Como estamos viendo, el principal objetivo de Valadez, con sus denuncias, escondía la consecución de la alcaldía, la toma de Estepona a toda costa. Lo que su ejecutiva regional no le había permitido: ser el nº1 por la lista del PSOE en 2007, lo conseguiría a través de un atajo. El fin justificaría sus maquiavélicos medios. Para ello no escatimó recursos, incluso la utilización de la Policía y la Justicia para conseguir su objetivo con denuncias falsas o manipuladas, como estamos analizando en estos capítulos. La propia Policía ha sido víctima del atajo político de Valadez en pro de su interés político y personal, labrándole el terreno.
La mala fe de Valadez va muy lejos y el deseo de imputar, sin pruebas, frívolamente, tanto de los propios denunciantes, como de la Policía o de la jueza Conejo y del propio fiscal ¿anticorrupción?, Juan Carlos López Caballero, es lo más preocupante para quienes creían confiar en la Justicia. En el caso de los estamentos policiales y judiciales, su actuación roza el esperpento; poniendo en entredicho tanto su imparcialidad como su profesionalidad; algo que, como el valor al soldado, a ellos debería suponérseles. La Policía sigue el dictado de Valadez a pies juntillas, indiferente ante el hecho de que éste tenía intereses personales ocultos en su denuncia, relacionados con la política. Pero esta circunstancia no generó ninguna sospecha, increíblemente, entre los investigadores.
En muchos casos las informaciones de los denunciantes están sacadas de contexto y carecen de relevancia. Añadiendo datos igualmente inconexos pero que engrosan el expediente y la confusión intencionadamente implícita en las mismas. La colaboración de la Policía con Valadez se pone de manifiesto en este primer tomo del sumario (donde se toman las principales actuaciones), una vez que ni las referencias a los medios de comunicación, cuyas informaciones son entregadas a la policía entre la documentación, ni los presuntos informes “externos”, como los de CODELSA avalando las denuncias, aparecen en este sumario. Al menos en estos tomos donde deberían constar. De hecho hasta el día 3 de junio, como mínimo, la Policía los desconocía.
He aquí la prueba. Según el INFORME N'' 52.272 UDEF-BLA RECONSTRUCCIÓN DE CONVENIOS TOMO 3/3 de fecha 3 de junio de 2008. La propia Policía carece de dichos informes que, recordemos, dieron pie a la toma de las graves y drásticas medidas poli-judiciales, incluidas las intervenciones telefónicas. Así, según el citado informe, en sus páginas 84 y 85, la Policía reconoce que aquellas presunciones sobre las infravaloraciones del suelo por informes “independientes” de CODELSA (imputada), puestas de manifiesto por Valadez en su denuncia, en realidad no existen, al menos hasta la fecha mencionada:
“Como ya se indicaba, este Convenio es otro de los ejemplos de las valoraciones inadecuadas efectuadas por Javier WITMEUR, según la valoración a precios de mercado efectuada por el Arquitecto Técnico José Antonio MOLINA LÓPEZ, de la entidad CODELSA, si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones, no pudiéndose determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó, aunque la lógica derivada del estudio de otros Convenios así lo indicaría.”
¿Cómo puede afirmar la Policía que la valoración era inadecuada, no presuntamente inadecuada, basándose en otro informe que dice no disponer de él? ¿Entonces cómo ha llegado a disponer que las valoraciones eran inadecuadas?, ¿por la prensa?. Sólo faltaría eso: que la prensa marcara el paso de las investigaciones policiales en España. ¡Cómo hay tantos buenos profesionales y no están politizados!. Ni siquiera hoy, 6 de marzo de 2016, cuando actualizo esta previa información, se sabe si las valoraciones eran o no inadecuadas, pues aún está a la espera la Policía de 30 informes sobre dichos convenios.
Recordemos que se trata del convenio Mundo, el cual, ni siquiera llegó a firmarse, como indica la propia Policía en la página 77 del mismo tomo, ante la negativa de Valadez y Cristina a poner su rúbrica en una adenda, de este convenio, posterior a la primera firma del mismo que, en aquella ocasión sí fue rubricado por uno de los ediles denunciantes: David Valadez. Pero las divagaciones van aún más lejos. A Witmeur se le intenta desacreditar, por parte de los denunciantes en sus denuncias, debido al hecho de que se trata de un ingeniero técnico, no arquitecto. Curiosamente tal es la cualificación de José Antonio Molina López, quien, además, trabaja para CODELSA, imputada en esta operación y que tiene intereses urbanísticos en Estepona, según los propios informes policiales, cuyas citas iremos exponiendo.
Sin embargo, estos informes, que según los denunciantes hablaban de infravaloración del suelo, deberían de constar en este tomo I, pues contiene la denuncia donde se hace referencia a los mismos y los diferentes pasos poli-judiciales que se adoptaron a raíz de ello. Sólo aparecen descritos, de forma parcial y según la interpretación que sobre ellos quiera hacer, de forma subjetiva, la Policía para adaptarlos a su interpretación de los hechos. ¿Dónde están estos “informes externos” si dice no disponer de ellos. ¿Al menos de uno, por ahora? ¿Por qué no aparecen en el sumario los originales? Porque no existían en la denuncia original, era sólo la palabra de los denunciantes. Sin embargo el propio Valadez indica en su denuncia la entrega de dichos documentos:
“Adjuntamos también a esta documentación distintas valoraciones realizadas por técnicos extemos al Ayuntamiento y de nuestra absoluta confianza que han sido los encargados de realizar varios informes en los que se demuestra fehacientemente cómo la tasación realizada por el Consistorio es, siempre, muy inferior a la del mercado.
VER VALORACIÓN EXTERNA CONVENIOS”
Los informes de CODELSA, son ahora de ¡absoluta confianza para Valadez, y su palabra va a misa!. Pero, ¿dónde están?. ¿Por qué la Policía dice, como acabamos de exponer: “si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones” refiriéndose a uno de dichos informes?. ¿Me lo pueden explicar? ¿Podríamos estar ante un motivo más de nulidad de aquel informe policial de 27 de marzo de 2007, en el cual se solicitaban las medidas contra los imputados y con el que tanto Fiscalía como jueza Conejo, avalaron la adopción de tales medidas? Si la Policía reconoce, casi dos años después que no han tenido acceso a dichas valoraciones “independientes” señaladas por Valadez en su denuncia, ¿acaso mintió Valadez?. Repito, esa “valoración externa de convenios” no ha aparecido en los XIII tomos del sumario, la propia Policía lo reconoce, y debería formar parte del mismo. Un servidor, la verdad no lo entiende.
Más delictivo sería aún que descubriésemos que los informes supuestamente realizados por CODELSA, empresa en la cual Valadez, según este párrafo ahora confía, ni siquiera existan o estuviesen movidos por motivos e intereses de CODELSA en dichas construcciones, que se emprenderían a raíz de los citados convenios, y en la cual ella pudiera estar interesada, en un intento de abortarlos por intereses propios. Estos son los datos del sumario. Aunque a lo mejor es que uno no los entiende bien, o alguien ha querido redactarlos de manera que no se entiendan.
Supongamos que dichos informes existen y que los ha redactado quién dice la Policía que los ha redactado. Lo cierto es, por otro lado, que la Policía misma admite que no puede asegurarlo:
“Como ya se indicaba, éste Convenio es otro de los ejemplos de las valoraciones inadecuadas efectuadas por Javier WITMEUR, según la valoración a precios de mercado efectuada por el Arquitecto Técnico José Antonio MOLINA López, de la entidad CODELSA, si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones, no pudiéndose determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó, aunque la lógica derivada del estudio de otros Convenios así lo indicaría.” Tomo IX. Página 83-84.
Lo que ya hemos hablado. Califica las valaraciones de Witmeur de inadecuadas, según la valoración de José Antonio Molina Lópéz, al tiempo que admite que no dispone del “pertinente informe de valoraciones, no pudiendo determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó”. ¿Entonces en qué quedamos?
Pues bien José Antonio Molina López, que no es arquitecto sino arquitecto técnico, recuerden este dato, como presumíamos anteriormente no es que trabajara para una empresa que pudiera tener intereses urbanísticos, es que forma parte de la administración de una como mínimo, en concreto, que participó en otro convenio que también sería investigado, el convenio de El Carmen:
24 UNIDAD DE EJECUCIÓN DE "EL CARMEN" (UEN-R38).-
En el siguiente apartado se procede a analizar las operaciones urbanísticas
que han tenido lugar, posiblemente después de la firma de un Convenio, del que se
desconocen los datos, en la Unidad de Ejecución UEN-R38 El Carmen, cuya principal
protagonista es una mercantil administrada por los hermanos DELGADO ALGAS,
cuñados de Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ.
Consultado el Catastro, las fincas incluidas en el Convenio El Carmen
pertenecerían a:
INMOBILIARIA CORALES DOS DE
ESTEPONA SL
INMOBILIARIA CORALES DOS DE
ESTEPONA SL Y PARTICULARES
AYUNTAMIENTO
LIDL SUPERMERCADOS SA
24.1 Información de la AEAT v del Registro Mercantil.-
. INMOBILIARIA CORALES DOS DE ESTEPONA SL ÍB92207984)
- Fecha de constitución 04/01/2001
- Capital social 546.000,00€.
- Calle Real, número 89, Entresuelo, Estepona, Málaga.
- Compra, venta, promoción y explotación de toda clase de bienes inmuebles por
cualquier forma admitida en derecho.
- Presidente: Vicente DELGADO ALGAS; Consejeros: Andrés MARTIN CABA,
Juan José FERNANDEZ VÁZQUEZ, Vicente DELGADO ALGAS, Félix DELGADO
ALGAS y José Antonio MOLINA LÓPEZ; Consejero delegado solidario: José
Antonio MOLINA LÓPEZ. Tomo IX. Página 95
Como vemos el nombre de José Antonio Molina López aparece en dos ocasiones: una como consejero delegado y otra como consejero delegado solidario de Inmobiliaria Corales Dos de Estepona, una de las empresas que participaban en el convenio. ¿Tenían sus facultades mermadas quienes avalaron sus denuncias a tenor de unos “informes independientes”, realizados por un señor, Molina López y/o CODELSA, los cuales, como hemos analizado más arriba, al señor Valadez les merecía toda su confianza? Pero es que, además, el señor José Antonio Molina López, es arquitecto técnico, al igual que el señor Witmeur, a quien Valadez cuestiona sus informes por no tener la cualificación total de licenciado en arquitectura, esto es, arquitecto a secas. ¿Estos datos no levantaban sospechas sobre las incongruencias que la investigación iba destapando respecto a los datos aportados por los denunciantes desde principio?
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