto que el defecto viene desde el principio, los responsables deberían ser los propios estamentos fiscal, policial y judicial. Además de los propios denunciante y denuncianta (parafraseando el diccionario personal de la lengua de la ministra Bibiana Aido, que casualmente es la Ministra de Igualdad).

Se percibe cierto tono paternal hacia los denunciantes, será a causa de la rareza del caso, por parte de todos los actores: Policía, Fiscalía y jueza, y otros altos estamentos que irán insinuándose. El auto se adopta sólo un día después de la petición de la Fiscalía (por lo que parece que está previamente pactado con alguien en instancias superiores que salvaguarda el interés electoral del que lo ha puesto ahí), teniendo en cuenta únicamente las declaraciones de los denunciantes, sin que se haya adoptado ninguna medida previa ni estudiado en profundidad el expediente, lo cual contrasta con las medidas tan severamente graves que adopta. Comienza así:

“A U T O
En ESTEPONA a veintinueve de marzo de dos mil siete.

HECHOS

ÚNICO.- Con fecha 28 de marzo de 2007, se ha presentado escrito de denuncia de la FISCALÍA de MALAGA unido a un extenso informe policial y que siguiendo las normas de reparto ha recaído sobre este juzgado y habiéndose incoado Diligencias Previas 1030/2007...”

El “extenso informe policial” no es otro que el que ya hemos aludido, que lo único que recoge es la ratificación y transcripción, de forma subjetiva, de lo expuesto por los denunciantes, sin que exista ningún informe sobre investigación previa de los hechos denunciados. Ese auto volverá la jueza a citar “el extenso informe policial” de manera nuevamente torticera:

“SEGUNDO.- De acuerdo con los hechos denunciados por la Fiscalía de Málaga apoyado por un extenso informe policial, en el Ayuntamiento de Estepona se han detectado presuntamente diversos episodios de actuaciones administrativas irregulares que pueden tener significación jurídico penal...”

La fiscalía no denuncia ningún hecho, no tiene pruebas de nada de lo que denuncia. Es más, la Policía incluso lo admite en sus conclusiones, sólo documentación subjetivada entregada por los denunciantes; al igual que el informe de la Policía, desprovisto de ninguna investigación previa. No se quiere o “no se puede” investigar lo que se denuncia y da por hecho las palabras, en muchos casos tergiversadoras, de los denunciantes. Durante cuatro meses la denuncia ha dado vueltas y al final acaba en manos de un juzgado, que lo único que tiene es lo mismo que cuatro meses antes. Y así, tan ricamente, sin más, ordena intervenir los teléfonos y las cuentas bancarias en secreto.

En algunos casos, los datos policiales sorprenden más por lo que omiten que por lo que puedan tener de significativos. En otros casos rozan lo diabólico, por las consecuencias que sus irreflexivas elucubraciones han provocado en cientos de familias inocentes de Estepona, a causa del capricho de un político peligrosamente ambicioso y despechado.

Por ejemplo, en la ficha de detención de Manuel Reina, en el apartado de PROFESIÓN se omite su verdadera profesión de ECONOMISTA y se sustituye por la de “empresario”. Además, para recochineo y dar la impresión de que es un advenedizo de la política, se matiza, sobre su PROFESIÓN, la de Concejal de Hacienda y en la actualidad concejal en la oposición. Esta omisión acarreará una cadena de “errores” policiales, los cuales iremos destapando uno a uno. La animadversión de Valadez, incrementada por el anuncio de denuncia de Crespo contra él, se ceba también con Manuel Reina y se contagia a la Policía.

¿Desde cuando un cargo electo y temporal es una profesión?  Un cargo electo, en democracia, es eso, un cargo electoral y por tanto tiene fecha de caducidad. Es temporal, sólo el ciudadano decide sobre su permanencia. Aunque bien es cierto que socialistas como Valadez (que es recién licenciado en periodismo cuando llega a concejal, pero no ejerce por eso mismo, para qué; ya es político), o como Chaves, Zarrías, etc., han hecho de la política su profesión. En la cúpula del PSOE regional la gran mayoría de sus miembros. Esa es la única profesión que han ejercido desde hace 30 años. (Consúltese La Teleraña Andaluza en Internet).

A Reina se le imputan coches de alta gama, cuando en realidad conduce un BMW de segunda mano comprado en 2001, o sea, tres años antes de meterse en política, fruto de su trabajo como economista. Su empresa que no es más que una consultoría, la dirige desde años antes de su irrupción en el ámbito público. En cuanto al nivel de vida no es ni más ni menos que el mismo el que llevaba antes.

Este dato, que ya de por sí es malicioso, por la omisión intencionada que se produce en él, no es nada comparado con la descripción que se hace, en el mismo documento, sobre sus hijos. Que son tres y todos menores de edad. En el apartado de HIJOS, citan el nombre de los dos varones con nombres y apellidos a pesar de sus minorías de edad que no superan los nueve años (7 y 9), y respecto al otro, que es una hija, más joven aún dicen: "y otro cuyos datos se desconocen”. ¿No habíamos quedado que estaban investigando, ¿qué investigaron entonces? Nada.

¿Obedece esta alusión a un intento de dar a entender que esa hija ni siquiera está registrada o es ilegal?. Aunque sea legal o preceptiva la inclusión de estos datos, ¿qué relevancia puede tener nombrar a dos niños menores de edad en un sumario policial que ya es público, a los que nada se les imputa?. Si uno fuera mal pensado calificaría estos datos policiales de indecentes. ¿Acaso desconoce la Policía la Ley de Protección de Menores?.

Lo de Manuel Reina es saña. En la página 73 del tomo primero (siempre en formato PDF) se le cita como receptor de 150 millones según unas supuestas declaraciones de un notario de Estepona. Ya apuntábamos algo en páginas anteriores. El texto dice así:

“ Otros asuntos:
. El Notario de Estepona, don José María García Urbano nos ha asegurado que hay un concejal del equipo de gobiemo que ha cobrado, en concepto de comisión, 150 millones de pesetas y que de hecho esa comisión se reflejaba en la propia venta de la escritura (nosotros creemos que ese concejal es Manuel Reina Contreras, concejal de Hacienda y del Partido Estepona).”

Pues bien, según hemos podido conocer, el citado notario no le ha asegurado nada a los denunciante y se encuentra a la espera de la apertura del secreto sumarial para interponer las correspondientes denuncias o querellas contra éstos. Éste niega ser el autor de dichas palabras que Valadez y Cristina le ponen en su boca. Este asunto traerá cola, porque además los datos aportados para avalarlo son totalmente, como describiremos aquí. Puesto que esta operación imputa a Reina al relacionársele familiar e íntimamente con un gran empresario con quien es igualmente falso que tenga algún lazo familiar.

En otra ocasión, es un farmacéutico, cuyo nombre y ubicación se omite e incluso diría yo se falsea, quien, supuestamente, realiza acusaciones sin fundamento contra Reina. Sin embargo, ese supuesto testigo tercero no es consultado previamente por la Policía, al igual que el notario citado con nombre y apellidos. Por su parte Reina, niega tales declaraciones y dice desconocer a ningún farmacéutico en cuestión. Ni siquiera existe una supuesta farmacia donde los denunciantes la sitúan.

La perla dice así:

“Hace aproximadamente dos años, un farmacéutico de Estepona. nos comentaba que su suegra, que tiene una parcela de 500 metros en la barriada de Cancelada (Estepona), había sido sobornada y se le exigía que a cambio de que esa unidad se pudiese desarrollar tenía que entregar una cantidad económica en un maletín en el hotel Kempiski a los concejales del PES, Manuel Reina y José Ignacio Crespo.”

Tomo I. Página 75.

En los trece tomos del sumario tampoco aparece investigado este extremo. La declaración de Cristina Rodríguez aporta algo más de luz sobre dicho farmacéutico.Añade solamente que está ubicado cerca de la Residencia Virgen del Carmen y que tiene una propiedad en Cancelada (donde ella, qué casualidad, presuntamente se construyó parte de su vivienda ilegalmente según rumores que corren por foros esteponeros. Dice así:

“Que la referencia a un farmacéutico de Estepona, solo sabe que se trata de una farmacia situada al lado de la Residencia Virgen del Carmen y que el dinero que tenía que pagar estaba relacionado con una parcela de su propiedad en la Barriada de la Cancelada.”

No se afirma, por parte de la denunciante, que pagara, sino “que el dinero que tenía que pagar”. Meros rumores convertidos en pruebas contra alguien. Amén de este desliz policial, que sumamos a tantos otros que iremos relatando, lo curioso es que ésta respuesta debió aprobarla el fiscal, desconocedor de Estepona; pues de lo contrario no la hubiera dado por válida. Ya que al lado de la Residencia Virgen del Carmen (si se refiere a la residencia de ancianos del mismo nombre) no existe ninguna farmacia. La más cercana no está precisamente al lado, sino cinco o diez manzanas más abajo (a una distancia de unos 300 metros). Una en la Avenida Juan Carlos I (junto a los juzgados) y la otra, algo aún más lejos, junto al Barrio San Isidro. El único comercio parecido muy cerca de la Residencia Virgen del Carmen, es una parafarmacia, donde no se vende medicina, sino productos alternativos para la alimentación y la salud, creado recientemente y cuya propiedad corresponde a una mujer, según el cartel que se encuentra a la entrada del negocio, no a un farmacéutico.

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Una Operación inquisitorial (XVI)

Ese mismo día 28 de marzo, sólo un día después de recibir el informe policial, lo que demuestra que no pudo tener tiempo material para estudiar toda la información recibida de Madrid y contrastarla, la Fiscalía se limita a tipificar los presuntos delitos y solicita la escucha, grabación, investigación en la Seguridad Social, intervención secreta de las cuentas bancarias, etc., de los imputados, en principio. Lo que sería una arbitrariedad jurídica, por no llamarlo caza de brujas al más puto estilo inquisitorial. En un país como Alemania, el hecho de intervenir los teléfonos de alguien por dos meses  ya es rechazable; para vergüenza de nuestro sistema judicial, esta situación se prolongaría  casi por un año  en algunos de los “investigados”.

     La siguiente fecha es el 29 de marzo, como si fuera la misma denuncia del 16 de noviembre, la jueza del número uno de Estepona, que meses después solicitó su traslado o bien estaba en comisión de servicio (no tenemos contactos en el Juzgado como  Valadez y sus afines mediáticos, lo cierto es que la operación “terrorista” se inicia con la jueza Conejo), tras la petición de fiscalía de sólo un día  antes (28 de marzo de 2007) y sin haber tenido, por tanto, tiempo material, al igual que el fiscal, para analizar con seriedad el contenido del expediente (como de hecho confirma el propio sumario), emite un auto que más parece escrito por Valadez, pues viene a indicar el contenido de los  informes policial y fiscal  y ordena la intervención de todas las comunicaciones de los presuntos implicados. Sin más. Eso sí basada en una retahíla de  preceptos "legales", puesto que al igual que Policía y Fiscalía, da por hecho la comisión de los presuntos delitos y tiene que ponerles nombre. El tiempo desenmascarará, a menos que a quienes les corresponda se sientan tocados en su amor propio y lo rebatan con nuevas apreciaciones (en la legislación española hay para eso y más), la inconsistencia de los juicios previos que avalaron tales decisiones.

   Si la democracia existiera y los derechos de las personas fueran inalienables, estas conversaciones grabadas, que no aclaran el objeto de la investigación de los hechos que la motivaron, ni se tomaron con todas las garantías, serían anuladas.

   En ese sentido, el informe no tiene desperdicio y hace suyo hasta los tergiversados datos de  Valadez. Por ejemplo cuando se refiere a la playa del cristo en el apartado 4.3 del mismo se indica lo siguiente:

“Venta de parcela en Plava del Cristo - La asociación para la defensa de la Playa del Cristo (ADEPLA) está emprendiendo distintas acciones legales para evitar que se venda esta parcela a un precio irrisorio con el único fin de hacer frente a los ingentes gastos contraídos por el Ayuntamiento aunque esto suponga liquidar el patrimonio municipal sin ningún beneficio para la localidad.”

Tomo I. Página 71
    Este dato es falso, manipulado y tergiversador y lo hace suyo la propia Policía (así consta en el informe). Esta asociación tiene interpuesto varios pleitos contra los propietarios de esa explanada que se ganó al mar a finales de los años 70. La intención de esta asociación no es que no se venda por un “precio irrisorio” (terminología valadesca asumida por la Policía), de hecho ya está vendida a la empresa Marín-Hillinger, a no ser que haya algún pleito cruzado en contra de su venta. Lo que no quieren los miembros de esta asociación, y de ahí el motivo de sus denuncias, es que se construya en ella, pretendiendo que se deje como zona de expansión o de zona verde. Claro que ellos disponen actualmente de una situación de privilegio, en primera línea de mar, que se vería afectada caso de que se llevara a cabo alguna construcción delante de sus casas. Curiosamente, muchos de estos propietarios tienen sus viviendas en la misma línea de playa que hoy prohíbe la Ley de Costas. O la tendrían de no existir esta explanada artificial delante de sus edificios.

    En cualquier caso, ésta es sólo una apreciación interesada y subjetiva. Sin relevancia para imputar presuntos delitos. Ese patrimonio ya no es municipal, y hasta los años 70 ni siquiera existía (se le ganó terreno al mar). En cuanto a si tendrá beneficio o no para la localidad es sólo un juicio de valor más, sin aval objetivo alguno como para ser tomado en cuenta por un grupo de investigación policial.

    En la denuncia, a través de un nuevo mero juicio de valor,  se alude a la sede del PES en Estepona de forma inconsistente, como ya es la tónica, y con cierto cariz malévolo y incurioso, para pretender dejar demostrado que  la financiación de este grupo tiene que ser irregular:

“... Instalación de una sede con todo tipo de lujos. Organización de distintas escuelas en la sede....”
     Pues bien, la sede del PES está ubicada en un local bajo que no tiene más de 50 metros cuadrados. Por otro lado ¿acaso es ilegal la “organización de escuelas en la sede”?. Más bien parece una caza de brujas al estilo estalinista (purgas de Stalin), como, de hecho, ha sido.

    Pero si hay algún dato que desacredita la labor policial en este asunto lean esto, contenido en el informe policial:

“Por otra parte bastantes militantes del Partido de Estepona (PES) son trabajadores de las empresas municipales que han accedido a su puesto de trabajo sin someterse a ningún proceso selectivo. De hecho en los últimos tres años han sido un total de más de 300 las contrataciones que se han realizado. En muchos casos las retribuciones y los complementos ni tan siquiera vienen prefijados en el Convenio Colectivo de los trabajadores.”    Valadez ha descubierto América. Él mismo trabajó en Radio Estepona sin concurso ni oposición, siendo presidente de las Juventudes Socalistas. Existe al menos una denuncia en los juzgados de Estepona, denunciando tales prácticas por parte del PSOE, antes de que el GIL, no ya el PES, existiera en Estepona. Una de las que tenemos constancia, y está plenamente contrastada, data de 1994, contra Miguel Castro, alcalde socialista por entonces. En ella se habla de la contratación a dedo de séis personas cercanas al PSOE como redactores de la recién creada, por aquellas fechas, emisora municipal de Radio.Como ya hemos explicado en otras entradas, Valadez fue contratado a dedo por su partido y tras permanecer seis meses, fue despedido tras una moción de censura e indemnizado con 12.000 euros.

      La denuncia se basaba en que Miguel Castro había repetido en la prensa de la época, durante casi tres años, que para la puesta en marcha de dicha emisora se llevaría a cabo la contratación del personal a través de pruebas de selección a las que pudieran presentarse todos los jóvenes de Estepona que quisieran optar a un puesto de trabajo en la misma. Sin embargo desde casi un año antes, uno de los técnicos que al final fue contratado  se encontraba haciendo prácticas en la emisora 340 de Mijas, afín al PSOE, para adquirir los conocimientos necesarios y ser contratado después, como así ocurrió, en Radio Estepona, una vez inaugurada;  junto a otros cinco redactores como los únicos trabajadores de la emisora. Todos contratados a dedo sin ningún concurso u oposición.

    Valadez por entonces aún jugaba  al escondite, al igual que la propia jueza y algunos de los investigadores de este caso. Más de cuarenta jóvenes esteponeros que se habían registrado en el Ayuntamiento para tener acceso a las pruebas de selección se dieron con un canto en las narices.

    De esto, que sirvió para solicitar las medidas tan desproporcionadas que se solicitaron desde el 27 de marzo de 2007 (incluidas las escuchas telefónicas) por parte de la Policía, y desde el día 29 por parte de la jueza, ha quedado totalmente demostrado su falsedad pues, como la policía reconoce en los tomos objetos de la segunda apertura del secreto del sumario (Tomos VII al XIII), no se ha podido determinar la cantidad de trabajadores del PES que trabajan en el Ayuntamiento. Sin embargo, en esos mismos tomos que espero tener ocasión de analizar en este espacio, se indica que el número de trabajadores afiliados al PSOE trabajando en el Ayuntamiento de Estepona  es igual al número de socios que este partido tiene; esto es un mínimo de 150. ¿En qué se basaba  Valadez  para realizar tales afirmaciones respecto a los trabajadores del PES, que la policía hace suyas y que se desmienten durante el transcurso de la investigación a partir de  junio de 2008?

   La propia Policía reconoce, en el informe remitido a la Fiscalía el día 27 de marzo de 2007, en el apartado de Conclusiones, que después de imputar delitos a diestro y siniestro,  no ha investigado nada pues condiciona la comisión de dichos delitos, que no ha investigado, reitero, a la veracidad de las palabras de los denunciantes:

“5 CONCLUSIONES.-

De confirmarse todos los extremos denunciados sobre las actividades desarrolladas en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se puede decir lo siguiente:
• Buena parte de los Concejales y personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona estarían incurriendo en presuntos delitos de Cohiecho, Malversación de caudales públicos y Blanqueo de Capitales.
• Se estaría cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación del Ayuntamiento.
• Se estarían cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación de partidos políticos de la localidad como el Partido de Estepona (PES) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

• Se estarían beneficiando económicamente de estas irregularidades tanto personas relacionadas con el Ayuntamiento (Concejales y otros), como distintos promotores inmobiliarios, distintas personas que obtienen "adjudicaciones de obras públicas a dedo", empresarios que obtienen licencias de apertura de locales, etc.
• Aquellos Concejales y representantes públicos del Ayuntamiento que no se están beneficiando de estas actividades, pero por omisión dan su consentimiento para que dichas actividades sigan realizándose sin efectuar ningún tipo de denuncia pese a tener obligación por su cargo, pudieran estar incurriendo en delito de encubrimiento o en todo caso de dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia.”
    “De confirmarse todos los extremos denunciados”, lo que viene a reconocer que la propia Policía no ha confirmado, cuatro meses después, que los presuntos delitos se hayan cometido. Ni si quiera ha confirmado que se hayan podido cometer.

"De confirmarse" , efectivamente, pero eso es lo contrario de darlos por confirmados, como así se actuó.

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Una Operación inquisitorial (XV)

Qué quiere que les diga, por muy bien que le salga el tiro a la Policía, y demuestre delitos por escuchas  e intervención secreta de actividades económicas, así como al propio  Valadez; esta operación, desde el principio huele a chamusquina y eso en democracia es lamentable pues lo que nunca debería de dejar dudas es  la imparcialidad de la actuación policial.

    Valadez denuncia convenios de hasta 2006, sin embargo la Policía en vez de investigarlos o comprobar la comisión de los delitos presuntos consignados en la misma, se centra en escuchar conversaciones a posteriori, de las que surgirán asuntos, muchos de ellos sin interés (como conversaciones privadas), que nada tienen que ver con el objeto de las denuncias  y que, como se aprecia en el sumario, serán, al final, en los asuntos que se centren sus investigaciones.

     Sin embargo, la acción policial  se verá limitada por razones político-electorales, como llegó a afirmar el propio Fiscal General del Estado, hasta celebradas ya todas las citas en las urnas   previstas en el plazo de un año. En páginas anteriores ya apuntábamos algo sobre esta circunstancia. Lógicamente si el escándalo hubiera surgido en medio de tres elecciones hubiese sido muy perjudicial para el resultado electoral del PSOE, con toda seguridad.

    Después de la segunda entrega de documentación del día 20 de noviembre, el día 22 la Policía la envía a la Fiscalía Especial PARA LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. Ésta, a pesar de su nombre, se inhibe  y lo comunica, el día 30 del mismo mes (noviembre 2006), al FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA. Tras el paréntesis navideño, el Fiscal titular, Juan Carlos López Caballero (Fiscalía Anticorrupción) de Málaga, emite un decreto con fecha 9 de enero de 2007 citando para su ratificación, en calidad de testigos, a los denunciantes para el día 29 de dicho mes y año (29 de enero de 2009). Asombrosamente, como ya es costumbre, no cita a los testigos terceros mencionados por  Valadez  para comprobar la veracidad de sus declaraciones, al igual que tampoco hizo la Policía y, ojo, aún no estaban secretas las actuaciones. Ni siquiera eso se investiga, como comprobaremos analizando con minuciosidad los propios datos del sumario. Tenía que guardar sigilo por la proximidad de las elecciones. El decreto dice así:

“DECRETO DEL ILTMO. SR. FISCAL
D. JUAN CARLOS LÓPEZ CABALLERO
Málaga, a nueve de enero
de dos mil siete.
Con la anterior documentación remitida por la Fiscalía Especial para la
Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción,
relativa a hechos denunciados por D''. Cristina Rodríguez Alarcón y D.
David Valadez López, sobre presuntas irregularidades que han conocido se
han producido en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga)), siendo ambos
concejales de la actual Corporación Municipal, incóense Diligencias de
Investigación Penal por si los hechos denunciados pudieran ser
constitutivos de presuntos delitos de cohecho (art. 319 del Código Penal,),
malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal) y blanqueo
de capitales (art. 301 del Código Penal).
Cítese en calidad de testigos a los denunciantes referidos al objeto de
oírlos en declaración sobre los hechos denunciados, señalándose a tal fin el
próximo día 29 de enero de 2.007 y hora de las 10,00 H.
Ante la voluminosidad de la documentación que se acompaña, fórmese
ANEXO aparte.
Lo acuerdo mando y firmo.”
  
     Como vemos, dos meses después de la primera denuncia no se ha investigado nada y la nueva  cita de los denunciantes, para que se ratifiquen ante  la fiscalía de Málaga,  es prueba de ello. La declaración de los denunciantes del día 29 de enero, es ratificada en los mismos términos de la denuncia del día 16 de noviembre de 2006. Un día después (30 de enero de 2007), a pesar de tener la ratificación de los propios denunciantes,  la Fiscalía de Málaga dirige al SR. JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL DE LA COMISARIA DE POLICÍA JUDICIAL de Madrid el siguiente oficio:

“... a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
de la Comisaría General de Policía Judicial, al objeto de que se informe a
esta Fiscalía sobre los hechos denunciados en las presentes Diligencias y en
su caso efectúe una propuesta de actuación para la investigación de los
mismos.”

    Dos meses después, el día 27 de marzo, en plena campaña a las municipales de mayo de 2007, la Comisaría General de Policía Judicial emite el citado “informe” basado, únicamente y exclusivamente en lo aportado por   Valadez,  y dando crédito a sus palabras,  sin haber citado a los testigos para comprobar la veracidad de las manifestaciones incriminatorias de los denunciantes,  efectúa  la propuesta de establecer escuchas y pinchar los teléfonos de los denunciados por  Valadez, además de ordenar la intervención secreta de las cuentas bancarias de los principales imputados. Ninguna investigación de los hechos se había llevado a cabo previamente, habiendo transcurridos ya cuatro meses de la interposición de la denuncia.

    La siguiente fecha cronológica es la del 28 de marzo de 2007. Sin saber qué ocurre entre tanto (días 30 de enero hasta la fecha de 28 de marzo porque el sumario no lo indica, o sea no ocurrió nada, y se limita a ratificar la declaración de Valadez del día 29 de enero de 2007), éste último día (30 de enero de 2007) el mismo fiscal López Caballero, emite un nuevo decreto en el que viene a asumir el caso y formula denuncia en el Juzgado nº 1 de Estepona. Pero nuevamente un dato nos sorprenderá. El citado decreto dice así:

“DECRETO DEL ILTMO. SR. FISCAL
D. JUAN CARLOS LÓPEZ CABALLERO
a veintiocho de marzo de dos mil siete.
Málaga,
En atención al contenido del informe elaborado a instancia de
la Fiscalía por La Unidad Central de la Brigada de Delincuencia
Económica y Financiera (UDEF), en el que se expone
determinados hechos de corrupción administrativa en los que
estarían implicados distintos miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), procede
formular denuncia ante el Juzgado Decano de dicha localidad,
mediante escrito adjunto.”

    En menos de 24 horas el fiscal  no tuvo tiempo material, no sólo para investigar, sino ni siquiera para analizar la documentación aportada. Sin embargo,  denuncia el caso ante el Juzgado Nº1, solicitando la apertura de diligencias. Sin consultar, al igual que la Policía,  a los testigos terceros que  Valadez cita para avalar sus denuncias.

En este primer tomo, que da pie a la presunta investigación,  no existe ningún informe que hable de las actuaciones llevadas a cabo desde el  decreto de fiscalía de 30 de enero de 2007, en la cronología del sumario, hasta el segundo con fecha 28 de marzo de 2007. Sólo existe el del día 27 de marzo de 2007, que no habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo, sino que se limita a transcribir la declaración del denunciante, por parte de la Policía, y solicita tomar medidas drásticas. Como es la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, además de declarar secretas las actuaciones y solicitar información de los movimientos de las cuentas bancarias de los imputados, sin pruebas objetivas. El informe policial parece estar dictado por  Valadez, incluso utiliza su misma terminología.

    En cualquier caso; ¿si hasta el 29 de marzo de 2007, cuando la jueza, apresuradamente,  declara el secreto de las actuaciones, éstas no eran secretas, ¿por qué no se le dio pie a que declarasen los aludidos, ya que no se quiere citar a los testigos, durante los cuatro meses previos? ¿Por qué no se hizo público nada en la prensa durante los cuatro meses que no fueron secretas (Noviembre 2006-Marzo 2007)?. Porque su mujer desde EFE, y la Cadena Ser, por ende afín al litigante ahora alcalde, controla la información en Estepona, como analizaremos más adelante, y porque nos encontrábamos en plena campaña electoral. Con lo que la solicitud de declaraciones de los principales aludidos, miembros del PSOE en su mayoría, hubiese  perjudicado a este partido que, además, ostentaba el Gobierno de la Nación y de Andalucía, y tenía elecciones el año siguiente (2008) además de las   municipales de 2007.

    Simple y llanamente se refiere el fiscal, en su segundo decreto, que transcurre en el periodo de dos meses (30 de enero y 28 de marzo de 2007), durante los cuales no se investiga nada  (coincidiendo con la campaña electoral a las municipales y ya  transcurridos cuatro meses desde la denuncia origen del caso), a la toma de declaración efectuada entre los días 16 y 20 de noviembre de los propios denunciantes.

     Se le ha dado crédito a la palabra de los denunciantes quienes, además, es obvio que tienen intereses particulares en la política esteponera. Lo cual sólo se explica por motivos políticos y difícilmente por causas de falta de profesionalidad de la Policía. Aunque desde luego sería   igualmente delictivo o detestable,  no sólo desde un punto de vista moral, sino también desde el judicial o legal.  Claro que eso para quien crea, a estas alturas, en la Justicia Española.

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