Una Operación inquisitorial (IX)

   Sabiendo lo que hoy sabemos, ¿se puede ser más claro?. Estaba admitiendo que había mentido. Que todo es artificial. O sea, viene a decir que ha engañado a todo el mundo y se queda tan fresco. El tiempo lo demostraría demasiado tarde. Jugaba con el tiempo o lo que él llama velocidad, que marcaría la Justicia. Ya les digo que es de psiquiatra. Jugaba efectivamente con la velocidad, que le ha permitido conseguir su objetivo aunque sea efímero. Para eso se ha basado en los pasos que marcaba la Justicia. No me digan que el citado párrafo no habla por sí mismo sobre las falsedades contenidas en el sumario cuando dice “porque sólo entonces puedes crear un desorden artificial”. Precisamente el propio sumario está cargado de artificialismos para forzar una prueba o imputación. ¿Alguien tiene alguna duda de que estamos ante un ser autoritario y malévolo?. No sólo ha engañado a su pueblo, sino a la propia Policía y Justicia que interfirieron, sutilmente, en la proclamación de Valadez como alcalde. Prueba de que no veló por el interés público, sino por el suyo propio, lo confirma el hecho de que él nunca exigió la convocatoria de nuevas elecciones; cuando debió ser el primero, si tan graves eran las implicaciones que él alega en sus denuncias. Sabía que ponía en riesgo los buenos resultados que consiguió su partido. Lo cual nos revela que primó el interés del mismo al de la población esteponera que votó, según lo que se desprende del sumario, engañada.

Así concluía su artículo:

“En fin, lo dicho, “a cada cerdo le llega su San Martín”, como dice mi alcalde.”

Valadez escribió este artículo en su blog el 6 de Junio de 2008; tres meses pasados los últimos comicios de las generales de marzo de 2008 y once días antes de que se desarrollara la operación; otra pista más de que hubo un pacto entre diversos interesados para no levantar polémicas que pudieran perjudicar al PSOE durante el transcurso de dichas citas electorales. Es más, las expresiones de Barrientos, a las que se refiere Valadez, objeto de su artículo, también las realizó Barrientos fuera de la onda expansiva de las sucesivas citas con las urnas; sólo varios días antes de la respuesta de Valadez.

 No cabe duda que ésta, la Operación Astapa, no es más que la Operación Valadez. Con el subtítulo de lo que transcendía en realidad: una operación para la toma de Estepona y la dirección local de su PSOE.. Un símil de guerra histórico (ocurrido en Estepona el 14 de enero de 1937), para calificar a una guerra personal, con todas las letras, cuyo objetivo era obtener el poder de Estepona y expulsar del partido a su enemigo Barrientos. Un hecho inédito en España y creo que en cualquier otro país que se haga llamar democrático. Una batalla ganada sin el concurso de las urnas para conseguir la alcaldía. De hecho hoy él es el alcalde y, como demuestran los hechos, con el apoyo voluntario o no de la propia Policia y juzgados, así como con la venia de compañeros que, aunque no fueron imputados, fueron denunciados por él y no lo sabían a la hora de darle el apoyo para su nombramiento. Obvia decir que quienes le sustentan son los partidos menos votados en 2007: Estepona 2007 con 1 concejal, PA que aunque sacó 2 sólo uno le da su apoyo, e IU con un concejal. Cabe preguntarse ¿es este el resultado que salió de las urnas? ¿el gobierno de los partidos menos votados?.

Sin perjuicio de que no pongamos en duda, mientras no se haga público el resto del sumario, el resultado de algunas de las conclusiones policiales que, a falta de más datos, daremos por válidas; hemos de destacar, en ese sentido las declaraciones que Valadez pone en boca de algunos terceros, que, en caso de no estar grabadas, será la palabra de éstos contra la de los aludidos en las mismas. Así como las que establecen lazos de familiaridad de forma, no sabemos si erróneas o pretendidamente falseadas o tergiversadas, para ajustarlas a sus “objetivos estratégicos”.

Como, por ejemplo, aquellas en las que se aluden a testigos quienes, recientemente, han sido imputados en otra causa relacionada con el urbanismo como es el propio Valadez, como Concejal de Urbanismo, así como Luciano Sánchez y José Antonio Molina. Este último, autor de varios informes según los cuales el precio del suelo, en algunos convenios, se había infravalorado. Estos informes sirvieron a Valadez para avalar su denuncia. Molina ha sido recientemente imputado en un presunto delito urbanístico por emitir un informe que sirvió para escriturar una casa, construida ilegalmente en un terreno protegido, de su Jefe de Gabinete de Alcaldía Luciano Sánchez. En esta causa también están imputados los dos primeros, según se hizo eco la prensa independiente de Estepona el pasado 14 de diciembre de 2009. Sobre este asunto, Valadez acudió voluntariamente a declarar con unos documentos que, según, la edil Marisa Rodríguez no se corresponden con la verdad, acusando a Valadez de mentir.

Valadez argumentó en su declaración “voluntaria” que existía un expediente de demolición de la vivienda de su jefe de gabinete, objeto de la imputación, en el que basa su defensa. Sin embargo la concejala, que siguió el expediente en cuestión, según el diario Estepona Información de 19 de diciembre en su página 6, señala que no existe orden de derribo ni sanción y que Valadez habría enseñado documentos que no estaban en el expediente. Ya hablaremos de este y otros muchos casos que han surgido durante su mandato que ponen en duda la tan auto-cacareada honestidad de David Valadez López.

Para el análisis de estos 19 tomos nos basaremos, única y exclusivamente, en lo aparecido hasta hoy; contrastado, claro está, porque el pueblo de Estepona se lo merece y merece conocer, con la cronología de hechos relevantes y circunstancias, muchas de ellas omitidas en las denuncias, y que hoy conocemos respecto a los desmentidos habidos, una vez abierto parte del sumario. Así como con la cronología del compás de hechos judiciales que tuvieron lugar durante el primer mes, que posibilitaron la elección de Valadez como alcalde, por obra y gracia de la Justicia, en lo que calificamos como La toma de Estepona.

Dedicaremos estas páginas al análisis del contenido sumarial, donde no habrá ni un minuto exento de sorpresa o estupefacción. Como verán, los primeros 19 tomos del sumario, revelados hasta ahora, son harto cansinos y repetitivos. Si bien resulta notable el gran número de empresas constituidas en el ámbito esteponero que de alguna u otra manera, según el sumario, tienen intereses con el Ayuntamiento. Si bien, en principio, esto no tiene porqué significar la comisión de delito alguno. Las imputaciones sobre estas empresas se basan en que habrían podido intervenir en compras y ventas de terrenos para convenios de manera especulativa, así como financiar a partidos, particulares, eventos municipales y recibido “tratos de favor”.

Otras podrían estar relacionadas con éstas y habrían sido objeto de comisiones por su intermediación. Unas habrían financiado eventos municipales. Otras podrían haber entregado dinero para el pago de las nóminas gastos de las concejalías. En otros casos se pone en entredicho el comportamiento de los responsables políticos y de algunos cargos de confianza y se insinúa que podrían haberse beneficiado personalmente al igual que su partido. En otros se habla de contrataciones a dedo, etc.

Reconociendo que existe base para darle crédito, en algunos casos, a estas imputaciones, lo cierto es que la prensa nacional ha revelado, con posterioridad a la operación policial, que el propio Valadez sería autor, en algunos casos, de los comportamientos irregulares que imputa a sus compañeros. Como es el caso de las contrataciones a dedo realizadas por él en plena investigación surgida de sus denuncias, así como las que él produjo durante el periodo que denuncia. En este apartado podríamos incluso incluir su propia contratación como director de Radio Estepona, recién obtenida su licenciatura en periodismo, que ejerció durante seis meses y por la cual, a su despido, recibió una indemnización de 12.000 euros. Por supuesto esta observación se omite en su denuncia.

Documentación de las denuncias.

El 30 de Noviembre de 2006, La Fiscalía Especial se inhibe de investigar una documentación que la Policía le remitió el día 22 de noviembre (ocho días antes). Sin tiempo material para haber sido objeto de investigación los hechos que se denunciaron entre el 16 y el 20 de dicho mes (dos días antes de ser enviada a dicha fiscalía). Las razones de su inhibición fueron éstas:

“...pues los hechos a los que se refiere por su naturaleza y alcance, resultan ajenos a las competencias de esta Fiscalía Especial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/95 y la Instrucción 4/06 del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, sin perjuicio que si por razón de las correspondientes investigaciones se determinase que los hechos se corresponden con lo dispuesto en la Instrucción ya mencionada, se asumiría la competencia de la causa por esta Fiscalía Especial”.

Se refiere a la:

“...comunicación y documentación presentada ante esta Fiscalía Especial por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Comisaría General de la Policía Judicial, (reg. entrada n° 2327 de fecha 22 de noviembre de 2006)”.

La Fiscalía Especial, cuando cita “la Instrucción 4/06 del Exmo. Sr. Fiscal General del Estado”, alude a una instrucción del citado Fiscal, según la cual éste habría impedido la investigación del caso de corrupción de Ciempozuelos que afectaba a dos ex-alcaldes socialistas, según publicó el día 21 de febrero de 2007, el diario digital Elconfidencial.com en su página: http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia_21716.asp

La información, firmada por  Julia Pérez, mantenía que:

“Conde Pumpido establece que los delitos relativos a la ordenación del territorio “imputados a funcionarios públicos municipales no incumbirá inicialmente a la Fiscalía Especial, sino a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del lugar donde el hecho hubiera sido cometido, que actuará bajo la coordinación del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. A renglón seguido establece la excepción: Sin embargo, la Fiscalía Especial será competente en dicho asunto cuando en él concurra cualquier otro criterio que, conforme a la presente Instrucción, determine la existencia de especial trascendencia”.

Y añade:

“Y es en esa “especial trascendencia” donde Conde Pumpido basa su decisión de mantener este caso en manos del Fiscal Anticorrupción, que, precisamente, goza de su confianza. Porque las instrucciones del fiscal general circunscriben esa especial trascendencia en los casos donde hay un gran volumen de operaciones a investigar, que las actividades delictivas afecten a más de una provincia, que estén implicadas entidades financieras o que afecten al régimen de transparencia fiscal internacional.”

En aquel caso, según fuentes judiciales, ninguna de dichas excepciones se daba. La orden de Pumpido se debía, según la citada información, al interés del fiscal general en desviar la atención hacia los delitos de blanqueo de dinero, obviando los urbanísticos imputados a los ex-alcaldes socialistas Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro. La información subrayaba que:

“...otras fuentes sostienen, además, que Conde Pumpido habría forzado la situación para mantener el caso en la Fiscalía Especial Anticorrupción y evitar que cayera en manos de la fiscalía natural competente en este asunto, que es la de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.(Comunidad Autónoma PP)”.

Algo parecido podría estar ocurriendo en la Operación Astapa, aunque la diferencia principal radica en que en Andalucía, al contrario que el Comunidad de Madrid, también gobierna el PSOE. En cualquier caso no hay ningún fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo investigando los presuntos delitos urbanísticos, que se hubieran cometido. De hecho los delitos que se imputan se centran en blanqueo, cohecho, prevaricación, malversación y negociación prohibida a funcionarios públicos. Curiosamente durante el transcurso de la investigación, la jueza habla de la posibilidad de que existiera delito urbanístico o contra la ordenación del territorio, sin embargo en ninguno de los autos de detención de los principales imputados se habla de delito urbanístico.