Una Operación inquisitorial (XVIII)

¿Por qué la Policía no indagó este extremo, al igual que lo que se pone en boca del notario? Otra vez; porque de haberlo hecho, hubiera levantado la liebre contra miembros del PSOE, en plena campaña electoral. Por eso se decidió no verificar tales declaraciones y esperar a que el caso fuese secreto. Una vez secreto, la inacción policial se fundamentaría en dicho secreto sumarial y así no se comprometían los intereses electorales del PSOE, a cuyo cargo estaba el Ministerio del Interior que, por definición, sabe de todas (y sobre todo de las que más puedan afectar a su partido), las operaciones policiales en marcha. La designación de un fiscal afín, como es el caso del Fiscal Anticorrupción por oficio del Fiscal General del Estado garantiza tal confidencialidad y previene tales eventualidades.

       En el caso del  notario mencionado, le ponen en su boca, además en la denuncia en la página 75, que miembros del PSOE “se están llevando dinero con cajas fuertes en Marbella”. Pero ¿se investiga este extremo?. Tampoco.

        La Policía, sin más, da crédito a este esperpento, sobre el cual no existían pruebas grabadas o escritas, que avalasen la credibilidad de la denuncia en este sentido, o al menos no se citan en los tomos abiertos hasta el momento. Teniendo en cuenta que en ellos se relatan las actuaciones llevadas a cabo hasta el día 18 de junio, un día después de estallar la operación “anti-terrorista” Astapa, posiblemente no haya una investigación previa que avale tales afirmaciones ni esté recogido en ningún documento o grabación que confirmen tales sospechas. La Policía  hace suyas las imputaciones de Valadez en el informe remitido a la Fiscalía de Málaga, por petición de ésta.

       Por lo que su falta de perspicacia quedó patente en estos y otros casos, como el que revelamos a continuación, donde el propio  Valadez admite y da por bueno que un empresario haga donaciones, siempre que sea a su delegación, ¡claro!. En su denuncia expone estas  prácticas, supuestamente realizadas por otros. La Policía no toma medidas contra él a pesar de que parece dejar implícito que un empresario donó bienes a su delegación (material geriátrico) e hizo obras para la misma, como explicamos a continuación.

       Este párrafo, contenido en la introducción de la denuncia, es bastante elocuente  y habla por sí mismo del doble lenguaje de  Valadez y de sus diferentes varas de medir, según le convenga. Así dice el párrafo citado contemplado en la página 75 (I Tomo) y así le toma el pelo a la despistada Policía:

“El imputado en la Operación Malaya, Angel Rodríguez, en representación de la multinacional farmacéutica ORPEA nos exigió (a David Valadez y al Técnico de la Delegación de Bienestar Social José Luciano Sánchez) que se puso en contacto conmigo en mi calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista para pedirme mi mediación con la Junta de Andalucía porque le estaban pidiendo dinero desde el Ayuntamiento para poder desarrollar un convenio urbanístico cuya licencia estaba, según aseguraba, en perfectas condiciones desde hace años. Fueron varias las reuniones mantenida con él y en más de una ocasión se lo trasladé al propio alcalde sin que mi mediación resultase fiuctífera, Prueba de que su empresa quería colaborar con el Ayumtamiento de Estepona es que donó material geriátrico para una Residencia de la localidad y estaba dispuesto a sufragar distintas obras de infraestructuras de carácter social. Siempre me aseguró que no estaba dispuesto a tener que pagar en Estepona como lo había hecho en Marbella y mucho menos cuando había un alcalde socialista.”

     Prueba de que para  Valadez vale todo es el uso interesado, a falta de más contundentes argumentos, (incluso el de un imputado en la Operación Malaya), para sustentar sus manipuladas denuncias. ¿Está justificando que un imputado en la Operación Malaya, realice obras y donaciones  para su delegación en la misma denuncia que recrimina a sus compañeros la misma actitud? ¿O, por el contrario, estaba denunciándolo por haber realizado dichas obras para su delegación? ¿No es una contradicción? ¿No es este un motivo para imputar a Valadez, pues él mismo reconoce que un imputado en Málaya donó material para su delegación y ve con buenos ojos que realice obras para la misma; mientras que denuncia a sus compañeros por estas mismas razones, respecto de otras empresas? ¿No supo ver la Policía lo incongruente de estas revelaciones? Por otro lado, queda de manifiesto el conocimiento de la Junta de todo lo que, según   Valadez, ocurría en el Ayuntamiento y sin embargo permitió la candidatura de Barrientos en el puesto Nº 1 de la lista. No estarían tan fundadas pues, estas denuncias, para el PSOE andaluz.

     Otras de las denuncias de  Valadez, y que la propia Policía recoge en su informe, es la referida a la empresa Bonifacio Solís, aparecida en la página 309 del tomo I en formato PDF. Para ello, Valadez se basa en declaraciones del concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, y afirma lo siguiente contra esta empresa. Primero acusa, después esconde la mano:

"Juan Manuel RODRÍGUEZ (miembro del Partido de Estepona PES y ex gilista) el día 7 de diciembre de 2006 manifestó en presencia de varias personas, que el empresario local Bonifacio SOLIS había tenido que pagar al Segundo Teniente Alcalde, Rafael MONTESINOS RUBIO (portavoz del Partido Andalucista) la cantidad de 20 millones de pesetas para poder construir. Es de destacar que en estos momentos Bonifacio SOLIS es el encargado de la ejecución de distintos proyectos de infraestructuras, competencia casualmente de la Delegación que Rafael MONTESINOS RUBIO ostenta. Cabe resaltar, por ejemplo, la construcción de aparcamientos subterráneos gracias a una concesión municipal.”
    Juan Manuel Rodríquez, efectivamente, es “ex-gilista” pero, ¡qué casualidad!, no está imputado. Sin embargo esta empresa  hoy, con  Valadez en la alcaldía, sigue siendo  una de las principales receptoras de las obras que se llevan a cabo, a través de diferentes planes municipales y estatales,  entre ellos el conocido como Plan E. De hecho el viernes 18 de diciembre de 2009, según se ha hecho público, esta empresa, en una UTE junto a la empresa Construcciones Diego Soto, ha sido la adjudicataria para la construcción de un colegio en Estepona, cuyo presupuesto asciende a tres   millones de euros de la Junta de Andalucía. ¿No es curioso?. ¿No es curioso tampoco que Rafael Montesinos, no fuera imputado hasta un día después de dar su apoyo a Valadez para la alcaldía?

       Hoy esta empresa  que, según  la denuncia de Valadez, pagó al  líder del Partido Andalucista  20 millones para trabajar en Estepona, además de otros 100.000 euros según aparece en otro tomo que analizaremos, realiza  trabajos,  además, para la delegación de Agripina, curiosamente  del PA que, supuestamente fue el partido que obligó al empresario a donar ese dinero. ¿Podría existir un pacto de silencio entre la propia alcaldía, quienes la sustentan, y la Justicia para posibilitar o mantener el Gobierno de Valadez en el Ayuntamiento?. ¿Y entre el fiscal y la Junta de Andalucía o con el mismo Gobierno de la Nación?. Todo parece indicar que sí.

       Curiosamente, una imputación a miembros de la Junta de Andalucía, contenida en la página 439 del primer tomo del sumario, a resultas del seguimiento telefónico de la operación Gruta, nunca fue investigada por el peregrino razonamiento de que no daban más datos:

    “En este mismo sentido,' José Luis CABÁS ÁLVAREZ ha tenido que realizar gestiones similares en la Junta de Andalucía, dónde, al parecer, también le han solicitado una importante cantidad de dinero (aunque por palabras del propio José Luis CABÁS ÁLVAREZ, existe una contradicción sobre el montante exacto). Así, José Luis CABÁS ÁLVAREZ én conversación con Pedro FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ le comenta los requisitos y reformas que les exige la Junta de Andalucía y refiriéndose a un Inspector (sin ofrecer más datos) dice: "coste: un millón ahora y un millón a la licencia y que pasa todo el informe él y toda la licencia él. Esto es la puta. Además en la puta cara, además me sacó a tomar un café y sin cortarse ni perezoso"15” 

   “Refiriéndose a esté mismo incidente, José Luis CABÁS ÁLVAREZ habla con David CHULIÁN, ex gerente del club, "OTRO LÍO CON LA JUNTA: CINCO MILLONES MÁS". David CHULIÁN le pregunta si ese dinero es en concepto de impuestos, a lo que José Luis CABÁS ÁLVAREZ contesta tajante con un "no. en cuestión de comisiones pa ellos (...). ésto solo pasa en tu tierra" "que para arreglarnos con los papeles que cinco kilos".16 Minutos después, José Luis CABÁS ÁLVAREZ aprovecha una conversación con su arquitecto José Juan (sin más datos) para referirse a la Junta de Andalucía "también quieren dinero", "que con cinco kilos se arreglan"
 
      El “montante exacto” radicaba en que la  Junta, presuntamente, pidió dos millones y éste a su socio le informa sobre cinco. Pero ya iremos viendo otras implicaciones de la Junta que, tanto el fiscal como la jueza intentan evadir. Ya lo dijo Santiago Torres, instructor del caso Malaya, más o menos textualmente que: “a ciertos niveles se imposibilita por todos los medios la investigación”. Uno o varios convenios denunciados lo firmó el propio José María Ruiz Povedano, Delegado de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
      
     Este informe estaría basado en las conexiones aparecidas a través de las escuchas telefónicas, con motivo de la operación Gruta y la operación Malaya. En otros casos, en las declaraciones de varios imputados recogidas en el tomo XIII, se habla, por parte de uno de los propietarios del local Oasis, de 18.000 euros que le exigió un técnico de la Junta de Andalucía bajo la amenaza de que le enviaría una inspección cada semana. Ni fiscal ni jueza insistieron en sus preguntas al detenido sobre las imputaciones que hacía a un miembro de la administración pública andaluza. ¿No es curioso?.   De hecho hoy, en Marzo de 2010 dos años después de iniciarse la operación nadie de la Junta está imputado.

      Así las cosas, imagínense cómo no estará redactado el auto de 29 de Marzo por el cual la Jueza, Susana García Ruiz, accede a la petición policial de intervenir las cuentas y los teléfonos de los imputados. Escuchas que a pesar de su ilegalidad, como explicaremos, no aclaran, por sí mismas, ningún delito ni justifican las precipitadas y desproporcionadas medidas adoptadas el día 17 de Junio de 2008. Descontando que, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, también las supuestas investigaciones, son objeto y tienen su origen en la tergiversación de las denuncians y en interpretaciones erróneas posteriores de los "investigadores". 

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Una Operación inquisitorial (XVII)

Recapitulando:
Tenemos que, basado en declaraciones de alguien que tiene intereses personales en la política esteponera (ya hablaremos de la sincronía entre este asunto y su promoción en el PSOE), se adoptan medidas que vulneran uno de los principales derechos reconocidos en la Constitución; derecho a la privacidad de las comunicaciones, con un sistema, SITEL, cuya legalidad y el artículo que permite las escuchas es más que dudosa en último caso, según apreciaciones del propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2003, donde insta al Gobierno a modificar, en el Código Penal, el artículo que las autoriza al no consignarse en el mismo un límite de tiempo sobre las mismas, cuyo límite se deja a la consideración del juez. Cosa que el Gobierno aún no ha hecho y ya han pasado siete años.

El auto de la jueza de 29 de marzo de 2007, accediendo a la petición del Fiscal, sin estudiar el expediente; por lo que parece actuar al dictado de alguien y no con la autonomía que se le supone a la Justicia, no tiene desperdicio tampoco. No se hace ninguna mención en el mismo, como es de rigor a estas alturas, a las consecuencias en las que podrían incurrir los denunciantes, caso de demostrarse la malintencionalidad o temerosidad de sus denuncias. Tampoco son advertidos por la Policía, en su primera denuncia de las responsabilidades que pudieran caer sobre ellos, caso de ser falsas las denuncias que imputan. Al menos no aparece en el sumario. Esto da pie a pensar que, de demostrarse la falsedad de la denuncia de Valadez, como se demostrará puesto que el defecto viene desde el principio, los responsables deberían ser los propios estamentos fiscal, policial y judicial. Además de los propios denunciante y denuncianta (parafraseando el diccionario personal de la lengua de la ministra Bibiana Aido, que casualmente es la Ministra de Igualdad).

Se percibe cierto tono paternal hacia los denunciantes, será a causa de la rareza del caso, por parte de todos los actores: Policía, Fiscalía y jueza, y otros altos estamentos que irán insinuándose. El auto se adopta sólo un día después de la petición de la Fiscalía (por lo que parece que está previamente pactado con alguien en instancias superiores que salvaguarda el interés electoral del que lo ha puesto ahí), teniendo en cuenta únicamente las declaraciones de los denunciantes, sin que se haya adoptado ninguna medida previa ni estudiado en profundidad el expediente, lo cual contrasta con las medidas tan severamente graves que adopta. Comienza así:

“A U T O
En ESTEPONA a veintinueve de marzo de dos mil siete.

HECHOS

ÚNICO.- Con fecha 28 de marzo de 2007, se ha presentado escrito de denuncia de la FISCALÍA de MALAGA unido a un extenso informe policial y que siguiendo las normas de reparto ha recaído sobre este juzgado y habiéndose incoado Diligencias Previas 1030/2007...”

El “extenso informe policial” no es otro que el que ya hemos aludido, que lo único que recoge es la ratificación y transcripción, de forma subjetiva, de lo expuesto por los denunciantes, sin que exista ningún informe sobre investigación previa de los hechos denunciados. Ese auto volverá la jueza a citar “el extenso informe policial” de manera nuevamente torticera:

“SEGUNDO.- De acuerdo con los hechos denunciados por la Fiscalía de Málaga apoyado por un extenso informe policial, en el Ayuntamiento de Estepona se han detectado presuntamente diversos episodios de actuaciones administrativas irregulares que pueden tener significación jurídico penal...”

La fiscalía no denuncia ningún hecho, no tiene pruebas de nada de lo que denuncia. Es más, la Policía incluso lo admite en sus conclusiones, sólo documentación subjetivada entregada por los denunciantes; al igual que el informe de la Policía, desprovisto de ninguna investigación previa. No se quiere o “no se puede” investigar lo que se denuncia y da por hecho las palabras, en muchos casos tergiversadoras, de los denunciantes. Durante cuatro meses la denuncia ha dado vueltas y al final acaba en manos de un juzgado, que lo único que tiene es lo mismo que cuatro meses antes. Y así, tan ricamente, sin más, ordena intervenir los teléfonos y las cuentas bancarias en secreto.

En algunos casos, los datos policiales sorprenden más por lo que omiten que por lo que puedan tener de significativos. En otros casos rozan lo diabólico, por las consecuencias que sus irreflexivas elucubraciones han provocado en cientos de familias inocentes de Estepona, a causa del capricho de un político peligrosamente ambicioso y despechado.

Por ejemplo, en la ficha de detención de Manuel Reina, en el apartado de PROFESIÓN se omite su verdadera profesión de ECONOMISTA y se sustituye por la de “empresario”. Además, para recochineo y dar la impresión de que es un advenedizo de la política, se matiza, sobre su PROFESIÓN, la de Concejal de Hacienda y en la actualidad concejal en la oposición. Esta omisión acarreará una cadena de “errores” policiales, los cuales iremos destapando uno a uno. La animadversión de Valadez, incrementada por el anuncio de denuncia de Crespo contra él, se ceba también con Manuel Reina y se contagia a la Policía.

¿Desde cuando un cargo electo y temporal es una profesión?  Un cargo electo, en democracia, es eso, un cargo electoral y por tanto tiene fecha de caducidad. Es temporal, sólo el ciudadano decide sobre su permanencia. Aunque bien es cierto que socialistas como Valadez (que es recién licenciado en periodismo cuando llega a concejal, pero no ejerce por eso mismo, para qué; ya es político), o como Chaves, Zarrías, etc., han hecho de la política su profesión. En la cúpula del PSOE regional la gran mayoría de sus miembros. Esa es la única profesión que han ejercido desde hace 30 años. (Consúltese La Teleraña Andaluza en Internet).

A Reina se le imputan coches de alta gama, cuando en realidad conduce un BMW de segunda mano comprado en 2001, o sea, tres años antes de meterse en política, fruto de su trabajo como economista. Su empresa que no es más que una consultoría, la dirige desde años antes de su irrupción en el ámbito público. En cuanto al nivel de vida no es ni más ni menos que el mismo el que llevaba antes.

Este dato, que ya de por sí es malicioso, por la omisión intencionada que se produce en él, no es nada comparado con la descripción que se hace, en el mismo documento, sobre sus hijos. Que son tres y todos menores de edad. En el apartado de HIJOS, citan el nombre de los dos varones con nombres y apellidos a pesar de sus minorías de edad que no superan los nueve años (7 y 9), y respecto al otro, que es una hija, más joven aún dicen: "y otro cuyos datos se desconocen”. ¿No habíamos quedado que estaban investigando, ¿qué investigaron entonces? Nada.

¿Obedece esta alusión a un intento de dar a entender que esa hija ni siquiera está registrada o es ilegal?. Aunque sea legal o preceptiva la inclusión de estos datos, ¿qué relevancia puede tener nombrar a dos niños menores de edad en un sumario policial que ya es público, a los que nada se les imputa?. Si uno fuera mal pensado calificaría estos datos policiales de indecentes. ¿Acaso desconoce la Policía la Ley de Protección de Menores?.

Lo de Manuel Reina es saña. En la página 73 del tomo primero (siempre en formato PDF) se le cita como receptor de 150 millones según unas supuestas declaraciones de un notario de Estepona. Ya apuntábamos algo en páginas anteriores. El texto dice así:

“ Otros asuntos:
. El Notario de Estepona, don José María García Urbano nos ha asegurado que hay un concejal del equipo de gobiemo que ha cobrado, en concepto de comisión, 150 millones de pesetas y que de hecho esa comisión se reflejaba en la propia venta de la escritura (nosotros creemos que ese concejal es Manuel Reina Contreras, concejal de Hacienda y del Partido Estepona).”

Pues bien, según hemos podido conocer, el citado notario no le ha asegurado nada a los denunciante y se encuentra a la espera de la apertura del secreto sumarial para interponer las correspondientes denuncias o querellas contra éstos. Éste niega ser el autor de dichas palabras que Valadez y Cristina le ponen en su boca. Este asunto traerá cola, porque además los datos aportados para avalarlo son totalmente, como describiremos aquí. Puesto que esta operación imputa a Reina al relacionársele familiar e íntimamente con un gran empresario con quien es igualmente falso que tenga algún lazo familiar.

En otra ocasión, es un farmacéutico, cuyo nombre y ubicación se omite e incluso diría yo se falsea, quien, supuestamente, realiza acusaciones sin fundamento contra Reina. Sin embargo, ese supuesto testigo tercero no es consultado previamente por la Policía, al igual que el notario citado con nombre y apellidos. Por su parte Reina, niega tales declaraciones y dice desconocer a ningún farmacéutico en cuestión. Ni siquiera existe una supuesta farmacia donde los denunciantes la sitúan.

La perla dice así:

“Hace aproximadamente dos años, un farmacéutico de Estepona. nos comentaba que su suegra, que tiene una parcela de 500 metros en la barriada de Cancelada (Estepona), había sido sobornada y se le exigía que a cambio de que esa unidad se pudiese desarrollar tenía que entregar una cantidad económica en un maletín en el hotel Kempiski a los concejales del PES, Manuel Reina y José Ignacio Crespo.”

Tomo I. Página 75.

En los trece tomos del sumario tampoco aparece investigado este extremo. La declaración de Cristina Rodríguez aporta algo más de luz sobre dicho farmacéutico.Añade solamente que está ubicado cerca de la Residencia Virgen del Carmen y que tiene una propiedad en Cancelada (donde ella, qué casualidad, presuntamente se construyó parte de su vivienda ilegalmente según rumores que corren por foros esteponeros. Dice así:

“Que la referencia a un farmacéutico de Estepona, solo sabe que se trata de una farmacia situada al lado de la Residencia Virgen del Carmen y que el dinero que tenía que pagar estaba relacionado con una parcela de su propiedad en la Barriada de la Cancelada.”

No se afirma, por parte de la denunciante, que pagara, sino “que el dinero que tenía que pagar”. Meros rumores convertidos en pruebas contra alguien. Amén de este desliz policial, que sumamos a tantos otros que iremos relatando, lo curioso es que ésta respuesta debió aprobarla el fiscal, desconocedor de Estepona; pues de lo contrario no la hubiera dado por válida. Ya que al lado de la Residencia Virgen del Carmen (si se refiere a la residencia de ancianos del mismo nombre) no existe ninguna farmacia. La más cercana no está precisamente al lado, sino cinco o diez manzanas más abajo (a una distancia de unos 300 metros). Una en la Avenida Juan Carlos I (junto a los juzgados) y la otra, algo aún más lejos, junto al Barrio San Isidro. El único comercio parecido muy cerca de la Residencia Virgen del Carmen, es una parafarmacia, donde no se vende medicina, sino productos alternativos para la alimentación y la salud, creado recientemente y cuya propiedad corresponde a una mujer, según el cartel que se encuentra a la entrada del negocio, no a un farmacéutico.

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Una Operación inquisitorial (XVI)

Ese mismo día 28 de marzo, sólo un día después de recibir el informe policial, lo que demuestra que no pudo tener tiempo material para estudiar toda la información recibida de Madrid y contrastarla, la Fiscalía se limita a tipificar los presuntos delitos y solicita la escucha, grabación, investigación en la Seguridad Social, intervención secreta de las cuentas bancarias, etc., de los imputados, en principio. Lo que sería una arbitrariedad jurídica, por no llamarlo caza de brujas al más puto estilo inquisitorial. En un país como Alemania, el hecho de intervenir los teléfonos de alguien por dos meses  ya es rechazable; para vergüenza de nuestro sistema judicial, esta situación se prolongaría  casi por un año  en algunos de los “investigados”.

     La siguiente fecha es el 29 de marzo, como si fuera la misma denuncia del 16 de noviembre, la jueza del número uno de Estepona, que meses después solicitó su traslado o bien estaba en comisión de servicio (no tenemos contactos en el Juzgado como  Valadez y sus afines mediáticos, lo cierto es que la operación “terrorista” se inicia con la jueza Conejo), tras la petición de fiscalía de sólo un día  antes (28 de marzo de 2007) y sin haber tenido, por tanto, tiempo material, al igual que el fiscal, para analizar con seriedad el contenido del expediente (como de hecho confirma el propio sumario), emite un auto que más parece escrito por Valadez, pues viene a indicar el contenido de los  informes policial y fiscal  y ordena la intervención de todas las comunicaciones de los presuntos implicados. Sin más. Eso sí basada en una retahíla de  preceptos "legales", puesto que al igual que Policía y Fiscalía, da por hecho la comisión de los presuntos delitos y tiene que ponerles nombre. El tiempo desenmascarará, a menos que a quienes les corresponda se sientan tocados en su amor propio y lo rebatan con nuevas apreciaciones (en la legislación española hay para eso y más), la inconsistencia de los juicios previos que avalaron tales decisiones.

   Si la democracia existiera y los derechos de las personas fueran inalienables, estas conversaciones grabadas, que no aclaran el objeto de la investigación de los hechos que la motivaron, ni se tomaron con todas las garantías, serían anuladas.

   En ese sentido, el informe no tiene desperdicio y hace suyo hasta los tergiversados datos de  Valadez. Por ejemplo cuando se refiere a la playa del cristo en el apartado 4.3 del mismo se indica lo siguiente:

“Venta de parcela en Plava del Cristo - La asociación para la defensa de la Playa del Cristo (ADEPLA) está emprendiendo distintas acciones legales para evitar que se venda esta parcela a un precio irrisorio con el único fin de hacer frente a los ingentes gastos contraídos por el Ayuntamiento aunque esto suponga liquidar el patrimonio municipal sin ningún beneficio para la localidad.”

Tomo I. Página 71
    Este dato es falso, manipulado y tergiversador y lo hace suyo la propia Policía (así consta en el informe). Esta asociación tiene interpuesto varios pleitos contra los propietarios de esa explanada que se ganó al mar a finales de los años 70. La intención de esta asociación no es que no se venda por un “precio irrisorio” (terminología valadesca asumida por la Policía), de hecho ya está vendida a la empresa Marín-Hillinger, a no ser que haya algún pleito cruzado en contra de su venta. Lo que no quieren los miembros de esta asociación, y de ahí el motivo de sus denuncias, es que se construya en ella, pretendiendo que se deje como zona de expansión o de zona verde. Claro que ellos disponen actualmente de una situación de privilegio, en primera línea de mar, que se vería afectada caso de que se llevara a cabo alguna construcción delante de sus casas. Curiosamente, muchos de estos propietarios tienen sus viviendas en la misma línea de playa que hoy prohíbe la Ley de Costas. O la tendrían de no existir esta explanada artificial delante de sus edificios.

    En cualquier caso, ésta es sólo una apreciación interesada y subjetiva. Sin relevancia para imputar presuntos delitos. Ese patrimonio ya no es municipal, y hasta los años 70 ni siquiera existía (se le ganó terreno al mar). En cuanto a si tendrá beneficio o no para la localidad es sólo un juicio de valor más, sin aval objetivo alguno como para ser tomado en cuenta por un grupo de investigación policial.

    En la denuncia, a través de un nuevo mero juicio de valor,  se alude a la sede del PES en Estepona de forma inconsistente, como ya es la tónica, y con cierto cariz malévolo y incurioso, para pretender dejar demostrado que  la financiación de este grupo tiene que ser irregular:

“... Instalación de una sede con todo tipo de lujos. Organización de distintas escuelas en la sede....”
     Pues bien, la sede del PES está ubicada en un local bajo que no tiene más de 50 metros cuadrados. Por otro lado ¿acaso es ilegal la “organización de escuelas en la sede”?. Más bien parece una caza de brujas al estilo estalinista (purgas de Stalin), como, de hecho, ha sido.

    Pero si hay algún dato que desacredita la labor policial en este asunto lean esto, contenido en el informe policial:

“Por otra parte bastantes militantes del Partido de Estepona (PES) son trabajadores de las empresas municipales que han accedido a su puesto de trabajo sin someterse a ningún proceso selectivo. De hecho en los últimos tres años han sido un total de más de 300 las contrataciones que se han realizado. En muchos casos las retribuciones y los complementos ni tan siquiera vienen prefijados en el Convenio Colectivo de los trabajadores.”    Valadez ha descubierto América. Él mismo trabajó en Radio Estepona sin concurso ni oposición, siendo presidente de las Juventudes Socalistas. Existe al menos una denuncia en los juzgados de Estepona, denunciando tales prácticas por parte del PSOE, antes de que el GIL, no ya el PES, existiera en Estepona. Una de las que tenemos constancia, y está plenamente contrastada, data de 1994, contra Miguel Castro, alcalde socialista por entonces. En ella se habla de la contratación a dedo de séis personas cercanas al PSOE como redactores de la recién creada, por aquellas fechas, emisora municipal de Radio.Como ya hemos explicado en otras entradas, Valadez fue contratado a dedo por su partido y tras permanecer seis meses, fue despedido tras una moción de censura e indemnizado con 12.000 euros.

      La denuncia se basaba en que Miguel Castro había repetido en la prensa de la época, durante casi tres años, que para la puesta en marcha de dicha emisora se llevaría a cabo la contratación del personal a través de pruebas de selección a las que pudieran presentarse todos los jóvenes de Estepona que quisieran optar a un puesto de trabajo en la misma. Sin embargo desde casi un año antes, uno de los técnicos que al final fue contratado  se encontraba haciendo prácticas en la emisora 340 de Mijas, afín al PSOE, para adquirir los conocimientos necesarios y ser contratado después, como así ocurrió, en Radio Estepona, una vez inaugurada;  junto a otros cinco redactores como los únicos trabajadores de la emisora. Todos contratados a dedo sin ningún concurso u oposición.

    Valadez por entonces aún jugaba  al escondite, al igual que la propia jueza y algunos de los investigadores de este caso. Más de cuarenta jóvenes esteponeros que se habían registrado en el Ayuntamiento para tener acceso a las pruebas de selección se dieron con un canto en las narices.

    De esto, que sirvió para solicitar las medidas tan desproporcionadas que se solicitaron desde el 27 de marzo de 2007 (incluidas las escuchas telefónicas) por parte de la Policía, y desde el día 29 por parte de la jueza, ha quedado totalmente demostrado su falsedad pues, como la policía reconoce en los tomos objetos de la segunda apertura del secreto del sumario (Tomos VII al XIII), no se ha podido determinar la cantidad de trabajadores del PES que trabajan en el Ayuntamiento. Sin embargo, en esos mismos tomos que espero tener ocasión de analizar en este espacio, se indica que el número de trabajadores afiliados al PSOE trabajando en el Ayuntamiento de Estepona  es igual al número de socios que este partido tiene; esto es un mínimo de 150. ¿En qué se basaba  Valadez  para realizar tales afirmaciones respecto a los trabajadores del PES, que la policía hace suyas y que se desmienten durante el transcurso de la investigación a partir de  junio de 2008?

   La propia Policía reconoce, en el informe remitido a la Fiscalía el día 27 de marzo de 2007, en el apartado de Conclusiones, que después de imputar delitos a diestro y siniestro,  no ha investigado nada pues condiciona la comisión de dichos delitos, que no ha investigado, reitero, a la veracidad de las palabras de los denunciantes:

“5 CONCLUSIONES.-

De confirmarse todos los extremos denunciados sobre las actividades desarrolladas en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se puede decir lo siguiente:
• Buena parte de los Concejales y personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona estarían incurriendo en presuntos delitos de Cohiecho, Malversación de caudales públicos y Blanqueo de Capitales.
• Se estaría cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación del Ayuntamiento.
• Se estarían cometiendo irregularidades en cuanto a la financiación de partidos políticos de la localidad como el Partido de Estepona (PES) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

• Se estarían beneficiando económicamente de estas irregularidades tanto personas relacionadas con el Ayuntamiento (Concejales y otros), como distintos promotores inmobiliarios, distintas personas que obtienen "adjudicaciones de obras públicas a dedo", empresarios que obtienen licencias de apertura de locales, etc.
• Aquellos Concejales y representantes públicos del Ayuntamiento que no se están beneficiando de estas actividades, pero por omisión dan su consentimiento para que dichas actividades sigan realizándose sin efectuar ningún tipo de denuncia pese a tener obligación por su cargo, pudieran estar incurriendo en delito de encubrimiento o en todo caso de dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia.”
    “De confirmarse todos los extremos denunciados”, lo que viene a reconocer que la propia Policía no ha confirmado, cuatro meses después, que los presuntos delitos se hayan cometido. Ni si quiera ha confirmado que se hayan podido cometer.

"De confirmarse" , efectivamente, pero eso es lo contrario de darlos por confirmados, como así se actuó.

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Una Operación inquisitorial (XV)

Qué quiere que les diga, por muy bien que le salga el tiro a la Policía, y demuestre delitos por escuchas  e intervención secreta de actividades económicas, así como al propio  Valadez; esta operación, desde el principio huele a chamusquina y eso en democracia es lamentable pues lo que nunca debería de dejar dudas es  la imparcialidad de la actuación policial.

    Valadez denuncia convenios de hasta 2006, sin embargo la Policía en vez de investigarlos o comprobar la comisión de los delitos presuntos consignados en la misma, se centra en escuchar conversaciones a posteriori, de las que surgirán asuntos, muchos de ellos sin interés (como conversaciones privadas), que nada tienen que ver con el objeto de las denuncias  y que, como se aprecia en el sumario, serán, al final, en los asuntos que se centren sus investigaciones.

     Sin embargo, la acción policial  se verá limitada por razones político-electorales, como llegó a afirmar el propio Fiscal General del Estado, hasta celebradas ya todas las citas en las urnas   previstas en el plazo de un año. En páginas anteriores ya apuntábamos algo sobre esta circunstancia. Lógicamente si el escándalo hubiera surgido en medio de tres elecciones hubiese sido muy perjudicial para el resultado electoral del PSOE, con toda seguridad.

    Después de la segunda entrega de documentación del día 20 de noviembre, el día 22 la Policía la envía a la Fiscalía Especial PARA LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. Ésta, a pesar de su nombre, se inhibe  y lo comunica, el día 30 del mismo mes (noviembre 2006), al FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA. Tras el paréntesis navideño, el Fiscal titular, Juan Carlos López Caballero (Fiscalía Anticorrupción) de Málaga, emite un decreto con fecha 9 de enero de 2007 citando para su ratificación, en calidad de testigos, a los denunciantes para el día 29 de dicho mes y año (29 de enero de 2009). Asombrosamente, como ya es costumbre, no cita a los testigos terceros mencionados por  Valadez  para comprobar la veracidad de sus declaraciones, al igual que tampoco hizo la Policía y, ojo, aún no estaban secretas las actuaciones. Ni siquiera eso se investiga, como comprobaremos analizando con minuciosidad los propios datos del sumario. Tenía que guardar sigilo por la proximidad de las elecciones. El decreto dice así:

“DECRETO DEL ILTMO. SR. FISCAL
D. JUAN CARLOS LÓPEZ CABALLERO
Málaga, a nueve de enero
de dos mil siete.
Con la anterior documentación remitida por la Fiscalía Especial para la
Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción,
relativa a hechos denunciados por D''. Cristina Rodríguez Alarcón y D.
David Valadez López, sobre presuntas irregularidades que han conocido se
han producido en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga)), siendo ambos
concejales de la actual Corporación Municipal, incóense Diligencias de
Investigación Penal por si los hechos denunciados pudieran ser
constitutivos de presuntos delitos de cohecho (art. 319 del Código Penal,),
malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal) y blanqueo
de capitales (art. 301 del Código Penal).
Cítese en calidad de testigos a los denunciantes referidos al objeto de
oírlos en declaración sobre los hechos denunciados, señalándose a tal fin el
próximo día 29 de enero de 2.007 y hora de las 10,00 H.
Ante la voluminosidad de la documentación que se acompaña, fórmese
ANEXO aparte.
Lo acuerdo mando y firmo.”
  
     Como vemos, dos meses después de la primera denuncia no se ha investigado nada y la nueva  cita de los denunciantes, para que se ratifiquen ante  la fiscalía de Málaga,  es prueba de ello. La declaración de los denunciantes del día 29 de enero, es ratificada en los mismos términos de la denuncia del día 16 de noviembre de 2006. Un día después (30 de enero de 2007), a pesar de tener la ratificación de los propios denunciantes,  la Fiscalía de Málaga dirige al SR. JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL DE LA COMISARIA DE POLICÍA JUDICIAL de Madrid el siguiente oficio:

“... a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
de la Comisaría General de Policía Judicial, al objeto de que se informe a
esta Fiscalía sobre los hechos denunciados en las presentes Diligencias y en
su caso efectúe una propuesta de actuación para la investigación de los
mismos.”

    Dos meses después, el día 27 de marzo, en plena campaña a las municipales de mayo de 2007, la Comisaría General de Policía Judicial emite el citado “informe” basado, únicamente y exclusivamente en lo aportado por   Valadez,  y dando crédito a sus palabras,  sin haber citado a los testigos para comprobar la veracidad de las manifestaciones incriminatorias de los denunciantes,  efectúa  la propuesta de establecer escuchas y pinchar los teléfonos de los denunciados por  Valadez, además de ordenar la intervención secreta de las cuentas bancarias de los principales imputados. Ninguna investigación de los hechos se había llevado a cabo previamente, habiendo transcurridos ya cuatro meses de la interposición de la denuncia.

    La siguiente fecha cronológica es la del 28 de marzo de 2007. Sin saber qué ocurre entre tanto (días 30 de enero hasta la fecha de 28 de marzo porque el sumario no lo indica, o sea no ocurrió nada, y se limita a ratificar la declaración de Valadez del día 29 de enero de 2007), éste último día (30 de enero de 2007) el mismo fiscal López Caballero, emite un nuevo decreto en el que viene a asumir el caso y formula denuncia en el Juzgado nº 1 de Estepona. Pero nuevamente un dato nos sorprenderá. El citado decreto dice así:

“DECRETO DEL ILTMO. SR. FISCAL
D. JUAN CARLOS LÓPEZ CABALLERO
a veintiocho de marzo de dos mil siete.
Málaga,
En atención al contenido del informe elaborado a instancia de
la Fiscalía por La Unidad Central de la Brigada de Delincuencia
Económica y Financiera (UDEF), en el que se expone
determinados hechos de corrupción administrativa en los que
estarían implicados distintos miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), procede
formular denuncia ante el Juzgado Decano de dicha localidad,
mediante escrito adjunto.”

    En menos de 24 horas el fiscal  no tuvo tiempo material, no sólo para investigar, sino ni siquiera para analizar la documentación aportada. Sin embargo,  denuncia el caso ante el Juzgado Nº1, solicitando la apertura de diligencias. Sin consultar, al igual que la Policía,  a los testigos terceros que  Valadez cita para avalar sus denuncias.

En este primer tomo, que da pie a la presunta investigación,  no existe ningún informe que hable de las actuaciones llevadas a cabo desde el  decreto de fiscalía de 30 de enero de 2007, en la cronología del sumario, hasta el segundo con fecha 28 de marzo de 2007. Sólo existe el del día 27 de marzo de 2007, que no habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo, sino que se limita a transcribir la declaración del denunciante, por parte de la Policía, y solicita tomar medidas drásticas. Como es la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, además de declarar secretas las actuaciones y solicitar información de los movimientos de las cuentas bancarias de los imputados, sin pruebas objetivas. El informe policial parece estar dictado por  Valadez, incluso utiliza su misma terminología.

    En cualquier caso; ¿si hasta el 29 de marzo de 2007, cuando la jueza, apresuradamente,  declara el secreto de las actuaciones, éstas no eran secretas, ¿por qué no se le dio pie a que declarasen los aludidos, ya que no se quiere citar a los testigos, durante los cuatro meses previos? ¿Por qué no se hizo público nada en la prensa durante los cuatro meses que no fueron secretas (Noviembre 2006-Marzo 2007)?. Porque su mujer desde EFE, y la Cadena Ser, por ende afín al litigante ahora alcalde, controla la información en Estepona, como analizaremos más adelante, y porque nos encontrábamos en plena campaña electoral. Con lo que la solicitud de declaraciones de los principales aludidos, miembros del PSOE en su mayoría, hubiese  perjudicado a este partido que, además, ostentaba el Gobierno de la Nación y de Andalucía, y tenía elecciones el año siguiente (2008) además de las   municipales de 2007.

    Simple y llanamente se refiere el fiscal, en su segundo decreto, que transcurre en el periodo de dos meses (30 de enero y 28 de marzo de 2007), durante los cuales no se investiga nada  (coincidiendo con la campaña electoral a las municipales y ya  transcurridos cuatro meses desde la denuncia origen del caso), a la toma de declaración efectuada entre los días 16 y 20 de noviembre de los propios denunciantes.

     Se le ha dado crédito a la palabra de los denunciantes quienes, además, es obvio que tienen intereses particulares en la política esteponera. Lo cual sólo se explica por motivos políticos y difícilmente por causas de falta de profesionalidad de la Policía. Aunque desde luego sería   igualmente delictivo o detestable,  no sólo desde un punto de vista moral, sino también desde el judicial o legal.  Claro que eso para quien crea, a estas alturas, en la Justicia Española.

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Una Operación inquisitorial (XIV)

La verdad es que esto no tiene ni pies de cabeza, ni la materia intermedia que hay entre los pies y la cabeza, como diría Ortega y Gasset. Por otro lado, no se especifica en la tasación (si es que existe o no está manipulada también),  las condiciones en las se encontraba el terreno. Generalmente, después del precio del suelo, el adjudicatario debe realizar una serie de inversiones que hacen subir el valor del metro cuadrado: urbanización, calles, acometidas de agua y electricidad, proyectos, etc. Este proceso es posterior a la concesión de la explotación de los aprovechamientos y al establecimiento del precio de los mismos, pero viene a añadir costes al precio del suelo. Y, ojo, que no hablamos de meras anécdotas del sumario; hablamos de las "pruebas" que sirvieron para poner en marcha las escuchas telefónicas con un sistema de dudosa legalidad y que en Alemania ha sido retirado recientemente.

       He aquí otra perla que pasará a los anales de la manipulación político-judicial de España. En el siguiente párrafo se consigna, nuevamente, a la empresa CODELSA como paradigma de buenas prácticas dignas de todo crédito, después de haber sido denunciada por sus relaciones con Zamorano. Esto está recogido en la página 345 del primer tomo del sumario:

“Otro supuesto de corrupción es el relativo al Convenio urbanístico "Mundo Estudio" , en el que la citad entidad -CODELSA -estima que se ha producido un perjuicio de más de l5.000.000 de euros para el Municipio. Este último Convenio, a diferencia de los anteriores, no llegó a ser aprobado por el Pleno municipal.”
       Es el mismo convenio en el que, en páginas anteriores, se consigna la cantidad de 15 millones. Ya van 10 millones de diferencia (depende de la página que se trate del sumario).  Pero es que, además, el convenio ni siquiera llegó a firmarse. ¿Cómo se ha podido producir, en base a un informe que la Policía aún no ha tenido acceso, un perjuicio de, ahora 15 millones con respecto a la anterior alusión que hablaba de 5 millones, en un convenio que no llegó a firmarse?. Esto es lo que se conoce como metafísica o mejor física cuántica.

   ¿No es una contradicción lo de CODELSA? ¿En qué quedamos: le damos un premio a su independencia o la encausamos?. Porque las dos cosas no se pueden hacer en una misma denuncia.

     Sorpréndase; CODELSA o su presidente:  Vicente Delgado Algas, forma parte del auto de imputación de la jueza Susana García Ruiz, en el que accede a las medidas policiales contra los imputados. En la página 2425 del tomo XIII del sumario aparece el auto de detención contra Vicente Delgado, presidente de CODELSA:

“En Estepona, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

HECHOS

ÚNICO.- De lo actuado en la presente causa declarada SECRETA, aparece que D. VICENTE DELGADO ALGAS ha participado indiciariamente en hechos que pudieran constituir presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por particular, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 492.4 y 494 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez de Instrucción debe acordar la detención cuando tenga motivos bastantes para estimar que una persona ha tenido participación en un hecho que presente los caracteres de delito, como ocurre en el presente caso, en que de lo actuado se desprende la posible existencia de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por particular, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, en los que presuntamente ha participado D. VICENTE DELGADO ALGAS'.

    Se le imputa un delito contra la ordenación del territorio. ¿No tienen relación sus informes con el urbanismo, no eran tan independientes? ¿En qué términos cometió los delitos que se le imputan a esta empresa, paradigma y prueba de absoluta independencia (según decía Valadez), y cuyos informes sirvieron para sustentar las denuncias de éste? ¿Acaso eran falsas dichas tasaciones?. A estas alturas, por pensar se puede pensar lo que uno quiera. Repito, la Policía reconocerá en el tomo IX, en junio de 2008 que no dispone del citado informe aludido por Valadez. ¿Eso cómo se explica cuando te han metido en la cárcel o te imputan delitos, aludiendo, entre otras imputaciones, a dicho informe como es el caso de Javier Witmeur?

     Pero ya que hablamos de infravaloración de terrenos (tal y como esta empresa imputada, con total independencia, avalaba una parte de la denuncia de Valadez), veamos algunos convenios firmados por Rosa Díaz, actual compañera de Gobierno de Valadez, tras este golpe de Estado municipal, y por Sánchez Bracho tras la moción de censura contra Barrientos. En el portal informativo ATC, que aparece citado en sus denuncias para avalar  sus sospechas por una información sobre el convenio del  Zagorro, aparecido en este medio, hemos encontrado también esta información, respecto al precio de los aprovechamientos urbanísticos aprobados en varios convenios firmados en ese periodo, según una información aparecida el día 2 de julio de 2008 en el citado portal de Internet:

“...En Julio del año 2.002, Rosa Díaz vendió 53.000 metros de aprovechamientos del Ayuntamiento en el Parque Central (suficiente para hacer mas de 500 viviendas sociales) a un precio de 30.000 pesetas el metro cuadrado. Por esa operación el Ayuntamiento recibió algo más de 1.500 millones de pesetas cuando el valor del mercado de esos aprovechamientos era de más de 6.000 millones de pesetas (se vendió a 30.000 pesetas (180 euros) cuando su valor de mercado era superior a 100.000 pesetas) 600 euros.

En Enero del año 2.003, Rosa Díaz vendió 27.000 metros de aprovechamientos del Ayuntamiento en el Marqués (suficiente para hacer 300 viviendas sociales) a un precio de 21.000 pesetas el metro cuadrado (unos 120 euros). Sabían ustedes que el valor de mercado de esos aprovechamientos era de 90.000 pesetas el metro cuadrado (540 euros), más del cuádruple. Se dejaron de cobrar 2.000 millones de pesetas de diferencia.

¿Sabían ustedes que en el año 2002, Manuel Sánchez Bracho (Rosa, estaba en el Rocío Chico), vendió a Giovanni Piero Montaldo ( procesado por la operación Malaya porque dio comisiones a los políticos de Marbella), 5.628 metros cuadrados de aprovechamientos a una media de 20.000 pesetas (120 euros), cuando su valor de mercado era de 150.000 pesetas (900 euros)?.”

       Repetimos que Rosa Díaz hoy forma parte del Equipo de Gobierno de  Valadez. ¿Con qué legitimidad? En otro sitio del sumario (página 193 Tomo I), tanto la Policía como Valadez, dan por buena  una crítica partidista del PP, respecto al precio del metro cuadrado, en unos terrenos cercanos a otros, donde ellos en 1999 tasaron el suelo en más del doble. Esta noticia, que apareció en PRISA, lo cual es raro tratándose de criticar al PSOE y sólo comprensible por la amistad de la redactora de El País con la mujer de  Valadez, así como porque ya estaba en marcha la Operación "Toma de Estepona" denominada Astapa, sirvió para dar por buenas, sin contrastar, las denuncias de  Valadez. Algo inaudito que la Justicia dé por buenas unas declaraciones en la prensa sin contrastarlas. Habría bastado con citar al periodista para investigar la denuncia. La Policía decidió tomar un atajo y sumarlo a su lista de acusaciones “probadas” contra los denunciados:

“En relación con las aportaciones voluntarias realizadas por el GRUPO PRASA, el día 18 de febrero de 2004 "El País.com" publicó un artículo titulado"EI PP dice que el PSOE de Estepona vendió suelo a mitad de precio". Según el artículo, el Partido Popular acusó el día anterior al alcalde de Estepona Antonio BARRIENTOS, de vender a la empresa PRASA suelo en la finca "EL ÁNGEL" por menos de la mitad de su valor. El equipo de gobierno, formado por PSOE, IU y PES, aprobó el día 17 de febrero de 2004 en sesión plenaria, con la abstención del PP Y PA, el Convenio con la mercantil cordobesa PRASA para la cesión de los suelos de aprovechamiento urbanístico de la citada parcela a cambio de 600 euros el metro cuadrado. Según manifestaciones del portavoz del PP, Ignacio MENA, esos suelos en la misma zona fueron tasados por la propia PRASA en 1.622 euros el metro cuadrado en otro Convenio del año 1999.”
     Según esta información, I.U. también firmó dicho convenio: ¿Usted ha visto a algún imputado de esta formación política? En cualquier caso, como vemos, el propio  Valadez, como miembro del PSOE, votó a favor.  No obstante, nada se habla de las condiciones entre ambos convenios, que pudiera influir en esa diferencia. ¿Se analizaron estas condiciones?. Rotundamente no, simplemente se da por buenas las informaciones, aparecidas en un periódico relacionado con el alcalde a través de su mujer, que trabaja en ese grupo de empresas mediáticas, de un miembro de la oposición municipal del PP. En lo que puramente podría encuadrarse en la pura lógica dialéctica política de oposición.

     Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos con la cronología que nos ofrece este primer tomo. A raíz de la documentación presentada, la Policía toma declaración de los hechos que se denuncian a  Valadez y Cristina, y pone todo su relato en boca de los denunciantes, pero sólo en principio, pues en el informe dirigido a la Fiscalía de Málaga, sin haber investigado absolutamente nada, hace suyas las denuncias (subjetivadas y cargadas de contenido político), de  los denunciantes.

     Por otro lado, un gran número de éstas se basan en declaraciones que los denunciantes han oído, a su vez,  en boca de terceros presuntos testigos. Estos testigos nunca serían ni siquiera interrogados, sobre la veracidad de lo que, según  Valadez,  habían dicho,  antes de dar por buenas sus supuestas declaraciones y dar inicio a la operación.

   Recibida la documentación, que  nunca contrastará antes de tomar al asalto a un pueblo, la Policía actúa con premura, lo cual, en principio, es loable pues los delitos presuntos denunciados ya se habrían cometido (en caso de serlos). Pero esta premura sorprenderá después extrañamante, al ritmo de los tiempos marcados por las tres campañas electorales. Esta es la verdadera razón de decretar el secreto de  las actuaciones: para evitar su influencia en el resultado electoral; tiempo tendremos de hablar de ello, pues Valadez ya se había encargado de calentar los ánimos en la población esteponera, a través de informaciones interesadas publicadas por su mujer. Y, por supuesto, tal premura, no estaba justificada, pues hoy: 2016, diez años después, cuando actualizo esta información de varios años antes, aún no se ha procedido al juicio. Ni siquiera han sido llamados a declarar en los juzgados los propios imputados, principales de la "trama".

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Una Operación inquisitorial (XIII)

Además, un miembro de este partido es el que aparece en  la conversación entregada por  Valadez en su denuncia, (que ni siquiera tuvo mayores consecuencias más allá de la cómica anécdota), en la que un supuesto empresario acuerda con este partido u otro ficticio, una serie de prebendas en caso de que les financie y  obtenga representación municipal. La entrevista fue publicada por una televisión estatal. Los aludidos se justificaron, una vez que se hizo pública, diciendo que sólo estaban investigando y que estaban tendiendo una trampa al empresario, para demostrar que desde el Ayuntamiento, se favorecía a determinados inversores. El autor de la grabación, según declaraciones de los que aparecían en la misma, había sido denunciado por ellos justificándose aludiendo a que se trataba de una entrevista privada y había sido grabada sin su consentimiento.

    Pero algo que no se dice en las supuestas declaraciones de Foro Ciudadano es que los líderes de esta asociación política electoral, publicaron durante 2003-2007 un par de revistas mensuales, críticas y pendencieras sobre la política municipal. A la primera de ellas tuvieron que cambiarle la denominación pues estaba registrada a nombre de otra persona o empresa relacionada con Ángel Flórez González, responsable de la empresa que él denuncia en el párrafo anterior del sumario.    Por lo que se desprende que  la misma pudiese estar motivada por animadversión  contra este empresario, al haberle obligado  a retirar la citada revista de la circulación, bajo esa denominación. Posteriormente editaron una nueva publicación que sólo llegó a tirar varios números, según tenemos entendido. Curiosamente, fue a raíz de la publicación en una televisión nacional de aquella entrevista grabada contra estos testigos, cuando la nueva revista desapareció del mercado. Si no estoy mal informado, desde entonces hasta el momento, este foro no ha vuelto a sacar publicación alguna. 

  Pues bien, este "testigo" de las acusaciones de Valadez, está imputado por: cuatro delitos continuados de Injurias, por escrito y con publicidad, cuatro delitos continuados de Calumnias, un delito continuado de Revelación de Secretos, un delito continuado contra la Intimidad y el Derecho a la Propia Imagen, y un delito continuado contra la Propiedad Intelectual. Por todos estos delitos actualmente se encuentra bajo fianza de 800.000 euros esperando juicio. 

     Barea fue noticia en el año 2006 por su aparición en el citado vídeo emitido en una televisión nacional, donde dos empresarios (él era uno de ellos), intentaban convencer a un inversor para financiar un  nuevo partido político.

    En las denuncias de  Valadez y Cristina, se hace patente también el intento por  desacreditar a Manuel Reina (PES), a través de su anterior vinculación al GIL; lo cual es falso, en su caso, ya que no perteneció nunca a equipo de gobierno alguno de este partido. Ni siquiera llegó a ostentar cargos laborales municipales con este grupo político. Que se sepa, no era un partido político que estuviese prohibido como para que fuese merecedor de un marcaje "especial". Si hay que hablar de crímenes históricos, no es el PSOE el más indicado para hacerlo.

     Pero estas acusaciones se desvanecen por sí mismas cuando los propios denunciantes,  Valadez  y Rodríguez, aportan en sus denuncias las actas de un pleno de 1996 donde, con la alcaldía en manos de Gil Marín, se aprueba llevar a cabo el Parque Selwo de Estepona. Sin embargo, Gil Marín no ha sido imputado, al igual que nadie por motivos de aquel pleno. Este es uno de los asuntos que aún le debe estar escociendo a Miguel Castro, último alcalde socialista antes de la era GIL. Curiosamente, cuando esto ocurría en Estepona,  Valadez aún no era un hombre (entiéndase adulto, no tenía 18 años aún). El Parque Selwo fue uno de los asuntos estrella que traía GIL en 1994, bajo la manga, para las municipales de 1995; donde Castro fue eliminado de la vida política esteponera. Precisamente es el propio  Valadez quien rompe una lanza a favor del GIL, cuando argumenta en una de sus denuncias que Barrientos triplicó, en un convenio, el volumen de  edificabilidad de una zona, en la que por una modificación de elementos el citado grupo estableció un volumen tres veces inferior: 

“El alcalde trató de explicar este asunto recurriendo a los siguientes argumentos según se recoge en los propios medios de comunicación "las promotoras tenían una edificabilidad de 27.000 metros cuadrados en la zona según el PGOU del 94, pero el GIL hizo una modificación puntual de elementos que detrajo a este sector 22.000 metros de edificabilidad, dejando a los propietarios con 5.000 metros edificables sin que estos denunciaran nada". "Ahora lo que se ha hecho es un convenio urbanístico mediante el cual se les va dotar de 13.000 metros de edificabihdad, es decir, las promotoras que con el GIL se quedaron con 5.000 metros pasarán a hora a tener 18.000 porque la ciudad crece hacia el este".
I Tomo. Página 71

     De lo que tenemos que enterarnos gracias a  Valadez. ¡Quién lo diría tratándose de ese grupo, el GIL,  “malvado y depredador”! La Policía debería haber tenido en cuenta que tanto ensañamiento contra el PES, podría tener su origen en desavenencias políticas.  Valadez se lo debía a sus despechados  amigos de Rosas Rojas y a sus propias aspiraciones políticas dentro del partido o del Ayuntamiento que, para Rosas Rojas (una supuesta asociación cultural del PSOE, que sólo se dedica a la política), y él son lo mismo. Además, la denuncia anunciada por Crespo activó sin duda, el determinismo, por parte de Valadez, de agravar, aunque fuera artificialmente, como se demostrará, las denuncias contra este partido. Sólo así se explica la subjetividad e incongruencias de las mismas. ¿"Desorden artificial”? Lo que ya es  más difícil de explicar y comprender, es el servilismos poli-judicial al denunciante. Así como la contundencia de sus actuaciones sin haber previamente investigado nada de lo consignado en las mismas, antes de poner a todo un municipio bajo sospecha y vilipendiado en los medios de comunicación.
  
    Otro curioso dato nos lo aporta uno de los argumentos utilizados por los denunciantes, para avalar la objetividad de su denuncia. Se refiere a la valoración “independiente” que pone en entredicho el precio tasado del suelo en los convenios suscritos por  Javier Witmeur. Esa valoración calificada de “independiente” se le atribuye a CODELSA (Construcciones Delgado Sociedad Anónima)  que, precisamente poco tendrá de independiente al tratarse de una de las principales promotoras de Estepona, desde la década de los 70 (que yo, como esteponero nacido en los 60, recuerde) y que incluso pudo hacer esa valoración por despecho contra cierta decisión municipal o por ciertos intereses urbanísticos. Así es calificado este dato en la denuncia de  Valadez :

“Los denunciantes han encargado a una empresa especializada, CODELSA, una valoración independiente de los aprovechamientos urbanísticos objeto de Convenio, resultando que los mismos aparecen infravalorados frente a su precio de mercado.” 
   Entonces, ¿por qué CODELSA es una de las principales empresas imputadas en este caso?  Se la relacionó con Zamorano, otro de los imputados. Propietarios y familiares de éstos (incluso ancianos), han sufrido especialmente en sus domicilios la dureza con la que se llevó a cabo la operación. ¿Cómo se puede dar por independiente sus informes? De hecho,  José Antonio Molina, el supuesto redactor de los de los mismos, en los que basa  Valadez las denuncias y que citábamos arriba, ha sido imputado recientemente junto a  Valadez por un delito urbanístico. Al parecer por falsedad documental en el caso de Luciano Sánchez. ¿Qué les parece los derroteros que está adquiriendo la Operación Astapa? Y, por cierto, ¿dónde está ese informe y quién lo pagó?

    Un año y medio después, la Policía reconocería que dicho informe nunca había podido llegar a sus manos.  ¿Entonces? ¿No dudaron de las afirmaciones del denunciante? Ya hablaremos de ello. Mientras tanto veamos a qué precio de mercado se refiere: ¿al de antes o al de ahora?. ¿Quién establece el valor del suelo? ¿Corresponde especular a un ayuntamiento? ¿No fue del encarecimiento del precio del suelo de donde surgió la especulación durante la cual, desde los años 2000 al 2005 se encareció el precio de la vivienda en el doble o el triple de su valor  hasta entonces?.

     A continuación vuelve a insistir en la página 123 del primer tomo en que:

“Otro supuesto de corrupción es el relativo al Convenio urbanístico " Mundo
Estudio", en el que la citad entidad -CODELSA -estima que se ha producido
perjuicio de más del 5.000.000 de euros para el Municipio.”

O sea, CODELSA vale para un roto y un "descosío".
    En otra página del sumario, tal vez por error tipográfico, se hace referencia a este mismo punto pero se indica la cifra de 15.000.000. Pero CODELSA, es digna de confianza para Valadez, y la Policía  cuando les interesa. ¿Cuándo hay que creerles? Porque resulta que inmediatamente después la citan, en la página 177 de este primer tomo, como ejemplo de corrupción por ser su propietario un cuñado de Zamorano, en estos términos:

“Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ ha estado vendiendo muchísimos
aprovechamientos urbanísticos municipales a la sociedad CODELSA SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES (CIF A29044310) que posee su cuñado
Vicente DELGADO ALGAS^ con otros socios. Los dos socios mayoritarios son
Vicente y su hermano Félix DELGADO ALGAS”

    ¿En qué quedamos? Es fiable la prueba aportada por  Valadez?. Confía Valadez, y lo que es peor, la Policía, en una empresa a la que inmediatamente después denuncia por prácticas presuntamente corruptas?.  Recientemente Canal Sur se hacía eco del precio del suelo en algo más de 240 euros y, según afirmaba distaba poco del precio antes de la crisis. Pero lo más incongruente de todo es que CODELSA, a quien   Valadez  califica de “independiente”, aparece en el sumario en el tomo 6 página en PDF 727 de nuevo en el mismo sentido de supuesta corrupción. Ahora ya no es “independiente” sino:

“Ante distintos problemas del Concejal de Urbanismo Rafael Antonio DUARTE
MARTÍNEZ con el Concejal de Hacienda Francisco José ZAMORANO
VÁZQUEZ, Rafael Antonio DUARTE ha manifestado lo siguiente: "como me
toquen los cojones voy a Fiscalía y me van a obligar a que empiece a hablar de
las presiones que he recibido de ZAMORANO para que beneficiara a su
empresa CODELSA". (CODELSA es una sociedad dedicada a la promoción
Inmobiliaria de viviendas, siendo uno de los principales socios Vicente DELGADO
ALGAS, cuñado de ZAMORANO)”

    ¿No resulta sospechoso para la Policía que el propio denunciante, en un caso, utilice a la empresa a su favor, citando unos informes de la misma a los que la Policía no tuvo acceso,  y en otros la esté denunciando por ser su propietario el cuñado de Zamorano?. ¿En qué quedamos: es independiente o tiene intereses con el Ayuntamiento?. De hecho Félix DELGADO ALGAS, el propietario de una empresa que hace “informes independientes” según Valadez, aparece en muchas páginas de su denuncia en sentido contrario, esto es interconectada con los presuntos intereses de los supuestos autores de la presunta trama. Por ejemplo, ¿puede dar por fiables la imparcialidad e independencia de la empresa CODELSA, cuando en otra alusión en la página 187 del  mismo tomo la relaciona a todo un presunto entramado de corrupción al ser uno de sus apoderados Vicente Delgado?:

“Entramado societario de Vicente DELGADO ALGAS (cuñado de Francisco
José ZAMORANO VÁZQUEZ:
Como se ha expuesto anteriormente Vicente DELGADO ALGAS ha
participado como Consejero Delegado de la mercantil GOMOLATE S.A. en el
Convenio Urbanístico denominado "CORTIJO CASAREÑO". Por cercanía familiar que
le une a Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ al ser su cuñado, a continuación se
detallan las sociedades en las que Vicente DELGADO ALGAS participa como Órgano
Social:
• Es Consejero de la sociedad PROYECTOS KROLL S.L., cuyo Objeto Social es "la
adquisición, enajenación, transformación, construcción y explotación de
terrenos, su urbanización, parcelación, explotación y venta; la realización por
cuenta propia o de terceros de toda clase de edificaciones destinadas a
viviendas y locales de negocio o, a fines industriales y comerciales". Fue
constituida el 22 de julio de 2004, teniendo un capital suscrito y desembolsado de
12.000.000 euros.
• Es Presidente, Consejero y Consejero Delegado Solidario de ALAMEDA DEL
MEDITERRÁNEO S.A., cuyo objeto social no ha sido publicado en el Registro
Mercantil Central.
• Es Presidente, Consejero, Consejero Delegado Mancomunado y Consejero
Delegado Solidario de VIVIENDAS CALANCHA S.A., cuyo Objeto Social entra a
formar parte de: Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (70310)
• Es Administrador Solidario de TAMAVI GASPARA S.L., cuyo Objeto Social es "la
adquisición, enajenación, transformación, construcción y explotación de
terrenos, su urbanización y parcelación; la realización por cuenta propia o de
terceros de toda clase de edificaciones destinadas a viviendas y locales de
negocio o, a fines industriales y comerciales y, en general, a toda clase..". Fue
constituida el 4 de enero de 2006.

Es Administrador Solidario de LAS COLINAS DE BENAHAVÍS S.L., cuyo Objeto
Social es "adquisición de terrenos, venta, enajenación o transmisión posterior
de los mismos por cualquier titulo, y la construcción sobre ellos de toda
clase de edificaciones, venta, arrendamiento o explotación, bajo cualquier
forma jurídica o económica, de las construcciones realizadas, etc". Se
constituyó el día 3 de junio de 2003.
Es Presidente, Consejero, Consejero Delegado Mancomunado y Consejero
Delegado Solidario de CODELSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CONSTRUCCIONES, cuyo Objeto Social se ajusta a "Promoción Inmobiliaria de
Viviendas (70111)".

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