Estas “distintas manifestaciones” no aparecen en el sumario fechadas ni descritas. Respecto a ellas sólo podemos intuirlas por las propias declaraciones policiales en sus informes. Esta afirmación podría estar revelándonos una ilegalidad, puesto que desde el día 29 de Marzo de 2007 las actuaciones fueron declaradas secretas para todas las partes excepto para el fiscal. ¿Tuvo acceso Valadez a la investigación a pesar de estar declaradas secretas? ¿Se convirtió Valadez en un informante o colaborador policial?. Curiosamente por aquellas fechas se filtraron muchas informaciones sobre lo que se conoció una vez iniciada la operación el día 17 de junio de 2008. Estas informaciones eran sustraídas de un sumario secreto y, curiosamente, su mujer es periodista y está relacionada con los compañeros de los diferentes medios, incluso con al redactora de El País.
Esto sería inadmisible porque él es parte interesada. El tiempo nos demostrará que, de esto no cabe duda. De hecho hoy la composición del ayuntamiento no es la que salió de las urnas, no es la que eligieron los ciudadanos no es, por tanto, democrática y Valadez está desempeñando una función meramente judicial a la búsqueda de datos que facilitar a la Policía, como demostraremos a lo largo de estas páginas, en su calidad de testigo “protegido”, cuya figura legal, lo digo de paso, no existe, para facilitar información. ¿Por qué?. Porque la Policía es consciente que no tienen nada y algo tienen que sacar para que el ridículo de sus actuaciones no quede en evidencia, como el mismo sumario nos demostrará, al menos en los primeros XIX tomos abiertos.
Así, en ese sentido, en un intento de engordar las inconsistentes acusaciones que se ejercitan contra algunos de los imputados, tal es el caso de Javier Witmeur, pues los informes que rebaten sus valoraciones no existen al menos en los primeros trece tomos que es donde deberían aparecer, la Policía incluye un nuevo “importantísimo” dato en el sumario. Aportado posteriormente por los chivatos de la Operación Toma de Estepona (O. Valadez). Según la página 163 (siempre formato PDF) se insiste en que el intento de contratación de forma directa de Witmeur, el día 14 de febrero es tomado en consideración por la Policía en su informe. A esa reunión asistió el propio Valadez como concejal de Bienestar social. Como se omite en la denuncia, que por la fecha es tres meses posterior a la denuncia primera, podríamos pensar que dicha contratación se produjo. ¿Con su firma?. No lo sabemos pero, en cualquier caso, el hecho de haber ganado las elecciones el PSOE en marzo de 2007, hubiera hecho posible la continuidad de Witmeur, si hubiese sido deseo de Barrientos; pues los cargos de confianza deben su periodo al tiempo que siga gobernando quien lo contrató. Pero lo mejor de todo es que en sólo cinco minutos de investigación se comprueba que no se llevó a cabo su contratación directa, al menos en los días que citan los denunciantes en sus posteriores entregas de “información”.
Pero lo más gracioso, le guste a la Policía o no, contratar así al personal lo hizo posible una ley de 1985 con un Gobierno de PSOE, tanto en la Nación como en la región andaluza. Una ley hecha a medida del PSOE, que desde entonces, por ser ya legal, utilizan todos los partidos para la contratación directa de sus afiliados en cargos de responsabilidad, saltándose todos los trámites que supuestamente establece lo que aún queda de la Constitución Española. Así fue como Monstesinos, por no ir más lejos, contrató a su propia hija sin ningún rubor, con un salario de casi 3.000 euros al mes.
Por cuya razón, el reproche lo merecen el Gobierno de la Nación de la época (PSOE) y la administración andaluza (PSOE), no un gobierno municipal. Generalmente se aplica este tipo de contrato legal, por más que le pese a Valadez (quien por cierto ya lleva en sus espaldas varias denuncias en los medios por contratación de personal afín, en la misma forma que denunció a otros en noviembre de 2006), a personal de alta dirección como es el caso de Witmeur. Pero es que además, de hecho, según los diferentes foros de información esteponeros, el propio Valadez fue contratado por su partido en Radio Estepona allá por el año 2.000, sin ningún tipo de oposición.
Informaciones aparecidas en 2.006 hablaban de más de 5.000 cargos de confianza contratados en las mismas condiciones que Witmeur, pero en la Junta de Andalucía. Por no hablar de que actualmente, ya que hablamos de denuncias judiciales, si no recuerdo mal, dos de cada cuatro jueces son contratados de forma directa sin ningún tipo de oposición y otro alto porcentaje son contratados en base al examen de su currículum y méritos por los encargados de llevar a cabo el nombramiento. Esto es, que sólo la mitad de los jueces en España han pasado a ejercer su función para el estado, por oposiciones públicas. Si esto es así será porque la ley lo permite, lo mismo que lo permite en la función pública administrativa o política.
En dicho apartado se hace explícita mención a que no se podían pagar las nóminas con el dinero de urbanismo, en respuesta a uno de los aludidos que hizo referencia a este asunto. El cual, por cierto le ha venido a “estallar en la cara” este año; pues precisamente el señor Valadez no ha tenido más remedio que echar mano de esos fondos para hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento en este mes de octubre de 2009, pagar con fondos de urbanismo. Cuyas arcas dejó Barrientos con 32 millones de euros, a pesar del alarmismo de los medios afines de Valadez publicando que las arcas estaban vacías. ¿Será esta información incluida en el sumario Astapa?. Así denunciaba Valadez un presunto delito que él mismo ahora habría cometido con el pago de las nóminas de octubre de 2009 :
“Por otra parte la
normativa urbanística de Andalucía impide que el dinero procedente de urbanismo
se destine al pago de nóminas.”
Este uso de los fondos de urbanismo para pagar nóminas por parte de Valadez, que ha sido informado negativamente por el Tesorero Municipal Señor Félix Domínguez Pimienta, en estos meses últimos de 2009, le ha supuesto a este funcionario, cuyos dictámenes sin embargo fueron expuestos por Valadez para avalar y darle credibilidad a sus denuncias, ser apartado de su cargo e invitado a tomarse unas vacaciones (tal como lo leen), por parte del señor Valadez. Félix Domínguez advirtió al actual alcalde que tendría que dar cuenta a la Fiscalía por el uso de esos fondos para el pago de nóminas. Valadez, ni corto ni perezoso le ha, literalmente, expulsado de su puesto de trabajo y ha puesto a dos policías a las puertas para impedirle el acceso a sus dependencias laborales. He aquí una referencia al citado funcionario, utilizada por Valadez para dar consistencia a sus denuncias, contenida en la página 199 del primer tomo del sumario:
“En conversación mantenida con uno de los denunciantes, el Tesorero
Municipal Félix DOMÍNGUEZ PIMIENTA confirmó lo anteriormente mencionado y
aseguró "que esta es la práctica habitual", y que estaría dispuesto a mantener
alguna reunión con el Fiscal Anticorrupción para denunciar todo lo que está
ocurriendo en la localidad, y que tiene información de otros Convenios
Urbanísticos en los que se han generado plusvalías millonarias a beneficio de
determinados individuos de manera totalmente ilegal (pelotazos urbanísticos)?
En este punto conviene, aunque nos desviemos un poco, recordar otro caso que ha saltado a la luz pública en los últimos días, y que imputa a Valadez en dos presuntos delitos: Prevaricación urbanística y Omisión del deber de perseguir delitos, por parte del Tribunal Superior de Justicia dae Andalucía, a través del Juzgado Nº 4 de Estepona. Como verán este asunto nos devolverá al hilo de este tomo del sumario que estamos analizando.
En el informe policial de 27 de marzo, en su página 129 aparece un nombre:
“Ángel Rodríguez, representante de la multinacional ORPEA, ha comunicado a
los denunciantes que ha sido objeto de peticiones de dinero desde el
Ayuntamiento de Estepona por temas de contenido urbanístico. Extremo éste
que también conoció D. José Luciano Sánchez, técnico en la Delegación de
Bienestar Social”
Curiosamente el nombre de Luciano Sánchez aparece en las denuncias judiciales que han imputado dichos delitos a Valadez. Luciano Sánchez, suponemos que el mismo que en 2007 era técnico en la Delegación de Bienestar Social y que aparece con el nombre compuesto de José Luciano, ahora es Jefe de Gabinete de Alcaldía de David Valadez. Conviene preguntarnos: ¿Y a éste quién y cómo lo contrató como técnico de la Delegación de Bienestar Social que él presidía?. Y si fue ascendido a Jefe de su gabinete, ¿estaríamos ante un trato de favor de esos que Valadez denuncia en la documentación entregada a la Policía?.
Luciano Sánchez se habría construido y escriturado, presuntamente, falseando documentos, una vivienda en un terreno rústico. Al parecer la primera denuncia por este caso la recibió la Fiscalía de Marbella en diciembre de 2008, que dio parte al Serprona. Por lo visto el asunto llegó al TSJA que lo trasladó al Juzgado de instrucción Nº4 de Estepona.
Aunque la información saltó en un diario digital el pasado jueves día 10 de diciembre, al parecer Valadez aún, a día 14, no había recibido oficialmente la imputación. Pero parece ser evidente que esta está confirmada según el Diario Sur de fecha viernes 11 de diciembre de 2009. Posiblemente la notificación le haya sido enviada por correo. Por su parte Valadez se ha defendido argumentando que él tenía abierto un expediente contra esa construcción. Sin embargo algunas fuentes mantienen que abrió dicho expediente una vez tuvo conocimiento de que había sido denunciado el tema ante la fiscalía, al hacerlo público la prensa. Finalmente su impuación la recibió en enero de 2010.
No obstante los documentos que avalarían la defensa de Valadez se encuentran sin foliar y sin sellar (Estepona Información, Año VIII, nº 449). Ni siquiera fueron presentados a Pleno. Además el cargo de confianza de Valadez no fue objeto de ningún expediente laboral y, de hecho, a día de hoy 14 de diciembre de 2009 continúa en su cargo. Es de suponer que si tienes que abrir un expediente urbanístico a un miembro de confianza, ésta ha desaparecido.
Pero es que, además, Valadez cita a Ángel Rodríguez como representante de ORPEA, como benefactor, pues en la continuación del párrafo citado se indica que éste habría donado material geriátrico y realizado obras para su delegación. Valadez reconoce que su delegación ha recibido donaciones de este señor, sin embargo la Policía no le imputa los delitos que, por la misma, razón imputa sus compañeros en la Corporación municipal.
Otro dato peregrino que la Policía hace suyo en el informe y que muestra a las claras el carácter político de su denuncia lo evodencia el siguiente párrafo contenido en la página 235. I Tomo. Dice así:
“El domingo 25 de febrero un colectivo de personas con discapacidad psíquica de
Estepona (APRONA) celebró una corrida de toros benéfica para recaudar fondos
para el colectivo. Pese a que no se contaba con dinero en el Ayuntamiento para
contribuir económicamente adquiriendo entradas, según el Interventor Municipal, el
Alcalde Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ entregó 12.000 euros para adquirir
entradas.”
Ese dinero fue para gastos de su Delegación o debió serlo porque el tema de APRONA está relacionado con Bienestar Social. La única razón que se me ocurre de arremeter contra un asunto tan leve y benéfico de su denuncia es que él no tuviera el protagonismo en dicho asunto. En cualquier caso se debería haber investigado, y esto le hubiera dado la verdadera relevancia que no tiene la tergiversada revelación en los términos que se han planteado. Si este dinero finalmente fue a parar a APRONA o no, para comprobar el buen uso del dinero. ¿Se hizo?. No. La Policía siguió al pie de la letra el paso que marcaba Valadez y claro no podía investigar nada para no levantar sospechas sobre una investigación a un alcalde socialista en plena pre-campaña. En febrero no hay un Dios que vaya a los toros en una Estepona vacía de turistas. Qué más da hacer un gesto hacia una asociación que necesita toda la ayuda que pueda prestársele.
Otro esperpéntico dato nos lo aporta la página 265. La Policía trata de relacionar familiarmente a Manuel Reina Contreras (Concejal) con un inversor del mismo nombre que posee empresas y muchas propiedades, quienes le conocen dicen que es un millonario. La Policía, en un lapsus claro de ineficacia, por no usar el calificativo más adecuado, como se viene repitiendo de forma sospechosa en todo el sumario, califica al segundo como padre del concejal. Cuando el verdadero padre del concejal es un obrero que vive en Sevilla y que sólo ha visto en dos o tres ocasiones a lo largo de su vida; porque se separó de su madre teniendo él un año, siendo criado por su abuela por parte de madre quien falleció (su madre) a los 41 años de una larga enfermedad. Así dice esta joya de investigación policial:
“El día 8 de agosto de 2005 la sociedad VICENZA PROYECTOS SUR S.L., con
domicilio social en la calle Real número 75 de Estepona, vendió unos inmuebles a la
sociedad DIANIUM S.L. por importe de 2.793.296 euros. En este Acto ante Notario
estuvieron presentes Manuel REINA CONTRERAS y Manuel REINA RUIZ (padre del
anterior). Manuel REINA RUIZ es Apoderado Mancomunado y Apoderado Solidario de
la mercantil DIANIUM S.L.”
Ni siquiera ese dato ha investigado la Policía. Claro que el grave error vendrá dado, supongo, porque como hemos comentado, Manuel Reina (Concejal) es economista (Licenciado en ciencias económicas y empresariales para ser más exactos) pero este dato no aparece, y es desconocido, curiosamente, en los diferentes informes policiales y en la denuncia original. ¿No les parece extraño?. La única relación que le une al hombre de igual nombre y apellido es la profesional y acudió ante el notario en representación de la empresa mencionada a petición del apoderado que se encontraba en Italia en esos momentos y se lo pidió a través de un poder.
Esto sería inadmisible porque él es parte interesada. El tiempo nos demostrará que, de esto no cabe duda. De hecho hoy la composición del ayuntamiento no es la que salió de las urnas, no es la que eligieron los ciudadanos no es, por tanto, democrática y Valadez está desempeñando una función meramente judicial a la búsqueda de datos que facilitar a la Policía, como demostraremos a lo largo de estas páginas, en su calidad de testigo “protegido”, cuya figura legal, lo digo de paso, no existe, para facilitar información. ¿Por qué?. Porque la Policía es consciente que no tienen nada y algo tienen que sacar para que el ridículo de sus actuaciones no quede en evidencia, como el mismo sumario nos demostrará, al menos en los primeros XIX tomos abiertos.
Así, en ese sentido, en un intento de engordar las inconsistentes acusaciones que se ejercitan contra algunos de los imputados, tal es el caso de Javier Witmeur, pues los informes que rebaten sus valoraciones no existen al menos en los primeros trece tomos que es donde deberían aparecer, la Policía incluye un nuevo “importantísimo” dato en el sumario. Aportado posteriormente por los chivatos de la Operación Toma de Estepona (O. Valadez). Según la página 163 (siempre formato PDF) se insiste en que el intento de contratación de forma directa de Witmeur, el día 14 de febrero es tomado en consideración por la Policía en su informe. A esa reunión asistió el propio Valadez como concejal de Bienestar social. Como se omite en la denuncia, que por la fecha es tres meses posterior a la denuncia primera, podríamos pensar que dicha contratación se produjo. ¿Con su firma?. No lo sabemos pero, en cualquier caso, el hecho de haber ganado las elecciones el PSOE en marzo de 2007, hubiera hecho posible la continuidad de Witmeur, si hubiese sido deseo de Barrientos; pues los cargos de confianza deben su periodo al tiempo que siga gobernando quien lo contrató. Pero lo mejor de todo es que en sólo cinco minutos de investigación se comprueba que no se llevó a cabo su contratación directa, al menos en los días que citan los denunciantes en sus posteriores entregas de “información”.
Pero lo más gracioso, le guste a la Policía o no, contratar así al personal lo hizo posible una ley de 1985 con un Gobierno de PSOE, tanto en la Nación como en la región andaluza. Una ley hecha a medida del PSOE, que desde entonces, por ser ya legal, utilizan todos los partidos para la contratación directa de sus afiliados en cargos de responsabilidad, saltándose todos los trámites que supuestamente establece lo que aún queda de la Constitución Española. Así fue como Monstesinos, por no ir más lejos, contrató a su propia hija sin ningún rubor, con un salario de casi 3.000 euros al mes.
Por cuya razón, el reproche lo merecen el Gobierno de la Nación de la época (PSOE) y la administración andaluza (PSOE), no un gobierno municipal. Generalmente se aplica este tipo de contrato legal, por más que le pese a Valadez (quien por cierto ya lleva en sus espaldas varias denuncias en los medios por contratación de personal afín, en la misma forma que denunció a otros en noviembre de 2006), a personal de alta dirección como es el caso de Witmeur. Pero es que además, de hecho, según los diferentes foros de información esteponeros, el propio Valadez fue contratado por su partido en Radio Estepona allá por el año 2.000, sin ningún tipo de oposición.
Informaciones aparecidas en 2.006 hablaban de más de 5.000 cargos de confianza contratados en las mismas condiciones que Witmeur, pero en la Junta de Andalucía. Por no hablar de que actualmente, ya que hablamos de denuncias judiciales, si no recuerdo mal, dos de cada cuatro jueces son contratados de forma directa sin ningún tipo de oposición y otro alto porcentaje son contratados en base al examen de su currículum y méritos por los encargados de llevar a cabo el nombramiento. Esto es, que sólo la mitad de los jueces en España han pasado a ejercer su función para el estado, por oposiciones públicas. Si esto es así será porque la ley lo permite, lo mismo que lo permite en la función pública administrativa o política.
En dicho apartado se hace explícita mención a que no se podían pagar las nóminas con el dinero de urbanismo, en respuesta a uno de los aludidos que hizo referencia a este asunto. El cual, por cierto le ha venido a “estallar en la cara” este año; pues precisamente el señor Valadez no ha tenido más remedio que echar mano de esos fondos para hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento en este mes de octubre de 2009, pagar con fondos de urbanismo. Cuyas arcas dejó Barrientos con 32 millones de euros, a pesar del alarmismo de los medios afines de Valadez publicando que las arcas estaban vacías. ¿Será esta información incluida en el sumario Astapa?. Así denunciaba Valadez un presunto delito que él mismo ahora habría cometido con el pago de las nóminas de octubre de 2009 :
“Por otra parte la
normativa urbanística de Andalucía impide que el dinero procedente de urbanismo
se destine al pago de nóminas.”
Este uso de los fondos de urbanismo para pagar nóminas por parte de Valadez, que ha sido informado negativamente por el Tesorero Municipal Señor Félix Domínguez Pimienta, en estos meses últimos de 2009, le ha supuesto a este funcionario, cuyos dictámenes sin embargo fueron expuestos por Valadez para avalar y darle credibilidad a sus denuncias, ser apartado de su cargo e invitado a tomarse unas vacaciones (tal como lo leen), por parte del señor Valadez. Félix Domínguez advirtió al actual alcalde que tendría que dar cuenta a la Fiscalía por el uso de esos fondos para el pago de nóminas. Valadez, ni corto ni perezoso le ha, literalmente, expulsado de su puesto de trabajo y ha puesto a dos policías a las puertas para impedirle el acceso a sus dependencias laborales. He aquí una referencia al citado funcionario, utilizada por Valadez para dar consistencia a sus denuncias, contenida en la página 199 del primer tomo del sumario:
“En conversación mantenida con uno de los denunciantes, el Tesorero
Municipal Félix DOMÍNGUEZ PIMIENTA confirmó lo anteriormente mencionado y
aseguró "que esta es la práctica habitual", y que estaría dispuesto a mantener
alguna reunión con el Fiscal Anticorrupción para denunciar todo lo que está
ocurriendo en la localidad, y que tiene información de otros Convenios
Urbanísticos en los que se han generado plusvalías millonarias a beneficio de
determinados individuos de manera totalmente ilegal (pelotazos urbanísticos)?
En este punto conviene, aunque nos desviemos un poco, recordar otro caso que ha saltado a la luz pública en los últimos días, y que imputa a Valadez en dos presuntos delitos: Prevaricación urbanística y Omisión del deber de perseguir delitos, por parte del Tribunal Superior de Justicia dae Andalucía, a través del Juzgado Nº 4 de Estepona. Como verán este asunto nos devolverá al hilo de este tomo del sumario que estamos analizando.
En el informe policial de 27 de marzo, en su página 129 aparece un nombre:
“Ángel Rodríguez, representante de la multinacional ORPEA, ha comunicado a
los denunciantes que ha sido objeto de peticiones de dinero desde el
Ayuntamiento de Estepona por temas de contenido urbanístico. Extremo éste
que también conoció D. José Luciano Sánchez, técnico en la Delegación de
Bienestar Social”
Curiosamente el nombre de Luciano Sánchez aparece en las denuncias judiciales que han imputado dichos delitos a Valadez. Luciano Sánchez, suponemos que el mismo que en 2007 era técnico en la Delegación de Bienestar Social y que aparece con el nombre compuesto de José Luciano, ahora es Jefe de Gabinete de Alcaldía de David Valadez. Conviene preguntarnos: ¿Y a éste quién y cómo lo contrató como técnico de la Delegación de Bienestar Social que él presidía?. Y si fue ascendido a Jefe de su gabinete, ¿estaríamos ante un trato de favor de esos que Valadez denuncia en la documentación entregada a la Policía?.
Luciano Sánchez se habría construido y escriturado, presuntamente, falseando documentos, una vivienda en un terreno rústico. Al parecer la primera denuncia por este caso la recibió la Fiscalía de Marbella en diciembre de 2008, que dio parte al Serprona. Por lo visto el asunto llegó al TSJA que lo trasladó al Juzgado de instrucción Nº4 de Estepona.
Aunque la información saltó en un diario digital el pasado jueves día 10 de diciembre, al parecer Valadez aún, a día 14, no había recibido oficialmente la imputación. Pero parece ser evidente que esta está confirmada según el Diario Sur de fecha viernes 11 de diciembre de 2009. Posiblemente la notificación le haya sido enviada por correo. Por su parte Valadez se ha defendido argumentando que él tenía abierto un expediente contra esa construcción. Sin embargo algunas fuentes mantienen que abrió dicho expediente una vez tuvo conocimiento de que había sido denunciado el tema ante la fiscalía, al hacerlo público la prensa. Finalmente su impuación la recibió en enero de 2010.
No obstante los documentos que avalarían la defensa de Valadez se encuentran sin foliar y sin sellar (Estepona Información, Año VIII, nº 449). Ni siquiera fueron presentados a Pleno. Además el cargo de confianza de Valadez no fue objeto de ningún expediente laboral y, de hecho, a día de hoy 14 de diciembre de 2009 continúa en su cargo. Es de suponer que si tienes que abrir un expediente urbanístico a un miembro de confianza, ésta ha desaparecido.
Pero es que, además, Valadez cita a Ángel Rodríguez como representante de ORPEA, como benefactor, pues en la continuación del párrafo citado se indica que éste habría donado material geriátrico y realizado obras para su delegación. Valadez reconoce que su delegación ha recibido donaciones de este señor, sin embargo la Policía no le imputa los delitos que, por la misma, razón imputa sus compañeros en la Corporación municipal.
Otro dato peregrino que la Policía hace suyo en el informe y que muestra a las claras el carácter político de su denuncia lo evodencia el siguiente párrafo contenido en la página 235. I Tomo. Dice así:
“El domingo 25 de febrero un colectivo de personas con discapacidad psíquica de
Estepona (APRONA) celebró una corrida de toros benéfica para recaudar fondos
para el colectivo. Pese a que no se contaba con dinero en el Ayuntamiento para
contribuir económicamente adquiriendo entradas, según el Interventor Municipal, el
Alcalde Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ entregó 12.000 euros para adquirir
entradas.”
Ese dinero fue para gastos de su Delegación o debió serlo porque el tema de APRONA está relacionado con Bienestar Social. La única razón que se me ocurre de arremeter contra un asunto tan leve y benéfico de su denuncia es que él no tuviera el protagonismo en dicho asunto. En cualquier caso se debería haber investigado, y esto le hubiera dado la verdadera relevancia que no tiene la tergiversada revelación en los términos que se han planteado. Si este dinero finalmente fue a parar a APRONA o no, para comprobar el buen uso del dinero. ¿Se hizo?. No. La Policía siguió al pie de la letra el paso que marcaba Valadez y claro no podía investigar nada para no levantar sospechas sobre una investigación a un alcalde socialista en plena pre-campaña. En febrero no hay un Dios que vaya a los toros en una Estepona vacía de turistas. Qué más da hacer un gesto hacia una asociación que necesita toda la ayuda que pueda prestársele.
Otro esperpéntico dato nos lo aporta la página 265. La Policía trata de relacionar familiarmente a Manuel Reina Contreras (Concejal) con un inversor del mismo nombre que posee empresas y muchas propiedades, quienes le conocen dicen que es un millonario. La Policía, en un lapsus claro de ineficacia, por no usar el calificativo más adecuado, como se viene repitiendo de forma sospechosa en todo el sumario, califica al segundo como padre del concejal. Cuando el verdadero padre del concejal es un obrero que vive en Sevilla y que sólo ha visto en dos o tres ocasiones a lo largo de su vida; porque se separó de su madre teniendo él un año, siendo criado por su abuela por parte de madre quien falleció (su madre) a los 41 años de una larga enfermedad. Así dice esta joya de investigación policial:
“El día 8 de agosto de 2005 la sociedad VICENZA PROYECTOS SUR S.L., con
domicilio social en la calle Real número 75 de Estepona, vendió unos inmuebles a la
sociedad DIANIUM S.L. por importe de 2.793.296 euros. En este Acto ante Notario
estuvieron presentes Manuel REINA CONTRERAS y Manuel REINA RUIZ (padre del
anterior). Manuel REINA RUIZ es Apoderado Mancomunado y Apoderado Solidario de
la mercantil DIANIUM S.L.”
Ni siquiera ese dato ha investigado la Policía. Claro que el grave error vendrá dado, supongo, porque como hemos comentado, Manuel Reina (Concejal) es economista (Licenciado en ciencias económicas y empresariales para ser más exactos) pero este dato no aparece, y es desconocido, curiosamente, en los diferentes informes policiales y en la denuncia original. ¿No les parece extraño?. La única relación que le une al hombre de igual nombre y apellido es la profesional y acudió ante el notario en representación de la empresa mencionada a petición del apoderado que se encontraba en Italia en esos momentos y se lo pidió a través de un poder.
El desconocimiento u omisión de este dato, además de la animadversión hacia éste de Valadez, hará que los ¿investigadores? caigan en errores de bulto una y otra vez con respecto a las imputaciones contra Reina. Manuel Reina Ruiz, no es el padre de Manuel Reina Contreras, ni tampoco los hijos del primero, aludidos en otros pasajes del sumario, son hermanos de Reina Contreras; de hecho Reina sólo tiene una hermana por parte de padre con la cual apenas se ha relacionado a lo largo de su vida. Ésto, que por si sólo debería ser motivo para anular algunas imputaciones contra Reina, debería ser eliminado del sumario, pero seguramente un juez al servicio de quien le paga, no verá lugar a ello. O sí.
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