Ese mismo día 28 de marzo, sólo un día después de recibir el informe policial, lo que demuestra que no pudo tener tiempo material para estudiar toda la información recibida de Madrid y contrastarla, la Fiscalía se limita a tipificar los presuntos delitos y solicita la escucha, grabación, investigación en la Seguridad Social, intervención secreta de las cuentas bancarias, etc., de los imputados, en principio. Lo que sería una arbitrariedad jurídica, por no llamarlo caza de brujas al más puto estilo inquisitorial. En un país como Alemania, el hecho de intervenir los teléfonos de alguien por dos meses ya es rechazable; para vergüenza de nuestro sistema judicial, esta situación se prolongaría casi por un año en algunos de los “investigados”.
La siguiente fecha es el 29 de marzo, como si fuera la misma denuncia del 16 de noviembre, la jueza del número uno de Estepona, que meses después solicitó su traslado o bien estaba en comisión de servicio (no tenemos contactos en el Juzgado como Valadez y sus afines mediáticos, lo cierto es que la operación “terrorista” se inicia con la jueza Conejo), tras la petición de fiscalía de sólo un día antes (28 de marzo de 2007) y sin haber tenido, por tanto, tiempo material, al igual que el fiscal, para analizar con seriedad el contenido del expediente (como de hecho confirma el propio sumario), emite un auto que más parece escrito por Valadez, pues viene a indicar el contenido de los informes policial y fiscal y ordena la intervención de todas las comunicaciones de los presuntos implicados. Sin más. Eso sí basada en una retahíla de preceptos "legales", puesto que al igual que Policía y Fiscalía, da por hecho la comisión de los presuntos delitos y tiene que ponerles nombre. El tiempo desenmascarará, a menos que a quienes les corresponda se sientan tocados en su amor propio y lo rebatan con nuevas apreciaciones (en la legislación española hay para eso y más), la inconsistencia de los juicios previos que avalaron tales decisiones.
Si la democracia existiera y los derechos de las personas fueran inalienables, estas conversaciones grabadas, que no aclaran el objeto de la investigación de los hechos que la motivaron, ni se tomaron con todas las garantías, serían anuladas.
En ese sentido, el informe no tiene desperdicio y hace suyo hasta los tergiversados datos de Valadez. Por ejemplo cuando se refiere a la playa del cristo en el apartado 4.3 del mismo se indica lo siguiente:
“Venta de parcela en Plava del Cristo - La asociación para la defensa de la Playa del Cristo (ADEPLA) está emprendiendo distintas acciones legales para evitar que se venda esta parcela a un precio irrisorio con el único fin de hacer frente a los ingentes gastos contraídos por el Ayuntamiento aunque esto suponga liquidar el patrimonio municipal sin ningún beneficio para la localidad.”
La siguiente fecha es el 29 de marzo, como si fuera la misma denuncia del 16 de noviembre, la jueza del número uno de Estepona, que meses después solicitó su traslado o bien estaba en comisión de servicio (no tenemos contactos en el Juzgado como Valadez y sus afines mediáticos, lo cierto es que la operación “terrorista” se inicia con la jueza Conejo), tras la petición de fiscalía de sólo un día antes (28 de marzo de 2007) y sin haber tenido, por tanto, tiempo material, al igual que el fiscal, para analizar con seriedad el contenido del expediente (como de hecho confirma el propio sumario), emite un auto que más parece escrito por Valadez, pues viene a indicar el contenido de los informes policial y fiscal y ordena la intervención de todas las comunicaciones de los presuntos implicados. Sin más. Eso sí basada en una retahíla de preceptos "legales", puesto que al igual que Policía y Fiscalía, da por hecho la comisión de los presuntos delitos y tiene que ponerles nombre. El tiempo desenmascarará, a menos que a quienes les corresponda se sientan tocados en su amor propio y lo rebatan con nuevas apreciaciones (en la legislación española hay para eso y más), la inconsistencia de los juicios previos que avalaron tales decisiones.
Si la democracia existiera y los derechos de las personas fueran inalienables, estas conversaciones grabadas, que no aclaran el objeto de la investigación de los hechos que la motivaron, ni se tomaron con todas las garantías, serían anuladas.
En ese sentido, el informe no tiene desperdicio y hace suyo hasta los tergiversados datos de Valadez. Por ejemplo cuando se refiere a la playa del cristo en el apartado 4.3 del mismo se indica lo siguiente:
“Venta de parcela en Plava del Cristo - La asociación para la defensa de la Playa del Cristo (ADEPLA) está emprendiendo distintas acciones legales para evitar que se venda esta parcela a un precio irrisorio con el único fin de hacer frente a los ingentes gastos contraídos por el Ayuntamiento aunque esto suponga liquidar el patrimonio municipal sin ningún beneficio para la localidad.”
Tomo I. Página 71
Este dato es falso, manipulado y tergiversador y lo hace suyo la propia Policía (así consta en el informe). Esta asociación tiene interpuesto varios pleitos contra los propietarios de esa explanada que se ganó al mar a finales de los años 70. La intención de esta asociación no es que no se venda por un “precio irrisorio” (terminología valadesca asumida por la Policía), de hecho ya está vendida a la empresa Marín-Hillinger, a no ser que haya algún pleito cruzado en contra de su venta. Lo que no quieren los miembros de esta asociación, y de ahí el motivo de sus denuncias, es que se construya en ella, pretendiendo que se deje como zona de expansión o de zona verde. Claro que ellos disponen actualmente de una situación de privilegio, en primera línea de mar, que se vería afectada caso de que se llevara a cabo alguna construcción delante de sus casas. Curiosamente, muchos de estos propietarios tienen sus viviendas en la misma línea de playa que hoy prohíbe la Ley de Costas. O la tendrían de no existir esta explanada artificial delante de sus edificios.
En cualquier caso, ésta es sólo una apreciación interesada y subjetiva. Sin relevancia para imputar presuntos delitos. Ese patrimonio ya no es municipal, y hasta los años 70 ni siquiera existía (se le ganó terreno al mar). En cuanto a si tendrá beneficio o no para la localidad es sólo un juicio de valor más, sin aval objetivo alguno como para ser tomado en cuenta por un grupo de investigación policial.
En la denuncia, a través de un nuevo mero juicio de valor, se alude a la sede del PES en Estepona de forma inconsistente, como ya es la tónica, y con cierto cariz malévolo y incurioso, para pretender dejar demostrado que la financiación de este grupo tiene que ser irregular:
“... Instalación de una sede con todo tipo de lujos. Organización de distintas escuelas en la sede....”
Pues bien, la sede del PES está ubicada en un local bajo que no tiene más de 50 metros cuadrados. Por otro lado ¿acaso es ilegal la “organización de escuelas en la sede”?. Más bien parece una caza de brujas al estilo estalinista (purgas de Stalin), como, de hecho, ha sido.
Pero si hay algún dato que desacredita la labor policial en este asunto lean esto, contenido en el informe policial:
“Por otra parte bastantes militantes del Partido de Estepona (PES) son trabajadores de las empresas municipales que han accedido a su puesto de trabajo sin someterse a ningún proceso selectivo. De hecho en los últimos tres años han sido un total de más de 300 las contrataciones que se han realizado. En muchos casos las retribuciones y los complementos ni tan siquiera vienen prefijados en el Convenio Colectivo de los trabajadores.” Valadez ha descubierto América. Él mismo trabajó en Radio Estepona sin concurso ni oposición, siendo presidente de las Juventudes Socalistas. Existe al menos una denuncia en los juzgados de Estepona, denunciando tales prácticas por parte del PSOE, antes de que el GIL, no ya el PES, existiera en Estepona. Una de las que tenemos constancia, y está plenamente contrastada, data de 1994, contra Miguel Castro, alcalde socialista por entonces. En ella se habla de la contratación a dedo de séis personas cercanas al PSOE como redactores de la recién creada, por aquellas fechas, emisora municipal de Radio.Como ya hemos explicado en otras entradas, Valadez fue contratado a dedo por su partido y tras permanecer seis meses, fue despedido tras una moción de censura e indemnizado con 12.000 euros.
La denuncia se basaba en que Miguel Castro había repetido en la prensa de la época, durante casi tres años, que para la puesta en marcha de dicha emisora se llevaría a cabo la contratación del personal a través de pruebas de selección a las que pudieran presentarse todos los jóvenes de Estepona que quisieran optar a un puesto de trabajo en la misma. Sin embargo desde casi un año antes, uno de los técnicos que al final fue contratado se encontraba haciendo prácticas en la emisora 340 de Mijas, afín al PSOE, para adquirir los conocimientos necesarios y ser contratado después, como así ocurrió, en Radio Estepona, una vez inaugurada; junto a otros cinco redactores como los únicos trabajadores de la emisora. Todos contratados a dedo sin ningún concurso u oposición.
Valadez por entonces aún jugaba al escondite, al igual que la propia jueza y algunos de los investigadores de este caso. Más de cuarenta jóvenes esteponeros que se habían registrado en el Ayuntamiento para tener acceso a las pruebas de selección se dieron con un canto en las narices.
De esto, que sirvió para solicitar las medidas tan desproporcionadas que se solicitaron desde el 27 de marzo de 2007 (incluidas las escuchas telefónicas) por parte de la Policía, y desde el día 29 por parte de la jueza, ha quedado totalmente demostrado su falsedad pues, como la policía reconoce en los tomos objetos de la segunda apertura del secreto del sumario (Tomos VII al XIII), no se ha podido determinar la cantidad de trabajadores del PES que trabajan en el Ayuntamiento. Sin embargo, en esos mismos tomos que espero tener ocasión de analizar en este espacio, se indica que el número de trabajadores afiliados al PSOE trabajando en el Ayuntamiento de Estepona es igual al número de socios que este partido tiene; esto es un mínimo de 150. ¿En qué se basaba Valadez para realizar tales afirmaciones respecto a los trabajadores del PES, que la policía hace suyas y que se desmienten durante el transcurso de la investigación a partir de junio de 2008?
La propia Policía reconoce, en el informe remitido a la Fiscalía el día 27 de marzo de 2007, en el apartado de Conclusiones, que después de imputar delitos a diestro y siniestro, no ha investigado nada pues condiciona la comisión de dichos delitos, que no ha investigado, reitero, a la veracidad de las palabras de los denunciantes:
“5 CONCLUSIONES.-
Este dato es falso, manipulado y tergiversador y lo hace suyo la propia Policía (así consta en el informe). Esta asociación tiene interpuesto varios pleitos contra los propietarios de esa explanada que se ganó al mar a finales de los años 70. La intención de esta asociación no es que no se venda por un “precio irrisorio” (terminología valadesca asumida por la Policía), de hecho ya está vendida a la empresa Marín-Hillinger, a no ser que haya algún pleito cruzado en contra de su venta. Lo que no quieren los miembros de esta asociación, y de ahí el motivo de sus denuncias, es que se construya en ella, pretendiendo que se deje como zona de expansión o de zona verde. Claro que ellos disponen actualmente de una situación de privilegio, en primera línea de mar, que se vería afectada caso de que se llevara a cabo alguna construcción delante de sus casas. Curiosamente, muchos de estos propietarios tienen sus viviendas en la misma línea de playa que hoy prohíbe la Ley de Costas. O la tendrían de no existir esta explanada artificial delante de sus edificios.
En cualquier caso, ésta es sólo una apreciación interesada y subjetiva. Sin relevancia para imputar presuntos delitos. Ese patrimonio ya no es municipal, y hasta los años 70 ni siquiera existía (se le ganó terreno al mar). En cuanto a si tendrá beneficio o no para la localidad es sólo un juicio de valor más, sin aval objetivo alguno como para ser tomado en cuenta por un grupo de investigación policial.
En la denuncia, a través de un nuevo mero juicio de valor, se alude a la sede del PES en Estepona de forma inconsistente, como ya es la tónica, y con cierto cariz malévolo y incurioso, para pretender dejar demostrado que la financiación de este grupo tiene que ser irregular:
“... Instalación de una sede con todo tipo de lujos. Organización de distintas escuelas en la sede....”
Pues bien, la sede del PES está ubicada en un local bajo que no tiene más de 50 metros cuadrados. Por otro lado ¿acaso es ilegal la “organización de escuelas en la sede”?. Más bien parece una caza de brujas al estilo estalinista (purgas de Stalin), como, de hecho, ha sido.
Pero si hay algún dato que desacredita la labor policial en este asunto lean esto, contenido en el informe policial:
“Por otra parte bastantes militantes del Partido de Estepona (PES) son trabajadores de las empresas municipales que han accedido a su puesto de trabajo sin someterse a ningún proceso selectivo. De hecho en los últimos tres años han sido un total de más de 300 las contrataciones que se han realizado. En muchos casos las retribuciones y los complementos ni tan siquiera vienen prefijados en el Convenio Colectivo de los trabajadores.” Valadez ha descubierto América. Él mismo trabajó en Radio Estepona sin concurso ni oposición, siendo presidente de las Juventudes Socalistas. Existe al menos una denuncia en los juzgados de Estepona, denunciando tales prácticas por parte del PSOE, antes de que el GIL, no ya el PES, existiera en Estepona. Una de las que tenemos constancia, y está plenamente contrastada, data de 1994, contra Miguel Castro, alcalde socialista por entonces. En ella se habla de la contratación a dedo de séis personas cercanas al PSOE como redactores de la recién creada, por aquellas fechas, emisora municipal de Radio.Como ya hemos explicado en otras entradas, Valadez fue contratado a dedo por su partido y tras permanecer seis meses, fue despedido tras una moción de censura e indemnizado con 12.000 euros.
La denuncia se basaba en que Miguel Castro había repetido en la prensa de la época, durante casi tres años, que para la puesta en marcha de dicha emisora se llevaría a cabo la contratación del personal a través de pruebas de selección a las que pudieran presentarse todos los jóvenes de Estepona que quisieran optar a un puesto de trabajo en la misma. Sin embargo desde casi un año antes, uno de los técnicos que al final fue contratado se encontraba haciendo prácticas en la emisora 340 de Mijas, afín al PSOE, para adquirir los conocimientos necesarios y ser contratado después, como así ocurrió, en Radio Estepona, una vez inaugurada; junto a otros cinco redactores como los únicos trabajadores de la emisora. Todos contratados a dedo sin ningún concurso u oposición.
Valadez por entonces aún jugaba al escondite, al igual que la propia jueza y algunos de los investigadores de este caso. Más de cuarenta jóvenes esteponeros que se habían registrado en el Ayuntamiento para tener acceso a las pruebas de selección se dieron con un canto en las narices.
De esto, que sirvió para solicitar las medidas tan desproporcionadas que se solicitaron desde el 27 de marzo de 2007 (incluidas las escuchas telefónicas) por parte de la Policía, y desde el día 29 por parte de la jueza, ha quedado totalmente demostrado su falsedad pues, como la policía reconoce en los tomos objetos de la segunda apertura del secreto del sumario (Tomos VII al XIII), no se ha podido determinar la cantidad de trabajadores del PES que trabajan en el Ayuntamiento. Sin embargo, en esos mismos tomos que espero tener ocasión de analizar en este espacio, se indica que el número de trabajadores afiliados al PSOE trabajando en el Ayuntamiento de Estepona es igual al número de socios que este partido tiene; esto es un mínimo de 150. ¿En qué se basaba Valadez para realizar tales afirmaciones respecto a los trabajadores del PES, que la policía hace suyas y que se desmienten durante el transcurso de la investigación a partir de junio de 2008?
La propia Policía reconoce, en el informe remitido a la Fiscalía el día 27 de marzo de 2007, en el apartado de Conclusiones, que después de imputar delitos a diestro y siniestro, no ha investigado nada pues condiciona la comisión de dichos delitos, que no ha investigado, reitero, a la veracidad de las palabras de los denunciantes:
“5 CONCLUSIONES.-
De confirmarse todos los extremos denunciados sobre las actividades desarrolladas en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se puede decir lo siguiente:
• Buena parte de los Concejales y personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona estarían incurriendo en presuntos delitos de Cohiecho, Malversación de caudales públicos y Blanqueo de Capitales.
• Se estaría cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación del Ayuntamiento.
• Se estarían cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación de partidos políticos de la localidad como el Partido de Estepona (PES) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
• Buena parte de los Concejales y personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona estarían incurriendo en presuntos delitos de Cohiecho, Malversación de caudales públicos y Blanqueo de Capitales.
• Se estaría cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación del Ayuntamiento.
• Se estarían cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación de partidos políticos de la localidad como el Partido de Estepona (PES) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
• Se estarían beneficiando económicamente de estas irregularidades tanto personas relacionadas con el Ayuntamiento (Concejales y otros), como distintos promotores inmobiliarios, distintas personas que obtienen "adjudicaciones de obras públicas a dedo", empresarios que obtienen licencias de apertura de locales, etc.
• Aquellos Concejales y representantes públicos del Ayuntamiento que no se están beneficiando de estas actividades, pero por omisión dan su consentimiento para que dichas actividades sigan realizándose sin efectuar ningún tipo de denuncia pese a tener obligación por su cargo, pudieran estar incurriendo en delito de encubrimiento o en todo caso de dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia.”
“De confirmarse todos los extremos denunciados”, lo que viene a reconocer que la propia Policía no ha confirmado, cuatro meses después, que los presuntos delitos se hayan cometido. Ni si quiera ha confirmado que se hayan podido cometer.
"De confirmarse" , efectivamente, pero eso es lo contrario de darlos por confirmados, como así se actuó.
• Aquellos Concejales y representantes públicos del Ayuntamiento que no se están beneficiando de estas actividades, pero por omisión dan su consentimiento para que dichas actividades sigan realizándose sin efectuar ningún tipo de denuncia pese a tener obligación por su cargo, pudieran estar incurriendo en delito de encubrimiento o en todo caso de dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia.”
“De confirmarse todos los extremos denunciados”, lo que viene a reconocer que la propia Policía no ha confirmado, cuatro meses después, que los presuntos delitos se hayan cometido. Ni si quiera ha confirmado que se hayan podido cometer.
"De confirmarse" , efectivamente, pero eso es lo contrario de darlos por confirmados, como así se actuó.
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