La citada información recogía también que:
“El escándalo de Ciempozuelos es el de mayor cuantía económica de la reciente historia de la corrupción española. Saltó a la opinión pública en octubre pasado (2006), al conocerse que una promotora (Esprode) habría pagado una comisión de 40 millones de euros por la recalificación de unos terrenos rústicos y el desbloqueo del Plan General de Urbanismo del municipio. La Fiscalía Anticorrupción abrió las diligencias después de recibir una denuncia del Banco de España que señalaba a Torrejón y Tejeiro como las dos personas que habrían blanqueado parte del dinero cobrado de las comisiones.”
Respecto al caso que nos ocupa, la comparecencia previa de los denunciantes ante la Dirección General de la Policía, esto es, la primera declaración, se produce el día 16 de dicho mes de noviembre, según las primeras páginas del sumario. Posteriormente, el día 20, estos mismos denunciantes hacen otra aportación de documentación. Toda ella está basada en 18 folios donde exponen su versión de los hechos (Valadez es periodista; y su mujer, así como sus compañeros de gremio, controlan el 90% de la información en Estepona), basados en convenios urbanísticos, la grabación de las declaraciones de una persona, escritor (presunto promotor) que hace a unos periodistas, tasaciones presuntamente fraudulentas, etc.
Desde el primer folio de este tomo, se aprecian determinadas violaciones de los más elementales derechos reconocidos en la Constitución (que analizaremos más adelante), y atentados contra la ética profesional, por parte de los investigadores y contra la dignidad de las personas (contra los principales imputados), catalogados al libre albedrío tanto de la Policía como del fiscal del caso. Aunque podemos avanzar que de las denuncias se desprende un cariz indisimuladamente de corte pseudo-fascista y autoritario pues, como veremos, se llegan a imputar presuntos delitos sólo por estos meros juicios de valor subjetivos, o basados en datos que están confundidos y que no se corresponden con la verdad, para dar carta de naturaleza a las denuncias. O por las supuestas declaraciones de terceros que no se confirman. Como es el caso donde se dice más o menos textualmente que si el PES tiene pocos afiliados habría que investigar cómo se financia. Ello cuando aún ni siquiera existe una Ley de Financiación de partidos.
Esto es llamativo pues la propia Policía reconoce que el PSOE no superaba los 100 socios en esa misma fecha, según el sumario. Mientras que el propio Valadez reconoce, en su denuncia, que el PES tiene 1.000 afiliados, lo cual asegura también la Policía. Por lo visto estos datos sobre los afiliados del PES, al igual que los del PSOE, eran necesarios para establecer cuántos trabajadores trabajaban por un partido u otro en el Ayuntamiento. Pero se desmienten con el tiempo cuando la Policía reconoce que no ha tenido acceso a conocer el número de militantes, ni tampoco a cuántos de ellos trabajan para el Ayuntamiento por parte del PES, al contrario que en el caso del PSOE.
Esta decisión policial merece también el reproche de cualquier esteponero pues es de saber que no sólo existen afiliados a estos partidos en el Ayuntamiento sino que también hay muchos afiliados del PA, PP e IU., y Estepona 2007. ¿En qué se basa la policía para establecer esta diferencia entre distintos partidos?
Es público y notorio que el PES, de forma reiterada y repetitiva, en la prensa controlada por la mujer de Valadez (que por otro lado se puso de lado del GIL, informativamente hablando, cuando presentó moción de censura contra el PSOE de Manilva durante la legislatura 95-99), es asociado con el GIL en este sumario en apreciaciones que no deberían haber tenido lugar. Sin ir más lejos Rosa Díaz interpuso una moción de censura a Barrientos apoyada por siete ex-gilistas; sin embargo nadie le reprocha que fuese alcaldesa gracias a tránsfugas del GIL. Tampoco parece haber ningún problema en que Rosa Díaz ahora apoye a Valadez, mientras se critica que el PSOE gobernara con “antiguos ex-gilistas”.
Recordemos, antes de nada, que el GIL llegó a tener en Estepona más de 2.000 socios, a los pocos meses de su llegada, frente a los 900 que tenía el PSOE con más de quince años instaurado en Estepona, de los cuales la mitad mostró su descontento con el Gobierno socialista de Miguel Castro a través de un documento que hicieron público varios meses antes de las elecciones municipales del 95, con la firma estampada en el mismo más de 400 militantes socialistas que desde entonces abandonaron el partido. Y, ya puestos, recordemos también que si el GIL hizo lo que hizo, sobre todo en Marbella (en Estepona no le dio tiempo a tanto, en su única legislatura, frente a las tres que obtuvo en la citada localidad), fue con la complacencia de la Junta de Andalucía que, en última instancia, tenía la obligación de haber ejercido un control y una autoridad que no ejerció (lo cual es una clara dejación o negligencia). O no pudo, lo cual es de juzgado de guardia, ni quiso ejercer.
El tiempo transcurrido nos deparará además sorprendentes sorpresas, valga la redundancia (pues no se puede decir de otra manera), aparecidas tras la apertura parcial de este sumario. Por ejemplo, uno de los convenios denunciados por Valadez y Rodríguez, es el que hace referencia al Gran Centro Comercial y de Ocio. Entre la documentación aportada sobre ese punto se dice lo siguiente, entre otras imputaciones, relacionándolo con la Operación Malaya:
“Juego de 80 hojas recogidas con un clip y folio doblado manuscrito con el título "Operación
Malaya y CENTRO COMERCIAL" conteniendo copia de comparecencia en el Juzgado de
Instrucción número 5 de Marbella diligencias previas 7496/2005, de fecha 17 de abril de 2006
del fiscal Juan Carlos LÓPEZ CABALLERO haciendo entrega de escrito dirigido a él y del fax
dirigido a la fiscalía de Murcia con un plano al parecer de la finca La Loma. Diligencia de
Entrada y Registro, de fecha 30 de marzo de 2006 llevada a cabo en el despacho de abogados
SÁNCHEZ ZUBIZARRETA en Madrid. Convenio urbanístico de fecha 5 de diciembre de 2005
entre el alcalde de Estepona Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ y Aurelio MARTÍN SIMÓN
en representación de las sociedades COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL y GESTORA
COMERCIAL HIPERSOL SL y José Domingo RODRÍGUEZ LOSADA en representación de
AZATA S.A. firmado por el alcalde, las personas mencionadas y el Secretario Adjunto José
Manuel DUARTE DOMÍNGUEZ. Informe de viabilidad convenio urbanístico para la
reclasificación de suelo para la implantación de parque comercial y de ocio de fecha 1 de
diciembre de 2005 firmado por el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz PÉREZ PLA.
Valoración viabilidad convenio urbanístico para la reclasificación de suelo para la implantación de parque comercial y de ocio, de fecha 1 de diciembre de 2005 firmado por el ingeniero técnico de obras públicas Javier WITMEUR. Propuesta de reclasificación urbanística de finca situada en La Lobilla, de fecha 2 de diciembre de 2005 presentada por el concejal de medio ambiente y Vivienda Juan Manuel RODRÍGUEZ ORTEGA y firmada por el técnico de medio ambiente Mariola PORRAS ROMÁN. Informe sobre el convenio entre el ayuntamiento de Estepona y Arvid Ernesto FRANCO CALANDER y las mercantiles COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL, GESTORA COMERCIAL HIPERSOL SL y AZAFATA SA. de fecha 5 de diciembre de 2005 firmada por el jefe del servicio jurídico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ.”
Como vemos, se trata de documentos públicos en nada secretos ni comprometedores. Ahora viene lo gracioso. Ese mismo convenio, denunciado por Valadez y Rodríguez en la Operación Valadez para la toma de Estepona (Astapa), los días 16 y 20 de noviembre de 2006, fue posteriormente (año y pico después), alabado por éste, el 31 de Mayo de 2008 (16 días antes de las detenciones). Incluso llegó a presentarlo junto a un conocido abogado esteponero, que lleva los apellidos de Blas Infante y que, además, estaba, por esa fecha, siendo investigado por este asunto, en esta operación, según aparece en el sumario. Valadez llegó a dedicarle un artículo a los parabienes de este convenio en su propio blog de blogger con el título “El Gran Centro Comercial y de Ocio” en la citada fecha. ¿No es curioso, conociendo como hoy conocemos, que por esa fecha este convenio estaba bajo “secreto de sumario”?. ¿Cómo es posible, si el convenio entrañaba una presunta corrupción, que dieciocho meses después se hayan subsanado los errores por presunta corrupción del citado convenio que él denunció?. ¿Sabe Valadez de antemano cuál va a ser el resultado de la investigación de dicho convenio y por eso se atreve a alabarlo por anticipado, después de haberlo en sus denuncias? De hecho el conocido abogado esteponero fue citado a declarar, durante los días que duró la operación, pero no se tomaron contra él medidas cautelares. Ya hablaremos de las manifestaciones que este abogado realizó a la prensa tras su declaración. Vino a decir, más o menos, que colaboró con la Policía para aclararles algunas dudas relacionadas con su trabajo.
“El escándalo de Ciempozuelos es el de mayor cuantía económica de la reciente historia de la corrupción española. Saltó a la opinión pública en octubre pasado (2006), al conocerse que una promotora (Esprode) habría pagado una comisión de 40 millones de euros por la recalificación de unos terrenos rústicos y el desbloqueo del Plan General de Urbanismo del municipio. La Fiscalía Anticorrupción abrió las diligencias después de recibir una denuncia del Banco de España que señalaba a Torrejón y Tejeiro como las dos personas que habrían blanqueado parte del dinero cobrado de las comisiones.”
Respecto al caso que nos ocupa, la comparecencia previa de los denunciantes ante la Dirección General de la Policía, esto es, la primera declaración, se produce el día 16 de dicho mes de noviembre, según las primeras páginas del sumario. Posteriormente, el día 20, estos mismos denunciantes hacen otra aportación de documentación. Toda ella está basada en 18 folios donde exponen su versión de los hechos (Valadez es periodista; y su mujer, así como sus compañeros de gremio, controlan el 90% de la información en Estepona), basados en convenios urbanísticos, la grabación de las declaraciones de una persona, escritor (presunto promotor) que hace a unos periodistas, tasaciones presuntamente fraudulentas, etc.
Desde el primer folio de este tomo, se aprecian determinadas violaciones de los más elementales derechos reconocidos en la Constitución (que analizaremos más adelante), y atentados contra la ética profesional, por parte de los investigadores y contra la dignidad de las personas (contra los principales imputados), catalogados al libre albedrío tanto de la Policía como del fiscal del caso. Aunque podemos avanzar que de las denuncias se desprende un cariz indisimuladamente de corte pseudo-fascista y autoritario pues, como veremos, se llegan a imputar presuntos delitos sólo por estos meros juicios de valor subjetivos, o basados en datos que están confundidos y que no se corresponden con la verdad, para dar carta de naturaleza a las denuncias. O por las supuestas declaraciones de terceros que no se confirman. Como es el caso donde se dice más o menos textualmente que si el PES tiene pocos afiliados habría que investigar cómo se financia. Ello cuando aún ni siquiera existe una Ley de Financiación de partidos.
Esto es llamativo pues la propia Policía reconoce que el PSOE no superaba los 100 socios en esa misma fecha, según el sumario. Mientras que el propio Valadez reconoce, en su denuncia, que el PES tiene 1.000 afiliados, lo cual asegura también la Policía. Por lo visto estos datos sobre los afiliados del PES, al igual que los del PSOE, eran necesarios para establecer cuántos trabajadores trabajaban por un partido u otro en el Ayuntamiento. Pero se desmienten con el tiempo cuando la Policía reconoce que no ha tenido acceso a conocer el número de militantes, ni tampoco a cuántos de ellos trabajan para el Ayuntamiento por parte del PES, al contrario que en el caso del PSOE.
Esta decisión policial merece también el reproche de cualquier esteponero pues es de saber que no sólo existen afiliados a estos partidos en el Ayuntamiento sino que también hay muchos afiliados del PA, PP e IU., y Estepona 2007. ¿En qué se basa la policía para establecer esta diferencia entre distintos partidos?
Es público y notorio que el PES, de forma reiterada y repetitiva, en la prensa controlada por la mujer de Valadez (que por otro lado se puso de lado del GIL, informativamente hablando, cuando presentó moción de censura contra el PSOE de Manilva durante la legislatura 95-99), es asociado con el GIL en este sumario en apreciaciones que no deberían haber tenido lugar. Sin ir más lejos Rosa Díaz interpuso una moción de censura a Barrientos apoyada por siete ex-gilistas; sin embargo nadie le reprocha que fuese alcaldesa gracias a tránsfugas del GIL. Tampoco parece haber ningún problema en que Rosa Díaz ahora apoye a Valadez, mientras se critica que el PSOE gobernara con “antiguos ex-gilistas”.
Recordemos, antes de nada, que el GIL llegó a tener en Estepona más de 2.000 socios, a los pocos meses de su llegada, frente a los 900 que tenía el PSOE con más de quince años instaurado en Estepona, de los cuales la mitad mostró su descontento con el Gobierno socialista de Miguel Castro a través de un documento que hicieron público varios meses antes de las elecciones municipales del 95, con la firma estampada en el mismo más de 400 militantes socialistas que desde entonces abandonaron el partido. Y, ya puestos, recordemos también que si el GIL hizo lo que hizo, sobre todo en Marbella (en Estepona no le dio tiempo a tanto, en su única legislatura, frente a las tres que obtuvo en la citada localidad), fue con la complacencia de la Junta de Andalucía que, en última instancia, tenía la obligación de haber ejercido un control y una autoridad que no ejerció (lo cual es una clara dejación o negligencia). O no pudo, lo cual es de juzgado de guardia, ni quiso ejercer.
El tiempo transcurrido nos deparará además sorprendentes sorpresas, valga la redundancia (pues no se puede decir de otra manera), aparecidas tras la apertura parcial de este sumario. Por ejemplo, uno de los convenios denunciados por Valadez y Rodríguez, es el que hace referencia al Gran Centro Comercial y de Ocio. Entre la documentación aportada sobre ese punto se dice lo siguiente, entre otras imputaciones, relacionándolo con la Operación Malaya:
“Juego de 80 hojas recogidas con un clip y folio doblado manuscrito con el título "Operación
Malaya y CENTRO COMERCIAL" conteniendo copia de comparecencia en el Juzgado de
Instrucción número 5 de Marbella diligencias previas 7496/2005, de fecha 17 de abril de 2006
del fiscal Juan Carlos LÓPEZ CABALLERO haciendo entrega de escrito dirigido a él y del fax
dirigido a la fiscalía de Murcia con un plano al parecer de la finca La Loma. Diligencia de
Entrada y Registro, de fecha 30 de marzo de 2006 llevada a cabo en el despacho de abogados
SÁNCHEZ ZUBIZARRETA en Madrid. Convenio urbanístico de fecha 5 de diciembre de 2005
entre el alcalde de Estepona Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ y Aurelio MARTÍN SIMÓN
en representación de las sociedades COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL y GESTORA
COMERCIAL HIPERSOL SL y José Domingo RODRÍGUEZ LOSADA en representación de
AZATA S.A. firmado por el alcalde, las personas mencionadas y el Secretario Adjunto José
Manuel DUARTE DOMÍNGUEZ. Informe de viabilidad convenio urbanístico para la
reclasificación de suelo para la implantación de parque comercial y de ocio de fecha 1 de
diciembre de 2005 firmado por el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz PÉREZ PLA.
Valoración viabilidad convenio urbanístico para la reclasificación de suelo para la implantación de parque comercial y de ocio, de fecha 1 de diciembre de 2005 firmado por el ingeniero técnico de obras públicas Javier WITMEUR. Propuesta de reclasificación urbanística de finca situada en La Lobilla, de fecha 2 de diciembre de 2005 presentada por el concejal de medio ambiente y Vivienda Juan Manuel RODRÍGUEZ ORTEGA y firmada por el técnico de medio ambiente Mariola PORRAS ROMÁN. Informe sobre el convenio entre el ayuntamiento de Estepona y Arvid Ernesto FRANCO CALANDER y las mercantiles COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL, GESTORA COMERCIAL HIPERSOL SL y AZAFATA SA. de fecha 5 de diciembre de 2005 firmada por el jefe del servicio jurídico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ.”
Como vemos, se trata de documentos públicos en nada secretos ni comprometedores. Ahora viene lo gracioso. Ese mismo convenio, denunciado por Valadez y Rodríguez en la Operación Valadez para la toma de Estepona (Astapa), los días 16 y 20 de noviembre de 2006, fue posteriormente (año y pico después), alabado por éste, el 31 de Mayo de 2008 (16 días antes de las detenciones). Incluso llegó a presentarlo junto a un conocido abogado esteponero, que lleva los apellidos de Blas Infante y que, además, estaba, por esa fecha, siendo investigado por este asunto, en esta operación, según aparece en el sumario. Valadez llegó a dedicarle un artículo a los parabienes de este convenio en su propio blog de blogger con el título “El Gran Centro Comercial y de Ocio” en la citada fecha. ¿No es curioso, conociendo como hoy conocemos, que por esa fecha este convenio estaba bajo “secreto de sumario”?. ¿Cómo es posible, si el convenio entrañaba una presunta corrupción, que dieciocho meses después se hayan subsanado los errores por presunta corrupción del citado convenio que él denunció?. ¿Sabe Valadez de antemano cuál va a ser el resultado de la investigación de dicho convenio y por eso se atreve a alabarlo por anticipado, después de haberlo en sus denuncias? De hecho el conocido abogado esteponero fue citado a declarar, durante los días que duró la operación, pero no se tomaron contra él medidas cautelares. Ya hablaremos de las manifestaciones que este abogado realizó a la prensa tras su declaración. Vino a decir, más o menos, que colaboró con la Policía para aclararles algunas dudas relacionadas con su trabajo.
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